Con una serie de huelgas y manifestaciones sin precedentes, los y las inmigrantes latinos han desatado una lucha sin cuartel contra la represión, la explotación y el racismo que enfrentan habitualmente en los Estados Unidos. Las movilizaciones se iniciaron el 10 de marzo, cuando más de medio millón de inmigrantes y sus simpatizantes salieron a las calles de Chicago. Fue el acto de protesta más grande registrado en la historia de esa ciudad. Luego de la acción en Chicago, las huelgas y protestas se expandieron en cadena a otras ciudades, grandes y pequeñas, a lo largo y ancho del país. Millones salieron el 25 de marzo para un "día nacional de acción". Entre uno y dos millones de personas se manifestaron en Los Ángeles –en el mayor acto de protesta pública en la historia de la ciudad—, y millones más hicieron lo propio en Chicago, Nueva York, Atlanta, Washington D.C., Phoenix, Dallas, Houston, Tucson, Denver y docenas de otras ciudades. De nuevo, el 10 de abril, millones acudieron a la convocatoria de otro día de protesta. Además, cientos de miles de colegiales en Los Ángeles y otros lugares del país abandonaron las aulas en apoyo de sus familiares y comunidades, arriesgándose a la represión policial y a sanciones legales. El mensaje se expresa claramente en el grito de los manifestantes: "¡Aquí estamos y no nos vamos!" (1)

Proyecto estancado

Estas protestas son inéditas en la historia de los Estados Unidos. La gota que derramó el vaso fue la introducción del proyecto de Ley HR4437, a mediados de marzo, en la Cámara de Representantes, por iniciativa del representante republicano James Sensenbrenner, con el amplio apoyo del lobby anti-inmigrante. Esta draconiana ley criminalizaría a los inmigrantes indocumentados, estableciendo como un delito criminal estar en los Estados Unidos sin documentación. También prevé la construcción de los primeros 1100 kilómetros de una muralla militarizada entre México y EE.UU. y duplicar el tamaño de la Patrulla Fronteriza estadounidense. Es más, se aplicarían sanciones penales contra cualquier persona que proporcione ayuda a los inmigrantes indocumentados, incluyendo las iglesias, grupos humanitarios y agencias de servicios sociales.

Una vez tramitado el proyecto HR4437 en la Cámara, éste quedó estancado en el Senado. El demócrata Ted Kennedy y el republicano John McCain co-patrocinaron un proyecto de ley de “compromiso”, que hubiese quitado la cláusula de criminalización que contiene HR4437, y permitido un plan limitado de amnistía para ciertas personas indocumentadas. Habría permitido que quienes puedan demostrar que han residido durante por lo menos cinco años en EE.UU. soliciten la residencia, y más tarde, la ciudadanía. Las personas que llevaran residiendo en EE.UU. entre dos y cinco años tendrían que volver a su país de origen, para desde allí solicitar un permiso temporal de "trabajador huésped" a través de las embajadas norteamericanas. Quienes no pudieran demostrar haber estado en EE.UU. durante dos años, serían deportados. Incluso este proyecto de ley de “compromiso” habría derivado en deportaciones masivas y mayores niveles de control a todos los inmigrantes. Sin embargo, al final, la oposición republicana lo desechó. De modo que, para fines de abril, el proceso legislativo se estancó por completo. Es probable que cualquier nueva acción legislativa se posponga hasta después de las elecciones al Congreso del próximo mes de noviembre.

Explosión de ira

No obstante, la ola de protestas abarca mucho más que el HR4437. Representa la explosión de la ira represada y el repudio frente a una situación agravada de explotación e incremento de la represión y el racismo contra los inmigrantes. En los últimos años, los y las inmigrantes han estado sujetos a abusos inimaginables. Por dos veces, en el estado de California, se les ha negado el derecho de obtener licencias de manejar. Ello significa que deben depender de un transporte público inadecuado o inexistente, o correr el riesgo de manejar ilegalmente; más grave aún, la licencia de manejar es a menudo un documento indispensable para realizar transacciones esenciales, como cobrar los cheques o alquilar un apartamento. Los 3000 kilómetros de la frontera entre EE.UU. y México están cada vez más militarizados y miles de inmigrantes han muerto al cruzar la frontera. Crecen y proliferan los grupos de odio anti-inmigrante. Un discurso público descaradamente racista, que hace pocos años habría sido considerado extremista, se ha vuelto cada vez más corriente y goza de antena libre en los medios de comunicación de masas.

En un registro más siniestro, la organización paramilitar Minutemen, una versión moderna anti-latina del Ku Klux Klan, se ha expandido desde su lugar de origen, en la frontera sur de Arizona y California, hacia otras partes del país. Los Minutemen exigen tomar en sus manos "la seguridad a la frontera", ante un inadecuado control por parte del Estado. Su discurso, más que racista, es neo-fascista. Se ha filmado a algunos de sus miembros con camisetas que despliegan el lema "Kill a Mexican today" (hoy, mata a un mexicano). Otros han organizado safaris humanos en el desierto, con fines de lucro. Los clubes Minutemen han sido promovidos por líderes de la derecha, hacendados adinerados, empresarios y políticos. Pero su base social radica en los sectores de la clase obrera blanca, otrora privilegiada, que han sido flexibilizados y desplazados por la reestructuración económica, la desregulación laboral y la fuga global de capitales. Con el beneplácito de los sectores oficiales, esos estratos hacen ahora de los inmigrantes el chivo expiatorio, al que presentan como causa de su falta de seguridad y de su pérdida de estatus económico.

Los y las inmigrantes y sus simpatizantes se han organizado a través de extendidas redes de iglesias, clubs de inmigrantes y grupos de derechos, asociaciones comunitarias, medios de comunicación hispanos y progresistas, sindicatos y organizaciones pro-justicia social. Las movilizaciones de inmigrantes indudablemente han atemorizado a los sectores gobernantes. En abril se reveló que KBR, una subsidiaria de Halliburton –la antigua empresa del vicepresidente Dick Cheney, que mantiene lazos estrechos con el Pentágono y es una de las principales contratistas en la guerra de Irak— ganó un contrato de $385 millones de dólares para construir centros de detención de inmigrantes en gran escala, ante la eventualidad de un "flujo de emergencia" de inmigrantes.

La problemática inmigrante presenta una contradicción para los sectores dominantes. El capital requiere de mano de obra barata y dócil de inmigrantes latinos (y otros). Los inmigrantes latinos han copado masivamente los escalones más bajos de la fuerza laboral norteamericana. Proporcionan casi toda la mano de obra agrícola y gran parte de la que se emplea en los hoteles, restaurantes, construcción, conserjería y limpieza doméstica, cuidado de niños, jardinería y diseño de jardines, reparto, empaque de carne y aves, venta al por menor, y mucho más. Con todo, los sectores dominantes temen que una marea creciente de inmigrantes latinos pueda conllevar una pérdida de control cultural y político, volviéndose una fuente de contra-hegemonía e inestabilidad; algo parecido a lo que ocurrió en París, el año pasado, con el levantamiento de los trabajadores inmigrantes en esa capital europea contra el racismo y la marginalidad.

No es que los empresarios quieran eliminar la inmigración latina. Al contrario; quieren mantener una inmensa reserva de mano de obra explotable que subsista bajo condiciones precarias, que no disfrute de los derechos civiles, políticos y laborales de los ciudadanos, y que sea fácilmente desechable mediante la deportación. Su deportabilidad es lo que quieren conservar, puesto que esta condición asegura la posibilidad de sobre-explotar con impunidad y de desechar sin consecuencias, en caso que esa mano de obra se vuelva insubordinada o se torne innecesaria.

La administración Bush se opone al HR4437, no porque esté a favor de los derechos de los inmigrantes, sino porque tiene que hacer un acto de equilibrio, hallar una fórmula que asegure un suministro estable de mano de obra barata a los empresarios y que, al mismo tiempo, permita un mayor control estatal de los inmigrantes. La propuesta de Bush es un programa de "trabajadores huéspedes": descartaría la legalización de los inmigrantes indocumentados, obligándoles a regresar a sus países de origen, para que desde allí soliciten visados de trabajo temporales. Todo eso acompañado de nuevas y más duras medidas de seguridad fronteriza. Ese tipo de programas de "trabajadores huéspedes" tiene una larga historia, empezando por el programa de braceros que trajo a millones de obreros mexicanos a EE.UU. para cubrir la escasez de obreros durante la Segunda Guerra Mundial, para deportarlos una vez que había de nuevo disponibilidad de obreros nacionales.

Latinos y afro-americanos

El movimiento de los derechos de inmigrantes está exigiendo derechos plenos para todos los inmigrantes, incluyendo la amnistía, la protección laboral, medidas de reunificación familiar, un mecanismo para acceder a la ciudadanía o a la residencia permanente, en lugar de los programas de "trabajadores huéspedes" temporales, y el fin de todos los ataques contra los inmigrantes y de la criminalización de las comunidades inmigrantes.

Un desafío clave a que se enfrenta el movimiento son las relaciones entre las comunidades latinas y negras. Históricamente, los afro-americanos han ocupado los escalones más bajos del sistema de castas norteamericano. Pero a medida que los afro-americanos luchaban por sus derechos civiles y humanos, en los años sesenta y setenta, se fueron organizando, politizando y radicalizando. Los obreros negros encabezaron la militancia sindical. Todo ello hizo que fueran vistos como mano de obra indeseable para el capital: "rebelde" e "insubordinada".

A partir de los años 80, los empresarios comenzaron a expulsar a los obreros negros y a reclutar masivamente a inmigrantes latinos, coincidiendo con la desindustrialización y la reestructuración. La población negra cambió su estatus, pasando de de superexplotada a marginalizada –pronta al desempleo, a los recortes en los servicios sociales, al encarcelamiento masivo y a una creciente represión estatal—, mientras que la mano de obra inmigrante latina se convertía en el nuevo sector superexplotado. Hace 15 años, nadie veía una sola cara latina en lugares como Iowa o Tennessee, pero ahora los trabajadores latinos –mexicanos, centroamericanos y otros— son visibles en todas partes. Si es verdad que, debido a su actual situación de marginalidad, algunos afroamericanos han canalizado erradamente su enojo hacia los inmigrantes latinos, también lo es que la comunidad negra tiene una queja legítima contra el propio racismo antinegro de muchos latinos, quienes a menudo tienen la sensibilidad embotada ante a la condición histórica de los negros y la experiencia contemporánea que tienen del racismo, lo que redunda en una renuencia a verlos como aliados naturales.

Migración y globalización

El aumento de la inmigración latina en EE.UU. es parte del impulso mundial de la migración transnacional, generado por las fuerzas de la globalización capitalista. El corolario del ascenso de una economía global integrada es la emergencia de un mercado laboral verdaderamente global, pero enormemente segmentado. La mano de obra sobrante en cualquier parte del mundo puede ahora ser reclutada y desplegada –a través de numerosos mecanismos— hacia el lugar en el que el capital transnacional precisa de ella. La mano de obra inmigrante se estima ahora, a escala mundial, en más de 200 millones, según datos de la ONU. Unos 30 millones están en EE.UU., y al menos 20 millones de ellos son de origen latinoamericano. De estos 20 millones, unos 11 millones están indocumentados.

El lobby antiinmigrante argumenta que esos inmigrantes "son una sangría para la economía norteamericana". Sin embargo, la Red Nacional de Solidaridad Inmigrante señala que los y las inmigrantes contribuyen con siete mil millones de dólares a la seguridad social cada año. Ganan 240 mil millones de dólares, declaran $90 mil millones, y apenas reciben cinco mil millones en reembolsos de impuestos. También contribuyen a la economía estadounidense con $25 mil millones más de lo que reciben en cuidados de salud y servicios sociales. Pero éste es un argumento limitado, puesto que el asunto mayor son los incalculables miles de millones de dólares que el trabajo inmigrante genera en ganancias y réditos para el capital, de los cuales sólo una diminuta proporción regresa a los inmigrantes en forma de sueldos.

Si la necesidad que tiene el capital de una mano de obra barata, maleable y deportable en los centros de la economía global es el principal "factor de arrastre" que induce a la inmigración latina en EE.UU., el "factor de empuje" es la devastación dejada por dos décadas de neoliberalismo en América Latina. La globalización capitalista –el ajuste estructural, los acuerdos de libre comercio, las privatizaciones, la contracción del empleo público y de los créditos, la disolución de tierras comunales, y otras cosas por el estilo, junto con las crisis políticas que estas medidas han generado— ha provocado la implosión de miles de comunidades en América Latina, desatando una ola migratoria, desde las áreas rurales hacia las urbanas y al extranjero, de magnitud sólo comparable al masivo desarraigo y migración que históricamente ha solido acompañar a las guerras.

Importancia de las remesas

La migración latina transnacional ha conllevado un aumento enorme en las remesas que los trabajadores de etnia latina en el extranjero envían a las redes familiares ampliadas en América Latina. Los trabajadores latinoamericanos en el exterior enviaron a sus países unos $57 mil millones en 2005, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas remesas fueron la principal fuente de divisas para República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica y Nicaragua, y la segunda fuente en importancia para Belice, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Surinam, según datos del mismo Banco. Los $20 mil millones enviados a casa en 2005 por los 10 millones de mexicanos estimados en los Estados Unidos, sumaban más que los ingresos de turismo del país, y fueron superados únicamente por el petróleo y las exportaciones de las maquiladoras.

Estas remesas permiten a millones de familias latinoamericanas sobrevivir, al comprar bienes importados del mercado mundial, o producidos localmente o por el capital transnacional. Facilitan la supervivencia familiar en una época de crisis y ajuste, sobre todo para los sectores más pobres; constituyen redes de seguridad que vienen a sustituir el papel tradicional de los gobiernos y del empleo fijo como garantes de la seguridad económica. La emigración y las remesas también sirven al objetivo político de pacificación. Desde los años ochenta, a medida que la emigración latinoamericana hacia EE.UU. se expandía velozmente, fueron disipándose las tensiones sociales, y  la oposición política y sindical a los regimenes e instituciones vigentes quedó socavada. Las remesas ayudaron a compensar los desequilibrios macroeconómicos, y en algunos casos, a evitar el derrumbe económico. Y por lo mismo, contribuyeron a apuntalar las condiciones políticas para un ambiente favorable al capital transnacional.

Así pues, en resolución, hay que vincular el debate sobre inmigración en EE.UU. con la propia economía política del capitalismo global en el Hemisferio Occidental que está ahora siendo vigorosamente contestada en diversas partes de América Latina con la ola de luchas populares de masas y un evidente giro político a la izquierda. La lucha por los derechos de inmigración en EE.UU. va  íntimamente ligada a la lucha más amplia, en América Latina y en el mundo entero, por la justicia social.

Nota

(1)     NDLR: Para el 1 de mayo de 2006, se ha convocado a un paro general denominado "Un día sin migrantes", que se acompaña de una acción internacional de boicot a la compra de productos norteamericanos ese día.

William I. Robinson es profesor de Sociología, de Estudios Globales e Internacionales y de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos, en la Universidad de California - Santa Bárbara.

Traducción: ALAI, revisada para www.sinpermiso.info por Casiopea Altisench