La crisis continúa en Islandia

En vísperas de las elecciones presidenciales en Islandia el próximo 30 de junio, persisten muchos de los mismos problemas económicos que asolaron el país durante los últimos tres años.

En enero de 2009, el gobierno de Islandia se convirtió en la primera víctima política de la crisis económica mundial. Durante casi 20 años, el conservador Partido de la Independencia había dominado la escena política y de manera persistente reorientó la economía de la pequeña nación hacia un sector financiero cada vez más desregularizado. Antes de la crisis de 2008, Islandia fue uno de los países más ricos del mundo gracias a su inflado sector bancario, con unas deudas que ascendían a 10 veces el producto interno bruto del país.

A medida que la crisis se desarrolló en el otoño de 2008, la moneda nacional de Islandia, la corona, se derrumbó y los tres mayores bancos quebraron. La inflación galopante y el rápido crecimiento del desempleo crearon una situación políticamente insostenible. Antes de la caída, medio millón de ciudadanos británicos y holandeses tenían depósitos en los muy desregularizados bancos de Islandia.

Los gobiernos de Gran Bretaña y los Países Bajos pagaron la factura de los ahorros perdidos, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) obligó a Islandia a firmar un acuerdo obligándose a pagar todo con intereses a cambio de un préstamo de rescate de emergencia.

Las protestas semanales contra el gobierno comenzaron en octubre, y en el plazo de tres meses habían crecido hasta alcanzar proporciones masivas. En un país de poco más de 300.000 personas, con 120.000 concentrados en la capital Reykjavik, algunas protestas congregaron a 10.000 personas. Muchos miles de manifestantes golpearon cacerolas y sartenes juntos, exigiendo la renuncia del gobierno, y su movimiento fue conocido popularmente como la "Revolución de las cacerolas".

Tras la caída del gobierno, fue sustituido por otro provisional formado por una coalición de centro-izquierda de la Alianza Social Demócrata y el Movimiento Socialista de Izquierda-Verdes. Esta coalición fue elegida en abril de 2009 con la promesa de llevar a cabo reformas radicales y procesar a los imprudentes banqueros y políticos que habían llevado al país al desastre.

El ex primer ministro Geir Haarde fue llevado ante los tribunales, pero sólo se le encontró culpable de no haber informado al resto del gobierno de la inminente crisis y no fue condenado a penas de cárcel o incluso a una multa. Se tomaron una serie de medidas de emergencia - el fin de las ejecuciones hipotecarias, una moratoria en el cobro de deudas y la nacionalización de algunos bancos- para aliviar en parte el sufrimiento económico de la gente. Pero los efectos de la crisis todavía se sienten en Islandia.

El desempleo es del 6%, el valor de la corona es sólo de un 50% del de antes de la crisis, y la deuda de los hogares es de un 130% del PIB. Para colmo de males, mientras que las personas comunes y corrientes sufren los efectos de una banca fuera de control, el actual gobierno ha decidido seguir adelante con el plan del anterior gobierno y pagar parte de la deuda externa ilegítima.

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El apoyo a los partidos responsables de velar por el bienestar de la población es ya la mitad que hace dos años, y no es ninguna sorpresa. Después de derrocar al gobierno que inició la crisis, votar en contra del pago de la deuda en dos ocasiones y elegir un gobierno que prometió "trabajar con la gente", los islandeses se sienten traicionados.

La Corte Suprema islandesa confirmó en última instancia la legislación de emergencia que permite realizar los pagos de la deuda. Esta decisión fue adoptada, por supuesto, sobre las cabezas de la población, que la rechazó en dos referendos nacionales.

En las últimas elecciones, los socialdemócratas y  la Izquierda-Verdes obtuvieron alrededor del 29% y 21% de los votos respectivamente, pero ambos partidos están cayendo en las encuestas de opinión en la medida en la que la situación económica sigue igual que hace un año.

La Alianza Social Demócrata ostenta poco más de la mitad de los escaños de la coalición de gobierno. Se trata esencialmente de la versión islandesa del PASOK griego, un partido que hace tiempo que hizo las paces con el capitalismo. Los socialdemócratas sólo puede mantener su mayoría con el apoyo de La Izquierda-Verdes.

Algunos parlamentarios disidentes de La Izquierda-Verdes se han pronunciado en contra de su propio partido por priorizar los dictados del FMI al bienestar de las personas. Otros han abandonado el partido, afirmando que el actual gobierno es incompatible con los principios socialistas del partido. Una de las disidentes  más  notables, Lily Mósesdóttir, se marchó para formar un nuevo partido llamado "Solidaridad", al que las encuestas atribuyen entre un 6 y un 21% en su corta existencia.

La caída en las encuestas no es el único signo de que se está agotando la paciencia de la gente con la coalición. En octubre pasado, con ocasión del aniversario del movimiento que derrocó al gobierno anterior, volvió a haber grandes protestas.

El 30 de junio, Islandia celebrará elecciones presidenciales. El actual primer ministro, Ólafur Ragnar Grímsson, es un político independiente y antiguo miembro de la Alianza del Pueblo. Inicialmente, Grímsson declaró su intención de no presentarse a la reelección, pero una petición firmada por 30.000 islandeses le convenció para que cambiara de opinión.

Fueron sus vetos presidenciales los que frenaron los planes del parlamento de pagar la deuda externa, refiriendo la decisión a una consulta popular. En ambas ocasiones, la gente votó "No" por un amplios margen.

El 30 de junio los islandeses tenían también, en principio, que pronunciarse sobre su nueva Constitución, pero el Parlamento no ha sido capaz de organizar el referéndum a tiempo. En noviembre de 2010, 25 delegados fueron elegidos a un Consejo Constitucional, con la misión de redactar la nueva constitución.

La Corte Suprema había anulado las elecciones alegando que no se había respetado suficientemente el secreto de voto, pero el Parlamento designó en cualquier caso a las mismas personas para redactar la nueva Constitución. Periódicamente, el Consejo Constitucional  ha informado en su blog de sus debates y recogió las sugerencias de toda la población.

La nueva Constitución, aunque no es radicalmente diferente de la anterior, incluye una serie de artículos progresistas, que incluyen la separación formal del Estado de la Iglesia de Islandia, la propiedad pública de todos los recursos naturales y el acceso público a Internet para todos los ciudadanos.  Y lo más importante, permitirá que cualquier petición respaldada por el 15% del electorado se convierta en un proyecto de ley en el parlamento o se decida en un referéndum nacional.

Estas reformas son positivas, pero la capacidad de las instituciones financieras globales para subvertir la voluntad de la gente demuestra que la lucha contra la austeridad y sus defensores es tan necesaria hoy como lo fue cuando la cacerolada estalló hace tres años.

Jason Netek es periodista del semanario Socialist Worker de EE UU.

Traducción para www.sinpermiso.info: Gustavo Buster