El embate contra la pensión universal ciudadana en México. Asa Cristina Laurell · · · · ·
 
   
El embate contra la pensión universal ciudadana en México
Asa Cristina Laurell · · · · ·
 
13/10/13
 


 

En noviembre de 2003 se estableció y legisló un nuevo derecho social universal en el Distrito Federal de México: la Pensión Universal Ciudadano o Alimentaria. Este derecho está hoy amenazado por la iniciativa de la ley de “Seguridad Social Universal”, presentado por el titular del Ejecutivo federal de México, Enrique Peña Nieto. Esta aparente paradoja sólo se comprende ubicándonos en la disputa por el discurso, entre los neoliberales y las fuerzas progresistas que se despliega día con día no sólo en México sino en todo el mundo. La aceptación social amplísima de los derechos colectivos universales está detrás de esta disputa. Es la confrontación entre el universalismo y la selectividad focaliza en los más pobres; es la lucha entre el estado social y el estado mínimo.

 

Hagamos historia. Una de las primeras medidas del Jefe de Gobierno (gobernador), Andrés Manuel López Obrador al asumir el gobierno del Distrito Federal (DF) de México en diciembre de 2000, fue crear el “Programa de apoyo alimentario, servicios médicos y medicamentos gratuitos para adultos mayores de 70 años”, que se convirtió en pensión universal ciudadana al ser legislada en 2003.  Esta pensión tiene cuatro características básicas: es universal, o sea los únicos criterios de inclusión son tener 70 años o más y residir en el DF; es financiado por el ahorro logrado por la reducción en un 15% de los salarios de los altos funcionarios de gobierno y por la eliminación de sus excesivos privilegios; es de inscripción individual para romper las prácticas clientelares y corporativas de la cultura política mexicana, y se busca sistemática y activamente a los titulares del nuevo derecho mediante un censo levantado casa por casa en toda la ciudad con la invitación de inscribirse.

 

La pensión ciudadana era la primera medida general y universal en México para enfrentar el problema social emergente del crecimiento acelerado de la población adulta mayor que en su gran mayoría –el 70%– carece de una pensión contributiva de seguro social. Aunque muchos adultos mayores tienen acceso a los servicios de salud del seguro social como dependientes de algún familiar asegurado, un 40% sólo podía acceder a los servicios médicos públicos o privados mediante un pago que no incluía a los medicamentos. Paralelamente con la pensión universal el gobierno del DF instrumentó el “Programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos para la población sin seguro social”, o sea el gobierno se obligaba a prestar servicios y medicamentos gratuitos a esta parte de la población; programa que se convirtió en un derecho con su legislación en 2006.

 

Los principales partidos de oposición en el DF, el Partido de Acción Nacional (PAN) y el  Partido Revolucionario Institucional (PRI), ambos de ideología neoliberal, lanzaron una campaña feroz para desprestigiar y suspender la pensión. El principal argumento del PAN, entonces el partido en el gobierno federal, era que era injusto que los jóvenes pagaran la pensión de los adultos mayores que no habían tenido la precaución de ahorrar para su vejez; argumento cínico y clasista frente a una población que mayoritariamente vive en la pobreza. El PRI, hoy el partido en el gobierno federal, intentó demostrar con estudios actuariales amañados que la pensión llevaría a la bancarrota del DF. Lo que ambos partidos percibían era que la pensión iba a ser una política pública de alta aprobación social. Y así fue. Se convirtió en una política de gran arraigo popular primero en el DF y luego en el resto del país. Contribuyó en gran medida a la abrumadora victoria del partido de López Obrador, el Partido de la Revolución Democrática, en las elecciones intermedias de 2003 que permitió que la pensión se legislara con una holgada mayoría en este mismo año cuando ya tenía cobertura universal. Es más, ningún diputado se atrevió a votar en contra.

 

Ambos partidos, el PAN y el PRI, cambiaron de estrategia política de allí en adelante acusando a López Obrador de populista y clientelista; acusación absurda en vista de la característica anti-clientelista de la pensión. Sin embargo, con la cercanía de la elección presidenciales de 2006, el presidente Vicente Fox inició un programa selectivo y focalizado en los adultos mayores más pobres; programa que Felipe Calderón convirtió en el “Programa 70 o más” después del fraude electoral en 2006.  Este programa llegó a tener 3’5 millones de afiliados en 2012 y sus reglas de operación refuerza su carácter selectivo y focalizado en los adultos mayores más pobres. Es además una programa claramente clientelar que entre otras cosas se demuestra por el hecho de que el PAN en su campaña a ras de tierra en la elección presidencial 2012 prometió incluir a las personas mayores en este programa si votaran por el PAN.

 

El PRI optó por otra estrategia en la elección del 2012. Una de sus principales promesas electorales fue la seguridad social “universal”. Enrique Peña Nieto (EPN), al asumir el gobierno en medio de protestas por el nuevo fraude, cambió inmediatamente el “Programa 70 y más” al “Programa 65 o más” y en 2014 presentó la iniciativa de la Ley de Pensión Universal (LPU). Es esta iniciativa que hoy amenaza a la pensión universal ciudadana del DF.

 

La pensión propuesta por Peña Nieto no es universal porque su autorización depende de una serie de condicionamientos socio-económicos que se investigan para concederla. Así están excluidos todos los que tienen una pensión contributiva, independientemente de su monto, o un ingreso mayor a los 15 salarios mínimos. Los solicitantes deben además inscribirse en el Registro Nacional de Población, que hasta ahora no está desarrollado en México, y residir en el territorio nacional. La persona tiene que comprobar ante una autoridad estatal que cumple con las condiciones estipuladas. Esto abre camino al abuso burocrático, la discrecionalidad y la corrupción que son lacras nacionales. Otra restricción grave es que la iniciativa de ley deja fuera a todos los ciudadanos que cumplieron 65 años antes de 2014 lo que discrimina a unos cinco millones de mexicanos sin una pensión. Según la iniciativa los actuales beneficiarios del programa “65 o más” seguirán en el programa que se  aplica exclusivamente a “la población en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, rezago y marginación”. El monto de su pensión, 525 pesos (US$ 39) mensuales, se ajustaría en un plazo de 15 años al de la LPU que sería de 1.092 pesos (US$ 89) mensuales. Sin embargo los nuevos pensionados también tendrían que esperar 15 años para recibir sus 1.092 pesos según el tercer artículo transitorio. Como se observa esta pensión no cumple siquiera con los criterios de la “universalidad básica” que, aún teniendo beneficios mínimos, es para toda la población sin excepción. 

 

La iniciativa de LPU amenaza a la Pensión Ciudadana Universal del gobierno del DF, la única pensión universal existente y legislada en México. Es así porque la iniciativa de LPU establece que los programas de transferencia directa de recursos públicos “podrán continuar... durante el periodo de transición”. Pone una serie de condiciones para que puedan continuar, entre otras que deben comprobar su sustentabilidad financiera ante la autoridad hacendaria federal. La pensión que está en la mira es sin duda la pensión universal del DF por todo lo que representa. Aunque esta intención está clara queda por verse como el gobierno federal piensa proceder porque una ley federal no puede derogar una ley estatal existente. 

 

La iniciativa de la LPU pone el nuevo sistema de pensiones bajo la conducción de las administradores de fondos de pensiones (Afore) al igual que las pensiones contributivas. Estas Afore pertenecen a los grandes grupos financieros y cobran altas comisiones por el manejo de los fondos, del 1 al 1’4% sobre el monto depositado. Transfieren además todo el riesgo financiero de los fondos que ellos invierten a los asegurados. De esta manera la LPU aparte de no ser universal favorece directamente el capital financiero. Es decir la iniciativa de la LPU pretende acabar para siempre con el derecho social universal a la pensión y constituirla en un ámbito de ganancias privadas. 

 

Por otra parte la iniciativa incluye el derecho de los adultos mayores a recibir servicios de salud como garantía constitucional; derecho tautológico ya que está en el artículo cuarto constitucional desde 1983. La iniciativa no explica cómo el Estado garantizará este derecho por lo que se infiere que será por los mecanismos que está planeando la Secretaría de Salud federal  con la creación de un fondo único de salud y un paquete restringido de servicios para todos y presumiblemente un seguro de salud complementario mediante un pagado adicional voluntario. Este esquema busca y requiere de la inclusión de administradores de fondos y prestadores privados.

 

Asa Cristina Laurell fue secretaria de salud del Gobierno del DF de México, integrante de CAESS.


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www.sinpermiso.info, 13 de octubre de 2013