México: Jaque mate a la república. Dossier (2)

Crisis económica y crisis del Estado

El deterioro de las relaciones entre gobernantes y gobernados tiene hoy en día alcances globales. Parece que la única tarea de los gobernantes consiste en imponer esquemas de dominación sobre las mayorías para beneficiar a unos cuantos. Tenemos ejemplos en todo el mundo. Quizás el más claro es el de México. En el análisis de este proceso de degradación institucional se entrelazan las dimensiones económica y política en una madeja rica en contradicciones.

En contra de toda lógica económica y política, se impuso al pueblo de México la decisión de entregar el sector energético a las empresas trasnacionales que nunca ocultaron su apetito por los yacimientos de hidrocarburos en el espacio económico mexicano. Así que la reforma consiste en re-abrir las puertas a las empresas que fueron expulsadas de esta industria en 1938.

Esta regresión destruye componentes fundamentales del Estado mexicano tal y como éste emerge de la Revolución. El control sobre los recursos naturales había sido hasta ahora uno de los aspectos más importantes en la lucha por alcanzar independencia y desarrollo. Por eso seguía siendo uno de los principios esenciales en la Constitución de 1917. Y si los gobiernos que se fueron sucediendo a partir de los años 80 abandonaron el proyecto de alcanzar el desarrollo económico, los preceptos constitucionales sobre control patrimonial de los recursos naturales no perdían validez y servían para recordar lo que podría ser el camino del desarrollo económico. Hoy esos preceptos han sido desfigurados y el retroceso histórico ha reemplazado a la promesa del desarrollo. Las mismas instituciones que en teoría debieran velar por los intereses nacionales, son las que sirvieron para acelerar los trámites de la traición.

En ese sentido, la llamada reforma energética es la coronación de un largo proceso de deterioro del Estado mexicano. Bien dice Adolfo Gilly en brillante artículo que sólo un sobresalto histórico permitirá cambiar este estado de cosas. Pero aparentemente la economía mexicana puede caminar a media máquina mucho tiempo sin que suceda nada. La prueba es que el crecimiento promedio anual fue de 2.3 por ciento durante más de 20 años. El desempleo disfrazado se ha mantenido en niveles de crisis (alrededor de 38 por ciento), obligando a una inmensa capa de la población a buscar un modo de sobrevivir en el llamado sector informal. El descontento de la población ha ido en aumento, pero pareciera que la organización de masas que podría darle una salida constructiva no se ha podido consolidar.

En los próximos años se corre el riesgo de una mayor desmovilización de buena parte de la población. La crisis y el miedo a perder el empleo no ayudarán. El espejismo de que las cosas van a mejorar seguirá siendo muy eficaz. En algunos escenarios, se pronostica cierto aumento en las tasas de crecimiento en los próximos dos o tres años, pero por la estructura de la economía mexicana y por la naturaleza misma de las "reformas", eso no se va a sostener y ciertamente no estará acompañado de aumentos en empleos de buena calidad, como dice la propaganda oficial. La entrega del sector energético a intereses extranjeros no puede traducirse en crecimiento sostenido y empleos bien remunerados. Para que la entrega del sector petrolero pudiera traducirse en empleos bien remunerados, se necesitaría crear vínculos entre la industria nacional y la demanda de partes y maquinaria de la industria petrolera. Y eso es precisamente lo que las trasnacionales no van a hacer porque el Tratado de Libre Comercio les protege e impide aplicar instrumentos de política industrial para crear esos eslabonamientos. Pero el espejismo funcionará y la reforma energética servirá para mantener la rentabilidad de las trasnacionales que patrocinaron la privatización.

Para que un sobresalto histórico conduzca a un resultado constructivo se requiere una organización política robusta y bien plantada desde el punto de vista ideológico, capaz de realizar un análisis serio sobre la coyuntura nacional e internacional. Desgraciadamente, la izquierda institucional electoral no ha sido capaz de realizar ese análisis y tampoco ha podido identificar opciones estratégicas de lucha y objetivos claros e inteligibles para el pueblo. En realidad, la izquierda institucional o electoral no ha querido abrir cauces a la lucha popular y se ha interesado más en refuncionalizar las luchas a nivel de barrio, de comuna o de pueblo para mantener sus prerrogativas y poder seguir designando candidatos a elecciones en todos los niveles. Esa izquierda institucional no ha podido realizar el trabajo político necesario para encontrar salidas ahí donde parece que no existen. Claro que hay luchas populares valientes y decididas, de gran lucidez política, pero con ellas la izquierda electoral no ha querido forjar alianzas. Las organizaciones que han podido activar esas luchas no le deben ninguna fidelidad a la izquierda electoral y deberán avanzar por el camino del análisis independiente y la autodeterminación de masas.

Alejandro Nadal es miembro del consejo editorial de Sin Permiso

La reforma energética y los nuevos cárteles

 "Sin maíz, no hay país"


Sin petróleos, los santos óleos

Con la genuflexión de los congresos locales, que acatan sin chistar las órdenes de sus respectivos gobernadores –bendita división de poderes–, quedará consumado el mayor atentado contra el patrimonio de los mexicanos y la soberanía nacional que haya cometido gobierno alguno posterior al movimiento de la Revolución Mexicana. Un grave error histórico. Una infamia.

Todos, como en el Congreso federal, sin leer siquiera, ya no digamos estudiar, el decreto de ley que fue aprobado, lleno de inconsistencias y contradicciones, en una actitud de servilismo y abyección de quienes prefirieron la cómoda sumisión recompensada al ejercicio de la libertad de expresión y de conciencia, aunque su nombre quede grabado con letras negras de color petróleo, en el muro de la ignominia de la historia de México. Es inaudita –y vergonzosa– no sólo la unanimidad en esta polémica Reforma de los parlamentarios del PRI, sino la inexistente manifestación de cuando menos una duda o la tímida actitud de una abstención, frente a lo que se presentaba. ¡Nada!

¡Qué lamentable espectáculo el de nuestra clase política!

Sin el menor recato, sin siquiera el cuidado de las formas e ignorando conscientemente el fondo y la trascendencia del hecho, e ignorando desde luego también, con desprecio total a la opinión de la mayoría del pueblo mexicano, la reacción, empoderada a saco en las cámaras y en el Ejecutivo de la Unión, impuso las normas que a su vez le imponen los jefes de la política mundial –que para algo espían a los candidatos, convirtiéndolos en promotores obligados e incondicionales de sus deseos– y los jerarcas nacionales e internacionales del dinero, su única patria.

Una reforma en sí denigratoria del talento, la identidad y las capacidades nacionales, derrotista –nosotros no podemos, vengan con sus conocimientos y su dinero a resolver nuestros problemas –, surgida de una decisión previa a todo análisis, proveniente de los organismos internacionales y contraria a los intereses de la nación: la apertura indiscriminada del sector energético que propone la entrega de una parte sustantiva de la renta petrolera y la transferencia del desarrollo de la industria de transformación de los hidrocarburos y la de la generación y comercialización de la energía eléctrica a intereses privados, de aquí y de allá.

Una reforma que, como ha acontecido en otras partes del mundo – y de la que hoy muchos países se arrepienten y reconsideran –, lo que está haciendo es pavimentar el camino para la creación de poderosos cárteles mexicanos de tráfico de hidrocarburos, que convertirán a muchos de nuestros ricos en más ricos y a muchos políticos de hoy y del pasado reciente – ya conformados en redes polícromas, advertidas en las redes sociales con nombres y apellidos – en miembros prominentes de la lista de la revista Forbes.

Javier Jiménez Espriú, ingeniero, ha sido decano de la facultad de ingeniería de la UNAM, ha ocupado diversos cargos en los gobiernos mexicanos y en PEMEX y en la actualidad es miembro de la Academia de Ciencias, Artes, Tecnología y Humanidades de México

La reforma en materia energética es política, social y éticamente ilegítima

Al Pueblo de México y otros Pueblos del mundo

A los Poderes de la Federación y de los Estados

A las compañías nacionales y extranjeras

La Constitución es la expresión de los acuerdos nacionales fundamentales, y por lo tanto en su naturaleza está que su texto recoja la opinión de las mayorías del País. Cuando la Constitución es reformada en sus decisiones políticas fundamentales a espaldas del pueblo, sin su conocimiento, y sin que sea consultado, se atenta contra su carácter de pacto político y social nacional, y en consecuencia contra su legitimidad.

Esto es lo que ha ocurrido con la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Quienes como legisladores del Congreso de la Unión y de los congresos de los estados transformaron el régimen constitucional de la explotación de los bienes de la Nación en materia energética, para beneficiar a grandes empresas, en perjuicio de las mayorías nacionales, modificaron una parte esencial del texto de la Constitución, y rompieron así una parte sustancial del pacto histórico de 1917. Más aún cuando la reforma fue realizada sin que se tomara deliberadamente en cuenta la opinión de la población, con lo que los propios legisladores desconocieron su carácter de representantes de la soberanía popular.

Hecha así, con desconocimiento de esta soberanía a la que la propia Constitución se refiere en sus artículos 39 y 41, la reforma en materia energética es política, social y éticamente ilegítima.

Pero además, la reforma está viciada de ilegalidad en razón de las anomalías jurídicas que para su aprobación se dieron en la Cámara de Diputados, en la cual no se cumplió con la normatividad de los procesos parlamentarios. Por lo tanto, la mayoría necesaria para la reforma constitucional se obtuvo con acuerdos ilegales, lo que deviene en que la reforma misma se hizo de manera ilegal.

De esta manera, la reforma tampoco brinda condiciones jurídicas seguras a los inversionistas privados, nacionales y extranjeros. Esta reforma será revertida definitivamente cuando la soberanía popular y nacional esté realmente representada en el Congreso de la Unión y en los congresos locales. Mientras tanto, sin dejar de recurrir a las instancias legales, es imprescindible el fortalecimiento de la organización popular y ciudadana, al margen de simulaciones políticas que dan prioridad a intereses partidarios por encima del interés general.

Grupo Paz con Democracia (Raúl Vera, Pablo González Casanova, Rodolfo Stavenhagen, Miguel Concha Malo, Jorge Fernández Souza, Víctor Flores Olea, Magdalena Gómez, Ana Esther Ceceña, Dolores González, Alicia Castellanos, Gonzalo Ituarte, Gilberto López y Rivas, Luis Hernández Navarro, Carlos Fazio, Miguel Álvarez Gándara, Héctor de la Cueva, Pablo Romo Cedano)

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