AAVV
22/12/2013
Diez razones para no cambiar la ley del aborto
Cada día nos acercamos más a un cambio en sentido restrictivo de la actual ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada por amplia mayoría en 2010, que el Partido Popular quiere modificar desde el mismo momento en que llegó al Gobierno. Sin duda hay razones para cambiarla o mejorarla, pero el momento social, económico y político no parece el más apropiado para empeorarla. España pasa por malos momentos y utilizar el aborto, por el que tanto sufren las mujeres, como moneda de cambio para contentar a los sectores más conservadores de su electorado, no es justo con las mujeres ni con la sociedad.
Tras casi dos años de reiterados, y a veces contradictorios, anuncios por parte del ministro de Justicia, señor Gallardón, la principal razón esgrimida para este cambio es el compromiso adoptado en su programa electoral. Argumento poco consistente, no solo por los evidentes incumplimientos de la práctica totalidad de los compromisos electorales del actual Gobierno, sino porque ni siquiera se ajusta a la letra de lo comprometido. Entre introducir algunos cambios en la actual legislación, especialmente en lo relativo a las jóvenes de 16 y 17 años, y los drásticos cambios que se avecinan, hay un gran trecho. Ni siquiera el sector más aperturista del PP podía presagiar que van a echar por tierra 28 años de legislaciones razonables.
En el caso del aborto, como en casi todo, hay razones para actuar de una u otra manera. Unas para imponer las propias creencias y deseos a los demás y otras para respetar la autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su vida.
Nuestras razones para defender el mantenimiento de la actual ley son:
Una. Porque funciona. No se han cumplido las profecías de un incremento notable del número de abortos ni se han producido en sus tres años de vigencia denuncias ni complicaciones sanitarias de ningún tipo. Ha resuelto, pues, gran parte de los problemas de inseguridad jurídica que aquejaban a la ley anterior.
Dos. Porque respeta a las mujeres. El reconocimiento de un plazo en el que las mujeres puedan decidir libremente sobre si quieren seguir adelante o no con su embarazo es la única manera de no atropellar los derechos fundamentales de las mujeres embarazadas.
Tres. Porque es conforme a la Constitución. Contrariamente a lo que se argumenta, la actual legislación no es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional que nunca se ha pronunciado sobre una ley de plazos.
Cuatro. Porque respeta mejor la vida en formación. Establecer límites y ofrecer a las mujeres información y recursos alternativos ha demostrado ser la mejor manera de conciliar los derechos de las mujeres a decidir con el deber del Estado de proteger la vida en formación.
Cinco. Porque es la mayoritaria en Europa. La legislación de plazos es la más establecida entre los países del entorno europeo, especialmente en el contexto de los Estados con quienes compartimos tradición política y constitucional. En una Europa sin fronteras no es razonable que una mujer española sea tratada, en sus derechos básicos, de modo diferente a una francesa, portuguesa o alemana.
Seis. Porque no distingue entre pobres y ricas. Las leyes restrictivas no disminuyen el número de abortos, solo provocan que las mujeres que no tienen recursos económicos lo hagan en peores condiciones, por lo que a la discriminación por razón de sexo se une la discriminación por clase o condición social.
Siete. Porque la población está conforme. La mayoría de la población española no se reconoce en el marco de una legislación restrictiva o prohibicionista en materia de aborto. Según la última encuesta de Metroscopia, una mayoría, el 53%, apoya una ley de plazos como la actual mientras que el 37% prefiere una ley de indicaciones médicas.
Ocho. Porque hace la práctica del aborto más segura y equitativa. Facilitar los trámites hace que los abortos se realicen, como ahora sucede, en periodos muy tempranos de la gestación, disminuyendo los riesgos asociados a los abortos tardíos. Facilita también que las mujeres sean tratadas igualitariamente independientemente de la comunidad autónoma donde vivan.
Nueve. Porque es una ley eminentemente preventiva. La actual legislación no solo aborda la interrupción voluntaria del embarazo, sino la prevención y educación afectiva y sexual de toda la población, en especial de la población más joven, el mecanismo más eficaz para disminuir el número de abortos.
Diez. Porque derogarla supone un retroceso social de décadas. Hoy vivimos mejor porque podemos decidir en lo que concierne a nuestra vida sexual y reproductiva sin que nos persigan. Perder en tres años lo que tardamos 30 en conseguir nos lleva a un pasado de difícil retorno.
Diez razones frente a una. El Partido Popular cuenta, por supuesto, con una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar la reforma que desee, se ajuste o no a sus compromisos electorales. Pero también tiene el compromiso social y democrático de gobernar para la mayoría. Sería un buen momento para darse un baño de realidad y favorecer el entendimiento entre los sectores que opinan de distinta manera sin hacérselo pagar a las mujeres que se enfrentan a una interrupción del embarazo y que, con la nueva norma, ganarán sufrimiento y perderán libertad.
No es bueno legislar contra algo que funciona. No es justo desconfiar de la responsabilidad de las mujeres. No es democrático obligar a una mujer a ser madre contra su voluntad. Entonces, ¿por qué castigar a las mujeres? ¿Estamos aún a tiempo de pensar en ellas y dejar las cosas como están?
Isabel Serrano Fuster es ginecóloga y portavoz de la Plataforma Decidir Nos Hace Libres, y María Luisa Soleto Ávila es directora de la Fundación Mujeres. Firman también este artículo: María del Puy Zatón (Enclave Feminista), Francisca García Guerrero (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo-ACAI), Mar Grandal (Católicas por el Derecho a Decidir), Mª Concepción Torres Díaz (Red Feminista de Derecho Constitucional), Marciano Sanchez Bayle (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública-FADSP), Luis Enrique Sánchez Acero (Federación de Planificación Familiar Estatal-FPFE), Carmen Flores Rodríguez (Federación de Asociaciones de Madres Solteras-FAMS), Empar Pineda (Otras Voces Feministas), Ana Alcalde (Alianza por la Solidaridad), Montserrat Boix (Mujeres en Red), Yolanda Besteiro de la Fuente (Federación de Mujeres Progresistas), Francisca Tarazaga (Mujeres por Europa), Tina Alarcón (Asociación Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales), Teresa López (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales-FADEMUR), Paz Martin (AMALTEA), Beatriz Sagrado Roberto (Médicos del Mundo España), Silvia Calurano (Federación Mujeres Jóvenes), Paloma Gil De La Calle (Asociación de Mujeres para un Envejecimiento Saludable), Elvira Méndez (Asociación Salud y Familia), Pilar Vicente de Foronda (Asociación Igualdad de Género en la Cultura), María Pato Rodriguez (Asociación Eleanor Roosevelt), Silvia Carizo (Asociación de Mujeres Inmigrantes Malen Etxea, País Vasco), Mª Isabel A. González (Colectivo por la Diversidad Rosa Luxemburgo), Maria Ferrero Barrio (Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears), Amparo Antuña Asenjo (Federación Mujeres Progresistas de Asturias), Elena Álvarez López (Asociación Mujeres Opañel), Sara Díaz Hernández (Asociación de Mujeres de Nosotras Mismas de Chamberí), Elena de León Criado (Asociación Derechos Humanos de las Mujeres y Desarrollo-DEHMUDE), Rebeca Julián Ruiz (Federación Estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales-FELGTB), Montserrat Santos Lorenzo (Asociación Galega para a Saúde Sexual-AGasEx), Celia Arenas Casas (Federación de Asoc. Mujeres María Laffitte), Gloria García-Nieto (Colectivo Escuela No-Sexista, Asturias), Begoña Sánchez González (Asociación Feminista de Asturias-AFA, Esther Martínez Domínguez (STEA, Zaragoza), Antonia Jesús Burgos García (Asociación de Mujeres Nerea, Málaga), Carmen Caparrón Crespo (Asociación de Mujeres Rosa Chacel), Carmen Caparrón (Federación de Mujeres del Poniente por la Igualdad, Almería), Rosa Gómez Torralbo (Federación Feminista Gloria Arenas), Lourdes Muñoz (Plataforma Nosatres Decidim, Catalunya), Mar Vicent, (XATEBA - Asociación por la igualdad y contra la violencia de género, Xàtiva, Valencia), Lola Oltra Gómez (Asociación Eleanor Roosevelt), Concha Alarcón González (Asociaciones por la Igualdad de Género Guadalhorce Equilibra, Málaga), Amanda Rodríguez Pinto (Arcópoli, asociación LGTB+H, Universidades Politécnica y Complutense, Madrid), María Ferraz Dobarro, (Asociación Contramarea, Canarias), Fátima Arranz Lozano (Red Ecofeminista), Angustias Bertomeu Martínez (Asociación E-Mujeres), Anabel Santos Castro (Asociación de Mujeres Puntos Subversivos, Andalucía), Mercedes Ruiz-Gimenez Aguilar (Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos- AIETI), Natalia Salvo (Organizaciones Feministas de Zaragoza), Mª Encina Gutiérrez Ibán (Asociación Leonesa Simone de Beauvoir), Andrea Castillo Díaz (Asociación Ecuestre entre la Vega y la Nieve), Concepción Díaz Rodríguez (Asociación SARAE), Patricia Rodríguez Calviño (Igualdad de las Juventudes Socialistas de España -JSE), Pilar Rodríguez (Partido Socialista, Madrid), Teresa Gutiérrez Álvarez (Igualdad del PSL- PSOE), Laura Nuño Gómez (Áreas Transversales IU-CM), Cándida Barroso Chulia (CCOO, Valencià), Francisca López García, (Confederación Intersindical), Esperanza Montero (Colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, Madrid) y Nirvana González Rosa (Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, MAMPR).
http://elpais.com/elpais/2013/12/18/opinion/1387365301_927366.html
Pacto entre mujeres por los derechos sexuales y reproductivos
Ante el anuncio del Gobierno de España de reformar la actual Ley orgánica 2/2010 de Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, las organizaciones de mujeres abajo firmantes apelamos:
A los valores de la libertad y la igualdad recogidos en la Constitución Española así como al Pacto entre mujeres tal y como lo entendieron las Parlamentarias de la legislatura Constituyente cuando se negaron a avalar con su voto la discriminación por razón de sexo en la sucesión a la Corona.
Apelamos a la Libertad de decidir de las mujeres sobre nuestra vida y la autonomía en relación a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Recortar estos derechos significaría tutelar a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Sin libertad para decidir no hay igualdad. Sin igualdad no hay democracia.
Apelamos a la Igualdad que garantiza la actual ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reconociendo el derecho de las mujeres a ser atendidas en el sistema de sanidad público cuando decidan interrumpir su embarazo.
Apelamos al Pacto entre mujeres, porque solo a nosotras nos concierne decidir sobre nuestro embarazo, tanto si queremos ser madres como si no queremos serlo.
Apelamos a las Parlamentarias para que hagan efectivo el Pacto porque ellas son la voz y el voto de sus representadas, son la voz y el voto de las mujeres en el Parlamento.
Por todo ello:
Pedimos a nuestras Parlamentarias que suscriban un Pacto entre mujeres que garantice los derechos sexuales y reproductivos y la interrupción voluntaria del embarazo, haciendo valer su condición de Parlamentarias, ejerciendo como nuestras legítimas representantes y oponiéndose a cualquier reforma de la actual ley que signifique un retroceso en los derechos adquiridos por las mujeres.
Pedimos que se pacte entre mujeres derechos que solo conciernen a las mujeres y por ello apelamos a su condición de mujeres por encima de cualquier ideología.
Hacer realidad este Pacto significa garantizar la igualdad y la libertad y con ellas la democracia.
PSOE, IU, ICV, BNG, Amaiur y Nafarroa-Bai
http://singenerodedudas.com/blog/pacto-entre-mujeres-por-los-derechos-sexuales-y-reproductivos/
Ruiz Gallardón, el hombre que no amaba a las mujeres
Mucho se ha escrito sobre el miedo que le produce al pensamiento político conservador la libertad y autonomía de las mujeres. La idea de que las mujeres tomen decisiones autónomas sobre su vida sexual y reproductiva revuelve el estómago ideológico de la derecha y del catolicismo institucional. Solo en este marco puede entenderse la propuesta gubernamental de modificar la Ley del Aborto promulgada en 2010. El miedo a que las mujeres decidan libremente sobre su maternidad es mucho mayor que las tensiones políticas que pueden darse en el seno del PP entre los sectores ideológicos moderados y los ultraconservadores.
En el año 2010, el gobierno socialista derogó la Ley del Aborto aprobada en 1985 y promulgó una nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en la que se incluía la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, estableciendo un plazo de 14 semanas para abortar libremente. Esta ley fue resultado de una intensa y larga lucha del movimiento feminista para que se reconociese la autonomía de las mujeres en la interrupción del embarazo. Sin embargo, el gobierno socialista no atendió una de las reivindicaciones históricas del feminismo, la retirada del aborto del Código Penal, como tampoco dio cabida legal a la realización de abortos en cualquier momento de la gestación debido a problemas de salud de la mujer embarazada.
La reforma que propone el Partido Popular está vinculada al modelo de sociedad patriarcal que habita en el corazón de los sectores ideológicos más ultras del catolicismo y de la derecha. En efecto, el sector político más conservador y reaccionario, que es el que parece que está ganando la partida política que se juega en el seno de los populares, tiene un modelo de sociedad más próxima al franquismo que a la democracia, en el que las mujeres deben ser definidas por su papel de fieles esposas y abnegadas madres. El subtexto ideológico de la derecha es que las mujeres son seres pasivos y defectivos que no pueden regular autónomamente su vida. Necesitan que la autoridad masculina interprete sus deseos, bien para interrumpirlos o bien para impulsarlos. Para este sector ideológico, la maternidad forma parte de un orden natural de las cosas imposible de alterar: es una fatalidad y un destino biológico ciego sobre el que las mujeres nada tienen que decir. Acabar con la ley de plazos y recuperar una ley de supuestos aún más restrictiva que la que se aprobó en el año 1985 apunta en la dirección de la restauración simbólica del viejo orden patriarcal y pone de manifiesto que los vínculos entre la derecha y el franquismo aún no se han roto.
Frente a ese imaginario conservador que niega la libertad y la capacidad de decisión de las mujeres, el pensamiento feminista y progresista reivindica otro imaginario bien distinto, en el que la maternidad debe ser un acto consciente, libre e intencional, resultado del deseo de las mujeres. El pensamiento crítico, que defiende la libertad y la igualdad de todos los seres humanos sin excepción, considera que la maternidad no es un destino biológico ciego sino un proyecto humano. Por eso afirma el derecho de las mujeres a decidir sobre su reproducción y su sexualidad y niega que puedan ser definidas como úteros.
La diferencia entre una ley de plazos y una de supuestos es que en este último caso la decisión de las mujeres está supeditada a la interpretación de los otros. La derogación de la ley de interrupción del embarazo es un golpe irreparable para la libertad y la autonomía de las mujeres, pues niega el reconocimiento de que las mujeres tienen derecho a tomar las decisiones sobre su maternidad libremente y sin el sometimiento a ninguna autoridad ajena a ellas mismas.
La nueva ley que quiere llevar al Parlamento el ministro más centrista del ejecutivo no solo niega ese derecho sino que plantea dos problemas: el primero de ellos, explicado por Ruíz Gallardón en la línea de la jerarquía de la iglesia, deriva de la protección del no nacido frente al derecho de la madre. En este sentido, Celia Amorós se pregunta sobre la legitimidad de dar voz a los fetos para quitársela a quienes es claro y meridiano que la tienen, las mujeres. El segundo es la modificación del supuesto del riesgo de salud de la madre. ¿Qué ocurrirá con las mujeres a las que se les niegue la interrupción del embarazo? ¿Quién dictaminará qué mujeres pueden abortar? La respuesta ya la conocemos: las que tienen recursos siempre tendrán acceso a la casi totalidad de los países de la UE que han aprobado una ley de plazos. Las que tienen menos recursos tendrán la clandestinidad con el consiguiente riesgo de su salud.
Para concluir, la ley que prepara Ruíz Gallardón niega la libertad y el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y, además, condena a las mujeres que no se acomoden a sus indicaciones y con pocos recursos a abortar en condiciones de precariedad sanitaria y riesgo penal. De modo, que recorta los derechos de todas las mujeres, pero más especialmente las de aquellas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Rosa Cobo es directora del Centro de Estudios de Género y Feministas y profesora titular de Sociología en la universidad de A Coruña
http://www.eldiario.es/zonacritica/Ruiz-Gallardon-hombre-amaba-mujeres_6_133396672.html
Condenadas a parir y además a oscuras
La mujer, las hijas, hermanas, novias, queridas o amigas de Gallardon no tendrán, seguramente, ningun problema con la ley de su marido, padre, hermano, novio, querido o amigo. El dinero puede casi con todo, desde pagar con comodidad la crianza de un discapacitado grave, a costearse un breve fin de semana en Londres o Paris para abortar de forma segura y discreta. Si no eres nada de Gallardon o simplemente no tienes dinero, y tienes un apuro con un embarazo no deseado, caeras directamente bajo la protección del Ministro de Justicia, lo quieras o no, y tendrás que parir, ademas, gracias a otro ministro amigo del anterior, a oscuras. Deberás procurar, también, no tener un embarazo de riesgo, porque tampoco podrás pagarte un parto privado y la seguridad social no esta ya para mucho trote, todo ello por obra y gracia de las medidas de austeridad impuestas por otros amigos y compañeros de partido del susodicho. Es probable que, con tanto agobio, hayas perdido el trabajo o te sea mucho mas complicado salir del paro. Si todo se tuerce, que visto lo visto no debe ser difícil, es seguro que te acabas acordando mucho, muchísimo y no para bien, de todas las mujeres familiares y/o cercanas a Galardón, incluyendo a su madre. También recordaras, seguro, a todas esas mujeres del PP que no quisieron pensar como mujeres ni en las mujeres y en las que, como tu, hubiesen necesitado abortar y no pudieron o no las dejaron. Pero todo ello no puede ser gratuito. No es posible que se construya nada sobre el sufrimiento y la angustia de tantas y tantas como tu.
El PP y sus dirigentes no ven mas lejos de sus propias necesidades y son incapaces de identificarse con las de la mayoría. De pequeños gestos, erróneos o acertados, han surgido llamas que se han convertido en incendios y de esta estupidez gratuita de la derecha mas rancia va a surgir una gran llamarada. Porque las mujeres de este país ni son sumisas ni pacientes y la mayoría no estamos para mas bromas pesadas que solo causan sufrimiento para los que las padecen y una helada sonrisa en quien las gasta. Ni la mayor parte de los y las votantes del PP, siquiera, van a pasar por esto. La gota que rebasa el vaso no es ni minúscula ni insignificante. Es una bofetada en el rostro de la libertad de las mujeres y una patada a la lucha de muchos años y muchas mujeres. Y no prevalecerá la ley ni prevaleceran los que la consienten. No es una amenaza, es pura intuición "femenina" y "feminista" que a pesar de las sesudas mentes masculinas que la niegan, no yerra en un tema que, como el del aborto, tiene tanto que ver, precisamente, con nuestros ovarios.
Yo vengo de un tiempo en que las mujeres pasaban de la tutela de su padre a la de su marido y acababan sus días tuteladas hasta por sus hijos. Dias y años de lucha para que se aboliera el delito de adulterio, para que se legalizase el divorcio y para que se despenalizase el aborto. Lo de despenalizar no es un termino baladi. No queriamos una legislacion sobre nuestros cuerpos. No queríamos que hubiese leyes que dijesen nada sobre nuestro derecho a decidir y por eso la campaña abogaba por la despenalizacion, o lo que es lo mismo, la no-legislación, del aborto y si del reconocimiento de la libertad y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sus embarazos. Luego vino una ley de supuestos que a costa de su vaguedad dio pie a una mayor libertad, pero también a demandas ante los tribunales de los anti-abortistas y a que hubiera territorios "cero", como el de Navarra, donde era casi imposible abortar legalmente. La ley de plazos, era, a pesar de algunas concesiones absurdas, que dificultaban los abortos justificados pero fuera de plazo, un paso adelante porque, al menos, consagraba la libertad y el derecho de decidir de las mujeres, aunque la limitara en el tiempo. Lo de ahora es un absurdo tal, que puede llegar a ser la puntilla que remate los afanes de permanencia en el poder de la derecha en el Reino de España.
Un partido que no ha cumplido ninguna de las promesas que le dieron la victoria electoral pretende ser "cumplidor" precisamente en lo que nadie o casi nadie le había pedido y, desde luego, por lo que nadie le habría votado. La letra pequeña del programa electoral, aquella que ni se mencionaba en los mitines mas rancios, que solo contenta a los sectores mas ultras y clericales, se convierte, por empeño personal del señor Gallardon, en bandera y adalid del PP. En tiempos bajos, con sus propias filas soliviantadas y las asociaciones de victimas tiradas al monte tras el fin de la ley Parot, un "por mis santos cojones" (y nunca mejor dicha la machista expresión) ¿puede pretender, de verdad, recojer y transformar tanto descontento, en unas migajas de apoyo? El mundo de Gallardon y de la mayoria de los dirigentes del PP nunca aparecio tan desconectado y marginado del país y hasta de sus votantes. Es un crimen que no puede quedar impune y la "cachaza" de Rajoy no le puede servir ni de excusa ni de tapadera.
Lola Rivera, feminista, socióloga y pintora, es amiga y colaboradora habitual de Sin Permiso
www.sinpermiso.info, 22 de diciembre 2013