Los comités de calle como instrumentos de una seguridad pública al servicio de la clase obrera

Jeremy Vearey

04/05/2014


 

Entre las trágicas consecuencias sociales de las políticas neoliberales, una de las más acuciantes es la erosión del consenso social sobre el bien común de la seguridad pública fundada en el estado de derecho. El crecimiento de la criminalidad como acumulación primitiva en los márgenes de la legalidad capitalista y la privatización del mantenimiento de la seguridad pública, bien por empresas de seguridad capitalistas como por el crimen organizado, son un problema de primer orden en las grandes ciudades rodeadas de villas miserias de los países en vías de desarrollo, pero también en las ciudades degradadas por falta de inversión pública de EE UU y Europa. La urgencia de una respuesta política desde la izquierda para la defensa republicana del bien común que es la seguridad pública choca abiertamente con las orientaciones de los gobiernos neoliberales para los que el problema se reduce al mantenimiento del orden público en defensa de los intereses de las clases dominantes ante las protestas sociales de las clases populares. Frente a la brutalidad de clase que reflejan las operaciones de conquista y ocupación armada de los barrios populares por la policía en Brasil con ocasión del Campeonato Mundial de Fútbol, en Sudáfrica, y en concreto en Ciudad del Cabo –con una de las mayores tasas mundiales de alcoholismo, drogadicción y criminalidad asociada con ellos en sus townships heredadas del régimen del Apartheid-, está teniendo lugar una experiencia completamente distinta de defensa y desarrollo de la seguridad pública desde una orientación comunitaria y al servicio de la clase obrera. El principal impulsor de esta orientación es el brigadier general del SAPS Jeremy Vearey, antiguo guerrillero y declarado marxista, cuya historia, concepciones políticas y visión del trabajo policial aparecen recogidas en una larga entrevista publicada por la revista Amandla!, de la que intentaremos traducir en el futuro los extractos más interesantes. SP

El objetivo de un “mantenimiento de la seguridad pública popular” en el township de Mitchells Plain, en Ciudad del Cabo, y la noción de un “imperio de la ley” comunitario en general, tiene por objeto responder a las necesidades y prioridades establecidos por las estructuras comunitarias de base, tales como comités de calle, vigilancias vecinales y organizaciones cívicas de la comunidad. Todos ellos se movilizan solidariamente en un frente único llamado el Foro de Policía Comunitaria (CPF), comprometido con una lucha de masas contra la delincuencia y las condiciones materiales socio-económicas que la generan. Este es el enfoque que orienta tanto el contenido como la forma de una relación consensual entre la policía, la comunidad en general y la clase obrera en particular.

Los Comités de Calle han sido la forma más práctica y multilateral de organización para impulsar la movilización a nivel popular contra la delincuencia. No sólo ha garantizado el papel activo de la comunidad localmente, sino también una distribución más amplia de la participación y el poder en la toma de decisiones sobre la estrategia y las tácticas de movilización.

1) Permiten una mejor representatividad de base de la comunidad, descentralizadas y localizadas y una mejor rendición de cuentas tanto en el contenido como la forma.

2) Ayuda a una distribución espacial equitativa del poder y la influencia, impulsado por múltiples intereses que se concretan según las necesidades de la calle y no necesariamente agregadas en campaña grandes y en programas amplios multisectoriales.  

3) Hay muchos espacios independientes (es decir, calles) de acción operativa conjunta de la policía y la comunidad, en lugar de un centro impulsor de una campaña cuyos objetivos estarían determinados por una suma de intereses y preocupaciones generales.

4) Hay una omnipresente actividad múltiple y estructurada, en lugar de un único punto de control desde el que se dirige la movilización y se distribuyen los recursos.

5) La actividad y la acción comunitaria son las que sostienen la existencia del Comité de Calle en lugar de convenciones burocráticas.

6) Las estructuras son círculos de diferentes agrupaciones de afinidad de la calle, determinadas por la multiplicidad de usuarios, en lugar de las estructuras jerárquicas que se rigen por las agendas globales dirigidas centralmente.

7) Los Comités de Calle se alimentan de redes y relaciones.

8) Los participantes se organizan según las habilidades y capacidades que poseen y pueden utilizar, en lugar de ser dependiente de la formación externa, la financiación y los programas de otro centro de poder o de campaña.

9) Las comunidades de los Comités de Calle se crean y se movilizaron en torno a intereses locales con una acción colectiva sostenida en el tiempo, que es motivada por el interés propio colectivizado local y preocupaciones privadas agregadas a nivel de calle.

Por todo esto, los Comités de Calle representan un modelo más sostenible y democrático que las ONG / sociedad civil, que dependen de la financiación de los donantes y, a menudo, carecen de cualquier tipo de base popular ante la que sean responsables.

Como un baluarte popular contra la delincuencia en un espacio acotado, como los delitos relacionados con el control del territorio por bandas criminales, los Comités de Calle han demostrado ser eficaces a la hora de fortalecer y mantener el control territorial colectivo en los puntos de mayor actividad criminal. Por ejemplo, el mantenimiento del orden social impulsado por la comunidad, mediante patrullas de grupos contra sitios de reunión de pandilleros, que son menos dependientes de la policía como mecanismos para garantizar el orden público.

El gangsterismo y el crimen organizado pretenden privatizar ilegalmente el control social sobre el espacio público compartido, como escuelas, carreteras, parques, servicios públicos, etc. (los "comunes") para la actividad criminal con fines lucrativos. Ello podría considerarse como un terreno legítimo de la lucha de clases contra las relaciones sociales de producción y apropiación del valor criminales, que buscan destruir criminalmente el uso y la apropiación de valor de los "comunes" por la comunidad, y al hacerlo, monopolizar los bienes comunes con fines delictivos privados. El papel de la policía en las zonas de clase trabajadora, por tanto, va más allá de las funciones de seguridad para convertirse en activismo social, que busca movilizar y construir la solidaridad comunitaria, la capacidad colectiva organizada, y el poder, en última instancia, de clase para hacer frente a la delincuencia en los "comunes" con el fin de recuperar el control público de su uso común y su valor social compartido. Por esa razón las formas de organización, como los Comités de Calle representan una defensa de los bienes comunes contra esta amenaza de privatización por parte de elementos criminales.

En este sentido, las palabras de Jock Young, un académico criminólogo marxista, tienen mucha más relevancia funcional para la labor policial práctica que el fracasado despliegue de “imposición de la ley y el orden público” mediante una presencia policial visible pero rutinaria:

“No es la "delgada línea de policía” (the “Thin Blue Line"), sino los ladrillos y el mortero sociales de la sociedad civil los principales baluartes contra la delincuencia. Empleos decentes con futuro discernible, urbanizaciones de las que los inquilinos puedan estar orgullosos, instalaciones comunitarias que incrementan el sentido de cohesión y pertenencia, una reducción de las desigualdades injustas, todo ello crea una sociedad más cohesionada y menos criminogénica”.

Quizás es hora de que revisemos nuestros paradigmas abstractos, infundados y deterministas sobre el estado, y en particular la policía, como un mero instrumento de control social y represión dirigido por el Estado para proteger los intereses de la "clase dominante". Definitivamente, no encajan en la realidad material de la defensa comunitaria del orden público.

Sin embargo, como pone de relieve el lanzamiento de un nuevo partido político (la Alianza Patriótica) que involucra a líderes de las pandillas y las bandas como un electorado político definido, es probable que estemos entrando en una nueva dimensión de la lucha de clases contra las pandillas y el crimen organizado: una lucha para proteger los “bienes comunes políticos” de la corrupción institucional promovida por emprendedores del crimen reconvertidos en base política con sus propios intereses “sectoriales”. Hacer frente a esta amenaza política exigirá una contra-movilización policial-comunitaria mucho más importante a nivel de la calle para impedir la apropiación privada de los bienes comunes políticos por las pandillas y el crimen organizado para su acumulación criminal.

La infiltración de los bienes comunes políticos por las pandillas y el crimen organizado abre nuevas áreas para la acumulación criminal que proporcionan acceso formal a las licitaciones municipales y estatales como medio para blanquear el producto del delito. También formaliza la legitimidad política para el crimen organizado y las pandillas institucionalizas como constituyentes estructurales de la sociedad civil. Tenemos que aprender las lecciones de la rápida transición a la economía de mercado en Rusia y otros países "en desarrollo", en los que, en ausencia de una progresión histórica natural, el proletariado, las clases medias y capitalistas son el resultado de la evolución de la lucha de clases a partir de formas primitivas de acumulación del capitalismo. En estos contextos, la acumulación impuesta artificialmente de forma rápida, principalmente como resultado de la privatización acelerada de los bienes del Estado y la facilidad de acceso a los procesos de licitación, ha producido clases medias y capitalistas “lumpen-criminales”, cuyo acceso al poder del Estado se ha arraigado institucionalmente contra una clase trabajadora cuya supervivencia depende del patrocinio criminal y la prestación corrupta de servicios del Estado.

Por lo que se refiere a la politización del gangsterismo, en la medida en que se proyecta como un grupo de interés político con sus propios "líderes" en las áreas que expropian unilateralmente como su «territorio», tal vez conviene recordar que el historiador romano Tacticus ya denunció el peligro de clientelismo político que genera la relación del crimen y la política: “Una vez que el crimen ha sido denunciado y expuesto no le cabe otro refugio que su audacia".

Jeremy Vearey es brigadier general de los Servicios de Policía de Sudáfrica (SAPS), responsable de la lucha contra las pandillas y el crimen organizado en la Provincia del Cabo Occidental. Antiguo guerrillero del MK en la lucha contra el régimen del Apartheid, es un declarado marxista que aborda desde el punto de vista de los intereses de la clase obrera la lucha contra el crimen organizado y la defensa de la seguridad pública.

Traducción para www.sinpermiso.info: Enrique García

 


 

Fuente:
http://www.amandla.org.za/amandla-magazine/current-issue/1831-policing-gangs-by-building-working-class-power

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