Defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres

Desde que el pasado 23 de septiembre Rajoy anunciara la retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y derechos de la mujer embarazada (ya sólo el nombre daba para justificar mucha indignación), se han dicho muchas cosas al respecto de los motivos que han llevado al Gobierno a rectificar sobre un asunto de marcado calado político, ideológico y electoral para el PP.

La inmediata dimisión del adalid y promotor de esta nefasta ley, ínclito defensor de los postulados más reaccionarios de la Iglesia Católica respecto a la necesidad de erradicar cualquier derecho humano relacionado con las mujeres y su maternidad, también ha suscitado múltiples opiniones sobre la oportunidad de sacar a la luz pública un debate a todas luces innecesario. Sin embargo, lejos de conseguir sus objetivos, ha servido para encender una pugna que, mal que les pese a los sectores más retrógrados de la derecha española, ha sido superada ya por una amplísima mayoría social que reclama como suyos los derechos de las mujeres para decidir sobre su sexualidad y su maternidad.

Pero, a pesar de todo esto, no podemos obviar que si ese proyecto de ley hubiera conseguido entrar en la Congreso hubiera salido adelante sin muchos cambios y sin apenas protestas por parte del propio PP. La mayoría absoluta se lo permitía, sin duda. Así que, después de haber oído defender su ley con beligerancia y ahínco por parte de las diferentes portavoces del PP en las numerosas ocasiones en que desde Izquierda Unida y otros grupos de la oposición pedimos su retirada, no podemos creernos que haya sido solo la falta de consenso interno el que haya dirimido de manera definitiva la retirada de ese aberrante proyecto.

Sin duda, la potente movilización social impulsada por los movimientos y organizaciones feministas, apoyados sin fisuras por IU y otras organizaciones políticas con representación institucional, ha sido la principal causa que ha impedido que esta ley entrara en el Parlamento. Las reivindicaciones y manifestaciones en contra de la reforma de Gallardón han sido en buena parte el motivo de que, en esta ocasión, el PP no haya podido llevar a cabo sus recortes en un derecho fundamental e ilegislable para con las mujeres como es el de ser madres o no de acuerdo con su libre decisión.

Pero aún así, al grito repetido de “ni un paso atrás” y “Gallardón dimisión”, sólo hemos conseguido colmar el segundo de nuestros deseos, viendo cómo el primero aún está en serio peligro ante la encrucijada dogmática, política, electoral y religiosa en la que se encuentra el Gobierno de Rajoy. Una encrucijada que ahora pretende resolver con una anunciada reforma de la vigente ley de derechos sexuales y reproductivos e interrupción voluntaria del embarazo, para impedir que las menores puedan abortar sin consentimiento de sus progenitores. Esto es algo que, por otra parte, ya se regula en la mencionada ley de manera suficiente, salvo en casos extremos de maltrato o riesgo para la vida de la madre. Por tanto, tratan de rectificar y mantener la pugna.

Ante esta nueva situación, solo queda decirle al PP que aquí nos tienen, que seguiremos firmes y al frente para impedir que se dé ningún paso atrás en los derechos sexuales, reproductivos y en la libre decisión de las mujeres en cuanto a su maternidad. No lo vamos a consentir, simplemente porque no podemos permitírnoslo. Porque ha costado muchos años de luchas conseguir una ley de interrupción voluntaria del embarazo algo más avanzada, pero aún con muchas limitaciones.

No vamos a parar hasta asegurar que se cumple, no sólo formalmente sino en la práctica, el derecho a la maternidad libre y decidida y, por lo tanto, hay que suprimir el artículo 145 del Código Penal vigente que penaliza el aborto.

Tenemos que garantizar, a través de las administraciones, el acceso público y de calidad a la IVE en todo el territorio español sin que las mujeres deban peregrinar por servicios ni cambiar de comunidad autónoma. Por tanto, se debe asegurar, generar y protocolarizar un entramado de recursos públicos para que se pueda realizar la IVE con garantías en todo el Estado.

Debemos  revisar los programas de acceso y de promoción a la salud en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, implementando un programa de educación sexual que incluya tanto el ámbito de las jóvenes escolarizadas como a mujeres adultas. Y debemos crear estrategias activas que incluyan a las mujeres que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad para que puedan acceder efectivamente a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Es mucha la tarea que nos queda. Las mujeres no podemos ni vamos a consentir más transacciones de nuestros cuerpos y derechos humanos para con los estamentos religiosos de este país. Las sinergias y fortalezas de los movimientos y asociaciones feministas organizadas en la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres respecto a su sexualidad y su maternidad han quedado demostradas y son muchas. No podemos relajarnos ahora. ¡Es el momento de avanzar!

Ascensión de las Heras es diputada de IU del grupo parlamentario La Izquierda Plural.