No es país para pobres o la urgencia de una renta básica

Sergi Raventós

25/01/2015

 

En estos últimos días hemos asistido a unas declaraciones de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre la bajada del desempleo que ha coincidido en el tiempo con un informe de la Organización internacional del trabajo (OIT) y con otro sobre las desigualdades sociales en el mundo de Intermon-Oxfam con motivo del Foro de Davos. Por si esto fuera poco ha aparecido a la vez un informe del Consejo de Europa en el que señala que España incumple seis artículos sobre derechos laborales de la Carta Social Europea.

Paralelamente, en Cataluña, la convocatoria reciente de elecciones para el 27 de setiembre puede dejar en la cuneta del trámite parlamentario, si no se impide, una propuesta para combatir la pobreza como la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) de la que ya hemos escrito alguna vez en estas páginas.

Una semana en la que se han publicado nuevos datos de pobreza, como que ha aumentado un 40% el número de españoles que acuden a los bancos de alimentos según el presidente de la Federación Española de Banco de alimentos el pasado 20 de enero.

La vicepresidenta del gobierno español no tuvo reparo en anunciar a bombo y platillo el pasado jueves 22 de enero que el desempleo en el Reino de España ha bajado en el 2014 en 477.900 personas y que “estamos iniciando la recuperación con empleo de calidad”.  

El informe citado de la OIT rebaja considerablemente el optimismo de la vicepresidenta al estimar que la tasa de paro en el Reino de España no bajará del 21% hasta al menos el año 2019. La disminución del paro será, según esta institución del 23,6% para el 2015, del 22,8% en el 2016, del 21,82% en 2017 y del 21,49% en el 2019. Unas previsiones que si finalmente se cumplen supondrán que toda la década el desempleo superará el 20% pues en el 2010 ya llegó al 20,23%.

Pero de lo que se trata no es tanto de discutir de un punto más o menos de las extremadamente alarmantes cifras de paro que padece el Reino de España, también hay que desmentir esa afirmación de la “creación de empleo de calidad” pues según el profesor de Economía del Trabajo  Llorenç Pou (1): “los nuevos contratos que se realizan tienen un salario con un poder adquisitivo equivalente a los salarios de principios de los años noventa”.  Estos contratos se caracterizan por ser de menos horas y “la combinación de un salario por hora bajo y de pocas horas de trabajo es toda una invitación para entrar en el club de la pobreza laboral” según Bou. Y para seguir abundando en el tipo de trabajo que se crea hay que añadir que en muchos casos es de poca cualificación.  Para rematar concluye que “el rasgo común del tipo de empleo que se está creando es su pobreza, precariedad y debilidad”.

Y a todo esto debemos añadir que la cobertura de desempleo cada vez es más escasa y que sólo cubre al 57% de los parados según informaba a finales de año el diario El País. Datos un tanto alejados del estudio que trimestralmente elabora la Fundación Primero de Mayo de CC OO y que ha calculado la tasa de cobertura en tan solo el 30% de los parados. Según estos cálculos, la cifra de desprotegidos llega hasta los casi 3,8 millones.

Paralelo a estos datos nada halagüeños sobre paro, precariedad y desprotección social ya sólo le faltaba a la vicepresidenta el avance del informe anual de Intermon-Oxfam en el que se afirma que España lidera la desigualdad europea juntamente con Letonia y que cuenta con el sistema fiscal menos efectivo para reducir el problema. Para apuntillar con el dato terrible que el 1% de la población española concentra más riqueza que el 70% más pobre.

Y para aguarle definitivamente la fiesta privada que se ha montado el gobierno del PP para celebrar la creación de empleo el Consejo de Europa ha hecho esta misma semana un informe en el que crítica que el gobierno español está incumpliendo artículos de la Carta Social Europea, y entre otras críticas considera que el salario mínimo debe ser del 60% del salario medio del país, requisito que no cumplen  los 648,6 euros mensuales que no aseguran un nivel de vida decente. También menciona que el 21,8% de la población vive bajo el umbral de la pobreza.

En Cataluña los datos del desempleo no andan mucho mejor y supone un 19,1% según el Instituto de Estadística de Catalunya, datos del tercer trimestre del 2014. El paro de larga duración en el 2013 era del 12,2% más del doble que la media de la Unión Europea que se sitúa en el 5,1%.

 La tasa AROPE en Cataluña, un indicador de pobreza (2), del 2012 era de un 25%. Descompuesto este indicador nos informa entre otras carencias que más de un 20% estaba por debajo del umbral de la pobreza o viviendo en hogares con privación material severa (7,4%).

A cualquiera que no esté alejado de las preocupaciones humanas y tenga un mínimo de empatía con el prójimo le entraría un sudor frío y empezaría a pensar en soluciones inmediatas para dar respuesta a lo que son ya numerosas situaciones de pobreza y precariedad vital. Pues parece que no van por ahí los tiros.

El gobierno de derechas de Convergencia y Unió no está encarando con rigor y agilidad el problema y está dilatando la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular de la Renta Garantizada de Ciudadanía de la que ya hemos escrito en otras ocasiones en SinPermiso. Una tramitación que se está demorando considerablemente con comparecencias a cuenta gotas. Hasta ahora solo lo han hecho 20 de las más de 80 personas, sindicatos, entidades, fundaciones, ONG, patronales, etc. que lo tienen que hacer. Concretamente lo han hecho hasta ahora la Red Renta Básica, Dempeus per la salut pública, CCOO, UGT, IAC, Foment,  Pimec, PAH, OCUC, FEPIME, FAVB, FAMPAC, Fundació Arrels, Fundació Trini Jove, Federació empreses d'inserció de Catalunya, Càritas Catalunya, Col·legis de Treball Social i Educadors, Cristianisme i Justicia, Fundació Pere Tarrés i Justicia i Pau. Con este paso de tortuga y a este ritmo de comparecencias no se va a llegar a tiempo antes de las elecciones para finalizar todo un proceso iniciado hace muchos meses con la presentación de la proposición de Ley en el Parlamento en marzo del 2014.

Por lo que parece en el proyecto de creación de estructuras de Estado en Catalunya de Artur Mas tampoco está presente la RGC que si está reconocida en el Estatuto de autonomía votado en el 2006.

Si, en cambio, está en la agenda de este gobierno desde hace mucho tiempo la destrucción de la Sanidad pública por parte del exrepresentante de la patronal sanitaria y actual consejero de salud Boi Ruiz (3).

Una vez más, una propuesta social posible, viable y moderada respuesta a la grave situación de pobreza y paro que padece una buena parte de la población catalana desde hace años va a quedar en vía muerta si no se impide.  Una campaña avalada por más de 120.000 firmas, con el apoyo de un amplio tejido social y sindical y con estudios económicos serios de lo que puede suponer su aplicación está topando con las argucias legales para retardar una solución que es del todo urgente socialmente. En definitiva, malas noticias para la gente más necesitada y falta de protección social.

 La Renta Básica universal e incondicional que sería una medida más eficaz y que salva algunos de las debilidades que tiene la RGC y como se ha demostrado también viable económicamente (4) aparece cada vez más como una solución urgente a esta emergencia social que se vive en el Reino de España. Una Renta básica que cada vez es más conocida por más sectores de la población por los debates en los últimos meses y con la incorporación en el programa de las elecciones europeas por parte de varios partidos y señaladamente de Podemos. La difusión que está teniendo en diferentes medios de comunicación (5) está generando cada vez más interés en la propuesta y semanalmente se realizan actos de todo tipo para debatirla.

Una medida que con los datos de pobreza, desigualdad social, paro y falta de protección social va a ser ya pronto imprescindible en todo debate de política social. Cualquier gobierno que se llame de izquierdas en algún momento va a tener que planteársela seriamente si quiere hacer políticas sociales efectivas, redistribuir la riqueza, acabar con la pobreza y poder mejorar la vida de la ciudadanía. No sería adecuado aplazar una propuesta factible con las necesidades sociales de una parte cada vez más importante de la población. La magnitud de los graves problemas sociales hace necesario que se implante más pronto que tarde.

Notas:

(1)    Ver con más detalle: http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/creacion-empleo-precio/20150121110423111493.html

(2)    AROPE (acrónimo del inglés At Risk of Poverty and/or Exclusion) es un indicador sintético que tiene en cuenta otros tres indicadores: la población que vive bajo el umbral de pobreza (personas que viven en hogares con una renta inferior al 60% de la mediana de la renta nacional), la población afectada por una privación material severa (no puede permitirse el pago de cuatro de los siguientes nueve ítems: hipoteca, alquiler o letras; mantenimiento de la vivienda a una temperatura adecuada; una semana de vacaciones al año; una comida con carne, pollo o pescado cada dos días; teléfono; televisión; lavadora; coche; gastos imprevistos) y la población con baja intensidad de empleo por hogar (número de meses trabajados durante el año por parte de todos los miembros del hogar en edad laboral en relación a los meses que teóricamente podrán trabajar; una intensidad de trabajo igual o inferior a 0,20 es considerada baja).

(3)    El día después de anunciar la creación de estructuras de estado nos despertamos con esta noticia: http://www.catalunyapress.cat/es/notices/2015/01/boi-ruiz-inicia-el-desmantelamiento-del-icsa-ante-el-asombro-y-la-preocupaci-n-de-los-profesionales-114556.php#.VLogsbY54IQ.twitter

(4)    Para más detalles: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=7535

(5)    Por ejemplo y recientemente en un programa de mucha audiencia en el canal de televisión principal de Cataluña, TV3: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/Divendres/Parlem-de-la-renda-basica-amb-leconomista-Daniel-Raventos-UB/video/5439331/

Sergi Raventós es trabajador social en una fundación de salud mental. Es miembro del colectivo Dempeus per la salut pública y delegado sindical por la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). Forma parte de la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía como representante de la Red Renta Básica. Colabora habitualmente con sinpermiso

Fuente:
www.sinpermiso.info, 25 de enero de 2015

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