Institucionalizar la diversidad: hacia una nueva Ley de Asociaciones para Cuba. Diálogo

En el actual contexto que vive el país, donde se trata de construir una transición del liderazgo histórico hacia una nueva generación de actores, el tema de la sociedad civil alcanza una dimensión crucial como elemento generador de consensos en Cuba. Sin embargo, el tema es peliagudo y estamos obligados a comprender la manera de  enrumbar positivamente la institucionalización de los actores sociales y políticos cubanos en el siglo XXI. Para ahondar en el análisis de la cuestión y atisbar posibles soluciones, participan en este espacio Lenier González, comunicador y vice-coordinador general de Cuba Posible; Dmitri Prieto, jurista y antropólogo; José Hassan Nieves, periodista; Ovidio D´Angelo, investigador y sociólogo y Ailynn Torres, investigadora y socióloga.

1.     ¿Cuáles son actualmente las categorías socio- (a)legales de actores destacados en la esfera pública cubana que se consideran representativos de la sociedad? ¿Cuáles son sus opiniones al respecto?

Lenier González: La pregunta podría generar una búsqueda interesante sobre dos aspectos cruciales: 1) la composición actual de la sociedad civil insular y 2) la “capacidad de representación” de esos actores con respecto a intereses presentes en la sociedad cubana. Aclaro que intentaré dar respuestas comprometidas con la implementación en Cuba de políticas públicas que faciliten el empoderamiento creciente de actores sociales diversos para que estos, en dinámicas de interacción con la sociedad política, faciliten una rearticulación del consenso en el país que permita avanzar juntos hacia el futuro.

El modelo sociopolítico cubano, y los espacios que este brinda para la organización y participación social, deben ser reformados y puestos a tono con los desafíos del país y del mundo en el siglo XXI. Sin embargo, resulta reduccionista y falso, adjudicar a “la vocación totalitaria del Gobierno cubano” la causa primera y última que justifica un diseño singular de la participación social, obviando en el argumento otros elementos de vital importancia que explican el por qué de las cosas. Es por ello que resulta imposible opinar sobre el presente, sin mirar y buscar sus causas en el pasado.

La reducción de los espacios sociales autónomos, incluso para el ejercicio político diverso al oficial en los años posteriores del triunfo de la Revolución, debemos verlo en el contexto de un fuerte enfrentamiento nacional, que contó con el apoyo norteamericano a favor de una de las partes contendientes. Mientras el país vivía una trasformación arrolladora en todos los órdenes, que abrió las puertas a nuevos modos de participación y al efectivo ejercicio de derechos sociales de amplios sectores populares antes preteridos, en paralelo se vivía una fuerte lucha ideológica y armada de oposición a esos procesos. Esa lucha implicó la movilización, en el bando “revolucionario” y en el “contrarrevolucionario”, de decenas de miles de jóvenes en campos y ciudades.

Para la contención de los sectores nacionales que le eran adversos, el joven Gobierno revolucionario restringió muchas libertades individuales y espacios políticos heredados de la Segunda República, con el propósito de abortar la posibilidad de que esos grupos pudiesen organizarse, influir socialmente y tener acceso al poder. El gran conflicto nacional entre 1960 y 1965 –“guerra civil” para unos y “lucha contra bandidos” para otros− es la primera gran mediación que debemos ponderar para entender cómo y por qué el poder revolucionario acotó en el país a las organizaciones sociales y políticas fuera de su control, y sometió a una fuerte vigilancia al entramado de instituciones religiosas, organizaciones fraternales y a cualquier otra entidad con un vestigio de autonomía. Algunas de estas últimas entidades sociales también habían estado involucradas, de manera directa e indirecta, en el conflicto.

La legitimidad de “lo político” quedó limitada al eje Movimiento 26 de Julio-Movimiento 13 de Marzo-Partido Socialista Popular. En el centro de estas tres fuerzas políticas estaba el liderazgo de Fidel Castro, quien ejerció la difícil tarea de moderar a tres conglomerados humanos que compartían las metas históricas del nacionalismo cubano, pero que discrepaban en las tácticas, estrategias y metodologías para acometer las transformaciones revolucionarias, al venir de tradiciones políticas e ideológicas marcadamente diferentes. 

La segunda gran mediación es la institucionalización que comienza en 1976 y consagra en el país un modelo sociopolítico cuya arquitectura institucional fue copiada del modelo soviético. La Constitución de 1976 coloca sobre los hombros de las llamadas organizaciones políticas y de masas el rol de representar los intereses generales de la sociedad cubana. Ellas fueron el eje central de la movilización popular: en torno a ellas se ejerció la política en Cuba con la participación activa de los más amplios sectores nacionales. El modelo político del 76 coloca al Partido Comunista (PCC) en la cúspide del poder insular, consagra la nación en la ideología marxista-leninista, y acopla bajo su liderazgo a todas las organizaciones políticas y de masas, convertidas, en la práctica, en sus correas de transmisión.

Detrás de estos dos grandes eventos históricos que condicionaron la organización de la sociedad cubana –el conflicto civil de los años 60 y la institucionalización de un modelo de tipo soviético−, hay otros dos elementos de mucho peso que deben ser tenidos en cuenta. El primero de ellos es el constante componente de agresividad por parte de Estados Unidos, que siempre apostó por el derrocamiento del Gobierno cubano. Este elemento, sin dudas crucial, llevó a la construcción de un modelo de resistencia que impactó de forma severa la autonomía de lo social. El segundo elemento tiene que ver con un fuerte consenso presente en el imaginario de los jóvenes que se hacen con el poder en 1959: todos estaban convencidos de que la debilidad del Estado cubano era una de las principales causas del desgobierno republicano. El anhelo de un Estado fuerte, acompañado de un centralismo revolucionario que permitiera un control real de la política republicana, es posible rastrearlo en el pensamiento de los hombres que se convirtieron en clase política después de 1959. Este pensamiento, fuertemente conectado con el nacionalismo revolucionario cubano, exigía cuotas de lealtad severas por parte del entramado social.

Mucho antes del colapso del Bloque del Este, Cuba debió iniciar una senda de reconstrucción de su modelo sociopolítico, para ponerlo a tono con las transformaciones que tenían lugar en la sociedad. En los años 90, la propuesta más acabada sobre este tema crucial la realizaron los investigadores del Centro de Estudios de América (CEA), que pusieron un énfasis especial en el estudio del nuevo asociacionismo cubano e hicieron propuestas concretas para la implementación de políticas públicas que llevaran a una definición más participativa, dinámica y horizontal del socialismo cubano.

Al modelo de “sociedad civil socialista” defendido por el PCC −que implica la defensa irrestricta y mecánica de la legitimidad de esas organizaciones políticas y de masas− se le opuso, desde el exilio de Miami, el apoyo y promoción de grupos concebidos a la imagen y semejanza de la disidencia de Europa del Este. Esos grupos contaron con el apoyo, directo e indirecto, de las agencias federales del Gobierno norteamericano. Muchas asociaciones autónomas cubanas nacidas al calor de los años 80, incluidas organizaciones opositoras moderadas democristianas y socialdemócratas, murieron bajo el fuego cruzado del perpetuo enfrentamiento bipolar de la política cubana. Mientras, Estados Unidos arreció con todas sus fuerzas sobre Cuba.

La transformación del modelo cubano, que debió ocurrir hace décadas, no tuvo lugar. La Cuba de hoy, que encabeza el presidente Raúl Castro, vive con gran intensidad ese desafío postergado. En este contexto, ¿cuáles son las organizaciones o grupos más representativos de la sociedad civil cubana en la actualidad? ¿Cuáles de ellos son los más relevantes en la esfera pública cubana? La pregunta es desmesurada, pues aún está pendiente la tarea de hacer un mapa detallado de la sociedad civil cubana. En primera instancia, podríamos aventurarnos a mencionar, muy esquemáticamente, a las organizaciones sociales vinculadas al mundo oficial cubano y aquellas otras cuya principal misión es oponerse a este. Hablo de las entidades de la sociedad civil oficial y la sociedad civil opositora. Ambas realidades cuentan con sus respectivas esferas públicas para debatir y amplificar sus visiones de la realidad, y la capacidad de inclusión de otros actores en sus agendas mediáticas es bastante limitada. 

Entre las entidades de la sociedad civil oficial encontramos a las organizaciones políticas y de masas y los sindicatos, muchas de ellas criaturas representativas de la institucionalidad revolucionaria que nace luego de 1959, después del colapso de la arquitectura de la Segunda República (FMC, ANAP, CDR, etc.). Se trata de espacios que, en muchos casos, han visto desvirtuada su identidad institucional y han terminado siendo coaptados por el Partido Comunista como mecanismos verticales de transmisión. Ello no quiere decir, en lo absoluto, que hayan dejado de tener impacto en la cotidianidad de sectores importantes del país, aunque con una influencia erosionada. Encontramos, también, a los centros de investigación, universidades, la gran red de espacios vinculados al sistema de la cultura a nivel nacional, más un largo etc. Allí es posible encontrar a los mejores intelectuales y cientistas sociales cubanos, personas con un análisis agudo de las principales problemáticas nacionales y sus potenciales soluciones.

La sociedad civil opositora nace al calor de la crisis del socialismo real en los 80, y a estas alturas, ya ha logrado renovarse tanto en nuevos actores como en nuevos proyectos. Siempre me gusta utilizar el atinado análisis del latinoamericanista alemán Bert Hoffmann para describir a este espectro de la sociedad civil cubana. Subraya Hoffmann el hecho de que una alta politización, caracterizada por la confrontación, hace que cualifiquen más como “una sociedad política opositora, que como una sociedad civil que articula intereses sociales específicos”. Explica que “aun cuando ellas se constituyen como asociaciones profesionales, la polarización política imperante las ha transformado de inmediato de forma tal que su primera y principal definición es la de ser anti-gobierno” (Hoffmann en Alonso 2002:36-45). Las élites políticas en la ciudad de Miami construyeron la percepción mediática −objetivo político que lograron a cabalidad−, de que este pequeño sector de la sociedad, era “la sociedad civil cubana”.

En medio de los micro-cosmos “oficial” y “anti-oficial”, encontramos a un grupo grande de actores sociales para los cuales el mundo ya no funciona desde la perspectiva dicotómica del conflicto nacional revolución versus contrarrevolución. Si bien esta realidad puede ser una mediación en algunos de ellos, no constituye el eje fundamental en torno al cual giran sus visiones y posturas. Se trata de un universo difuso de actores con miradas simplemente diferentes.

El accionar de buena parte de los proyectos en este sector, en términos de visibilidad y dinamismo, cobra fuerza en Cuba luego del relevo del poder en el 2006. Gracias al ensanchamiento del acceso ciudadano al ciberespacio, al surgimiento de redes alternativas de circulación de la información, a la reactivación del debate público y a la estructuración de “micro esferas públicas” para el debate, etc., se han podido desplegar agendas y quehaceres desvinculados de la perpetua dinámica de conflicto contra el Gobierno cubano. Encontramos acá movimientos sociales por la reivindicación de los derechos de los negros cubanos, de los derechos de los homosexuales, por la preservación del medio ambiente; una cantidad asombrosa de proyectos culturales y barriales, y publicaciones digitales e impresas que han acompañado creativamente el proceso de reformas que vive el país, haciendo propuestas en ámbitos económicos, culturales y políticos. Se trata de proyectos que, en algunos casos, orbitan en la periferia de instituciones oficiales y en otros, completamente fuera de ellas. Muchos de esos proyectos han padecido la suspicacia y el monitoreo por parte del Gobierno cubano. Cabe agregar aquí al emergente sector privado, que con un dinamismo increíble y con pleno apoyo gubernamental, ha hecho su entrada en el contexto nacional.

Dmitri Prieto:

Categorías de actores:

A.    Estructuras promotoras de culturas hedonistas y consumo conspicuo (usualmente con lógicas capitalistas, materialistas y sexistas, en términos a menudo violentos y ególatras), como el reggaetón y el llamado “arte urbano”; la nueva publicidad (redes de anuncios como la del habanero boletín privado “El papelito”; la emergente prensa de glamour, como “Vistar”); el sistema del “Paquete semanal”. Actores muy ligados a lo que significa “venderse mejor”: son la expresión perfecta de la eficacia cultural del (ya no tan reprimido) deseo “post-socialista” cubano de habitar una “economía de mercado”. Su grado de (in)formalidad varía del emprendimiento para-estatal (PMM) hasta la semi-clandestinidad (segmentos de la red del “Paquete”.Los analistas no suelen tomarlos en cuenta; sin embargo,  ignorarlos es fatal por su enorme impacto correlativo a su difusión en ámbitos privados y estatales. Asumen éticas que consideran típicas en la actual “cubanidad” cotidiana (no siempre sin razón), y a cuyo reforzamiento tributan con fuerza. Aun si (por pragmatismo auto-protector) no suelen explicitar agendas políticas, muestran visiones de “lo político” como orden real de poder en el día-a-día que pretenden representar. Las excepciones (“Creo” de Baby Lores; conflicto  Osmani García vs. ICRT/MINCULT; uso de PMM en actividades oficiales) solo confirman la tendencia más general hacia una “apoliticidad” materialista y hedonista –por un lado−, y –por el otro− la construcción totalmente acrítica de un fuerte imaginario basado en “identidades de éxito” (“cubana” en su forma, mercantil y transnacional en su contenido), comparable en visión, intensidad y eficacia social con el famoso (o infame) “sueño americano”, que de apolítico no tiene un pelo. Estos actores dominan la palestra en gran medida porque los sujetos críticos consiguen menos impacto.  El segmento “A” representa a sí mismo y a quienes se piensan como presentes o futuros poseedores de capital y (ergo) de poder.

B.    El discurso denominado oficial o revolucionario lo emiten instituciones de la esfera pública (entidades estatales, partidistas −PCC, UJC−, masivas, sociales, académicas, empresariales, comunicacionales, militares, policiales) que construyen su legitimidad como representantes de la sociedad en su conjunto invocando el crédito histórico de 1959 y logros sociales posteriores. Este grupo es heterogéneo: expresiones como “Partido-Estado” son simplistas. La dificultad con que se captan nuevos cuadros para entes oficiales muestra que ser de la nomenklatura ya no es tan atractivo, lo cual implica erosión de su legitimidad.

C.    El sector empresarial privado o mixto, en la medida en que puede considerarse parte de la esfera pública, y cuyos actores no integran expresamente la categoría “A”. Su incidencia en la esfera pública no es muy visible, pero ello no significa que sea poco importante. Desde la imagen de Cuba que construyen los micro-empresarios hasta las donaciones de transnacionales, son hechos que dan significación política a intereses económicos.

D.    El mundo de los grupos de interés instituidos formalmente como asociaciones, fundaciones u otros entes, que –sin entrar en las categorías “A” o “B”− promueven intereses sectoriales y hacen labores socialmente visibles, con carácter oficial y “apolítico”. A veces son verdaderos lobbys. Un marco de mayor libertad considero que siempre sería favorable a su devenir y a los intereses de la sociedad toda como ámbito de diálogo, debate, confrontación y consenso entre los diversos grupos. Estarían favorecidos al constituirse en ámbitos verdaderamente autónomos.

E.    Acá podrían ponerse la mayoría de las –muy diversas− entidades religiosas y fraternales.

F.     Desde los 90, y sobre todo a partir de 2006, han proliferado proyectos creativos, socio-culturales, comunitarios, comunicativos, ecológicos, educativos, deportivos e incluso productivos, integrados generalmente por un colectivo de personas o por una sola persona, marcados por el distanciamiento respecto a las categorías antes mencionadas de actores y por una obvia “desnudez” jurídica, aunque en muchos casos se haya buscado la “sombrilla” con alguna institución formalmente constituida.

G.    Los actores con un discurso político explícito o espacios donde se expliciten discursos políticos afines a su postura.

H.    El “mundo de vida popular cubano” –urbano o rural− no debe confundirse con ninguno de los componentes anteriores de la esfera pública del país. Ese misterioso espacio en que se mueven y se hacen convivientes “de a pie” que forman la inmensa mayoría de nuestro pueblo alberga, sin dudas, criterios de soberanía propios, y es un enorme reservorio de voces.

Debo decir que estoy considerando solo los actores DENTRO de Cuba, y con un inevitable −en mi caso− sesgo habanocéntrico. El orden de A a H sigue aproximadamente el decrecimiento en hegemonía. Comprendo perfectamente que otorgar el máximo de hegemonía a la categoría que asignamos como “A” es arriesgado, pero me parece que es una tesis bastante convincente. El grupo “B” del Estado y sus asociados a mi modo de ver ha perdido la hegemonía en la esfera pública, aunque sigue operando como principal ámbito de toma de decisiones. Los grupos que siguen a continuación del “B” establecen una secuencia decreciente solamente aproximada.

José Hassan Nieves: A la esfera pública cubana concurren, desde hace pocos años, y con intensidad creciente, por ejemplo, investigadores e intelectuales que ganan relevancia con sus posturas y criterios en un momento álgido de transformación. Ya no solo se participa por medio de un acto político o una entrevista para que los intelectuales y artistas ofrezcan su apoyo al sistema político, sino que ahora también problematizan la realidad a través de correos electrónicos, espacios de debate y hasta asambleas. Ha emergido un interesante abanico de jóvenes blogueros y periodistas (a veces las dos cosas) que toman distancia de la práctica comunicativa oficial y actúan, influyen y movilizan. Por ejemplo, los miembros de la comunidad LGBT y quienes los apoyan han erosionado paradigmas homofóbicos y machistas; y los líderes religiosos pueden dialogar sobre política públicamente en un contexto menos hostil. Pero aún falta la promoción de espacios y dinámicas que fortalezcan, por ejemplo: los nuevos empresarios independientes, los juristas y maestros, cuya esporádica participación todavía deja margen a desconocer esferas que reclaman de la atención social.

Ovidio D´Angelo: La pregunta nos remite, de manera expedita, a la composición actual y posible de los componentes de la sociedad civil cubana. El tema resulta bastante complejo, dado que está enmarcado en un contexto socio-histórico muy cargado de confrontaciones ideológicas, ante lo cual no resulta fácil ofrecer una opinión totalmente concluyente. Creo que, más bien, se trata de una temática en construcción, sobre la que deberán ponerse de acuerdo todos los actores sociales implicados que tengan voluntad de dialogar con respeto sobre sus posiciones, en aras de lograr concertaciones constructivas para el bien de la sociedad cubana.

Actualmente existen en el Registro de Asociaciones varios cientos o miles de estas que, como han reseñado algunos colegas, responden a varios criterios: sociedades profesionales, asociaciones de nacionalidades, culturales, de entretenimiento, algunas religiosas y otras muchas, sin obviar que la Constitución del país otorga la función principal a las organizaciones políticas y de masas constituidas y orientadas por el Partido, dado que las organizaciones profesionales y otras tienen un fin muy específico de acuerdo a su labor propia.

Es sobre todo, a las organizaciones políticas y de masas, a las que se les confiere en el discurso oficial, de manera expresa, la legalidad de representación de amplios sectores de la sociedad en el campo, digamos, sociopolítico. Habría que aclarar que la legitimidad conferida por la población a estas organizaciones se remonta a los primeros tiempos de confrontación ideológica producida con el auge de la Revolución de 1959.

Al incluir en sus programas iniciales un conjunto de necesidades sociales en virtud de los ideales liberadores proclamados para grandes sectores de la población, la Revolución se constituyó en un factor esperanzador y aglutinante; por ende, las organizaciones políticas y de masas constituidas por la dirección del país, pasaron a ser sus mecanismos “naturales” de expresión popular.

Pasada la etapa heroica de los primeros quinquenios, con el cambio de los contextos nacionales e internacionales, varias de estas organizaciones, en mi opinión, han ido desgastándose en una actividad social reproductiva y rutinaria que ya no responde a las demandas prioritarias de la población y que, a pesar de renovaciones intencionadas, persiste en la actualidad.

Por otro lado, el cambio de situación del modelo de “socialismo real”, con la caída del campo socialista, la mayor relación con el resto del mundo y el arrastre de problemas no solucionados en las primeras décadas en el país, entre otras muchas causas, propiciaron la proliferación de diferentes grupos alternativos, muchos de ellos considerados como oposición disidente, no permitida oficialmente; aunque en los últimos tiempos, parcialmente tolerada.

La legitimidad de estos, en el imaginario popular, puede resultar muy contradictoria. De una parte, la diversidad de juicios de sectores de la población, acerca de los problemas y soluciones nacionales, pueden coincidir con propuestas de algunos de estos grupos. En diversos terrenos, también se producen confrontaciones de visiones, aunque la escasa difusión y restricciones de estos grupos y sus agendas, entre la población, provoca una invisibilidad casi total de su ideario. Por esta razón, el tema de su representatividad en los sectores de la sociedad resulta elusivo.

Cabría mencionar las asociaciones de tipo productivo o de servicios, entre las cuales se ubica la ANAP (Asociación Nacional de Agricultores Pequeños) y alguna otra. Desaparecieron asociaciones como la ANCHAR que, en los primeros años, aglutinaba a los choferes de alquiler (hoy con gran proliferación) y que actualmente no cuentan con un dispositivo similar. Asimismo, los actuales cuentapropistas y las cooperativas no agropecuarias no tienen un marco asociativo que pudiera facilitar sus labores.

Ailyn Torres: Este enunciado, primero, supone la existencia de categorías de actores socio (a)legales “destacados” en la sociedad cubana y, segundo, se pregunta −solo− por aquellos que “se consideran representativos” de la misma.

El supuesto genera nuevas interrogantes, imprescindibles para aclarar el foco de la cuestión: ¿qué se consideran aquí actores “destacados”? ¿Aquellos que tienen mayor visibilidad dentro de la(s) esfera(s) pública(s) de la Isla? ¿Aquellos que la institucionalidad estatal reconoce como sus interlocutores? ¿Aquellos que deliberan sobre los temas más “relevantes” de la sociedad cubana (en cuyo caso habría que esclarecer, a su vez, en qué lugares y quiénes determinan lo que es más relevante)? Entonces, ¿es prudente desconsiderar, por no ser “destacados”, a actores de la sociedad civil que se encuentran, por ejemplo, aún en proceso de constitución o que han sido invisibilizados por lógicas institucionales, culturales o socioeconómicas?

Por su parte, el interés por los actores “representativos de la sociedad” complejiza más los sentidos de la pregunta: al interrogar sobre la representatividad, ¿se alude a los actores que se consideran a sí mismos representativos? ¿y/o a aquellos a los que les es atribuida, por terceros, representatividad de la sociedad cubana? Cuando se habla de representatividad, ¿se alude también a la medida en que ellos se constituyen −o no− en representantes de sectores sociales? ¿El interés por la representatividad implica que si la agenda de un grupo social X no es representativa de los problemas de la sociedad en su conjunto −si es, por ejemplo, una agenda “particularista”− es menos importante que la de actores “representativos”? ¿Cómo habilitar entonces espacios para que agendas “privadas” o “particulares” circulen en igualdad de condiciones en la esfera pública? ¿Esta pregunta considera qué asuntos calificados como “no representativos” han sido relegados por largos períodos de tiempo a las periferias de la esfera pública o a su inexistencia? Por ejemplo, si las mujeres amas de casa se organizaran, o las cuidadoras, y pidieran colocar el tema del trabajo doméstico no remunerado −y muy poco discutido− en Cuba en la esfera pública ampliada, ¿serían ellas consideradas un actor social “destacado”?

Esas preguntas definen el campo de problemas al que creo que es relevante atender en lo concerniente a las preocupaciones sobre la sociedad civil cubana, la esfera pública, sus actores, sus dinámicas y posibilidades en la Cuba presente y por venir.

Considerándolas −y en el deber de atender al interés principal de este dossier− entiendo que en Cuba hay una esfera pública visible, reconocida hacia adentro y hacia afuera de la Isla, que es aquella conformada, en lo esencial, por actores políticos de la institucionalidad oficial. Esa esfera pública se presenta a sí misma como el campo más legítimo de discusión sobre los asuntos que considera de interés común y, en buena medida −sobre todo hacia adentro de la Isla− monopoliza la deliberación social con posibilidades de incidencia en la toma de decisiones. Los actores que participan de ella aparecen, en buena medida, alineados con las orientaciones y modos políticos de los actores y la institucionalidad oficial. Siendo así, esa “esfera pública” no es tal en sentido estricto, pues la deliberación es escasa y los públicos que participan de ella muy reducidos; sin embargo, son “públicos fuertes”, en la medida que desde ellos se definen y se regulan temas de interés nacional y sus soluciones. 

Ahora, ese no es el actor exclusivo del campo socio-legal cubano, su composición no es representativa de la sociedad −ni debería aspirar a serlo, en un sentido democrático de la política−, y su agenda no incluye las necesidades y prioridades diversas de los sectores y grupos sociales. Por el contrario, existen otras esferas públicas −muchas veces paralelas a la ya mencionada− en las cuales se desarrollan procesos deliberativos de importancia sobre temas de distinta índole y alcance. Ellas están conformadas por actores sociales plurales, más o menos visibles −“destacados”− y con mayores o menores posibilidades de incidencia. Ahí encontramos grupos articulados en torno a los derechos sociales y reproductivos, a las condiciones de subordinación racial y de género, a intereses medioambientales, a consumos culturales, al desarrollo del pensamiento crítico, etc. Dichos colectivos, a su interior, también son diversos y no pueden categorizarse rígidamente. Algunos de ellos pugnan por incluirse legítima y/o legalmente −asunto que es el centro de la siguiente pregunta− dentro de las esferas públicas reconocidas por la institucionalidad oficial. Esos actores, en la Cuba contemporánea, recorren un amplio espectro, cada vez más parecido al de otras geografías, y apelan a adscripciones basadas en el reconocimiento cultural, en la demanda de redistribución económica y en la necesidad de representación política. En tanto tales, ellos solicitan audiencia en el espacio político.

Ahora, en la actualidad, estas esferas públicas buscan interlocutores también plurales, no solo dentro sino también fuera de Cuba. Las redes sociales en Internet y los circuitos ampliados de información y comunicación lo hacen posible (aunque aún muy limitadamente). A través de esas vías la diáspora cubana genera ámbitos deliberativos de interés; de hecho, muchos asuntos de preocupación para los cubanos y las cubanas que viven en Cuba se disciernen, primero, en esas esferas públicas “virtuales”. Al mismo tiempo, quienes acceden a las redes desde “dentro” posicionan agendas y enfoques de incidencia trasnacional.

Con todo, hoy la esfera pública cubana es un campo más en disputa que lo que ha sido en décadas anteriores. Ello tiene que ver, en lo interno, con los cambios que se han producido en todos los órdenes de la sociedad a raíz del proceso de actualización del modelo económico y la política social, pero también está relacionado con los procesos migratorios de la sociedad cubana (migraciones internas y externas) −que ponen sobre la mesa temas pertinentes de debate social−, con las ya mencionadas redes y comunidades instituidas a través de Internet, con el nuevo horizonte de relaciones con los Estados Unidos, etc. En esos ámbitos se generan procesos deliberativos, que participan de la construcción de culturas políticas, también, al interior de Cuba.

Pero la pregunta atañe a otra cuestión que mencioné al inicio: la medida en que actores específicos se consideran representativos de la sociedad cubana. Aquí, nuevamente, puede haber cierta confusión: el asunto de cuán representativos se entiendan ciertos sectores de la sociedad civil −en términos de las agendas más o menos universalistas que sean de su interés− no es lo mismo, necesariamente, que su capacidad/posibilidad de representar a esos sectores. Por el contrario, la posibilidad de representar en su totalidad la sociedad cubana no es atribuible hoy a un único actor social; de hecho, aquellos sectores de la sociedad civil con tal vocación se enfrentan a un problema mayor: la existencia de comunidades −organizadas o con potencialidad de hacerlo− que, desde su diversidad y especificidad, dialogan, negocian y disputan el sentido de las realidades políticas, culturales, económicas. Así, contrario al interés por capitalizar todos los sentidos presentes en la Isla, creo que la existencia creciente de actores diversos debe entenderse como una posibilidad democrática, y no como un paso atrás en proyecto unitario alguno.

Por último, pienso que lo que posibilita(rá) la existencia de actores “destacados” será la capacidad de relación que se establezcan entre la sociedad civil y la sociedad política. Ahí radica la relevancia de las esferas públicas: en −no solo− generar espacios de interacción discursiva, que presionen porque la deliberación ciudadana sea parte de la vida político-institucional de toma de decisiones y, además, en generar espacios de autonomía ciudadana donde la deliberación propicie procesos organizativos no obligatoriamente vinculados a los ámbitos de decisiones institucionales oficiales. Así, la esfera pública podría ser constituyente de ámbitos socioeconómicos y culturales auto-organizados, mas no desconectados de la política nacional.

2.     ¿Cuáles son los retos de cada una de estas categorías para constituirse en actores públicos que posean la necesaria legitimidad (que no constituye obligatoriamente un sinónimo de legalidad) social?

Lenier González: La legitimidad no es algo que se obtiene por decreto, sino que debe construirse día a día. Se trata de tener la sensibilidad necesaria para lograr captar los más profundos anhelos populares y saber encauzar políticamente determinadas aspiraciones en la esfera pública. Dadas las características del modelo cubano, donde el mundo asociativo vive un estado de precariedad accidentada, se impone practicar políticamente la máxima del padre Félix Varela: hacer lo correcto, de la manera correcta, en el momento correcto. Es decir, requiere de honradez y valentía; y a la vez de astucia y de sabiduría política.

La sociedad civil en Cuba tiene el desafío de participar del debate nacional colocando temas en la agenda pública y haciendo propuestas concretas sobre diversos ámbitos nacionales. Tiene el reto de buscar sinergias con actores sociales afines, de tratar de interpelar al sistema político sobre temas importantes de la vida nacional en general y el reto de cerrar filas contra grupos minoritarios de cubanos que, en nombre del “pluralismo político” y la “verticalidad frente a los Castro”, colaboran con las estructuras inmorales y anti-nacionales de la Ley Helms-Burton, el embargo/bloqueo, o las recomendaciones realizadas en el Acta de la Comisión para una Cuba Libre, cuyas propuestas, de ser aplicadas, traerían consecuencias catastróficas para Cuba.

El accionar de la sociedad civil debería estar comprometido con un conjunto de principios irrenunciables para todos: respeto irrestricto de la soberanía nacional; rechazo a las políticas de cambio de régimen por la vía de “revoluciones de colores” o “primaveras cubanas”; defensa de una economía mixta con sectores estratégicos en manos del Estado; promoción y salvaguarda de una noción de derechos humanos donde se articulen orgánicamente los derechos individuales con los derechos sociales, económicos y culturales; la democratización política; el respeto a la participación de las minorías; y la justicia social como una conquista inapelable del pueblo cubano.

Sin embargo, en nuestro contexto, no basta con que los actores sociales implementen actitudes “facilitadoras” para su accionar en la sociedad. Para hacer propuestas a la ciudadanía, buscar consensos con otros grupos sociales e, incluso, para interactuar con el sistema político, se requiere del acceso a la esfera pública. Es por ello que se hace imperioso que sean atenuados los rigurosos controles que ejerce el Estado sobre el mundo asociativo. Necesitamos una reforma del Estado, para que este deje de ser “parte” y se convierta en garante definitivo de una diversidad política y social, comprometida con las metas históricas de la nación: esas metas también deberían estar sujetas a debate popular.

Dmitri Prieto: La categoría social definida como A en la primera respuesta, debería sobrevivir al ser debidamente colimada por el ojo crítico y la acción directa del activismo militante feminista, anticapitalista, antirracista, a la competencia en buena lid frente al buen arte creativo, a la comunicación horizontal no-comercial, a la posibilidad general de convivir bajo otros principios que los de ganar o perder. Debe quizás surgir una nueva juventud que someta ese segmento a tales retos, pero no considero nada eficaces −frente a este complejo caso−  los cansones y victorianistas discursos “contra la vulgaridad” desde posturas socialmente conservadoras que pretenden combatir los agenciamientos autónomos de los reggaetoneros con nuevas versiones de “Barquito de papel”, ruedas de casino y promesas de reestructurar la “Agencia Cubana de Rap”.

Sobre la categoría B, pienso que la estructura de la totalidad de las instituciones públicas y oficiales debe ser reformada completamente. Las organizaciones de masas, si pretenden mantener cierta representatividad de los sectores correspondientes, deben democratizarse de manera radical. En particular, los sindicatos y la organización femenina serían absolutamente esenciales para la defensa de sus grupos base en un contexto de cambios. Requieren para ello de un discurso consistente de defensa de intereses y sentidos propios, frente a la patronal, al capitalismo y a las lógicas sexistas/patriarcales (respectivamente). Si fracasan en hacerlo, la desprotección e indefensión de trabajadores y mujeres frente a los grupos empoderados será casi total; como ha sucedido en otros países. En ese caso, otras organizaciones ocuparán el lugar de las ya ociosas, pero habrá que pasar por un período de mucho dolor antes de que aquellas logren emerger. Lo mismo –en la medida de lo posible− podría aplicarse con mucha más intensidad a la totalidad de las instituciones públicas, desde los poderes populares locales hasta el llamado nivel central. Pienso que debe cambiar totalmente la lógica de operación de todas esas estructuras, estableciendo la horizontalidad como principio rector. La burocracia está tremendamente desacreditada en Cuba y en el mundo, y considero que sería casi imposible lograr que se deposite legitimidad y fe en una estructura piramidal.

En cuanto a la categoría C, respeto los derechos de los(as) empleados(as) y clientes. Sin embargo, la permanencia o no de la empresa privada explotadora de fuerza de trabajo asalariado considero que no puede dejar de ser objeto de debate permanente; siempre debe existir la posibilidad para emprendedores(as) de tipo privado migrar ventajosamente a formas más socializadas de hacer economía.

Sobre la
categoría D, preciso que los retos principales de los grupos de interés es que
puedan constituirse en entidades realmente autónomas y solidarias, libres de formalismo
burocrático y del diktat de la nomenklatura. Es un reto acá también la
creación de una visión propia, popular, y sostenible técnicamente, de los
derechos humanos en Cuba en sus dos dimensiones: general (que incluye
exigencias de procedimientos válidos) y co