La agenda de política comercial de Trump: más liberalización

Christoph Scherrer

29/06/2017

Hay buenas razones para creer que la estrategia de Trump incluye la amenaza de proteccionismo, pero apunta a ganar acceso a los mercados de otros países para las empresas estadounidenses de tecnología avanzada. Trump va a ampliar la liberalización de las actividades económicas transfronterizas.

El presidente Donald Trump ha sido descripto como un proteccionista. La inmediata cancelación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) luego de que asumiera la Presidencia, así como su apoyo a los ajustes fiscales en frontera propuestos por los dirigentes republicanos en el Congreso, parece confirmar sus inclinaciones en términos de política económica internacional. Sin embargo, de una lectura más profunda de los intereses económicos de Trump, de su agenda comercial según se dio a publicidad en el Informe Anual sobre el Programa de Acuerdos de Comercio de 2016 elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y de la historia de la negociación comercial estadounidense surge una conclusión diferente. Trump usará los amplios déficits comerciales para presionar a sus socios comerciales a abrir sus mercados. Las empresas que exportan con éxito al mercado norteamericano desde esos países sentirán temor por los anuncios proteccionistas y, en consecuencia, es probable que presionen a sus gobiernos para que cedan ante las demandas del gobierno de Trump.

En otras palabras, el gobierno de Trump va a ampliar la liberalización de las actividades económicas transfronterizas. Desde la perspectiva de la economía del desarrollo, esto se podría llamar proteccionismo porque se trata de proteger los intereses de las empresas estadounidenses más avanzadas, que operan sobre la base de los derechos de propiedad intelectual y el acceso a la información en gran escala.

Trump no participa en negocios que enfrenten la competencia de la importación. Sus negocios inmobiliarios en EEUU son bastante dependientes del flujo financiero extranjero. Ha hecho un gran uso de los bancos extranjeros para financiar sus proyectos. Sus negocios en el exterior se basan principalmente en el cobro de derechos por el uso de su marca, es decir, tasas por el uso de su nombre en diferentes proyectos. Por lo tanto, sus abogados están tratando de asegurar la protección de la marca asociada a su nombre en la mayor cantidad posible de países de todo el mundo. En consecuencia, se puede suponer que el libre flujo de capital y la protección de marcas comerciales son temas importantes para él en tanto empresario.

La agenda política comercial

La agenda de política comercial del presidente pone el énfasis en «debilitar las barreras comerciales injustas en otros mercados» (USTR 2017: 1). El programa involucra promover «la reciprocidad con nuestros socios comerciales» (USTR 2017: 1) y esto se hará usando «todas las fuentes posibles de influencia» para «abrir los mercados extranjeros» (USTR 2017: 2 y 4), específicamente por medio de negociaciones bilaterales y no multilaterales. En esas negociaciones, el país con mayor poder adquisitivo tiene una ventaja porque las empresas de los demás países dependen más del mercado mayor para su rentabilidad que este mercado de ellas. EEUU, con el mercado y el déficit más grandes, está claramente en una posición fuerte en relación con todas las demás naciones, excepto posiblemente aquellas reunidas en la Unión Europea.

La agenda también menciona la herramienta específica que debería utilizarse en las negociaciones bilaterales: la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, también llamada Súper 301. La Súper 301 «autoriza al USTR a tomar la acción adecuada en respuesta a acciones extranjeras que (…) sean injustificables, no razonables o discriminatorias, y que sobrecarguen o restrinjan el comercio de EEUU» (USTR 2017: 3). ¿Quién tiene el derecho de determinar qué es injustificable? Bajo esta ley, la Presidencia. Sin embargo, EEUU se convirtió en miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995. La OMC incluye un procedimiento para la resolución de disputas. Mientras que el presidente de EEUU podría considerar una medida comercial de otro país como injustificable y responder, por ejemplo, con un arancel como represalia amparado en la Súper 301, el país sancionado tiene el derecho de cuestionar la represalia a través del procedimiento de resolución de disputas. De este modo, será el consejo a cargo del proceso de resolución de disputas de la OMC el que decidirá en última instancia si las prácticas comerciales del país incriminado son o no justificables. En otras palabras, la Súper 301 perdió su poder cuando EEUU se unió a la OMC. Por esta razón, la Agenda de Comercio de 2017 se esfuerza en señalar que «los informes de la OMC no son vinculantes o de aplicabilidad inmediata» (USTR 2017: 3). Dice además: «La Ley de Acuerdos de la Ronda Uruguay establece que, si el informe de una resolución de disputa de la OMC ‘es adverso a EEUU, [el representante comercial de Estados Unidos] consultará a los comités parlamentarios correspondientes si se deben implementar las recomendaciones del informe y, de ser así, la forma en que se implementará dicha recomendación y el lapso de tiempo necesario para ello’» (USTR 2017: 3). Se está invocando esta prerrogativa para que la Section 301 vuelva a ser efectiva.

La Agenda de Comercio de 2017 menciona algunas de las llamadas barreras comerciales que la administración quiere enfrentar. El primero en la lista de objetivos específicos de negociación es asegurar la propiedad intelectual de las empresas estadounidenses (USTR 2017: 2 y 4), y también se lo menciona en el borrador de la carta del 12 de mayo sobre las renegociaciones de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Siguen en la lista son las restricciones al flujo de información y servicios digitales (USTR 2017: 4). En las negociaciones por la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés), el equipo negociador norteamericano criticó a la UE por exigir que información sea procesada dentro de los confines de los Estados miembros de la Unión. Robert Lighthizer, representante comercial de EEUU bajo Trump, criticó el suspendido TPP por su prohibición de requisitos de localización de datos que excluye al sector de servicios financieros y por excluir los productos del tabaco de los mecanismos de resolución de disputas entre inversionistas y Estados (Leonard 2017).

Entre otras prácticas que supuestamente dañan los negocios estadounidenses, la agenda de comercio menciona los subsidios de los gobiernos extranjeros, la competencia desleal por parte de empresas estatales y la manipulación de la moneda. No se menciona a China en particular, pero es el blanco obvio, dadas las declaraciones sobre política de los miembros del equipo de Trump y la tendencia general del documento sobre la Agenda Comercial 2017. La Agenda culpa al acceso de China a la OMC por la pérdida de puestos de trabajo en la industria en EEUU (USTR 2017: 6), llama a analizar sistemáticamente las economías «que no adhieren por completo a los principios del libre mercado» y critica a aquellos países «cuyos sistemas legales y regulatorios no son suficientemente transparentes» (USTR 2017: 5).

Al enumerar los objetivos claves del nuevo programa comercial, aparece en primer lugar «asegurar que los trabajadores estadounidenses (…) tengan una oportunidad justa». Entre los puntos concretos, también se encuentra el ítem «hacer cumplir las disposiciones laborales en los acuerdos existentes». Estas disposiciones se refieren por lo general a facilitar derechos como la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. No parece probable que el cumplimiento de estas cláusulas sobre derechos laborales sea una prioridad considerando el comportamiento antisindical de las empresas de Trump y su primera elección para el cargo de secretario de Trabajo, un ejecutivo de la industria de las comidas rápidas con un largo historial de violaciones a la ley laboral. El TPP imaginó cláusulas eficaces sobre derechos laborales, pero los republicanos en el Congreso ya habían apuntado contra estas cláusulas y, como ya se mencionó, la primera acción de Trump en el terreno comercial fue retirar al país del TPP. (El TTIP quedó a salvo en razón de su bajo perfil en EEUU). Parece más probable que el presidente Trump siga el ejemplo del presidente ruso, Vladímir Putin, e intente ganarse el apoyo de los trabajadores rescatando del cierre a plantas específicas, como ya lo hizo siendo presidente electo.

El precedente histórico

Usar el déficit comercial para abrir a la fuerza los mercados extranjeros tiene un precedente histórico. En el marco del crecimiento meteórico de los déficits comerciales durante los años de Ronald Reagan, la «política comercial estratégica» se volvió popular entre los economistas. Esa política forzaría a otras naciones a abrir sus mercados amenazando con el cierre del mercado estadounidense. Además de las empresas del sector de alta tecnología, los proveedores de servicios sofisticados y los titulares de derechos de propiedad intelectual se unieron al grupo de estrategas de la apertura del mercado. Junto con diversos think tanks, popularizaron la idea de que los servicios podrían prestarse transnacionalmente, de que las reglamentaciones nacionales de los respectivos sectores lo impedían y de que, en consecuencia, estas barreras tenían que ser eliminadas por medio de duras negociaciones. La retórica nacionalista disfraza objetivos neoliberales que provocarían resistencia si se los proclamara abiertamente.

Paradójicamente, el déficit comercial le dio a EEUU poder de negociación. Los países extranjeros dependían mucho más del acceso al mercado norteamericano de lo que la economía norteamericana dependía de los mercados extranjeros. De este modo Washington pudo funcionar como un ariete contra los propios intereses nacionales de las empresas transnacionales de otros países. La amenaza de imponer sanciones –que en ocasiones se cumplió– obligó no solo a Japón, sino también a Europa occidental, a bajar las barreras de comercio no arancelarias y a desregular sus economías. En ese momento, las demandas estadounidenses fueron bienvenidas en ambas regiones por muchos economistas, los máximos líderes de los grupos empresariales y sectores de las burocracias ministeriales (Scherrer 1999).

Conclusión

El gobierno de Trump está en sus inicios y su candidato para el cargo de representante comercial de Estados Unidos ha sido apenas confirmado por el Senado. En consecuencia, cualquier evaluación de la agenda comercial de Trump está plagada de incertidumbres. Sin embargo, hay buenas razones para creer que su estrategia «Primero EEUU» incluye la amenaza de proteccionismo, pero apunta a ganar acceso a los mercados de otros países para las empresas estadounidenses de tecnología avanzada. El déficit bien puede funcionar como un ariete contra los propios intereses económicos de las grandes empresas en otros países. El fortalecimiento de los derechos de las empresas se da siempre a expensas del empleo.

 

Bibliografía

Leonard, J.: «Lighthizer Says Renegotiated NAFTA Could Go beyond TPP Provisions» en Inside US Trade’s World Trade Online, 2017.

Scherrer, C.: Globalisierung wider Willen? Die Durchsetzung liberaler Außenwirtschaftspolitik in den USA, Sigma, Berlín, 1999.

USTR: 2017 Trade Policy Agenda and 2016 Annual Report, Oficina del Representante Comercial de EEUU, Washington, DC, 2017.

 

Traducido y publicado en la revista Nueva Sociedad, julio 2017

 

 

es Economista, profesor del Programa de Maestría en Ciencias Políticas - Naciones Unidas y Estudios de Políticas Globales de la Universidad de Rutgers
Fuente:
Global Labour Column - Nº 278, junio de 2017
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