Ana Fernández Asperilla
12/01/2016En agosto de 2015 se iniciaba el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El adelanto al período vacacional se traducía en una menor atención de los ciudadanos; incluso los propios parlamentarios señalaban la falta de interés político del debate presupuestario, por la unilateralidad que el gobierno había impuesto a su aprobación[1].
Las críticas arreciaban también desde la Comisión Europea, que reprochaba la falta de credibilidad y el electoralismo de los presupuestos. Planteaba la Comisión su rectificación, aunque la tarea no correspondía al actual ejecutivo sino el surgido de las elecciones generales de diciembre. Desautorizaba pues las formas y el discurso económico. Las cuentas no cuadraban, la bajada de impuestos y el incremento de gastos no eran compatibles. Había fallos en política fiscal y se ocultaba un agujero de 10.000 millones de euros. A los PGE les faltaba rigor y credibilidad, partían de datos irreales, excesivamente optimistas, no consideraban la desaceleración económica ni las turbulencias de los países emergentes. Se dudaba del cumplimiento del déficit en 2015 y, sobre todo, en 2016. Eran, en definitiva, unos presupuestos de los que el gobierno esperaba, con su tramitación anticipada, rédito electoral[2].
Mientras en España el ejecutivo planteaba el adelanto presupuestario como un ejercicio de responsabilidad, la oposición lo interpretaba en sentido contrario, como la intención de alargar los efectos de la mayoría absoluta más allá de su posible vigencia. Como un afán de dejar “atadas y bien atadas” las políticas económicas, presupuestarias y sociales.
La oposición cuestionaba la legitimidad para emprender una tarea que, en buena lógica, correspondía al nuevo ejecutivo surgido de las urnas. Se tildaba la actuación de “fraude democrático”, de “fraude político a la ciudadanía” que se situaba en “la frontera de la legalidad constitucional”. Se argumentaba la proximidad de las elecciones generales, en las que los ciudadanos podrían elegir mayorías distintas a la que había elaborado los PGE[3].
La contradicción se acentuaba porque los presupuestos de 2016 inaugurarán un ciclo político y lesgislativo distinto y su aprobación anticipada podía condicionar la aplicación de medidas, contrarias al programa electoral con que se había concurrido a las elecciones. Además estaba el hecho de la ruptura del ciclo parlamentario, establecido y respetado desde la restauración democrática. El abandono de los procedimientos parlamentarios ahondaba en el desprecio a las instituciones del sistema democrático y soslayaba la voluntad de los ciudadanos.
El desprecio por lo formal era fuente de deslegitimación. No obstante, lo que nos interesa constatar aquí es si en los presupuestos se contemplan las necesidades de dos millones de personas residentes en el exterior.
La sensibilidad hacia los emigrados es ahora inferior a la del período constituyente de 1978. Y ello, aunque las salidas es han activado por la crisis. El olvido de los de fuera se explica por su escasa incidencia política. Los emigrados encuentran trabas insalvables para el ejercicio del voto en el exterior: breve plazo para votar, trámites burocráticos complejos, desinformación, desprecio en el recuento de los sufragios emitidos, retrasos en la llegada de la documentación a los electores, etcétera. Son obstáculos que impedirán su participación política en diciembre. Así lo avalan los ínfimos índices de participación en las elecciones últimas.
Entre 2008 y 2011 cayó drásticamente la participación de los emigrados. Pasó del 32% en 2008 a menos del 5% en 2011[4]. Si el PSOE reformó la ley electoral en 2011 y suprimió o dificultó el derecho al voto, el PP no removerá los obstáculos para facilitarlo en diciembre de 2015.
En las circunstancias actuales, el sufragio de los expatriados adquiere relevancia porque los trabajadores deciden emigrar al extranjero y se incrementa en consecuencia el cuerpo electoral del exterior[5]. Al aumento de salidas contribuirá que en los PGE para 2016 se disminuyen los recursos destinados a pagar el derecho al desempleo. Es decir, se ha optado por una menor protección a los parados y por debilitar la situación de las personas que carecen de un puesto de trabajo.
La reducción del gasto para el desempleo en 2016 redundará, probablemente, en que las personas se inclinarán más por la emigración[6]. De ese modo, en lugar del retorno, los presupuestos incentivarán las salidas.
Las necesidades de los emigrantes en los Presupuestos Generales del Estado de 2016
Los emigrados son como un relámpago en las agendas políticas. Apenas encuentran hueco. Los Ministerios les olvidan en sus cuentas públicas y la oposición tampoco les presta atención. La Secretaria de Estado de Emigración e Inmigración y una alusión del Ministerio de Exteriores a los sefardíes que deseen recuperar la nacionalidad perdida en 1492 han sido dos excepciones.
El olvido de los políticos resulta doloroso para más de dos millones de personas residentes en el exterior, sin embargo, otros elementos deben analizarse. A medida que la crisis se prolonga, aumentan las salidas de españoles y, por tanto, el colectivo del que el gobierno de la nación se desentiende es mayor. Los recursos destinados a cubrir las necesidades de la emigración se reducen en el presupuesto de 2016 un 1,4%. Habrá un millón menos de euros[7].
Resulta por ello paradójico que el gobierno reconozca el aumento de personas con nacionalidad española que residen en el extranjero (un 6,1% en 2014) y, a la vez, reduzca los recursos para atenderles. La contradicción se acentúa cuando el ejecutivo argumenta que las necesidades estarán bien cubiertas con menos recursos y, sobre todo, porque el descenso presupuestario es superior a lo que parece a primera vista.
Las cuentas públicas destinarán a cada emigrante menos recursos de lo que sostiene el ejecutivo. Así se deduce del subregistro de emigrantes del INE (España), frente a las cifras oficiales de españoles reconocidas por los países de acogida.
Si dividimos la cantidad destinada a la emigración entre el número real – y no el oficial- de emigrados, lo asignado a cada residente en el exterior desciende ostensiblemente. Además de nuestras constataciones, lo corroboran las conclusiones del INJUVE y otros demógrafos[8].
La realidad es más hiriente si se desciende a los detalles. En especial porque el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ensalza el carácter social de las partidas, pero en el presupuesto para 2016 descenderán la cantidad para pagar las prestaciones por razón de necesidad (-600.000 euros ) y las destinadas a las pensiones de los niños de la guerra (-200.000 euros). El gobierno justifica la disminución por las bajas biológicas. Fallecen beneficiarios y otros, al mejorar el estado de bienestar en América, se alejan del umbral de pobreza y no necesitan ayuda de España.
Las rebajas en las partidas para costear la sanidad de quienes en América carecen de recursos para pagarla no se empleará en las necesidades de la Nueva Emigración. Es decir, no se invertirá lo ahorrado en los trabajadores que buscan empleo en Europa porque perdieron la esperanza de obtenerlo en España. Esto es grave porque al disminuir los recursos para la protección de los parados en 2016, más trabajadores se inclinarán por la emigración y se encontraran que, al cabo de tres meses en el extranjero, España no sufragará sus gastos de salud si caen enfermos.
No basta ya con cubrir las necesidades de los españoles mayores en América, es preciso atender las que se registran en otras latitudes y las de otros colectivos. De lo contrario, podría haber discriminación en función del país de acogida o de la edad. La cobertura sanitaria, ante la carencia de recursos, debe garantizarse a los trabajadores españoles en el extranjero. La Nueva Emigración ha de tener garantizado el derecho a la salud hasta que encuentre un empleo fuera, ya que España no puede proporcionárselo.
La pobreza de la Nueva Emigración no debe provocar desamparo en materia sanitaria. Los recursos que la Secretaría de Estado de Emigración e Inmigración ahorra en prestaciones por razones de necesidad, debido al descenso demográfico en América, deberían destinarse a cubrir las necesidades sanitarias de los nuevos emigrantes. Así lo evidencia el que en 2013, 323 españoles recibieran en Bélgica una “Ordre de Quitter le Territoire” (OQT)[9]. Es decir una orden de la Oficina de Extranjeros para abandonar el país. La expulsión implica la prohibición de residir en Bélgica durante dos años y la de trabajar o formarse. La Oficina de Extranjeros revisa los datos de los europeos perceptores de ayudas sociales, de modo que tanto la Nueva Emigración como los españoles que desempeñan un empleo catalogado como ayuda social corren peligro de expulsión. Su situación es asemeja así a la de los “sin papeles”, a pesar de la aparente protección que otorga la libre circulación de ciudadanos europeos.
El motivo de su expulsión consiste en ser pobres. Es decir, carecer de recursos financieros o de un seguro de salud privado. La derogación de la reforma de la sanidad pública del PP, que suprimió el modelo universal, sería otra solución al desamparo.
A modo de conclusión. Los PGE arrastran inercias del pasado. No responden a las necesidades ni a los retos del nuevo panorama migratorio surgido de la crisis de 2008. Las políticas públicas han ignorado desde hace cuatro años las necesidades de los emigrantes.
No hay intención real de restaurar los derechos políticos. En educación, no se menciona el derecho a la educación de los hijos de la Nueva Emigración a aprender la lengua y la cultura maternas. Y ello, a pesar de la demanda de las familias en el exterior. Tampoco se destinarán recursos para mejorar dicho programa, deficiente en sus materiales didácticos y en la asignación de docentes, aunque los sindicatos, la comunidad educativa y el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior han pedido más atención al mismo. El gobierno ha hecho oídos sordos a las manifestaciones de las familias en el exterior, exhibiendo una actitud autista, y ha desaprovechado la oportunidad que el presupuesto le brindaba para mejorarlo.[10]
Los instrumentos de protección de la salud tampoco experimentarán una adaptación a las nuevas necesidades de los expatriados. Así, la Secretaría de Estado de Emigración e Inmigración desvaloriza el carácter laboral de los desplazamientos y esto perjudica a los emigrados, pero también a la propia función del departamento ministerial, creado para abordar los problemas surgidos de la relación laboral.
Ni en las agendas políticas de los gobernantes ni de la oposición hay atisbo de preocupación por las necesidades reales de los emigrantes. El debate presupuestario lo deja claro. A veces hay una referencia de breves segundos que denota una concepción antigua de la emigración, entendida como estrategia para aliviar el maltrecho mercado de trabajo nacional, que cíclicamente padece una suerte de plaga bíblica, en términos de desempleo.
Los PGE arrastran rémoras del pasado sin responder a las demandas reales de los afectados en el exterior, en materia laboral, educativa o sanitaria. Los viejos mecanismos de protección, peor dotado de recursos en 2016, seguirán utilizándose sin promover otros nuevos. Sin embargo, su ampliación es necesaria para responder a los retos de la Nueva Emigración.
Esta nueva emigración está constituida por trabajadores con estudios universitarios, elevadas cualificaciones y experiencia profesional contrastada. Es decir, personas hipercualificadas, bien formadas y con licenciaturas, que quizás posean un dominio de la lengua débil, pero que desearían, sobre todo, que sus hijos accedieran a un programa educativo en lengua y cultura maternas de calidad y supervisado por el Ministerio de Educación de España. Es decir, que el derecho a la educación de sus hijos estuviera garantizado y tuviera un tratamiento lo más similar posible al de los niños en España, lo que a la hora del retorno, sería una ventaja para las familias. Esto se ha ignorado por completo en los Presupuestos Generales del Estado.
Notas:
[1]Público, 14 septiembre 2015. “Baila, Moscovici, baila”, El País, 14 de octubre de 2015 y “El aviso de Bruselas es un serio revés para el gobierno”, El Mundo, 14 de octubre de 2015
[2] “Bruselas sospecha del interés electoral de las cuentas del gobierno”, El País, 13 de octubre de 2015
[3] Cfr, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Presupuestos Generales del Estados 2016
[4] “Los españoles que votan en el extranjero pasan del 30% al 5%” y “ El PP rechaza eliminar las traba al voto en el exterior”, El País, 13 de octubre de 2015
[5] Ramón Górriz, “Nueva Emigración versus nuevos problemas y nuevos recursos sindicales”, Revista de estudios y cultura, nº 72, 2015, pp.7-10.
[6] Susana Alba, Ana Fernández Asperilla, “Nueva emigración exterior y cuestión laboral”, Estudios, 91 [http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio91.pdf]. Susana Alba, Ana Fernández Asperilla, Ubaldo, Martínez Veiga Ubaldo, “Crisis y nuevo panorama migratorio en España”, 65, 2015, [http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio91.pdf].
[7] Los PGE destinarán 69,5 millones a favor de los emigrantes. 63,7 millones para prestaciones por razón de necesidad y otras ayudas. 55,9 millones para prestaciones económicas por ancianidad, incapacidad y asistencia sanitaria si los emigrantes carezcan en América de cobertura sanitaria o ésta es insuficiente. 7,8 se dedicarán a las pensiones de los “Niños de la Guerra”. 1,7 millones para pensiones asistenciales de ancianidad para retornados y otras cuantías menores a otras partidas, según datos de Luis Zarapuz.
[8] Las diferencias entre el número de españoles que registra el INE y los datos oficiales del país de destino son enormes, Amparo González, “¿Se van los españoles? Sí. Y deberíamos preocuparnos”, eldiario.es, 8-10-2012; “La nueva emigración española. Lo que sabemos y lo que no”, Zoom Político, 2013/18. Madrid, Laboratorio de Alternativas. INJUVE, La emigración de los jóvenes en el contexto de la crisis. Análisis y datos de un fenómeno difícil de cuantificar. Madrid, 2012. [http://www.injuve.es/observatorio/economia-consumo-y-estilos-de-vida/emi...
[9] El dato en S. M. procedente de Dewulf, Koen (Federal Migratie3centrum) (6/3/2015)”PP De Mobiele EU-werknemer”.
[10] A. García Escolar, “Recortes en el derecho de los hijos de los emigrantes al conocimiento de la lengua y cultura españolas”, Revista de Estudios y Cultura, 61, 2014.