La financierización de la política social: el caso brasileño

Lena Levinas

10/10/2015

La década del 2000 muestra un punto de inflexión en la política social brasileña, cuya institucionalidad había sido profundamente alterada con la creación del Sistema de Seguridad Social (1988). Por un lado, los programas de transferencia de renta condicionada como un mecanismo de combate a la pobreza, extienden significativamente su cobertura, igualmente que los beneficios de la seguridad social. En paralelo, la tercera pata del trípode de la Seguridad, el Sistema Unificado de Salud (SUS), sigue tributario de la desfinanciación que compromete su efectividad y acentúa la contradicción de que Brasil tiene un sistema público, universal y gratuito, que no puede satisfacer la demanda y precariza y sobre focaliza la atención. En medio de esta dinámica, la política social sirve para consolidar el modelo de consumo del socialdesarrollismo, que consiste en promover la transición hacia una sociedad de consumo de masas, a través del acceso al sistema financiero. La novedad del modelo socialdesarrollista  es la de haber instituido la lógica de la financierización en todo el sistema de protección social, ya sea mediante el acceso al mercado de crédito, ya sea vía la expansión de los planes de salud privada, crédito educativo etc... Se asiste de este modo a un proceso de financierización acelerada, que se sirve del sistema de protección social para vencer la barrera de la "heterogeneidad estructural", que frenaba en América Latina la expansión de  la sociedad de mercado. El objetivo de este trabajo es demostrar cómo se dio este proceso y cómo él invierte la lógica de la política social que, en lugar de promover la protección contra los riesgos e incertidumbres, aumenta la vulnerabilidad y modifica varias dimensiones de la vida social.

Introducción

El siglo XXI parece haber finalmente entronizado en América Latina una articulación entre  política económica y social, que conduce a la llegada de sociedades de consumo (de masas). Este fenómeno más relevante en tanto que uno de los obstáculos al desarrollo económico y  social de América Latina residía, en la visión del pensamiento estructuralista seminal (Prebisch, 1949; Furtado, 1972; Pinto, 1970), en la inexistencia de un mercado interno vibrante, que, a través de un proceso de sustitución de importaciones, llevase al aumento de la productividad industrial. Tal proceso tendría como resultado el aumento del salario medio y, de este modo,  engendraría un círculo virtuoso de expansión de la producción y de la demanda, apoyado en una dinámica de innovación, que, a su vez, perfeccionaría constantemente los patrones de consumo de una sociedad de masas.

La ruta encontrada en la transición hacia la sociedad de consumo masivo sugiere que prevaleció un atajo en lugar de la trayectoria clásica, como muestra el caso brasileño. De hecho, la América Latina -  y Brasil en particular – es hoy reconocido por éxito de haber incorporado al mercado de consumo, en menos de una década, decenas de millones de personas, un logro cuyo registro, dado el legado histórico del continente, revelase extraordinario (Lavinas y Simões, 2015). Procede, así, entender lo que la vía clásica no consiguió frente al desempeño mediocre que registra la industria (Bertola y Ocampo, 2012), carente de innovación y tullida ante el avance del extrativismo  y de la producción agroindustrial, expresada en la dinámica de reprimarización de las economías del continente.

Tratándose Brasil el objeto de este artículo, varios factores habrían contribuido a romper las amarras estructurales para la expansión  del mercado interno. Para citar algunos, destacamos la fase de bonanza asociada al fuerte aumento de los precios internacionales de los commodities que provocó una sobre valuación del tipo de cambio; la intensificación del proceso de globalización con nuevos jugadores, como China, que están inundando el mercado internacional con mercancías (bienes salario) y bienes durables a precios altamente competitivos y en caída; el surgimiento de una coalición de centro-izquierda al frente del Ejecutivo federal, comprometida en  promover la “inclusión social” a través de una nueva articulación entre política económica y la política social. Justamente esa ingeniería es la que habría propiciado compensar la productividad en baja, particularmente en la industria de transformación, con la expansión del consumo de masas a través de políticas sociales orientadas a la incorporación al mercado antes de igualar oportunidades y resolver las asimetrías profundas que alimentan la heterogeneidad estructural que aún nos caracteriza. La transición al consumo de masas se hizo, consecuentemente, sin resolver los cuellos de botella estructurales.

En la última década, la notable progresión del crédito al consumo vinculado a determinados beneficios sociales, aparece en el centro de la  llamada estrategia socialdesarrollista (Bastos, 2012), cuyo saldo más positivo fue la de, prácticamente, universalizar el acceso a ciertos bienes de consumo durables a  lo largo de la curva de distribución del ingreso,  contribuyendo por lo tanto, al calentamiento de la demanda interna y  haciendo del consumo de las familias el motor del crecimiento económico reciente.

Sostenemos que la otra cara de la moneda reside en un fuerte endeudamiento y mayor vulnerabilidad de las clases populares y de los grupos más desfavorecidos, al mismo tiempo que a una precarización y des- institucionalización del sistema de protección social (Fagnani, 2010).

Para aclarar cómo se materializó esta transición, este artículo se desarrolla en cinco secciones, además de esta introducción. En la segunda sección, se presentan brevemente las principales características del sistema de protección social brasileño, marcado por el sesgo de la alta prevalencia de las transferencias de ingresos monetarios, que limita su impacto redistributivo. El dominio de las transferencias monetarias tiende a solucionar fallas del mercado. Ya que la redistribución tiende a ser más efectiva cuando se utiliza el sistema tributario asegurando el acceso incondicional a los bienes públicos en cantidad y calidad demandados por la sociedad. En la tercera sección describimos cómo se da la articulación entre la política económica y la política social, predominantemente por la inclusión financiera, poniendo de relieve la fragilidad del nuevo “modelo social” a la luz de la desaceleración económica. En la cuarta y quinta secciones, señalamos las contradicciones de este modelo a partir de una lectura de los indicadores sociales que llevan al cuestionamiento del patrón truncado  en relación a la reducción de las desigualdades; finalmente, presentamos – en la conclusión – nuestro argumento sobre la relación ente consumo de masas y la financierización de la política social, para demostrar la inversión de la lógica y la finalidad de la política social que, en lugar de promover la protección contra riesgos e incertidumbres, aumenta la vulnerabilidad y modifica varias dimensiones de la vida social.

2. La creación de la Seguridad Social: extensión de la cobertura y garantía de ingresos

En 1988, la Constitución Ciudadana establece la Seguridad Social, que incorpora en un presupuesto único y exclusivo tres dimensiones inherentes a los sistemas de protección social: previsión, asistencia y salud. La  Seguridad surge así con un perfil claramente definido: seguro social contributivo, incluyendo, pero sin obligación de contribución previa, a los trabajadores rurales y a los pequeños campesinos; asistencia, condicional y sujeta a pruebas de control para los más necesitados; y salud pública, universal y gratuita. Sin embargo, las características originales de la Seguridad, comprometida con la universalidad, la uniformidad, el reconocimiento de las necesidades y su provisión pública, han sido descuidadas, y su normativa debilitada y omitida por la acción del Estado adecuándola constantemente a los parámetros de la protección en dirección a los mínimos, amenazando incluso su constitucionalidad (Fagnani, 2010).

Para entender mejor la trayectoria de consolidación del sistema de protección social brasileño, pieza fundamental en la transición a una sociedad de consumo de masas a través del acceso al sistema financiero, se presentan, inicialmente, sus características y su alcance. Cabe señalar desde ya la marca registrada del gasto social en Brasil: el 60% toma la forma de transferencias monetarias, mientras que la provisión de servicios desmercantilizados sigue siendo minoritaria y por debajo de lo establecido por la ley. Este perfil no es accidental;  encubre un modelo social que privilegia la solución de las fallas de mercado, deja de lado mecanismos de igualación social y reducción de las desigualdades, lo que, en sí mismo, es un factor que inhibe la redistribución (Lavinas, 2013, 2014).

2.1. La Previsión: el diferencial positivo del seguro social en Brasil

A pesar de las distorsiones que subsisten, Brasil logró establecer un grado de cobertura para la población adulta que tiende a la universalidad en la faja etaria de 65 años o más. Las jubilaciones y pensiones rurales desvinculadas de la contribución previa, el piso previsional universal vinculado al salario mínimo y a la existencia de un techo para contribuciones y beneficios contribuyeron significativamente a que el Gini entre los adultos mayores (65 años o más) sea inferior al observado en la población en su conjunto (ingreso familiar  per cápita) y entre los ocupados (ingresos del trabajo). De la misma manera y en virtud del diseño del sistema y de su reglamentación, jubilaciones y pensiones, a lo largo de la década del 2000, tuvieron un impacto de magnitud mayor en la reducción de los indicadores de pobreza que el de las transferencias de restas compensatorias. (Lavinas, 2013). De hecho, en  2013, el desglose de las fuentes de ingresos captados por la PNAD indica que mientras que los beneficios previsionales quitan 21 millones de personas de la pobreza y  19 millones la miseria/1/, los beneficios asistenciales reducen el número de pobres en 7 millones y de los indigentes en 4 millones./2/ En 2011, el porcentaje de brasileños con 65 años o más entre los pobres es menos del 2% (PNAD 2011) mientras que la tasa de cobertura previsional incluye a más del 85% de la población anciana.

Tenemos, entonces, un resultado extremadamente positivo, que, en términos de cobertura en América Latina, solamente no supera el desempeño de Bolivia desde la creación de la Renta Dignidad (2007). De esta forma, el diseño del sistema previsional supera viejas divisiones (régimen altamente estratificado) y escapa a la trampa de la seguridad social (cuyo acceso sería exclusivo de los contribuyentes). Así, en lugar de adherirse a la idea de mínimos monetarios, sujetos a la comprobación del déficit de ingresos, o en la óptica de un piso básico (Informe Bachelet, 2012), Brasil se destaca por romper con  la lógica bismarkiana en sentido estricto y los safety nets de combate a la pobreza.

Además, a partir de 2008, el seguro social fue flexibilizado, con la creación de la figura jurídica del MEI (Micro Empresario Individual), que formaliza vínculos con la Seguridad mediante una alícuota de contribución inferior  la alícuota-patrón, es decir 5% contra 20% del salario mínimo vigente. Son beneficiados de esa “alícuota-incentivo”, bien ventajosa, aquellos que se declaran autónomos, precarios o involucrados en una tarea de alrededor de 250 actividades./3/ Entre otros criterios de elegibilidad se debe declarar ingresos anuales de hasta 60 mil Reales (o 20 mil dólares)./4/

Tal flexibilización denota la expansión y fortalecimiento de una vía original que consolida valores de solidaridad (desindividualización) y redistribución (alícuota de aporte menor, pero idéntico beneficio al piso de los contribuyentes), constitutivos de los sistemas de reparto (Barr, 2004), eliminando la informalidad. Además, da musculatura al sistema previsional al elevar la densidad contributiva, incluyendo nuevos grupos de trabajadores antes desprotegidos. Este incentivo aumenta la eficiencia del sistema y, al mismo tiempo, redistribuye. En pocos años, 4 millones de personas se convirtieron MEI, adhiriendo al régimen general de Seguridad Social. Pueden retirarse por edad, pero tendrán derecho a un beneficio en el valor integral del piso previsional.

Así, por el lado de los beneficios previsionales y del Seguro Social (RGPS), se marcha hacia una cobertura creciente, amplia y que, a partir de nivel económico social, condiciones y aportes diferenciados, asegura un conjunto de derechos equivalentes y uniformes.

Hoy hay en Brasil 24,5 millones de jubilados y pensionados (8,6 millones rurales) /5/, con 2/3 recibiendo mensualmente un beneficio equivalente al valor de un salario mínimo /6/. El techo regular de jubilaciones, del régimen general de la Previsión, es relativamente bajo: R$ 4.663.00 mensuales./7/

El seguro social garantiza incluso la asistencia por enfermedad, licencia por maternidad y seguro de desempleo, extendiendo la gama de derechos previsionales de los contribuyentes a  imagen de los sistemas más modernos de seguridad. En 2013, el gasto  de las prestaciones previsionales del régimen general ascendió a 7.38% del PIB (ANFIP, 2014:84).

Finalmente, cabe registrar que el Régimen General de la Seguridad Social tiene protección constitucional de sus fuentes de financiación, es decir, las contribuciones de seguridad social, no padecen, por lo tanto, las incidencia de la DRU/8 /. Esto, sumado a la dinámica reciente del mercado laboral en Brasil, que generó durante el periodo 2003-2013, aproximadamente 21 millones de puestos de trabajo formales (Lavinas, Cordilha y Cruz, 2014) y a los incentivos a la contribución previsional, hace que  las cuentas de la Seguridad Social sean superavitarias. "El aumento de los puestos de trabajo, bajo la forma de empleo, un mayor grado de formalización de las relaciones laborales y un aumento de los ingresos del trabajo son factores determinantes de esos resultados" (ANFIP, 2014:59).

Sin embargo, tal desempeño se ha visto perjudicado por la política de masivas  rebajas impositivas aseguradas a las  empresas, establecidas desde el primer mandato de la presidenta Dilma (2011-2014). Solamente en 2015, las exoneraciones en la planilla de pagos den sumar unos 25 mil millones de reales (8.500 millones de dólares), que no son integralmente compensados por el Tesoro. Cada vez más, aquellos que honran los compromisos de aportar al sistema previsional son los trabajadores, exonerándose al capital.  Ese es uno de los aspectos de inconstitucionalidad de la Seguridad Social brasileña, golpeando la piedra de toque de su arquitectura, que es su presupuesto exclusivo, que se mantiene superavitario.

2.2. Asistencia: innovación incompleta que opera en la excepcionalidad

Una de las innovaciones institucionales de gran impacto social logradas con la promulgación de la Constitución de 1988 fue la creación del derecho a la asistencia para los grupos más necesitados y desposeídos de medios, debiendo el Estado asegurar  mínimos monetarios y provisión de servicios para reducir la vulnerabilidad de las familias pobres. Antes de 1988, la asistencia fue casi en su totalidad una acción benevolente, la intervención del Estado limitándose a iniciativas puntuales de control de jóvenes infractores  o la asistencia de madres solteras, en delito de costumbres.

Actualmente, la asistencia es claramente un área donde la estandarización de los programas y planes de combate a la pobreza y la miseria forjó una nueva institucionalidad, fuertemente anclada en la lógica de la subsistencia mínima, según el marco regulatorio de la Seguridad.

Dos grandes programas, con una amplia cobertura, atienden a la población objetivo. El beneficio de Prestación Continua contempla mayores con más de 65 años y personas con discapacidad, que viven en familias con ingresos per cápita inferior a un cuarto del salario mínimo/9 /. Actualmente  beneficia cerca de 4 millones de personas pobres con una transferencia de rentas por valor de un salario mínimo.  Ya la Bolsa Familia atiende a prácticamente 14 millones de familias, asegurando un beneficio promedio de R$ 170,00  /10/, aquellas cuya renta per cápita está bajo la línea de pobreza de R$ 154,00  mensuales. Por lo tanto, se estima que unos 45 millones de brasileños están comprendidos por el gran programa de lucha contra la pobreza del gobierno federal, lo que significa la garantía de una renta mínima de sobrevivencia. El gasto de ambos programas llegó a 1,2% del PIB en 2014 (siendo el costo de la Bolsa Familia el 0,51% del PIB).

Las diferencias entre lo BPC y el BF no se reducen a la adopción de líneas pobreza diversas y  beneficios de todavía magnitud más dispar (R $ 788,00 contra $ 170,00 por término medio, respectivamente). El BPC es incondicional para todos aquellos que cumplan con los criterios de elegibilidad, lo que no ocurre con la Bolsa Familia, cuyas condiciones (asistencia a la escuela de los niños y adolescentes y visitas a centros de salud) pueden conducir a la suspensión del derecho a la transferencia monetaria si no fuesen cumplidas.

Aunque la Bolsa Familia tiene consenso como política pública para combatir la pobreza, la pregunta es por qué no fue hasta hoy establecida como un derecho, por lo menos para asegurar una cobertura integral. Esto significa que no todos los elegibles están cubiertos. Hay un déficit de cobertura, incluso reconocido por el gobierno federal, que varía según la fuente de la estimación, entre 800 mil y ceca de 2,5 millones de familias. Una vez más, es probable que la respuesta esté por el lado de los ajustes de la gestión macroeconómica que demanda flexibilidad, lo que una institucionalidad legal hace difícil, porque implica una definición estricta de las normas para su regulación.  Tal opción  refuerza los mínimos focalizados, al precio de una Seguridad Social debilitada en sus principios y valores fundamentales. Otra debilidad del programa es la de no estar sujeto a las mismas normas que regulan otros beneficios sociales, como la indexación anual de la línea de la pobreza y del valor a los beneficios a las familias, ambos sujetos a la discreción del gobierno federal.

Aunque no esté inscripta en los marcos legales, la fuerza de la norma focalizada ganó legitimidad  en el período reciente,  y viene justificando nuevos mecanismos de sobre focalización, cuestionando la lógica de la ciudadanía que preside la creación de la Seguridad.  Tal norma es contraria a la seguridad universal y pública, tal como está consagrado en la Carta Magna.
La eficacia de Bolsa Familia en la reducción de la pobreza ya ha sido motivo de polémica.  Lavinas (2013) demuestra que su contribución a la caída de los índices de pobreza es marginal (cerca del 10%),  muy lejos de los efectos de las transferencias contributivas (jubilaciones y pensiones) y, sobre todo, del salario mínimo. Lo mismo ocurre con respecto a la caída de la desigualdad: según varios autores (Saboya, 2014; Koneru, 2014), la revalorización real del salario mínimo registrada en la década de 2000, por fuerza de  regla del reajuste /11 /anual de su valor, explica alrededor del 75% de la variación del Gini, que pasó de 0.586 en 2003 a 0.500 en 2013. Se estima que la Bolsa Familia contribuyó con el 15% de la caída en la desigualdad durante el período.

Sin duda, la política de mayor impacto redistributivo en Brasil, posterior al 2000, fue el aumento real del salario mínimo, en medio de la creación de 20 millones puestos de trabajo formales entre 2003 y 2013, según RAIS, citado anteriormente. Préstese atención al hecho de que el  84% de los empleos formales creados durante ese período estaban en la franja de hasta 2 salarios mínimos (Lavinas, Cordilha y Cruz, 2014).

Que la Bolsa Familia constituye un mecanismo importante para combatir la pobreza extrema es indiscutible, y su adopción tardía solamente fue para cubrir una brecha grave. Sin embargo, el beneficio asegurado anualmente a cada niño pobre individualmente está muy por debajo del gasto fiscal que se contempla a los ricos. Lavinas y Cordilha (2015) indican que mientras que gasto anual per cápita gasto con los niños y jóvenes/ / beneficiarios de Bolsa Familia sumó R$ 406,00 en 2013, la exención de impuestos per cápita anual con dependientes en las familias gravadas por el Impuesto de Renta de Personas Físicas alcanzó casi cinco veces más (R$ 1.975.00) en el año anterior. Es posible que en 2013 esta brecha sea aún mayor.
A pesar de problemas que reflejan los desequilibrios y falta de coordinación en la lógica redistributiva, la ANFIP (2014) afirma que: “el conjunto de los beneficios (monetarios) de la Seguridad Social tiene  capacidad para reducir la pobreza y gran poder multiplicador en la economía. Este impacto multiplicador del Beneficio de Prestación Continuada (BPC), que se focaliza en la tercera edad y en personas con discapacidad, es de 2.70,  y el de la Previsión, 1,07” (p. 83).

El gráfico 1 retrata la tendencia de reducción de los índices de pobreza e indigencia, tomando como parámetro las líneas de pobreza y de indigencia aplicadas a Bolsa Familia, a saber  R$ 154,00 mensuales per cápita mensual y R$ 77,00 mensuales per cápita, respectivamente.


GRÁFICO Nº 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos parámetros de identificación de los pobres son extremadamente bajos para un país de renta media alta, como Brasil. Se considera que vive en pobreza extrema que tiene menos de R$ 2,50 al día, lo que no se ajusta siquiera a las orientaciones del Banco Mundial, que establece como línea de indigencia U$D 1,25 por día (el equivalente, en mayo de 2015, a R$ 3,75). En el caso de los pobres, la línea de corte se ubica entre R$ 2,30 y R$ 5,10 por día, otra vez por debajo del techo de los U$S 2.50 USD diarios recomendados (lo que corresponderían a R$ 7,50).

A título de información, cabe señalar que si adoptásemos el criterio de la Unión Europea, una línea de pobreza relativa, equivalente al 40% de la renta mediana, y una línea de pobreza, correspondiente al 50% de la mediana, el porcentaje de indigentes se elevaría a 17,3% y los pobres, a 23,1%.

Otra particularidad de la asistencia brasileña es que los beneficios de la Bolsa Familia y BPC son pagados con ingresos provenientes de impuestos indirectos, que son los que gravan el consumo. La Constitución ciudadana estableció que además de las contribuciones de empleados y empleadores al presupuesto de la Seguridad (vinculadas al pago de prestaciones contributivas), un conjunto de tributos exclusivos, que inciden sobre todo en el consumo, servirían al financiamiento de los beneficios no contributivos y de la salud.

En Brasil, a diferencia de muchas economías desarrolladas, donde los alimentos y otros bienes y servicios de primera necesidad están completamente exentos para ampliar el consumo de las familias pobres, no existe tal tipo de exención tributaria (solamente al capital). Esto demuestra el alto grado de regresividad del sistema tributario brasileño, donde los pobres, en la medida que elevan su integración al mercado de consumo, contribuyen directamente a financiar la asistencia. Un estudio del IPEA (2010) estima que aproximadamente el 50% de los beneficios recibidos por las familias de la Bolsa Familia  retornan al Estado en la forma de impuestos.

2.3. Salud: Norma desviante y quiebra de la institucionalidad

En el caso de la salud, la tendencia a la privatización de la oferta de servicios de salud señala la paradoja entre la letra de la Constitución y la realidad de un sector ahogado por el subfinanciamiento. Esto ocurre mucho aunque el presupuesto de la Seguridad Social sea superavitario /12/

La Constitución sancionada en 1988 estableció un sistema de salud único y universal, totalmente gratuito. La paradoja reside en el hecho de que hoy en Brasil el gasto privado en salud superar el gasto público: según el IBGE (2012), mientras que el gasto privado de las familias con servicios de salud y medicamentos corresponde al 5% del PIB, el gasto público con el Sistema Unificado de Salud (SUS) representa el 3.8% del PBI, una contradicción que se agudiza y que actualmente constituye una preocupación manifiesta del conjunto de la población.  

El sistema de salud pública evoluciona, por lo tanto, en dirección a una “universalización excluyente” (Bahía, 2013, apud Favaret y Oliveira, 1990) que puede transformar al SUS en un servicio destinado exclusivamente a la población pobre – narrativa hoy dominante - según Bahia (2013:69).

Dos fuerzas actúan contra el SUS. Por un lado, su  institucionalidad en tanto servicio público universal está cuestionada por fuerza del sub-financiamiento del sector, lo que en la salud tiene graves consecuencias. Por el otro, subsidios estatales garantizados en forma indiscriminada e ilimitada al sector privado refuerzan el aporte “complementario” de la provisión pública.

¿Cómo se da ese sub-financiamiento? Por desvío del gasto exclusivo del presupuesto de la Seguridad. La financiación de la salud en Brasil proviene de un conjunto de impuestos que inciden mayoritariamente sobre el consumo y que, por lo tanto, conocerán un período de alza, en función de la fuerte expansión del consumo de las familias, que fue el motor del crecimiento económico (Mann, 2015; Lavinas, 2014). Vale recordar que en Brasil  ningún bien o servicio está totalmente exento, lo que significa que existe una fuerte regresividad en la tributación indirecta, en la medida en que, proporcionalmente, castiga más los ingresos más bajos. Pero los Estados de la Federación y los municipios también deben contribuir con una parte de sus ingresos tributarios líquidos, respectivamente del 12% y 15%  respectivamente.

En 2013, poco más 50% del presupuesto de la Seguridad Social provino de impuestos indirectos, que incide sobre toda la población (47% conformado por contribuciones previsionales).  Desde 1994, el DRU (Desvinculação da Receita da União) confisca obligatoriamente, cada año, 20% de esta fuente de ingresos, a los fines del superávit primario, que representa el ahorro forzado del gobierno federal a costa de reducir el gasto público. Los montos absolutos extraídos a la Seguridad Social  aumentaron de forma continua (a excepción de los años de la crisis financiera internacional de 2008-2009), tanto por la decisión de aumentar las alícuotas de algunas contribuciones sociales durante el período  - que van al gobierno federal – como resultado del aumento de la recaudación provocada por la recuperación del crecimiento económico.

Desde 2000 hasta 2012, solamente del Presupuesto de la Seguridad Social destinado a salud y asistencia fueron sacados R$ 621,4 mil millones, algo así como 265 mil millones de dólares. Ello representa siete veces el gasto federal en salud de 2013 (R$ 85 mil millones o U$S 36 mil millones de la época), política universal que ha sido desguazada por la desviación constitucional (DRU) de los ingresos tributarios propios y por el mal uso de fondos públicos en la asistencia de la población.

El gasto per cápita en salud en Brasil se aproximó a los 475 dólares al año 2015 (Cebes), contra una media superior a los 2.000 dólares en las economías desarrolladas. Esto explica por qué la atención básica esencial para todas las clases de renta atiende apenas al 50% de la población (Wagner, 2013). Si fuese posible ampliar este servicio para el 80%  o 90% de la población, Wagner afirma que "el 80% de los problemas de salud, mediante cuidado personalizado con el enfoque de clínica preventiva” tendría solución, fortaleciendo la prestación pública y restaurando los principios constitucionales, erosionados por la medicina de mercado.  

Otra manera de vaciamiento del SUS consiste precisamente en el incentivo a la medicina de mercado, mediante considerables exenciones impositivas,  que  sustraen recursos de la esfera pública. Las deducciones del gasto privado en salud en el Impuesto a la Renta, por ejemplo, son ilimitadas. En Brasil, “no sólo el gasto en planes de salud, sino también en honorarios a profesionales de la salud, clínicas y hospitales, pueden ser descontados de la base de cálculo del impuesto a pagar- para la persona física y la jurídica - lo que reduce la recaudación del gobierno federal" (Ocké-Reyes, 2014:261). El mismo autor, al comparar el gasto directo del gobierno con el costo fiscal por exención en 2012, concluye que "el Estado dejó de recaudar R$ 18,3 mil millones (o u$s 8 mil millones), lo que representa el 23% de los $ 80 mil billones aplicados por el ministerio” (2014:263), en ese año en el sector. En lo que atañe al gasto tributario en salud, 77% beneficiaba a los se encontraban en la alícuota máxima del Impuesto a la Renta de las Personas  Físicas (Lavinas y Cordilha, 2015), por lo tanto a la parte más rica de la población.

Así, los planes de salud privados, apoyados en una legislación fiscal practicada en las últimas décadas, que multiplica incentivos a la adhesión con exenciones al Impuesto a la Renta, han ampliado su oferta incluso en el área de atención primaria y básica, /20/por causa de las fallas del gobierno.  Esta paradoja – la expansión del mercado de la salud privada a un ritmo mucho más acelerado que el SUS -  sugiere que  una oferta de servicios públicos restringidos a  lo esencial va a reforzar el mercado incluso en atención básica y primaria, infringiendo el principio de universalidad – garantizar el acceso a las acciones y servicios de salud  a quienes los necesitan - y de la integralidad  que corresponde al SUS en la atención de cualquier lesión o patología en todos los niveles de complejidad.

La mercantilización de la salud a grandes pasos se apoya en un proceso continuo  de estratificación de la oferta de seguro, que restringe la cobertura según la renta (pago de la prima). En lugar de adquirir el “certeza” (Barr, 2012), lógica inherente en la compra de los seguros privados, gran parte de la población que va a comprar planes de salud desconoce lo que compra y el grado de protección adquirido. La regulación estatal es deficiente y, con ello, solo aumenta la judicialización de los conflictos entre los consumidores y las aseguradoras privadas. Se estima que 45 millones de brasileños tienen un plan de salud privado, aproximadamente ¼ de la población (IBGE, 2013), porcentaje que aumenta justamente con la mayor renta media que caracteriza la fase reciente de la recuperación del crecimiento económico (post-2003). Según el documento de Cebes (2015), entre 2003 y 2013, la progresión en el número de titulares de un plan de salud privado fue del 41%.

El cuadro obtiene tonos más dramáticos cuando se sabe que el 62% de las camas  hospitalarias son privadas y 2/3 de los equipos disponibles para el diagnóstico y tratamientos de salud  se encuentran igualmente en hospitales y clínicas privadas, así como el 64% de los equipos de resonancia magnética (Cebes, 2015).

2.4. Las contradicciones de la política social

Este desplazamiento en la oferta pública hacia la provisión privada no es gratuita, ni refleja una opción deliberada de la población debido al aumento de los ingresos familiares y, por consiguiente, más exigencia en la cobertura médica. En el sector de la seguridad social, por ejemplo, ese desplazamiento no ha ocurrido. A pesar de un techo bajo de contribución que drena recursos del régimen general hacia la previsión complementaria privada, no fueron posibles la financierización y la privatización por completo de la seguridad social. En salud, sin embargo, el impulso es en dirección de fortalecer el capital financiero y avanzar en la mercantilización plena de la salud.

El panorama incongruente que viene desde el camino recorrido por la política social puede resumirse en el predominio de las transferencias de ingresos, en detrimento de los servicios desmercantilizados, lo que caracteriza no sólo la mercantilización de la salud, sino también, crecientemente, a la educación. Por un lado, los programas de transferencia de renta condicionada como mecanismo de combate a la pobreza extienden significativamente su cobertura, tal como los beneficios previsionales. En paralelo, la tercera pata del trípode de la Seguridad, el Sistema Único de Salud (SUS), sigue padeciendo la desfinanciación, que compromete su efectividad y acentúa la contradicción de Brasil de tener un sistema público, gratuito y universal que no consigue  satisfacer la demanda y precariza y sobre focaliza la atención.  Ejemplo de ello está en los programas diseñados especialmente para atender las enfermedades de la pobreza, la lista da lugar a acciones prioritarias en las zonas consideradas más necesitadas y alta concentración de la pobreza extrema.

En medio de las tensiones, la política social servirá para consolidar el modelo de consumo de del social-desarrollismo,  que consiste en promover la transición a una sociedad de consumo masivo, a través del acceso al sistema financiero. La novedad del modelo social-desarrollista es haber establecido una conexión inédita entre el crédito y la política social para alimentar el consumo de las familias y promover, en el corto plazo, un ciclo de crecimiento liderado por la dinámica del mercado interno.  Esta articulación entre política social y política económica engendró un “modelo social” en el que la lucha contra la pobreza a través de mínimos sociales y de la valorización real y acelerada del piso del salario mínimo /21/  –  mecanismo de regulación social instituido en la era (de Getulio) Vargas -, dejando al mercado la prestación de un conjunto amplio de bienes y servicios públicos, surge en consonancia con el crédito como la fórmula mágica de la puesta en marcha de una estrategia de catching up. El núcleo de esta estrategia combina incorporación al mercado y  crecimiento, sin tener que enfrentar obstáculos persistentes y desagregadores, como nuestra heterogeneidad estructural productiva y social (Lavinas y Simões, 2015).         

3. La política social como colateral

¿Qué “modelo social” es ese?  

La gran arquitectura comienza con la creación del crédito consignado (cuyas cuotas se descuentan de la nómina salarial NdT) en 2003, que vinculará la prioridad de acceso a líneas de crédito con tasas de interés menos extorsivas para funcionarios públicos y trabajadores formalizados. En 2004, se amplía a los jubilados y pensionados. /22/ La política social se convierte, particularmente en el caso de los titulares de prestaciones de la seguridad social, en colateral que faltaba y que está garantizada por el Estado además de los ingresos del trabajo, esto, sí, un colateral relevante. Vale recordar que los salarios, especialmente su piso o mínimo – lograron incrementos reales importantes desde 2003, en una trayectoria de recuperación sostenida.

Paralelamente, también en 2004, es reglamentada la Bolsa Familia, que viene, con retraso, ampliando la incorporación al mercado de millones de familias cuyo grado de marginalidad  no sólo restringía oportunidades, sino que amenazaba su existencia y su dignidad. Poco a poco, se ampliaron también los mecanismos de acceso al crédito de consumo a los beneficiarios del gran programa nacional de lucha contra la pobreza, para fomentar un modelo de consumo que viene, finalmente, a calentar el mercado doméstico, duplicando las ventas por menor entre 2003-2014 (IBGE, Encuesta Mensual de Comercio) y, por carambola, financiando asimismo el acceso a bienes importados, que un tipo de cambio sobrevaluado favorece.  O sea, exportando empleos y agravando nuestra balanza comercial.

Vale recordar que data también de esos primeros años de gestión años petista la reglamentación del microcrédito. Entre el 2003, fecha de su creación y 2007, el 90% de los préstamos  en esa modalidad regresaban al financiamiento del consumo (BACEN, 2011). Este porcentaje cae gradualmente, a partir de 2013, cuando fue establecido por Ley que el 80% de la exigibilidad debería ser direccionada hacia el microcrédito productivo orientado. Sin embargo, el consumo todavía constituía el 67% de su ejecución en diciembre de 2010.

Se observa, asimismo, una estrategia bien orquestada de ampliación de los instrumentos de acceso al mercado crediticio, abarcando en la cola de la distribución, en particular, a las clases más pobres, antes excluidas de ese mercado.

Finalmente, tendiendo a la inclusión financiera de los beneficiarios de Bolsa Familia, surge más adelante, en 2008, el Proyecto de Inclusión Bancaria (PIB).  Sin el éxito alardeado, el PIB intentó llevar nuevos instrumentos y servicios  financieros al público objetivo de esos programas  de combate a la pobreza. Inicialmente, el proyecto se limitaba a la apertura de cuentas simplificadas (convenio MDS + Caja Económica, a través de la Cuenta Caja Fácil), cuya expansión fue inmediata. Rápidamente, sin embargo, se habilitaron tarjetas para la compra a crédito y otros servicios y productos /24/ como parte del PIB. No obstante, la adhesión de unos 2 millones de familias, de las 14 millones registradas como beneficiarias en 2010, indica que la exclusión de precios o de condiciones, quizá la propia autoexclusión, frenó los intereses de los grupos más vulnerables en el mercado financiero. Aun así, el financiamiento para la compra de bienes de consumo durables se amplió significativamente a los grupos más pobres.

Por lo tanto, si en 2001 el crédito correspondía al 22% del PIB, en diciembre de 2014 superaba  el 58%. Cabe señalar que el crédito a las personas físicas respondía por el 47% de toda la oferta de crédito en esa misma fecha, siendo el rubro de crédito libre /25/ (para consumo en general, adquisición de vehículo, nuevos o usados) equivale a casi los 2/3 de todo el crédito a las personas físicas. Su volumen se triplicó entre 2007 y 2014. A modo de ejemplo, cabe indicar que, entre 2003 y 2010, la cantidad de clientes individuales del SCR  / 26/(CPFs distinguidos) identificadas con responsabilidad para créditos de un mínimo de R$ 5 mil creció 347%, mientras que las que tomaron préstamos menores a los R$ 5 mil aumentó 352%. En otras palabras, tanto los pequeños tomadores de crédito como los de mayor poder adquisitivo registraron una fuerte expansión, muy por encima del crecimiento de la población adulta.

Por lo tanto, hubo de hecho, un vigoroso proceso de inclusión financiera más allá  de que la bancarización está igualmente incentivada a partir de 2004 con la creación de las cuentas simplificadas. El gráfico 2 refleja tales avances. Muestra que la cuenta corriente y la tarjeta de crédito conocen una acentuada expansión entre 2005 y 2010 en todas las clases, pero significativamente en aquellas con una renta familiar inferior a los tres salarios mínimos (D/E).



GRÁFICO 2

 

 

 

 

 

 

 

Para aquellos que todavía piensan que consumo de las familias  ocurrió particularmente con el aumento de los ingresos derivado de la generación de empleos, el gráfico 3 revela que mientras el salario mínimo tuvo un incremento real del orden del 80% entre 2001 y 2015, y el salario promedio creció 30% en el período 2001-2013, el crédito individual a las personas físicas aumentó en 140%.



GRÁFICO 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los años de Lula y Dilma innovaron al promover la inclusión crediticia, alimentando, como consecuencia de eso, el endeudamiento de las familias.

Ahí está el talón de Aquiles de la estrategia integrada política social-acceso al mercado financiero.  Su cara dantesca aparece cuando se detalla el costo del crédito. Una mirada al Gráfico 4 capta la disparidad en las tasas de interés en el ámbito de las diversas líneas de crédito personal libre en los años recientes. Todas ellas tienen en común  ser terriblemente altas en términos reales, si se compara con la tasa de inflación (IPCA). La cuestión es que ahora ellas continúan en alza, mirando a la estratósfera.



GRÁFICO 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Al inicio de 2015, con el lastre de los sucesivos e ininterrumpidos aumentos de la Selic, el Banco Central apunta a que los intereses cobrados en las más distintas modalidades de crédito al consumo acompañen el aumento.  La Anefac estima que en febrero de 2015, los intereses en el comercio superaron el 5.1% mensual (una proyección del 87.12% anual).

Ahora, según el Banco Central, el endeudamiento de las familias brasileñas con el sistema financiero nacional, en los primeros meses de 2015, comprometía el 48% de sus ingresos, contra 22% a principios de 2006.  Eso no sería un problema sí, después de insuflar  el consumo de las familias, motor del crecimiento económico a partir de 2006, usando la política social como colateral,  el gobierno, en medio de una recesión que golpea la puerta, no hubiese resuelto modificar la regla de acceso al seguro de desempleo, cortar o reducir pensiones por muerte, y si el sistema tributario no asfixiara, por su estructura regresiva que incide fuertemente sobre el consumo, un poco más de la mitad de los ingresos brutos de las familias que viven con menos de dos salarios mínimos mensuales (Lavinas, 2014).

En otras palabras, la renta disponible de la familia trabajadora o jubilada es todavía baja, muy baja. Pero igualmente baja es la renta de los brasileños en general, dado nuestro cuadro de altísima desigualdad.  Según el IBGE, el ingreso medio del trabajo a lo largo del año 2014 (PME) se ubica en R$ 2.054.00  mensuales (o aproximadamente 700 dólares.  Hay que sumar a la ecuación el hecho de que la mayor parte de la política social consiste en transferencias de ingresos monetarios, contributivas o no contributivas, mientras que la parte de la provisión pública de bienes y servicios que deberían ser asegurados gratuitamente tiende a escasear, empujando a aquellos que buscan seguridad  y calidad hacia el mercado privado, con precios distorsionados elevadísimos, incompatibles con los ingresos de la población y comprometiendo  gran parte significativa de ellos. Encuesta del Instituto Data Popular, divulgada por el diario O Globo en septiembre de 2014, indica que la clase C /27/, hoy equivalente a la mitad de la población brasileña, que tiene el 58% de los créditos, destina el 65% de sus ingresos al pago de servicios y 35 % a la compra de productos, mientras ese porcentaje era inverso diez años antes. Y entre los servicios que predominan en gran medida los esenciales, como salud y educación, que  tendrían que ser desmercantilizados, derechos de ciudadanía.

Es decir, los ingresos de la población brasileña son aspirados por niveles crecientes de endeudamiento, por tributos indirectos masacrantes, aumentando los grados de endeudamiento, por impuestos indirectos masacrantes (Lavinas, 2014) y la adquisición de lo que debería ser provisto con calidad, en las cantidad impuesta por las contingencias, gratuitamente, o sea servicios públicos como salud y educación, seguridad y transporte.

El retraso en la realización de la  FOP por IBGE /28/ compromete un análisis apurado y coherente de este marco que debe deteriorarse debido al aumento de la desocupación.

La investigación del Banco Central sobre inclusión financiera (2011) estima que si la tasa de desempleo a nivel nacional crece 1%, la probabilidad de incumplimiento en lo que respecta a la modalidad de crédito de consumo a las personas físicas aumenta en 3 y 4 puntos porcentuales. Por lo tanto, un contexto de estancamiento de las actividad económica estancada de forma prolongada, el  default de las familias se amplía (Correa, Marins et alii, 2011). El crédito al consumo en general es mucho más sensible a la situación económica que el crédito direccionado,  por ejemplo.

El oro lado de la moneda, sin embargo, fue permitir reducir las desigualdades en el acceso a determinados bienes de consumo durable, en el caso, por ejemplo, de electrodomésticos y electrónica. De acuerdo con la PNAD, en 2003, sólo el 10.6% de los hogares más pobres (1 décima) en la cola de la distribución declaró ser propietario de un teléfono celular. En 2013, este porcentaje aumenta al 79,3%. En el caso de saneamiento, ni de lejos se verifica la tendencia llamada “universalización por el mercado”; mientras que en 2003, el 25% de los hogares del primer decil  tenía acceso a un  saneamiento adecuado, en el 2013 esa proporción sube tímidamente al 35%. En 2013, solamente en 6º decil de la distribución  2/3 de los hogares afirmaban disponer de condiciones de saneamiento apropiadas. Nada que sorprenda, ya que el perfil del gasto social está en el origen de tamaña distorsión.

Pero hay un agravante. En su más reciente libro, Medeiros observa que “la tasa de crecimiento del consumo importado de 13,9% fue extraordinariamente más alta a la de 3,7% registrada para el consumo medio anual doméstico entre 2003-2009” (2015:119). Como si no fuese ello evidencia incuestionable de una falla en el modelo de crecimiento social-desarrollista, el mismo autor identifica que la tasa de crecimiento del consumo de electrodomésticos importados en el período analizado fue el que más creció - 33.8% al año en promedio -  de un total de 22 sectores. Cuando se trata de consumo nacional, la mayor tasa, no por casualidad, está en el sector de intermediación financiera, seguido del sector de electrodomésticos, respectivamente: 8,4% y 7.8%  anual en promedio. Esto significa que el crecimiento reciente no vino lastrado de una trayectoria de ganancias crecientes de productividad  e innovación en las cadenas productivas nacionales, sino alimentado por la tasa de cambio y por el crédito, ambos en el origen de la transición hacia una sociedad de consumo de masas en Brasil. La política de valorización de los salarios, en particular del salario mínimo, por sí sólo, hubiese sido absolutamente  insuficiente para romper las barreras a la expansión del mercado de masas.

4. Breves conclusiones

La política social tiene como objetivo reducir vulnerabilidades, prevenir la pobreza, igualar las oportunidades y, sobre todo, desmercantilizar el acceso, garantizando derechos. Combinada con una política económica comprometida con el desarrollo sostenible, en el corto y mediano plazo, es la pieza clave para promover el crecimiento con redistribución.

En Brasil, sin embargo, a pesar de un nuevo marco institucional en el campo de los derechos sociales consagrado en la Carta Constitucional, la política social ganó centralidad como colateral para dar acceso al sistema financiero y potenciar un consumo contenido por salarios relativamente bajos y una estructura de precios relativos de bienes y servicios que se tornó más favorable la caída en el aterrizaje, debido a la apreciación del tipo de cambio en años recientes y su impacto en las importaciones.

Sin embargo, el proceso de incorporación en masa al mercado no tenía cómo llevarse a cabo sin el impulso del crédito y de las diversas modalidades que surgen y se acoplan a la política social para financiar el acceso a bienes y servicios – por lógicas y mecanismos distintos – llevando a que el consumo de las familias brasileñas creciera más aceleradamente que el PBI en ese nuevo ciclo de expansión económica. Hoy el mercado abarca a todas las familiar brasileñas. Y esa es la novedad que, no por casualidad, gana musculatura en medio del proceso de financierización global, /29/ por iniciativa del Estado brasileño.

Ese nuevo orden financiero  (Shiller, 2003) se ha volcado al montaje de mecanismos que extienden los límites de la inclusión financiera, en particular en el mundo en desarrollo y en las economías emergentes, reduciendo el riesgo moral a la que están expuestos los detentores del crédito, el capital financiero. Esa es la lógica que preside la idea e democráticas el acceso al sector financiero – “finance must be for all of us – in deep and fundamental ways”  (Shiller, 2003:2)./30/  La inclusión financiera es el nuevo mantra del credo neoliberal. En este escenario, la innovación financiera elige el modo de “préstamos individuales vinculados a los ingresos” como uno de los ejes de la dinámica ampliada de la titularización. Este es sólo uno de los frentes de actuación en el ella va seguramente a ganar más acolchado y seguir innovando.

La finanza, en realidad, es, en la actualidad, consustancial a todo tipo de producción de bienes y provisión de servicios. Como bien señala Lazzarato (2012), se apropia, a través de múltiples y sofisticados mecanismos de endeudamiento, de la esfera del bienestar social  llevando a la privatización de sus servicios y transformando la  política social en un sector dirigido hacia la acumulación y el lucros de las empresas privadas, particularmente las financieras, antes que destinado a sanar desigualdades y tornar a las sociedades en más igualitarias.

El ciclo de crecimiento reciente en Brasil puso en práctica mucho de lo que ya es preconizado por los teóricos de las finanzas modernas, que, además de la escala y diversidad sin límite, integra a su framework la dimensión conductual (Shiller, 2003) para acompañar cambios demográficos, en los arreglos familiares y en el mercado de trabajo.

El acceso a los mercados financieros fue la gran noticia de la explosión de consumo masivo y en busca de más capital humano en una sociedad que mantiene sus debilidades estructurales y profundas desigualdades. Esa es la marca de lo se consensuó llamar social-desarrollismo.  En él, la inversión social anda manca: saneamiento básico insuficiente, vivienda digna inexistente para contingentes significativos,  preservación del medio ambiente olvidada, agua potable sólo para una parte de la población, salud pública acción preventiva y curativa deficitaria, educación promoviendo oportunidades desiguales, etc. y, lo más grave, la estructura de la Seguridad Social amenazada por la deconstitucionalización de sus principios. Para no mencionar la violencia increíble y fuera de control  que ciega miles de vidas cada año en un país que vive la plenitud de la democracia.

No menos importante es llamar la atención sobre una fuerte dimensión de una estrategia de viciosa, marcadamente neoliberal: nuevas formas de endeudamiento  se multiplican y reconfiguran el lugar social de cada uno.  Ahora, si el nivel de endeudamiento de las familias tiende a aumentar todavía más rápidamente como resultado de la fuerte subida de tipos de interés reales, la salida de la crisis y la recuperación de un nuevo ciclo de expansión de la demanda evidentemente estarán comprometidas.  El resultado dramático de esta estrategia es, por tanto, exacerbar la contracción de la demanda.
Respetar y consolidar la gran innovación institucional que nos vino con la creación de la Seguridad Social en 1988, eso parece fuera del radar. La función de la política social es asegurar  niveles crecientes de bienestar y no servir primordialmente para acceder al sector financiero, como colateral de una deuda creciente, o la compra de servicios que el Estado  (hurta) deja de proveer.

Susanne Soederberg, con mucha propiedad y lucidez, acuñó el término “debtfare State” (2013) para mostrar que “la promoción de la dependencia al mercado a través del acceso al crédito de consumo para asegurar necesidades básicas esenciales” (p. 540) no es neutra (sin relación de clase) ni natural (inevitable).

Requiere, por lo tanto, un nuevo análisis de la economía política de la deuda en el fomento al desarrollo, al subsumir, en este proceso, la política social a la lógica neoliberal y al proceso de financierización global.

 

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NOTAS:

1.Los valores usados fueron las líneas de pobreza e indigencia del Programa Bolsa Familia.

2.Para ver la evolución de los índices de pobreza e indigencia entre 2001 y 2011, por fuente de renta, ver Lavinas (2013).

3.Lista disponible en el sitio del INSS.

4.En mayo 2015

5.Anuario estadístico de la Previdência Social 2013

6.El salario mínimo nacional corresponde a R$ 788,00, equivalente a u$s 262 mensuales (mayo 2015)

7.U$S 1.554 (MAYO 2015). Tal límite esconde, en realidad, un incentivo al desarrollo del sistema privado de capitalización, que es complementario en el Brasil.

8.Desvinculación da Receita da União: impone un corte lineal del 20% en todos los presupuestos con el fin de formación del superávit primario del gobierno, excepto en la Educación. Tal corte fue instituido en la primera gestión de FHC, en 1994, bajo la denominación de Fondo social de Emergencia (FSE), habiendo sido readaptado desde entonces bajo distintos nombres.

9.El actual proceso de exención de la hoja de pagos se inició beneficiando a cuatro sectores industriales intensivos en mano de obra, que enfrentaban fuerte concurrencia de importados y dos sectores de servicios. La finalidad era elevar, a través de la reducción de costos, la competitividad de la debilitada industria brasileña. Hoy, alcanza a 56 sectores, con una “facturación bruta anual en el mercado interno de R$ 1,9 billón, valor equivalente al 50% del PBI del país antes de impuesto” (ANFIP, 2014:70).

10.Equivalente a R$197,00 mensuales o u$s 65 (abril 2015)

11. Equivalente en enero de 2015 a u$s 56 mensuales.

12.Equivalente a u$s 51 de renta familiar per cápita mensual.

13. Ver al respecto los resultados del survey nacional, avalados y analizados en Lavinas L. et alii (2014)  Percepções sobre Desigualdade e Pobreza.

14. Una de las innovaciones más importantes de la era Lula fue la creación de la regla de reajuste del salario mínimo que consiste en indexar el salario a la tasa de inflación del año anterior, sumada a la tasa de crecimiento del PBI de los dos años previos. Eso permitió que el piso salarial registrara un crecimiento real notable, de prácticamente 100% entre 2003 y 2014.

15.En 2013, el MDS estima que el programa Bolsa Familia contempló 23 millones de niños y jóvenes de 0 a 17 años. En el caso de los dependientes favorecidos con el gasto tributario, los números del ingreso contabilizan 2,3 millones para el año anterior, apenas (¡) 10 veces menos.

16. Se actualizaron por el INPC los valores de las líneas de pobreza e indigencia establecidas en 2004 (cual sea, R$100,00 y R$50,00) estas serían, respectivamente, en enero 2015, de R$ 182,00 y R$ 91,00 en lugar de R$ 154,00 y R$ 77,00.

17.El valor de la renta familiar per cápita mediana en Brasil, según la PNAD 2013, es de R$ 594,50 mensuales (valores corrientes de septiembre de 2013).

18.Es el caso de Inglaterra, donde alimentos, material escolar, uniformes y remedios no son gravados. Según la OCDE (2014), el IVA promedio en los países miembros se ubica en el  19% para el período 2009-2014. Sin embargo, la alícuota del IVA sobre alimentos cae al 5,5% en Francia (alícuota también aplicable al gas y la energía eléctrica) y es 7%, en Alemania y en los Estados Unidos. En Brasil, estudio de la FGV de 2008 estima que a alícuota media del ICMS está cerca del 43%. 

19. ANFIP, 2013.

20 La medicina de alta complejidad tiende a ser absorbida por el sector público, en razón de su alto costo, lo que eleva la rentabilidad de la medicina privada.

21. El salario mínimo, entre 2003 y 2014 se duplicó en términos reales, gracias a la regla del ajuste anual, adoptada desde 2005.

22. El préstamo consignado para trabajadores comprendidos por la CLT fue instituido por la Ley 10.820 del 17 de diciembre de 2003, ya en la gestión del gobierno de Lula. Poco después, en septiembre de 2004, por la Ley 10.953, que modifica la anterior, tal derecho fue extendido a los jubilados y pensionados del INSS. Por consiguiente, el lanzamiento del código consignado (descuento por planilla NdT), favoreció inicialmente a los funcionarios públicos y a los trabajadores regidos por la CLT. El llamado Préstamo Personal con descuento en Planilla de Pago ganó pronto la cartera minorista bancaria de todo el país en mano de los que tienen un empleo fijo, estable y prácticamente sin riesgo, un año después llegó a los jubilados y pensionados, regulado por el INSS (Lavinas y Ferraz, 2010).

23.Ley  10.735 de 2003.

24. En teoría, estaba previsto que los beneficiarios de la Bolsa Familia fueran contemplados en el acceso al crédito inmobiliario, prestamos en general, seguro de vida, capitalización y ahorro. Exceptuándose este último rubro de servicios, que alcanzó al 2,3 por ciento de las familias beneficiadas, los demás servicios y mecanismos de inclusión no alcanzaron a más del 0,3% de ellas hasta 2010. Luego, la adhesión se reveló muy baja.

25. El otro rubro del crédito a las personas físicas es el crédito direccionado, que comprende el crédito rural, inmobiliario, el microcrédito, el BNDES y otros recursos llamados direccionados.

26.Sistema de Informaciones de Crédito del Banco Central.

27.  Renta familiar per cápita de hasta R$ 1.184,00 por mes.

28. La POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares ) tendría que haber ido a campo en 2013-2014. Pero su conducción fue suspendida y postergada para 2015-2016).

29. Por financierización adoptamos aquí la definición utilizada por Epstein (2014:4), que indica un movimiento en el capitalismo, en simultáneo a la globalización y la predominancia del pensamiento neoliberal, en el lucro de las instituciones financieras crece más rápidamente que el de las corporaciones no financieras. En este sentido, enlaza la acepción de Krippner (2004:14), pionera en la categorización de ese fenómeno por ella definido como “un patrón de acumulación en el cual la producción de la ganancia se da crecientemente a través de canales financieros en lugar de ser por la vía del comercio y de la producción de commodities”.

30. Dicho de otra forma por Shiller: “Tenemos que democratizar la finanza y elevar las ventajas de los clientes de Wall Street a los consumidores de Wall-Mart” (2003-2001).


 

profesora del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, investigadora del CNPQ y de la Red Internacional desiguALdades.net .
Fuente:
Politika nº 2, San Pablo, Brasil. agosto 2015
Traducción:
Carlos Abel Suárez