La impronta electoral en Ecuador

Manuela Celi Moscoso

12/04/2017

El martes pasado, en medio de un escenario de denuncias de fraude y solicitud de recuento de votos similar al de la primera vuelta, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE) anunció los resultados oficiales irreversibles del proceso de balotaje llevado a cabo para elegir presidente de la república. Lenin Moreno, candidato del partido oficialista, asumiría dicho cargo a partir de mayo. De esta manera, Alianza País (AP) superará una década en el gobierno pero, por los próximos cuatros años, sin el potente liderazgo de Rafael Correa y en una coyuntura política y económica compleja. Los recientes comicios develan no solo un estado social de desconfianza institucional, sino también un ambiente de incertidumbre y confusiones varias que han ido profundizándose durante la última década.

El proceso de balotaje resulta inédito para la experiencia reciente del país caracterizada por la hegemonía de un partido político -AP- que acumulaba tres mandatos presidenciales consecutivos alcanzados en primera vuelta. A su vez, llama la atención el estrecho margen de diferencia en los resultados –poco más de dos puntos porcentuales- entre el progresista Moreno y su opositor, Guillermo Lasso, candidato de la reestructurada derecha bajo el movimiento CREO. Rafael Correa, tanto en sufragios como en popularidad, no había enfrentado competencia alguna hasta ahora.

La primera vuelta presentaba una fraccionada oferta presidencial – tenía ocho aspirantes- que perjudicó principalmente al voto de oposición, dividido en dos candidaturas de derecha y cinco propuestas más anticorreistas. Para el balotaje, los binomios que quedan fuera de la contienda dejan un aproximado de 3 millones de votos en disputa –de un electorado de casi 13 millones- a los que se suman poco más de 1 millón entre nulos y blancos. La posible distribución de estos votos parecía, de cierta manera, predecible en beneficio de Lasso1. Sin embargo la conjugación de otros elementos en la ecuación, restó importancia a la capacidad de crecimiento de la candidatura de la CREO que, aunque fue superior a la del oficialismo, no logró sus objetivos2

En concreto, ambos binomios afianzaron los resultados obtenidos territorialmente en la primera vuelta. Moreno tuvo el apoyo mayoritario de la Costa incluyendo, como uno de los factores determinantes para su triunfo, las localidades afectadas por el terremoto de 2016 cuyo respaldo puede leerse como una combinación entre la gestión efectiva post sismo y la expectativa frente a la concreción de una reconstrucción prometida. AP, además, lleva varios años gestionando sus bases en la Costa, fortaleciendo sus vínculos con organizaciones sociales y brokers políticos. 

Por su parte, Lasso ganó en una mayor cantidad de circunscripciones electorales pero en territorios con menos población. Tal es el caso de la Amazonía –que representa, aproximadamente, el 5% del padrón nacional- donde obtiene muy buenos resultados al igual que en la Sierra centro y sur. En alguna medida, dicha votación se explica por conflictos sociales activos que mantiene el gobierno de Alianza País producto de su inconsistente política en materia de medio ambiente y manejo de recursos no renovables, así como por el cierre de espacios de diálogo y la intensificación de acciones represivas hacia diversas minorías étnicas. En este sentido, ha jugado un papel relevante la activa oposición de organizaciones y figuras del movimiento indígena al gobierno de Rafael Correa3

Por otro lado, cabe mencionar también que existe, en ciertos territorios, una distribución estratificada del voto. Mientras Lasso gana en el puerto principal –Guayaquil, ciudad que ha sido fundamental bastión de la derecha socialcristiana- Moreno alcanza mejores resultados en zonas populares y rurales de la urbe e incluso de la Provincia. Algo similar sucede en Quito, donde parcelas de escasos recursos y/o rurales, así como áreas en proceso de urbanización, optan por AP. 

El oficialismo cuenta con un voto cautivo consolidado durante la década que lleva en el gobierno. Es la única organización política, desde el retorno a la democracia en 1979, que ha sido capaz de construir un proyecto nacional, extendiendo su apoyo a todo el territorio. Sin embargo, si bien en las elecciones presidenciales del 2013 Correa triunfó en 23 de las 24 provincias que componen el país con una diferencia de 33 puntos porcentuales respecto de Lasso, con Moreno el alcance de AP se reduce a 13 provincias y poco más de dos puntos de diferencia respecto del mismo opositor. Esto se explica por el desgaste y debilitamiento del oficialismo, por la vigente demanda de cambios que surge desde la sociedad civil y por el excesivo personalismo de Rafael Correa sobre el que se sostiene el partido. Incide también la situación económica del país y la emergencia de nuevas o renovadas fuerzas políticas que logran esta vez una oposición más estructurada. 

Por su parte Lasso, que lleva más de cuatro años trabajando en su candidatura después de una primera derrota, tiene un incremento de tan sólo 5 puntos porcentuales en la primera vuelta del 2017 respecto a los resultados obtenidos en 2013. Logra despuntar recién durante el balotaje doblando sus resultados en términos de porcentaje. Lasso ha ido construyendo un electorado por adscripción que intuye en sus postulados una propuesta crítica a las políticas y gestión del gobierno. Sin embargo, en términos generales, cuenta con un apoyo más bien disperso que se beneficia del voto útil así como del voto de sanción a AP. 

En definitiva, es bajo estas condiciones que las presidenciales de 2017 reflejan nuevas configuraciones regionales del comportamiento electoral, dejando a AP como el partido mayoritario en la Costa, a CREO en la Amazonía y a la Sierra, que aunque actualmente se inclina más por Lasso, sigue siendo un escenario de disputa en el que AP conserva ciertos bastiones. 

Con una campaña mucho menos aparatosa que en otras ocasiones, en la que destacan el empeño por erosionar la imagen de los adversarios, en desmedro de un debate programático real, Moreno enfocó sus esfuerzos en el terreno, recorriendo el país durante los veintiún días de campaña entre la primera y segunda vuelta. Lasso, por su parte, subestimó la estrategia de la proximidad y dedicó buena parte de su tiempo al diálogo con otras fuerzas de la oposición –que en su mayoría expresaron el apoyo a su candidatura- con la expectativa de una transferencia de sus votos.

La campaña se caracterizó por la ausencia de ideas relevantes. Predominaron las ofertas poco sustanciales y un discurso que, enfrentado a cuestionamientos de pertinencia y viabilidad, resultaba más un despliegue de intenciones que una propuesta programática de política pública. La diferencia estratégica la marcó el candidato oficialista que pudo valerse de los alcances de su partido en diez años de gestión. La segunda vuelta estuvo marcada por la intervención del gobierno y de Rafael Correa como actores de campaña con más fuerza que en la primera. 

El proceso electoral se «cierra»4 con un nuevo escenario de confrontación en torno a las denuncias de fraude por parte de Guillermo Lasso. La incidencia de este episodio, más allá de la constatación de su veracidad, supone un duro golpe tanto a la institucionalidad democrática, como a la legitimidad del nuevo presidente. Un erróneo manejo del proceso por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como de algunas de las empresas acreditadas para los sondeos de boca de urna y encuestas previas que presentaron distintos resultados entre sí y en relación a los del Consejo, profundizan un estado de desconfianza respecto de las autoridades electorales5, azuzado por la intervención de ambas contiendas políticas -CREO y Alianza País- que han hecho un llamado a la presión en las calles, afirmándose respecto de los resultados que cada una asume como reales. 

El sistema político se resquebraja en medio de altos niveles de polarización, conflicto y movilización social. La desconfianza respecto de la independencia de poderes y el quehacer de las instituciones del Estado tiene importantes repercusiones en las expectativas de democratización del país a mediano y largo plazo. 

A su vez, tanto el proceso electoral actual, como la gestión y discurso políticos de los últimos años, han ido generando un estado de confusión generalizado en la opinión pública. AP, en el marco ideológico simbólico progresista de la región, fue consolidando un discurso bajo el lema del socialismo del siglo XXI, alejado de los postulados originales de aquello que históricamente se ha entendido por socialismo. Se generó así un relato y una política ambiguos en cuanto a temas como la soberanía económica, a la protección de sectores estratégicos, el fortalecimiento de la organización y la participación ciudadanas, entre otros. Dichos conceptos y percepciones, difundidos de manera oficial desde espacios legitimados electoralmente, le han permitido a AP establecer los parámetros de evaluación de aquello que es socialismo -o izquierda -y aquello que no lo es. Condiciones bajo las cuales, las expresiones alternativas de dicha tendencia se han visto debilitadas o invisibilizadas. 

De la misma manera, el concepto de revolución, ha sido vaciado de contenido y convertido en slogan político; así como la idea de lo qué es el Estado y sus espacios de acción. En este sentido, el debate ha quedado reducido a la idea de un Estado sobredimensionado que debe reducirse en sus funciones vs. la idea de un Estado en el que se desdibujan los límites respecto de un gobierno central y de un partido de gobierno omnipresentes. 

La situación descrita tiene por correlato un discurso opositor -promovido ampliamente por los medios de comunicación que le hacen el juego- que instaura, con ligereza, términos como dictadura y fascismo para caracterizar al oficialismo. Frente a un gobierno que ha ido intensificando una dinámica autoritaria y, en ciertos casos, represiva, con manifestaciones de abuso de poder y excesivo control, se ha recurrido también al fantasma de la amenaza de reedición de regímenes como el de Venezuela o Cuba desde una distorsionada lectura de procesos históricos y sociales que poco tienen que ver con las particularidades que presenta el caso ecuatoriano. 

En este contexto, el gobierno de Lenin Moreno tendrá que asumir el reto de reconstrucción de una legitimidad perdida en el proceso electoral y el desgaste de AP durante los últimos años. Deberá consolidar un liderazgo que pruebe autonomía, que efectivice su promesa de cambio con continuidad, que rectifique políticas no correspondientes con el proyecto original de AP, que recupere el diálogo con los sectores sociales organizados, que amplíe y consolide su política social y económica destinada a la redistribución y movilidad, superando las debilidades con las que asume el cargo en términos de confianza y popularidad. 

El partido también enfrenta desafíos no solo ante la reconfiguración del escenario de fuerzas políticas –aunque, en lo concreto, resulta evidente la imposibilidad de incidencia efectiva de la oposición- sino también al interior del movimiento. AP se ha caracterizado por ser la suma de diversos sectores con distintos intereses, agrupados en torno a la figura de Rafael Correa. Lenin Moreno no cuenta con esa capacidad de contención y convocatoria respecto de tal heterogeneidad. Serán necesarios procesos de negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como al interior del bloque oficialista en la Asamblea, dividido también por tendencias y lealtades.

AP es un proyecto político que en su constitución y desarrollo ha contado con dos condiciones fundamentales: un liderazgo fuerte y una coyuntura económica favorable. Dadas las nuevas circunstancias, tendrá que repensarse desde el imperativo de erigir nuevos imaginarios y recursos simbólicos para la construcción de una renovada identidad política que le permita sobrellevar los complicados años que enfrentará el Ecuador. 

Notas:

1. Aunque la mayoría de candidatos que quedan fuera de la contienda electoral presentan su apoyo públicamente a Guillermo Lasso, esto no necesariamente supone un llamado al voto a sus seguidores. Las principales figuras políticas no impulsan una campaña de apoyo a CREO.

2.Lasso alcanza 20 puntos porcentuales más que en la primera vuelta mientras Moreno logra 12.

3.http://www.eluniverso.com/noticias/2017/02/23/nota/6061291/dirigencia-conaie-cierre-puertas-lenin-moreno; http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Notic...

4. El CNE ha concluido ya el escrutinio del balotaje. Una vez que se notifiquen los resultados a ambas organizaciones involucradas se podría iniciar un proceso de impugnación. CREO ha presentado ya 1.795 actas con irregularidades que corresponderían a 592.350 votos.

5. El CNE viene acumulando una serie de acusaciones respecto de su independencia. Los casos más emblemáticos han sido el proceso de reinscripción de partidos que retiró la personería jurídica de varias organizaciones en medio de acusaciones de irregularidades y persecución política; así como el proceso de solicitud de consulta popular para la explotación petrolera del Yasuní, impulsado por colectivos de la sociedad civil, negado por el Consejo. La primera vuelta de las presentes elecciones estuvo marcada por denuncias de fraude e irregularidades también.

estudió sociología en la Universidad de Chile. Tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en España. Fue coordinadora de proyectos de FES Ecuador. Actualmente es candidata a PhD por la Universidad Complutense de Madrid.
Fuente:
http://nuso.org/articulo/lenin-moreno-un-nuevo-correismo/