La izquierda independentista ante las elecciones de la Moncloa

Daniel Escribano

Àngel Ferrero

19/11/2017

Entre el 1 de octubre y el 27 de septiembre

Tras semanas de incertidumbre en torno a la aplicación o no de lo previsto en el apartado cuarto del artículo cuarto de la Ley del Parlament de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación, el pasado 27 de octubre el Parlament aprobó la resolución de constitución de la República catalana “como estado independiente y soberano”, al tiempo que instaba al gobierno catalán a “dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República”. El mismo día, el gobierno español, en aplicación extensiva del artículo 155 de la Constitución española, emitió cinco reales decretos por los que destituía al presidente, los consejeros y más de un centenar de altos cargos de la Generalitat de Catalunya, asumía, unilateralmente y por autodesignación, el gobierno catalán, disolvía el Parlament y convocaba elecciones para el próximo 21 de diciembre.

Si retenemos que, durante la jornada del 1 de octubre, los Mossos d'Esquadra sustrajeron un número de urnas semejante al sustraído por la Policía Nacional y la Guardia Civil españolas; que, al día siguiente, personalidades influyentes próximas al presidente de la Generalitat le exhortaron a que convocara elecciones al Parlament, y que, la víspera de la sesión parlamentaria en que se votó la mencionada resolución, el propio presidente catalán habría estado dispuesto a anunciar la convocatoria de elecciones, a cambio de que el gobierno español renunciara a aplicar el artículo 155 de la Constitución del Reino, no sorprende que el gobierno catalán no haya tomado medida alguna para defender la República declarada por el Parlament. Si la declaración presidencial del 10 de octubre contravino el apartado cuarto del artículo cuarto de la Ley del referéndum, la inacción del gobierno catalán ha hecho lo mismo respecto a la resolución del 27 de octubre, como demuestra paroxísticamente el que la propia resolución no haya sido publicada oficialmente (tal y como ha declarado la propia presidenta del Parlament) o que los diputados en las Cortes españolas de los partidos que votaron a favor de la resolución no hayan dejado los escaños que ocupan en ellas. En este contexto, era esperable que la declaración de independencia no obtuviera reconocimiento internacional, lo que se suma a las dificultades planteadas por la coyuntura política y económica de incertidumbre en la Unión Europea, el bloque económico en que se inscriben Cataluña y Arán.

Entre los incumplimientos varios del gobierno catalán, durante los últimos días ha trascendido otro: la no puesta en marcha de ninguna de las prometidas “estructuras de estado” —término, por cierto, introducido por el presidente Artur Mas en el lenguaje político catalán como eufemismo, cuando su partido aún no se había decantado por la opción de la independencia de Cataluña y Arán—. El responsable de dicha omisión no es únicamente este o aquel consejero, sino también, y especialmente, el gobierno en pleno y, muy especialmente, el presidente que los nombra y separa, y que revela la inacción del gobierno anterior, presidido por Mas. Ignoramos si la parálisis en que entraron el gobierno catalán y las principales entidades civiles independentistas tras la votación de la resolución del 27 de octubre en el Parlament es producto de negociaciones entre bastidores con entidades económicas o políticas (catalanas, españolas o europeas). Y es que es insólito que el gobierno de un territorio que se separa de un estado no emita ningún decreto tras la declaración de independencia ni envíe nota formal alguna a los consulados para informar de la existencia del nuevo estado. En cualquier caso, hechos como la falta de reconocimiento internacional de la República y el encarcelamiento de activistas político-sociales y de nueve consejeros del gobierno de la Generalitat por parte de un tribunal especial que, según la Ley del Parlament 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (art. 77.1), no tiene jurisdicción sobre Cataluña y Arán, son consecuencias especialmente dramáticas de la estrategia de desmovilización. Durante estos días, muchos deben de haber oído retronar el eco de la advertencia del revolucionario francés Louis Antoine de Saint-Just: “quienes hacen revoluciones a medias, no hacen más que cavar una tumba” (“St.-Just, Au nom des comités de salut public et de sûreté générale, et Décret de la Convention nationale, relatif aux personnes incarcérées”, 1794). Si retenemos que la iniciativa del proceso ha recaído principalmente en el movimiento popular, acaso se entienda mejor por qué la Generalitat no ha preparado las cacareadas “estructuras de estado” ni ha realizado grandes esfuerzos para preparar a la ciudadanía de Cataluña y Arán ante los costes que implica un proceso de separación del Estado español no acordado con el gobierno de éste.          

Las elecciones de la Moncloa

En este contexto debe analizarse la decisión tomada el pasado 12 de noviembre por la Asamblea Nacional de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) ante las elecciones convocadas por el gobierno español. Por una parte, desde el punto de vista de la propia legislación española (artículo 67.7 de la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña), es ilegal tanto la autoproclamación como la destitución del presidente de la Generalitat al margen del Parlament, que es la única institución legalmente facultada para nombrarlo y destituirlo (junto a la Administración de justicia, en punto a la destitución, pero, en este caso, sólo tras una “condena penal firme”, que aún no se ha producido) y, por lo mismo, también lo son todos los actos que lleve a cabo cualquier gobierno nombrado por un presidente investido ilegalmente, incluyendo la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones. Desde el punto de vista del independentismo catalán, en cambio, lo jurídicamente relevante es que este acto de fuerza llevado a cabo por el gobierno español constituye una vulneración de la soberanía de Cataluña y Arán, declarada en el artículo segundo de las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica, aprobadas por el Parlament. Por ello, al cargo político general de ilegitimidad de unas elecciones convocadas mediante un acto de fuerza ejercido por un gobierno cuya representación en Cataluña supone un exiguo 8,5 % de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones al Parlament, cabría añadir uno específico de ilegalidad, y ello tanto desde la perspectiva de la legislación autonómica española como desde la proclamada legislación soberana catalanoaranesa. Por ello, la posición doctrinalmente coherente habría sido el boicot, y eso tanto desde un punto de vista independentista catalán, como desde una perspectiva puramente democrática. Sin embargo, las fuerzas que componen el gobierno de la Generalitat legal y democráticamente constituido, en coherencia con su renuncia a defender la República declarada por el Parlament, han decidido participar en las elecciones, por lo que, si la izquierda independentista hubiera optado por el mantenimiento de la coherencia ideológica, se habría colocado, probablemente, en una posición puramente testimonial.

La división de las fuerzas independentistas era, a buen seguro, uno de los objetivos perseguidos por el gobierno español con esta convocatoria —el plazo establecido sería un indicio de ello—, y una llamada a la abstención activa por parte de la izquierda independentista en un contexto de participación de las otras dos candidaturas independentistas habría implicado (a) una sobrerrepresentación de los partidos españolistas, y (b) una fuga de votos independentistas de izquierda hacia ERC e, incluso, hacia la candidatura retóricamente soberanista, pero factualmente unionista. Asimismo, la pérdida por parte de la izquierda independentista del carácter decisivo que ha tenido en esta legislatura facilitaría una negociación a la baja entre el gobierno que pueda surgir de la futura mayoría parlamentaria y el gobierno español, con la subsiguiente liquidación definitiva de la actualmente invernada República de Cataluña y Arán.

Por ello, la izquierda independentista ha optado por la participación en las elecciones de la Moncloa como mal menor. Ahora bien: dicha participación se da con el objetivo de refrendar la declaración de independencia del 27 de octubre, considerando las dudas razonables en torno a la posición de la mayoría del electorado del Principado sobre el estatus jurídico-político de Cataluña y Arán, que la acción violenta del gobierno español contra el referéndum del 1 de octubre impidió clarificar. Por lo tanto, a esta convocatoria ilegítima e ilegal, la izquierda independentista concurrirá con una lógica nacional y de contar votos, a fin de visibilizar electoralmente el incremento del apoyo social al proceso de construcción de la República de Cataluña y Arán, no con una lógica autonomista de arañar más o menos escaños.

Los dos puntos principales que informan el programa de la CUP para estas elecciones son: (a) la presión al Estado español para que libere a los rehenes políticos catalanes que mantiene encarcelados y cese su política represiva contra el independentismo, y (b) la ejecución de la resolución parlamentaria del 27 de octubre. El formato electoral adoptado para ello es la presentación de una lista propia, de carácter explícitamente independentista y separada de las fuerzas que apoyan al gobierno legal y legítimo de la Generalitat.

Una lista independentista

La izquierda independentista concurrirá a las elecciones de la Moncloa con un programa estrictamente independentista, toda vez que el objetivo es contabilizar los votos favorables a la independencia de Cataluña y Arán, lo que no sería posible en caso de haber formado una candidatura con fuerzas no independentistas (alianza posiblemente deseable en otros contextos). Desde este punto de vista, la CUP ha rechazado la monumental incoherencia propuesta por ERC en este sentido, que tememos que respondiera al propósito de evitar que las elecciones de la Moncloa sirvan de referéndum y sean, de facto, unas elecciones autonómicas, en previsión de que el proponente —el mismo que aporta nada menos que el titular de Economía y Hacienda al gobierno catalán y ha apoyado acríticamente al PDeCAT en su resistencia numantina a acometer cualquier tipo de reforma fiscal— se convierta en la primera fuerza parlamentaria y asuma la presidencia de la Generalitat. Asimismo, la opción programática nítidamente independentista es una muestra del rechazo por parte de la izquierda independentista del oportunismo y la escasa coherencia democrática de los sectores que llamaron a la participación en el referéndum del 1 de octubre, pero, en el Parlament, votaron en contra de que se ejecutara el resultado.

Una lista separada

Lo más llamativo del resultado de la Asamblea Nacional es el contundente rechazo de la propuesta lanzada desde algunos sectores independentistas en punto a una hipotética “lista unitaria” encabezada por personalidades de la sociedad civil que contara con el apoyo de todos los partidos independentistas. El 12,59 % de los votos obtenidos en la Asamblea por esta opción da cumplida cuenta del apoyo real que tiene en la organización la estrategia de unidad nacional interclasista, y que pone en su lugar la dimensión real de las divisiones internas tan azuzadas desde determinados sectores políticos y mediáticos de la derecha independentista. La participación en un artefacto electoral apoyado por los partidos que forman el gobierno catalán habrían supuesto, en primer lugar, la legitimación de los incumplimientos del mandato electoral y parlamentario cometidos por éste. En segundo lugar, la fórmula de la pretendida lista “unitaria” —que, como en las elecciones del 27 de septiembre de 2015 Junts pel Sí a CDC, era altamente conveniente para un PDeCAT cuyas expectativas electorales son escasamente halagüeñas y que, en estos momentos, sólo dispone de la figura del presidente como baza y argumento electoral— es contraproducente para la obtención del máximo número de votos independentistas posible. En efecto, mientras que ningún votante de la hipotética lista “unitaria” dejará de votar a alguna de las candidaturas que podrían haberla conformado si éstas concurren por separado, habría sido algo más que  un simple riesgo el que la disolución de la izquierda en una lista interclasista retrajera a los votantes de izquierda que, aun siendo partidarios de la independencia, no hacen de ésta la cuestión política prioritaria. Así, al dejar vacío el espacio de la izquierda, la participación de la CUP en un artefacto de esa naturaleza habría abierto una vía de escape de votantes de izquierda hacia opciones no independentistas, muy especialmente hacia Catalunya en Comú. De modo que la política de unidad nacional interclasista no sólo no habría sido capaz de superar los votos obtenidos por las dos candidaturas independentistas en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, sino que ni siquiera habría podido igualar la suma de ambas. Significativamente, los tres partidos explícitamente unionistas ni se han planteado formar una única lista, a pesar de haber formado un bloque indistinguible en el Parlament en esta legislatura, como muestra paroxísticamente el apoyo de los tres partidos a las medidas ilegales impuestas por el gobierno español con el pretexto del artículo 155 de la Constitución del Reino.

La perversión democrática de la candidatura “unitaria” habría conducido a que, probablemente, los nombres de la lista se hubieran repartido conforme a la representación parlamentaria obtenida nada menos que en 2012 (últimas elecciones al Parlament a que CDC y ERC concurrieron por separado, y que arrojó una victoria clara para la primera). Para los partidos que priorizan su mero interés electoral, un estancamiento del bloque independentista y el inicio de un proceso de negociación con las instituciones españolas en clave autonomista podría ser un escenario deseable, pero no lo es para la izquierda independentista. En este sentido, debe apuntarse que la fórmula electoral escogida por la CUP probablemente será perjudicial para ésta en términos de representación parlamentaria, toda vez que la concurrencia en solitario de ERC le supone un competidor directo en el espacio electoral independentista de izquierda, ausente en las pasadas elecciones, donde la CUP-CC fue la única candidatura independentista de izquierda. En este sentido, una lista unitaria independentista donde la composición por partidos se hubiera diseñado conforme a la representación parlamentaria actual le habría conferido más representantes que los que seguramente obtendrá. Sin embargo, ello demuestra que las bases de la izquierda independentista han priorizado los intereses globales del independentismo —y, con ello, los de las clases populares y el proyecto de país— sobre los estrechos intereses partidistas.

Asimismo, la decisión tomada por la Asamblea Nacional acredita nuevamente que, cuando son las bases quienes deciden, la política interclasista sale derrotada. Y es que debe retenerse que en el debe de la opción independentista todavía figura la visibilización del vínculo con la mejora de las condiciones de vida y trabajo de las clases populares. En este sentido, en nada ayudan determinadas posiciones del gobierno catalán, como la negativa permanente a una reforma fiscal progresiva. O haber pretendido fundir en una misma legislatura elecciones plebiscitarias y constituyentes, con el agravante de que la candidatura gobernante concurrió a las elecciones del 27 de septiembre de 2015 habiendo soslayado las diferencias programáticas entre los dos principales partidos que la componían y, sin embargo, en el proceso de elaboración de la Constitución de la República, habría tenido que participar como tal, esto es, con una lista diseñada conforme a los resultados de las elecciones de 2012, no de los previstos en caso de haber concurrido con listas separadas, que eran harto distintos. Y la tarea parlamentaria de la izquierda independentista no ha sido suficiente para dotar de mayor contenido social al proyecto de República. En este sentido, es especialmente ilustrativo el caso de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, en que se ha optado por el simple continuismo con el derecho actualmente vigente (art. 10), con la mera autorización al gobierno para recuperar por decreto normas anuladas o suspendidas por el Tribunal Constitucional español (art. 12.3) y sin incluir siquiera una disposición derogatoria (especialmente necesaria, a efectos de clarificación, en un contexto de sucesión de ordenamientos jurídicos). Así, si bien son muchas las materias en que sería necesaria una profunda reforma legislativa, existen determinadas reivindicaciones sociales y libertades civiles, actualmente coartadas, que, por su carácter urgente, deberían aplicarse desde el momento mismo de transición, por lo que deberían haberse incluido en la propia Ley de transitoriedad. Entre estas reivindicaciones de carácter mínimo, en muy apretada síntesis, podríamos mencionar una larga lista de leyes y preceptos que deberían haberse incluido en la inexistente disposición derogatoria de la Ley:

  • La reforma laboral de 2012 (Ley 3/2012, de 6 de julio, “de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral”);
  • La Ley de seguridad ciudadana (Ley 4/2015, de 30 de marzo);
  • La Ley de partidos políticos (Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio);
  • Los preceptos de Código Penal que vulneran la libertad de opinión (art. 18.1, 543, 559, 578, 579), de expresión (art. 556.2) y de manifestación, aunque ésta sea no violenta (art. 524, 558);
  • La penalización de la interrupción voluntaria del embarazo (artículos 145 y 145.bis del Código Penal);
  • la Ley Orgánica mal llamada “para la mejora de calidad educativa” (Ley 8/2013, de 9 de diciembre);
  • La prohibición de las huelgas consideradas “políticas” —¿cuál no lo es?— y de solidaridad (art. 11 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, “sobre relaciones de trabajo”). Debe retenerse y denunciarse que el derecho de huelga aun hoy se rige por un decreto ley del segundo gobierno del franquismo sin Franco, y ello a pesar de que la Constitución española de 1978 lo reconoce como derecho fundamental y contiene el mandato al legislador de regularlo (art. 28.2). Asimismo, a día de hoy, todavía está vigente una ley franquista (Ley 209/1964, de 26 de diciembre, “penal y procesal de la navegación aérea”) que tipifica como delito de “sedición” la huelga de los trabajadores aeronáuticos y aeroportuarios (art. 20).

La derogación de todas estas normas y preceptos, junto con otras medidas sociales como el establecimiento de la dación en pago, contribuirían a ilustrar lo que, como propugnaba David Casassas en esta misma revista hace algunas semanas, debería ser la República de Cataluña y Arán: algo más que la mera ausencia de monarquía.

(Una versión anterior de este texto se publicó el 12 de noviembre en espaifabrica.cat (http://espaifabrica.cat/lesquerra-independentista-davant-les-eleccions-de-la-moncloa/). Versión castellana de los autores).

es traductor, asesor lingüístico y miembro de Espaifabrica.cat. Es autor del libro "El conflicte lingüístic a les illes Balears durant la Segona República (1931-1936)" (Lleonard Muntaner Editor, 2017) y de diversas traducciones, entre las que destacan "Ulrike Meinhof", de Jutta Ditfurth (Tigre de Paper, 2017), "Será colosal", de Joseba Sarrionandia (Txalaparta, 2016), o "Panther", de Melvin Van Peebles (Tigre de Paper, 2016). Ha editado y traducido la obra "Pomes perdudes. Antologia de la narrativa basca moderna" (Tigre de Paper, 2014) y, junto con Àngel Ferrero, la antología de James Connolly "La causa obrera es la causa de Irlanda. La causa de Irlanda es la causa obrera. Textos sobre socialismo y liberación nacional" (Txalaparta, 2014).
Periodista. Es miembro del comité de redacción de Sin Permiso.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 19-11-17