Las libertades democráticas hoy se juegan en Catalunya

Daniel Raventós

Gustavo Buster

24/09/2017

El ataque en los últimos días a las libertades democráticas por parte del gobierno español y de distintas instancias del Estado ha sido mayor aún de lo que muchos podían imaginar. La intervención el 19 de septiembre de las cuentas de la Generalitat, el registro de las sedes de sus consejerías y la detención de 14 altos funcionarios el día 20,  la imposición a los mossos d’esquadra del mando directo de un coronel de la guardia civil, procesado por torturas, por orden del fiscal superior de Catalunya ha tenido en la práctica los mismos efectos que podrían haberse derivado de la ejecución del articulo 155 de la Constitución de 1978: la autonomía de Catalunya se ha convertido en una carcasa vacía y ha sido sustituida por una especie de estado de excepción “proporcional”.

La lógica de lo acontecido se remonta incluso a la decisión del Tribunal Constitucional de junio de 2010 que dejó sin efecto 14 artículos y otros 27 sujetos a su propia interpretación del nuevo estatuto de autonomía aprobado por el parlamento catalán en septiembre de 2005, por el Congreso de los Diputados (aunque previamente “cepillado”, en palabras de uno de los grandes muñidores del régimen, Alfonso Guerra) pocos meses después y ratificado en un referéndum por el pueblo de Catalunya en junio de 2006. El Partido Popular presentó mes y medio después un recurso de inconstitucionalidad, impugnando 128 de los 223 artículos del ya recortado Estatut, al que se sumaron el Defensor del Pueblo, cuatro comunidades autónomas gobernadas por el PP y la de Aragón, entonces en manos de una coalición del PSOE y del Partido Aragonés.

Se imponía así, contra la voluntad autonómica del pueblo de Catalunya –expresada en su Parlament y en referéndum- y contra la voluntad del pueblo español, representada por el Congreso de los Diputados, una lectura unilateral de la Constitución de 1978 expresada por un Tribunal Constitucional compuesto por una mayoría conservadora designada por un pacto entre el PP y el PSOE, los grandes partidos de la monarquía borbónica. Como Javier Pérez Royo ha explicado una y otra vez, fue un golpe reaccionario que cerró cualquier posibilidad futura de reforma de la Constitución de 1978.

Cuestión nacional, gran recesión y crisis del régimen del 78

Lo que ocurrió a continuación, como efecto directo de la Gran Recesión de 2008, la gestión de la misma a favor de las clases dominantes y especialmente del sector financiero, fue una crisis fiscal y de deuda pública que desarticuló por completo los mecanismos de financiación autonómica de la reforma Zapatero de 2009, con consecuencias catastróficas para los sectores del estado del bienestar transferidos a las Comunidades autónomas. Uno tras otro, los consensos sociales que sostenían la legitimidad del régimen del 78 fueron saltando, así como sus mecanismos de representación bipartidista.

La mayoría absoluta del PP de 2012-2015 llevó esta gestión de la crisis cuando llegó al gobierno a extremos desconocidos de saqueo de lo público, dejando tras de si una estela de corrupción sistémica que ninguno de los consensos del régimen del 78 podía ya ocultar. Continuó entusiásticamente la política en defensa de las grandes reivindicaciones históricas de la patronal española que ya había iniciado el PSOE en mayo de 2010. Y la falta de capacidad para articular una alternativa política de izquierdas –crisis del PSOE mediante- ha acabado en una situación en la que un partido minoritario, imputado jurídicamente por corrupción, y manipulando unas instituciones judiciales que han dejado de ser autónomas –como la fiscalía- o independientes –como el TC y los tribunales superiores- ha convertido al conjunto de los ciudadanos y los pueblos del Reino en sus rehenes.

Ello es posible, conviene recordarlo, porque este gobierno es sostenido, por una confluencia de intereses -cuanto menos insolidarios- de los autonomistas vascos del PNV y las dos ramas del autonomismo canario en nombre de prebendas para sus regímenes fiscales especiales.

No es que CiU, antecedente del actual PDdCAT, no hubiera participado en el pastel del régimen del 78: la trama del 3% que se extendía hasta la familia Pujol, la creciente privatización de la gestión de la sanidad pública y la des-industrialización a golpe de EREs, más la inclusión de la Caixa o Gas Natural en el núcleo duro de los intereses de las clases dominantes así lo atestiguan. Pero la decisión del Tribunal Constitucional de 2010 cerró cualquier vía de negociación incluso para la principal reivindicación de la burguesía catalana, una hacienda propia parecida al concierto económico vasco.  Ni eso cabía ya en una posible reforma pactada de la Constitución de 1978 de la mano de un pacto PP-PSOE por la oposición cerrada de los barones territoriales de uno y otro partido, enrocados demagógicamente en el “café para todos”. Para hacerlo aún más difícil, Ciudadanos, un partido construido desde el nacionalismo constitucional monárquico del régimen del 78, sustituyó al PP en Catalunya y se convirtió en su aliado imprescindible en esta legislatura, condicionando incluso sus relaciones de supervivencia con el PNV, con el objetivo declarado de acabar con el concierto económico vasco y navarro y su pretendida “bilateralidad”, la gran coartada del autonomismo vasco. Recuérdese: Ciudadanos nació en Catalunya con un primordial objetivo: atacar todas las aspiraciones democráticas nacionales de esta nación.  

El movimiento popular soberanista

Tras la manifestación de Barcelona del 9 de julio de 2010 contra la decisión del Tribunal Constitucional, bajo el lema Som una nació, nosaltres decidim, el mapa político catalán fue cambiando rápidamente como consecuencia de la crisis del régimen del 78 y la Gran Recesión. La Diada de 2012 –Catalunya, nou estat d’Europa,- fue el prolegómeno de la resolución del Parlament pidiendo a la Generalitat la celebración de una  “consulta en la que el pueblo de Catalunya pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo”. Artur Mas tuvo que adelantar las elecciones autonómicas dos años, configurándose una mayoría soberanista. El Tribunal Constitucional anuló poco después el artículo 1 de su “Declaración de Soberanía”. Siguieron cinco Diadas nacionales multitudinarias y una movilización social continua que, a pesar de estar dirigida por CiU inicialmente, resquebrajó este partido, enviando a Unió a la desaparición (no obtuvo ninguna acta de diputado en las últimas elecciones catalanas), lo colocó en buena parte en manos de ERC y lo sometió a la presión permanente de la Asamblea Nacional, de Omnium Cultural y de las instituciones municipales soberanistas.

El bloque social y político soberanista revalidó su mayoría en las elecciones autonómicas de septiembre de 2015 con el compromiso de llevar a cabo una “consulta” el 9 de noviembre. El Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional. Y tras amenazar a la Generalitat, el gobierno Rajoy – a un mes de las elecciones generales, después de haber perdido en las municipales de junio dos millones y medio de votos- decidió una represión judicial “proporcional” a lo que solo consideró una movilización propagandísticos sin efectos jurídicos. El Parlament ese mismo día votó la declaración de la “hoja de ruta” del proceso de “desconexión”.

Casi dos años después, tras un interregno de un año de gobierno Rajoy en funciones, insumiso al control parlamentario, y otro de un gobierno Rajoy minoritario, que solo pudo constituirse con la abstención impuesta por la gestora del PSOE -resultado de un golpe interno que sería condenado en las primarias siguientes por su militancia- , hemos llegado al escenario final de la convocatoria de un referéndum vinculante de autodeterminación en Catalunya para el próximo 1 de octubre.

De nuevo, la estrategia del gobierno Rajoy ha sido la de negar cualquier diálogo político que pusiera en cuestión no solo la Constitución de 1978, sino la lectura unilateral del Tribunal Constitucional del Estatuto de 2005. Y ha reformado las funciones ejecutivas del Tribunal Constitucional para poder actuar directamente contra los cargos públicos y electos que han impulsado el proceso soberanista apoyándose en la mayoría del Parlament.

La lógica de la represión

Esa es la lógica que está aplicando en las últimas dos semanas. Reconociendo la existencia de las instituciones autonómicas catalanas, el gobierno Rajoy y la mayoría que ha conformado en el Tribunal Constitucional niegan que representen ninguna otra soberanía que la que les delega en nombre del pueblo español la Constitución del 78 y un Estatuto de Autonomía impuesto contra su voluntad desde 2005. Y sobre esta base ha declarado anticonstitucionales la ley de referéndum y las leyes de desconexión aprobadas por mayoría en el Parlament.

Poco antes de esta declaración de anticonstitucionalidad, los implicados en el proceso soberanista han sido acusados de “desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos”. Pero ahora, como explicó con todo lujo de detalles el anterior Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, de lo que se trata es del delito de “sedición”, tal y como lo contemplan los artículos 544 y 545 del Código Penal, que prevé penas de hasta 15 años de cárcel.

Como han repetido insistentemente varios miembros del gobierno Rajoy, su objetivo inicial era desarticular la estructura logística del referéndum del 1 de octubre, interviniendo las Consejerías de la Generalitat implicadas en su preparación y deteniendo a su equipo técnico y de garantía del proceso. Con ello, han dado por muerto el referéndum vinculante, impidiendo su celebración en unas condiciones democráticas. Son unas condiciones literalmente de ocupación policial: 5.000 policías antidisturbios aseguran que no se celebre mediante el recorte de los derechos democráticos de los ciudadanos de Catalunya en algo que se parece demasiado a un “estado de excepción”. Aunque su “proporcionalidad” dependa de hasta cuanto se empeñen en ejercer sus derechos  los propios ciudadanos que protesten por su violación.

No esperaban la reacción popular masiva del día 20 y la noche del 21. En la visión del mundo oligárquica de la derecha española, descabezadas las instituciones –aunque fuese a segundo nivel- no se sostendría el movimiento popular soberanista. O pensaban que  éste quedaría reducido a la “franja radical” de la CUP que, según el gobierno Rajoy ha secuestrado el “seny” de la burguesía catalana y “abducido” a miles de ciudadanos que, como escribía el corresponsal de El País, “amenazan con votar el 1 de octubre”. Sedicentemente, según la denuncia del fiscal general del estado –recusado por el Congreso de los Diputados- José Manuel Maza.

Pero la molesta constatación de la masiva reacción popular en defensa de sus instituciones, de la solidaridad despertada en muchas ciudades del resto del Reino a pesar del machaqueo propagandístico del régimen del 78, ha elevado el listón de la “proporcionalidad”. El PP y también sectores del PSOE creen que el anticatalanismo, su verborrea de la “unidad de España”, el ataque a “los independentismos insolidarios”… dan muchos votos entre determinadas capas de la población española. Aunque suponga sacrificar el ya insignificante apoyo electoral del PP, y el menguante del PSOE –PSC- en Catalunya. De momento.  La represión “proporcional” introduce el aspecto “público y tumultuario” exigido para el delito de sedición en el artículo 544 del Código Penal.  En la lógica de “prevención del delito” argüida estos días por la fiscalía y tras la comunicación por el President Puigdemont de la página web para la constitución de los colegios electorales del referéndum es más que posible que las detenciones lleguen esta semana a los propios miembros del Govern y la Mesa del Parlament, aplicando formalmente el artículo 155 de la Constitución de 1978.

Este y no otro parece ser el motivo de la declaración institucional del presidente del gobierno Rajoy el 20 de septiembre. No dijo nada nuevo, pero cumplió con  la advertencia al Govern de la Generalitat exigida jurídicamente para poder aplicar legalmente el artículo 155. 

De hacerlo antes del 1 de octubre provocaría la respuesta popular en defensa de sus instituciones que podría reprimir como “pública y tumultuaria” antes de la fecha prevista para el referéndum, en el que, a falta de garantías por el “estado de excepción” de facto impuesto, se podría producir una movilización a favor de la democracia y del derecho de autodeterminación –que según las encuestas apoya el 76% de la población catalana, porcentaje que parece aumentar con la represión contra las instituciones catalanas- y que difícilmente se pueda reducir a una “rabieta radical” de la CUP o al efecto de una masiva campaña de manipulación rusa de las redes sociales, que acaba de descubrir El País para regocijo de sus lectores.

El 1 de octubre y el carácter crónico de la crisis del régimen del 78

No hay más escenario, pues, en los pocos días que quedan de aquí al 1 de octubre que la defensa popular de los derechos democráticos que el gobierno Rajoy quiere restringir en nombre de la Constitución de 1978. Con ello se erosiona definitivamente la legitimidad de un régimen que fue aceptado como la superación de la dictadura franquista y garante, al menos formalmente, de las libertades de la ciudadanía. Con la represión contra el referéndum, este andamiaje ha volado por los aires, no solamente para la gran mayoría de la población de Catalunya sino para una buena parte de la del resto del Reino.

Precisamente, el nuevo escenario de la crisis del régimen del 78 dependerá de la resistencia popular a ese recorte de las libertades no solo en Catalunya, sino en todo el Reino de España y de la “proporcionalidad” de una represión cuyo listón se alza cada día jurídica y policialmente.

El Gobierno Rajoy y el Partido Popular  creen haber encontrado, en la identidad de “legalidad” y “democracia” que están rompiendo, la solución para poder dar termino a una legislatura en la que solo hay dos prioridades: el plan de ajuste pactado con la UE y la desarticulación del movimiento soberanista, que va mucho más allá del independentismo estricto. Para ello necesitan conjugar dos fórmulas asimétricas  de alianzas con el PSOE (en la cuestión nacional por la unidad indisoluble de España) y con el PNV (en los presupuestos). Las reticencias de ambos partidos, a pesar de su sumisión final en nombre de la defensa del régimen del 78, puede ampliarse peligrosamente en estos días, porque ambos necesitan alianzas alternativas para ser opciones de gobierno.

En Catalunya, “no volverá la normalidad hasta que no acabe este paréntesis de desobediencia”, según el delegado del gobierno en Catalunya, Enric Millo, en un gatopardiano análisis de la situación. Pero el paréntesis puede ser largo, porque la movilización del 1 de octubre, como todas las anteriores desde 2010, tendrá consecuencias sociales y electorales y ni el estado de excepción fáctico ni la intervención de la Generalitat se podrán mantener mucho tiempo. Si la existencia de un mapa político específico suele ser una de las características de una cuestión nacional sin resolver, el de Catalunya puede convertirse en un ejemplo de representación de la indignación popular en las próximas elecciones autonómicas.

Desde sus inicios, Sin Permiso ha defendido que la negativa del régimen del 78 a la solución de la cuestión nacional en el Reino de España mediante el ejercicio del derecho de autodeterminación respondía a las limitaciones estructurales impuestas por su propia naturaleza: una Constitución bajo vigilancia militar en buena medida otorgada por las clases dominantes del franquismo bajo la presión del movimiento obrero y popular, que excluía de la soberanía popular la decisión sobre la naturaleza monárquica del estado, el carácter capitalista de su economía, la igualdad de sus pueblos y sus alianzas internacionales “occidentales”.  La autodeterminación de Catalunya implica y exige el derecho a decidir sobre las cuestiones esenciales del régimen del 78. Lo que ocurre actualmente en Catalunya no es sino la manifestación más aguda, por el momento, de una crisis cronificada por el Partido Popular. Lo que está en juego en Catalunya el 1 de octubre son las libertades democráticas de toda la población aún hoy bajo la legalidad del régimen de la segunda restauración borbónica.

Son miembros del comité de redacción de Sin Permiso.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 24 de septiembre 2017