Las ocho urgencias que no resuelve el pacto contra la violencia machista

Pilar Almenar

25/11/2017

Cabecera de la manifestación de Barcelona el 25-11-2017 contra la violencia machista

 

 

El movimiento feminista alerta que al Pacto de Estado contra la Violencia de Género le falta concreción para hacerse efectivo, se ha hecho de espaldas a los colectivos feministas y deja demasiados hilos pendientes. Hablamos con Susana Gisbert, Fiscal de Violencia de Género y Encarna Bodelón, jurista e investigadora en Filosofía del Derecho.
 

Ya hay Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Lo aprobó el pasado 28 de septiembre el Congreso. Se trata de un acuerdo, sin unanimidad, que incluye 213 medidas para luchar contra un grave problema social: sólo en lo que va de 2017, 44 mujeres y 8 niños han sido asesinados por esta violencia. El texto final llegó después de seis meses de trabajo en la Subcomisión de redacción del pacto y se ha aprobado una dotación de 1.000 millones de euros para invertir a lo largo de cinco años.
Pero la aprobación del pacto no lleva un pan bajo el brazo. Si no hay acuerdo político en los presupuestos para 2018, se prorrogarán los de 2017 y no habrá dinero para dedicar a cumplir el pacto de violencia machista. En estos momentos se está pendiente de la resolución de las peticiones para habilitar un crédito extraordinario de 200 millones de euros para hacer frente a los compromisos del acuerdo en 2018.
La consecución del pacto era una demanda del movimiento feminista, pero precisamente es este movimiento el que ha quedado más descontento del resultado. ¿Qué carencias y dificultades para que sea efectivo tiene este acuerdo? Hablamos con Susana Gisbert, Fiscal de Violencia de Género de Valencia y ponente invitada a la comisión redactora del texto, y Encarna Bodelón, profesora de Filosofía del Derecho y directora del grupo de investigación Antígona.

1. FALTA DE CONCRECIÓN PARA HACERLO EFECTIVO


"La técnica de los pactos de Estado no es una técnica jurídica efectiva porque no es una ley, sino un acuerdo para modificar legislación. Además, tampoco es una política pública, con indicadores, evaluación y planificación de política pública y por lo tanto como técnica no nos aporta nada nuevo. Y tampoco sabemos en qué plazos se llevará a cabo, ni de qué manera, así que podría no aplicarse", critica Encarna Bodelón, Profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona.

2. DE ESPALDAS AL MOVIMIENTO FEMINISTA


Bodelón ha echado de menos voces en el debate previo en la comisión redactora del texto del Pacto de Estado. "Se ha hecho de espaldas al movimiento feminista. Se ha invitado a personas del ámbito institucional, la mayoría juristas, pero no se ha escuchadoaapenas a víctimas ni a organizaciones de mujeres. Y esto, como mecanismo para construir políticas públicas, no es lo adecuado", explica.

3. LENTITUD ANTE LAS URGENCIAS


Una de las ponentes invitadas en la comisión fue Susana Gisbert, Fiscal Especial de Violencia contra la Mujer y portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia. "Hacer un pacto me parece bien pero no ha tenido la urgencia que se tiene en otros temas. Yo comparecí en la comisión en el mes de marzo y mira cuánto han tardado en aprobarlo. Además, te doy un ejemplo: no sólo no se ha creado ningún tipo de juzgado en 5 años sino que ahora se ha anunciado la creación de 90 juzgados nuevos, y ninguno de ellos es de violencia contra las mujeres. Así que las intenciones quedan un poco desdibujadas", critica Gisbert.


4. INCUMPLIMIENTO DE LA LEY ANTERIOR


Las expertas explican que este pacto reitera medidas de la ley de violencia de género de 2004 que hasta ahora no se han cumplido. "Por ejemplo, la ley de violencia dice que la publicidad no puede ser sexista. Enciende la tele y me dices que ves", plantea Gisbert. La prevención es otra de las grandes carencias. "La ley de igualdad obligaba a incluir en el currículum académico ‘Educación para la ciudadanía’ y eso las políticas del PP se lo han cargado. En este pacto de Estado no se corrige esto ni aparece la obligación de la educación en igualdad en primaria y secundaria", critica Bodelón. "Si este pacto no tiene desarrollo legislativo y, lo más importante, una dotación presupuestaria, se quedará sólo en un catálogo de buenas intenciones".

 

5. OBLIGACIONES INTERNACIONALES NO CUMPLIDAS


Las expertas aseguran que, además de reiterar aspectos que ya no se habían cumplido, este acuerdo ha dejado fuera algunos pactos internacionales que España ya tenía firmados. "Las obligaciones que derivan del Convenio de Estambul no se plasman. Entre ellas, una medida que establece que los derechos que tienen las mujeres no dependan de la denuncia. En España ya sabemos que ha fracasado la estrategia de vincular los derechos a la denuncia porque la mayoría de mujeres no realizan denuncias. Y con esta medida dejamos de hacer una atención efectiva", detalla la profesora de Filosofía del Derecho.


6. NO INTEGRACIÓN CON EL RESTO DE LA LEGISLACIÓN


Además, Bodelón reclama integrar en las leyes españolas un tratamiento más integral de las violencias machistas. "En la ley de 2004 se contempla la violencia de género sólo en la relación de pareja o ex pareja y el convenio de Estambul extiende la consideración de machista a las agresiones sexuales, los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, la prostitución forzada... Nosotras ahora mismo, tal y como estamos viendo en el juicio de San Fermín, si una mujer es maltratada por su marido, su procedimiento será tratado en un juzgado especializado en violencia de género mientras que una mujer violada por un desconocido iría a un juzgado ordinario. Lo mismo ocurre con los derechos de los que puede disfrutar cada una de estas víctimas a pesar de ser víctimas similares de la misma violencia", explica Encarna Bodelón.


7. FALTA DE APLICACIÓN DIRECTA PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS MENORES


Una de las novedades del pacto es la inclusión de los menores como víctimas de la violencia machista. Pero para no quedarse sólo en un marco, será necesario empezar ahora de verdad el trabajo. "El pacto no tiene una aplicación directa. Mientras no se cambian las leyes esenciales como el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, da igual que el pacto diga que los menores son víctimas de la violencia porque esta visión se quedará sólo a nivel asistencial mientras judicialmente se seguirá exigiendo que haya un acto de violencia de género explícito contra la madre. Y si no, el caso no iría al juzgado de violencia sobre la mujer".


8. DEMASIADOS HILOS PENDIENTES


Para la fiscal de violencia de género de Valencia, no todo es negativo. "Que se manifieste el interés del Estado en una materia como esta escuchando a tantos operadores es importante. Pero si no se desarrolla, no vale prácticamente para nada excepto para presumir", apunta Gisbert. "Lo que deberíamos hacer es hacer una reforma ambiciosa de la ley de 2004 para integrar todas las formas de violencias machistas, para plantear una justicia penal con perspectiva de género y plantear una prevención seria y una red estatal de atención y reparación seria", opina Bodelón.
Uno de los puntos que más debate generó en el ámbito feminista fue la posible modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite que la mujer pueda no declarar contra su agresor. Aunque una parte de las expertas se muestran satisfechas con mantener este artículo, otras piensan que ha sido un error no modificarlo. "Muchas de las comparecientes solicitamos en la comisión que el artículo se modificara y entró en todas las materias, pero al final no ha entrado en el texto definitivo. Pienso que se ha sido cobarde. En muchos casos se ha entendido que permitir  que no se declare contra el agresor es una manera de proteger a la mujer, pero yo pienso que es una manera errónea de protegerla y que se podría haber modificado, al menos, para que a partir de algún momento no pueda echarse atrás. Este artículo está así desde el siglo XIX y está pensado para una sociedad totalmente distinta a la actual", plantea Susana Gisbert, Fiscal de Violencia de Género.


¿Y LOS PACTOS TERRITORIALES?


El pasado 18 de septiembre, 10 días antes de la firma del pacto estatal, las Corts aprobaron el Pacto Valenciano Contra la Violencia de Género y Machista, un texto con el consenso de los partidos y el apoyo de 63 instituciones y organizaciones sociales. Cataluña, una de las pioneras en dar una visión integral de la violencia machista, también trabaja ya para firmar su Pacto Nacional contra la Violencia Machista impulsado por el Instituto Catalán de las Mujeres y que busca la voz y el consenso de cerca de 60 organizaciones. Baleares también tiene su Pacto Social contra las Violencias Machistas firmado en 2016 por el Instituto Balear de la Mujer y el Consejo de Mallorca.
"Los pactos autonómicos son más bien para políticas de actuación pero no son de aplicación directa. Por ejemplo, la ley Valenciana de Violencia de Género fue anulada por el Tribunal Constitucional porque invadía competencias. Así que todo lo que pueda ser reforma del código civil o penal sí daría aplicación efectiva. Como norma institucional, marco o compromiso de los poderes públicos es fantástico que también haya compromiso explícito a nivel autonómico", explica Susana Gisbert, Fiscal de Violencia de Género y portavoz de la Fiscalía de Valencia. "Cuando decimos implicación social queremos decir recursos, políticas públicas serias, evaluación, diálogo con el movimiento feminista... No queremos ratificación de más documentos que no sabemos para qué sirven", añade Encarna Bodelón, investigadora del grupo Antígona en la Universidad Autónoma de Barcelona.

es periodista freelance
Fuente:
https://www.diarijornada.coop/vuit-urgencies-que-no-resol-pacte-contra-violencia-masclista/
Traducción:
Roger Tallaferro