Lobbies empresariales y universidad: el rayo que no cesa

Albert Corominas

Vera Sacristán

26/04/2009

Venezuela Real GDP (seasonally-adjusted)

Ana Patricia Botín, presidenta de la
Fundación CYD; Ángel Gabilondo, ministro de Educación; Cristina Garmendia,
ministra de Ciencia e Innovación; y Javier Monzón, presidente del Comité
Ejecutivo de la Fundación CYD

Venezuela Real GDP (seasonally-adjusted)

Susan George [1] y George Lakoff [2] han descrito de forma convincente el proceso por el que el pensamiento neoliberal se ha ido adueñando del panorama cultural y político de los EEUU a través de organizaciones y fundaciones privadas, uno de cuyos objetivos es ir imponiendo como “sentido común” su lenguaje y sus principios.  

Este fenómeno se da también en España, en particular en el ámbito de la universidad. Un año más, acabamos de asistir a la presentación a bombo y platillo del Informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo sobre la Universidad. La Fundación CyD, presidida por Ana Patricia Botín, tiene por patronos a presidentes, vicepresidentes y consejeros delegados de buena parte de las empresas más importantes del Ibex 35 y declara como objetivo en su página web [3] “analizar y promover la contribución de las universidades al desarrollo económico y social de España”.  

Este año, el énfasis del informe se centra en el gobierno de las universidades públicas. Los autores nos deleitan con una serie de lugares comunes sobre la supuesta rigidez del sistema de órganos de gobierno (colegiados, por supuesto) de la universidad pública que, según ellos, hace casi impracticable el sistema de toma de decisiones. La receta que proponen, como era de esperar, es “profesionalizar” el gobierno de las universidades, apostar por los órganos individuales en detrimento de los colegiados, que el rector pase a ser una especie de consejero delegado y, claro está, que se aumente la representación externa –léase empresarial– en la universidad pública.  

Causa estupor comprobar la pobreza intelectual con que se construye la argumentación del informe (como, por otra parte, la de muchos otros documentos análogos; véase, por ejemplo, el Libro Blanco de la Universidad de Cataluña [4]). Las técnicas fundamentales para sostener sus tesis se reducen básicamente a tres. Por un lado, se presentan análisis –en muchos casos, exactos y justificados– de los defectos o carencias del funcionamiento actual de la universidad (por ejemplo, haciendo notar las altas tasas de abandono de los estudios), y de ellos se infieren, como por arte de birlibirloque, las conclusiones que a uno le interesan (en el caso que nos ocupa, que el gobierno de la universidad tiene que ser más jerárquico), sin que se sepa qué relación guarda el análisis con las conclusiones, ni se estudien y comparen posibles alternativas. En segundo lugar, se recurre a la autoridad de supuestos y autodenominados “expertos” que emiten opiniones categóricas e incuestionables sobre el tema de que se trate. Finalmente, se escriben páginas y hasta capítulos enteros sobre las denominadas “tendencias” actuales, para lo cual se eligen adecuadamente los ejemplos que a uno le interesan (las universidades danesas o, incluso, como en este caso, la Universidad de Vic) y se presentan como la evolución “natural” de las cosas. 

Pero eso es lo de menos. Lo relevante es constatar, una vez más, cómo se intenta, sin que los representantes de la ciudadanía y los responsables de las universidades públicas muevan una ceja o, incluso, con su aquiescencia, condicionar en beneficio propio el futuro de un servicio público imprescindible para un país y para sus ciudadanos, como motor de la formación y del avance científico. Resulta irritante observar las fotografías de los actos de presentación del Informe y comprobar, un año más, con qué naturalidad los poderes públicos se prestan a respaldar las iniciativas y las tesis de la patronal. En Madrid, avalaban el informe con su presencia dos miembros del gobierno de España (Ángel Gabilondo, ministro de Educación, y Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación) y el presidente de la Conferencia de rectores de las universidades españolas (Federico Gutiérrez Solana, rector de la Universidad de Cantabria). En Barcelona, veinticuatro horas más tarde, se anunciaba que harían lo propio un consejero (Antoni Castells, conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya) y el presidente de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (Josep Joan Moreso, rector de la Universidad Pompeu Fabra).  

Es imprescindible que quienes estamos a favor de la universidad como servicio público intervengamos en este debate con análisis serios y críticos de la situación de la universidad actual, y con argumentos y propuestas de futuro que permitan mejorar la universidad pública y el servicio que ésta presta a la sociedad. Análisis, argumentos y propuestas que sirvan, de forma efectiva, como contrapeso a unas presiones mercantilizadoras que todavía no han ganado la batalla. Una modesta contribución puede ser la próxima jornada Construir el futuro de la universidad pública [5], pero se necesitan muchas más.  

NOTAS: [1] Susan George. El pensamiento secuestrado. Ed. Icaria, 2007. [2] George Lakoff. No pienses en un elefante. Ed. Complutense, 2007. [3] http://www.fundacioncyd.org/ . [4] http://www.acup.cat/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=182. [5] Jornada de reflexión y debate: Construir el futuro de la universidad pública – propuestas para una universidad al servicio de toda la sociedad. Madrid, 1 de junio de 2009. http://www.jornadauniversidadpublica.org/ .

Albert Corominas es profesor de organización industrial y Vera Sacristán, profesora de matemática aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya. Pertenecen, asimismo, a la asociación UpiC (www.upc.edu/upic) y colaboran habitualmente en temas universitarios en la revista SINPERMISO.

Fuente:
www.sinpermiso.info, 26 abril 2009