Los más pobres ahora en el punto de mira del gobierno de Catalunya

Sergi Raventós

04/09/2011

El gobierno de Convergència i Unió (CiU) de Catalunya desde que ganó las elecciones hace menos de un año se ha propuesto recortar todos los servicios públicos y con especial saña el sanitario, el educativo y los servicios sociales. En definitiva, los más característicos del Estado del Bienestar. Sin ir más lejos, este verano en Catalunya con los recortes presupuestarios de la Sanidad se ha tenido que cerrar muchas salas de hospitales, servicios de urgencias, salas de operaciones, centros de atención ambulatoria, etc.

Lo que nadie imaginaba es que ahora sería el turno de los más frágiles y pobres de la población, aquellos que perciben la Renta mínima de inserción (RMI).  Hay que recordar que la RMI la perciben aquellas personas que tienen graves dificultades económicas y sociales y que reúnen unos cuantos requisitos bastante exigentes, entre otros el no disponer de medios económicos necesarios para atender sus necesidades básicas.  Acceder a ella no es nada fácil. El promedio de esta ayuda en Catalunya gira en torno a los 500 euros por perceptor.

Pero este verano, con la aprobación de la ley 7/2011de 27 de julio de medidas fiscales y financieras (más conocida por la Ley Omnibús) a propuesta de CiU y con el apoyo del Partido Popular, en su artículo 52 se incorporaron modificaciones sustanciales a la Ley de la RMI.  Estas nuevas medidas van a dificultar y limitar el acceso de mucha gente que hasta ahora podía acceder a este programa. Algunas de las más importantes que contempla la Ley son: la supeditación de las prestaciones económicas de la RMI a la disponibilidad presupuestaria, lo cual representa la pérdida de su carácter universal y de su consideración de derecho subjetivo a la prestación; se alargará el período de residencia continuada para acceder a la RMI, pasando de uno a dos años; se amplia de cuatro a doce meses el período de cálculo en la valoración de los ingresos de la unidad familiar, los cuales sumados no pueden exceder del salario mínimo interprofesional (SMI), ahora de 641 euros; se limita a cinco años el período para percibir la RMI con una prórroga para casos muy excepcionales. Este  límite era inexistente hasta ahora de continuar la persona con la misma situación de pobreza y exclusión social; se reducirá el importe máximo de la prestación, pasando de 800 (el máximo hasta ahora) a 641 euros por domicilio.

A la vez y por si fuera poco, a todo este conjunto de restricciones y limitaciones a la prestación se ha aprobado el reciente 30 de agosto el Decreto para desplegar la Ley que endurecerá más las exigencias para acceder a la RMI. Entre sus concreciones se especifica que las personas que “sólo” presenten una problemática laboral derivada de la pérdida de empleo quedarán excluidas de la RMI. Será necesario también  pasar hasta 6 meses sin ningún tipo de ingreso para poder realizar la solicitud (y sin la seguridad de ser aprobada). Asimismo también se excluyen a las personas que mendiguen y se excluirá a las personas que estén pendientes de cobrar indemnizaciones derivadas de un litigio. Tampoco se aceptará la solicitud de aquella gente que haya rechazado una oferta de empleo “adecuada a su situación personal y familiar”.  Asimismo y para rizar el rizo se hará uso del lamentable silencio administrativo de cuatro meses para que se considere denegada una solicitud.

Con todas estas restricciones el gobierno de Artur Mas lo que realmente pretende es recaudar aproximadamente unos 53 millones de euros según un informe que realizó la Dirección General de Economía Social y Cooperativas perteneciente al departamento de Empresa y Ocupación. En concreto pretende ahorrarse unos 28 millones retrasando a los seis meses el tiempo que los parados deben llevar sin percibir ningún ingreso para acceder a la RMI. Unos 7 millones más al rebajar el máximo de la RMI al importe del SMI,  3 millones más al limitar la RMI hasta un máximo de cinco años… y así hasta completar este ahorro de sólo el 0,22% del presupuesto de la Generalitat a cuenta de los más necesitados.

Las alarmas en los servicios sociales y en las entidades del tercer sector ya se encendieron desde hace un tiempo, pues hay solicitudes que llevan meses paralizadas para entrar en el programa de la renta mínima (PIRMI). Desde Junio aproximadamente aún no se ha aprobado ninguna solicitud por parte de la administración. Y si las ayudas dependen de una partida que se está agotando se hace difícil pensar que vayan a aprobar algún expediente más.

Un mes terrible para los perceptores de la RMI

Este mes de agosto ha sido escenario de una serie de acontecimientos que han desembocado en la comparecencia del Conseller de Empresa y Ocupación y del de Bienestar y Familia ante la Diputación Permanente del Parlament  de Catalunya, solicitada por los grupos de PSC, IC-EUiA, ERC e incluso el mismo PP, para explicar la decisión tomada este mes de cambiar el sistema de pago de la RMI de trasferencia bancaria a cheque y las medidas que se están gestando en el Decreto mencionado.  La situación que ha provocado este cambio de pago ha provocado una crisis a todos los niveles.  Vayamos por partes. Sin poder entrar en todos los detalles y declaraciones que se han producido durante este mes,  intentaré resumir los aspectos más significativos hasta la comparecencia de los consellers en el Parlament del pasado 26 de agosto.

La Generalitat, en la página web de la RMI el pasado 2 de agosto, decía que la partida presupuestaria destinada a esta prestación estaba agotada y que no sería aceptada ninguna solicitud más. Asimismo serían desestimadas automáticamente por falta de presupuesto todas las solicitudes que se hubiesen registrado a partir del 1 de julio del 2011.

El 3 de agosto se hizo una rectificación por parte de la Comisión Interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción informando que se están llevando a término medidas de racionalización y revisión del Programa de la RMI con la aprobación de la Ley de 27 de julio, más arriba citada, donde se establecen medidas para “igualar las prestaciones de todos los beneficiarios revisando expedientes a partir de agosto del 2011 de aquellos que superen el Salario Mínimo Interprofesional y negando la posibilidad de ampliación de la partida presupuestaria para la RMI”.

Durante estos días de agosto ha habido declaraciones por parte de dirigentes de la administración de sospechas de fraude generalizado de los beneficiarios de la RMI y en las que se llegaron a decir improperios como que los perceptores “sería  muy sospechoso que hiciesen algún tipo de vacaciones pues están cobrando la RMI”.

La gota que colmó el vaso fueron las cartas enviadas a unos 34.000 perceptores de la RMI (de los que dependen unas 110.000 personas) para cobrar este mes el cheque y convocándoles a una entrevista para poder “actualizar sus datos.”  A mediados de agosto había todavía unos 6.700 beneficiarios (a una media de 3,25 miembros por cada beneficiario) que no habían cobrado aún esta renta de subsistencia y según un comunicado publicado el 31 de agosto en la web del Departamento de Empresa y Ocupació: “ Alos perceptores que durante el mes de agosto, fruto de las medidas de control y seguimiento han notificado un cambio de domicilio se abonará la prestación una vez se pueda comprobar la incidencia por la que no ha podido cobrar el cheque. Si se debe a la existencia de irregularidades se procederá a abrir el consiguiente expediente de suspensión y/o extinción de la prestación (de acuerdo con los artículos 22 y 24 de la Ley 10/1997 de 3 de julio de la RMI).”

Finalmente y después de la presión de los municipios, las entidades sociales, los perceptores de la RMI, los trabajadores sociales, el Síndic de Greuges, el Consell económic  y social, etc.  los partidos de la oposición reclamaron la comparecencia de los Consellers  para explicar los motivos por los cuales se ha procedido a cobrar el mes de agosto la RMI en cheque y no por transferencia bancaria como es habitual. Esta comparecencia del 26 de agosto ha sido catalogada en palabras del diputado de IC-EUiA Joan Herrera como “lo más fuerte que he visto en política” y la política llevada este mes con los perceptores de la RMI calificada de “sadismo institucional” por parte de Eva Granados, diputada socialista.

Según las explicaciones de los Consellers sólo se hizo para actualizar la base de datos y así poner orden al caos existente. Al parecer cada departamento tiene una base de datos diferente y los domicilios no coincidían (sic). Este hecho ha supuesto que unas cuantas familias aún no hayan podido cobrar la única fuente de ingresos que en principio se cobra el día 1 de cada mes.

Los tópicos que se han utilizado, las anécdotas personales elevadas a categoría, las mentiras sin escrúpulos, las sandeces de todo tipo, etc. que se llegaron a decir en esta comparecencia (1) rebasan todo límite humanitario soportable. Más que rebajar la tensión y pedir disculpas por algunas declaraciones inoportunas o sencillamente aportar datos, lo que hicieron estos responsables políticos es añadir más gasolina al fuego. No tuvieron ningún recuerdo para los miles de personas que han estado intranquilas y con previsibles preocupaciones para poder acceder a esa prestación de subsistencia vital. El discurso del Conseller de Benestar Social Josep Lluís Cleries fue una declaración de principios de querer dificultar el acceso a la RMI para “recuperar el carácter originario de la Ley que se ha desvirtuado” y “no mezclar a los que son pobres y excluidos sociales con aquellos que se han quedado en el paro por la crisis económica” (sic).

Francesc Xavier Mena, el Conseller de Economia i Empresa y exprofesor de ESADE,  hizo un discurso más propio de un miembro del sector más derechista del partido conservador de Margaret Thatcher que de un gobierno que según el mismo Cleries manifiestó en la comparecencia dice “estar al servicio de las personas más vulnerables”.  Mena dibujó un panorama en el que se ha perdido “el espíritu del programa de la RMI”, que “atrapa a la gente en la cronicidad y el lumpenproletariado”, equiparó la inmigración (sobre todo la magrebí) con fraude y puso como muestra que algo no funciona cuando la RMI “la cobra gente de hasta 104 nacionalidades”,  caricaturizó algunos perceptores de la RMI como sujetos que se gastan el dinero “en telefonía, en veterinarios o incluso en ONG’s” o se extrañó que “algunos han venido de otro país a cobrar el talón”, o de “uno que cobra una RMI que es hijo de un directivo de una multinacional” y así podríamos continuar… Consideró desde la más grave ignorancia que la RMI está “cronificando” a la gente y que hay que acabar con esto, pues “hay gente que lleva más de 15 años cobrándola…”

También se puso en cuestión el trabajo de cientos de trabajadoras sociales al decir que “no se han hecho los informes que hay que hacer o que hay mucha gente que ha cambiado de domicilio y no está actualizado o incluso que se ha descubierto que está muerta…”  No dijo nada en cambio del motivo y el coste que supone que se llegase a contratar a 50 personas de una ETT para introducir informaciones de los beneficiarios de la RMI que iban a cobrar el cheque. Son informaciones que en muchos casos ya existen en los expedientes abiertos y que se hubiese podido hacer de forma individualizada y sin levantar tanta polvareda, lo que también evidenció una gran falta de coordinación institucional entre las dos Conselleries y un menosprecio considerable del trabajo desarrollado por las y los trabajadores sociales.

De los casos de fraude ventilados en la prensa y de las declaraciones tan ofensivas y estigmatizantes de todo un grupo de población ninguna cifra, ningún dato, nada… sólo anécdotas. Trágico.

Así pues y sin querer abundar más en los despropósitos de esta comparecencia que se recordará por el bajo nivel técnico y político, se ha puesto en evidencia mucho más el nuevo talante de este gobierno de derechas que está decidido ahora a fustigar a los más pobres con más control y orden y a eliminar por la vía burocrática y de muy malas maneras a posibles miles de beneficiarios.  Un talante poco dialogante que se ha vuelto a manifestar de forma evidente en la aprobación, sin tocar una coma ni sin ponerse de acuerdo con nadie (entidades, municipios, partidos, sindicatos, etc.), del Decreto el pasado 30 de agosto, lo que va a suponer unas cuantas vueltas de tuerca más en los requisitos de acceso para optar a esta ayuda social.

Las respuestas por parte de los grupos de izquierdas a la comparecencia de los Consellers fueron bastante contundentes y abundaron en las ideas de recuperar el consenso perdido con un tema tan sensible y de trabajar para la cohesión social, de criticar la desconsideración a los perceptores de la RMI al considerarlos defraudadores (PSC); del clasismo de las medidas emprendidas y del carácter de gobierno de los fuertes contra los débiles y de falta de transparencia (IC-EUiA); del hecho reciente de suprimir por parte del gobierno  impuestos de ricos y ahorrar dinero a costa de los pobres (ERC).

La gravedad de la situación

Los problemas de financiación a los cuales se enfrenta el gobierno de Catalunya no pueden ser únicamente culpa sólo del gobierno anterior tripartito o del gobierno de Madrid como repiten sin cesar los miembros del actual gobierno de CiU. Recientemente y por poner un ejemplo flagrante, el gobierno de Catalunya ha suprimido el impuesto de sucesiones que beneficiaba a tan sólo 500 familias con las rentas más altas y se dejaron de ingresar unos centenares de millones que ahora serían muy convenientes para afrontar la situación que se avecina. Tampoco ha creado ningún impuesto para las rentas más altas, ni se ha dedicado a perseguir el fraude fiscal que según algunos expertos puede suponer más de 15.000 millones de euros.

¡De momento sí tienen el honor de haber hablado de fraude de los más pobres en el Parlament de Catalunya!

Lo que nadie puede esconder es que la crisis ha provocado que los expedientes de la RMI se hayan triplicado desde el año 2008 y que las prestaciones de desempleo estén finalizando: el 70% de los parados en Catalunya van a dejar de percibir la prestación de desempleo en los próximos meses. Esta gente sería susceptible de pasar al programa de la RMI, así pues: ¿Qué va a pasar con esta gente?

Ahora bien, pensar que se puede acabar la pobreza o la exclusión social por la vía administrativa al no poder acceder a los requisitos sólo puede responder a ignorar el problema o a ser un incompetente y mirar hacia otro lado. Los recortes y la insuficiente inversión social pueden conllevar fracturas sociales y explosiones  de rabia a muy corto plazo y generarán situaciones de exclusión más costosas y más complejas de resolver en el futuro.  

No se puede tampoco estigmatizar y culpabilizar a todo un colectivo como se ha hecho con la sospecha de fraude, ni tampoco de no cumplir el pacto de inserción a los perceptores de la RMI por no hacer (como se ha dicho) cursos de formación ocupacional, en una situación de más de medio millón de parados donde no hay plazas de cursos para toda esta población y con una inserción laboral escasa (cuando se aprueban los cursos), por no decir que muchos de los perceptores de la RMI quedan fuera de la selección de los mismos. Hay que reconocer sin complejos de ningún tipo que si en estos momentos ya es difícil encontrar un empleo para personal con estudios y experiencia laboral, la inserción laboral de estas personas parece del todo imposible.  Los recursos sociales existentes en la actualidad son los mismos que antes de la crisis y esto no parece que sea una buena manera de afrontar los problemas que se avecinan.

Por una renta básica

Las soluciones no vendrán de la mano de este gobierno de derechas que sin ningún pudor se autodenomina “dels millors” (2). Este gobierno lleva meses fustigando a los usuarios y a la clase trabajadora de los servicios públicos y ahora se atreve con los más vulnerables y  lo hace sin ningún tipo de piedad como se ha visto: endureciendo el acceso a la prestación, paralizando expedientes, estigmatizando al colectivo, maltratando a los perceptores, obligando al personal a hacer cursos sin sentido y sin inserción laboral, acusándolos de fraude, de vividores, etc.

Bajar el importe máximo de la RMI por familia de 800 a 641 euros es condenar aún más a la miseria a estas familias, y además con la desfachatez de argumentarlo como hizo el Conseller Cleries para “evitar la trampa de pobreza y así evitar que la RMI supere al SMI y desincentive la inserción laboral.” La trampa de la pobreza que citó el Conseller Cleries se refería justamente a un estudio (3) de la renta básica (RB) que hizo la Diputación de Barcelona hace unos años pero del que no ha sabido aprovechar nada. Ya que si hubiese seguido leyendo podría ver que: la renta básica (4) y no precisamente la RMI, eliminaría la llamada “trampa del desempleo” permitiendo afrontar la búsqueda de empleo con mayor eficacia y con menos presiones coercitivas para los trabajadores, presiones que suelen redundar en la proliferación de empleos mal pagados, escasamente cualificados y de poca productividad, y abriría además interesantes perspectivas para el crecimiento del empleo a tiempo parcial siempre que sea elegido voluntariamente.

La respuesta a este ataque a los más necesitados, a lo que se considera cómo el último eslabón de la sociedad en unos tiempos de gran aumento del paro y de la pobreza,  tendrá que venir de una reformulación total y sin pegotes de este subsidio limitado, condicionado y cada vez más arbitrario a uno de carácter incondicional, universal y complementario con otras fuentes de renta como es la RB. Una RB que se trata de una solución muy necesaria, pero que parece que tendrá que ser reclamada y exigida desde un movimiento social como el del 15-M (5). Esta discusión parlamentaria sobre la RMI no se planteó ni tan sólo el debate de la RB, a pesar de ser un tema conocido de anteriores legislaturas del parlamento de Catalunya y también del parlamento español. 

Algunas de las razones que ya se han dado a favor de la RB en tiempos de crisis (6) y que ahora en este contexto es pertinente recordar son que “disponer de una renta básica indefinida, en caso de pérdida del puesto de trabajo, supondría afrontar el futuro de forma menos preocupante. Si bien es ésta una característica de la RB para cualquier coyuntura económica, en una situación de crisis, en donde la cantidad de desempleo es mucho mayor y las pérdidas constantes de puestos de trabajo crecen de forma acelerada, la mencionada característica de la RB cobra mayor importancia social. Disponer de una RB, cuando el volumen de desempleados es creciente y por tanto las promesas de reinserción laboral o de encontrar puestos de trabajo suenan a mentiras piadosas, permitiría asegurar, ni que fuera de forma austera, el porvenir más inmediato.”

Si como se dijo el pasado 26 de agosto en el Parlament de Catalunya por parte de las distintas fuerzas políticas, se quiere luchar de verdad contra la pobreza,  una RB equivalente al menos al umbral de la pobreza, sería una buena forma de acabar con ésta. En una situación de depresión económica donde los porcentajes de paro y pobreza aumentan de forma significativa y a los que habrá que dar alguna respuesta, la renta básica se perfila como una gran alternativa. Esperemos que tenga muchos defensores pues buena falta hace.

Notas:

(1): En dicha comparecencia en el Parlament el que esto escribe pudo estar presente. (2): “El Gobierno de los mejores” así es como el gobierno de Artur Mas se vanagloria de ser un gobierno capaz y competente. (3): Este estudio puede descargarse en el siguiente enlace:http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=d3a2a78b-938e-4f9c-8f21-0b5da30c4210&groupId=286059 (4) La renta básica, según la define la asociación Red Renta Básica, es un ingreso pagado por el Estado o una Comunidad Autónoma a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra manera, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta y sin importar con quien conviva. (5): Véase el artículo reciente publicado en Sin Permiso donde se examina el desplazamiento en el Reino de España del debate sobre la RB de los parlamentos a los movimientos sociales http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4277 (6): La Red Renta Básica editó en mayo de 2009 un manifiesto en varios idiomas titulado “Una renta básica en la actual situación de crisis económica”.

Sergi Raventós es
Diplomado en Trabajo Social y Licenciado en Sociología, trabaja en una fundación
sociosanitaria y es miembro de la Junta de la Red Renta Básica (www.redrentabasica.org)


Fuente:
www.sinpermiso.info, 4 de septiembre de 2011