Lula en la cárcel. Dossier

Pablo Stefanoni

André Singer

07/04/2018

 

Brasil. “El problema de este país no es Lula”

Sin Permiso

Lula regresó al punto de inicio de su historia para desenterrar la pólvora. Allí, en el Sindicato Metalúrgico de San Bernardo do Campo, en el mismo escenario que catalizó la lucha social y política de los metalúrgicos contra la dictadura, dibujó algunos retazos de 40 años de la epopeya. Estaban junto a él algunos de los que vieron nacer el proyecto más consistente de la izquierda en la historia de Brasil y uno de los más relevantes en América Latina a finales del Siglo XX. Su discurso, sin embargo, no fue un canto a la nostalgia sino una respuesta política a la coyuntura.

Brasil atraviesa una de las mayores crisis económicas y políticas de las últimas décadas. El gobierno de Michel Temer, sin ninguna popularidad, realiza el trabajo sucio de barrer conquistas económicas, sociales y democráticas de las últimas tres décadas, precisamente desde la promulgación de la reforma de la Constitución de 1988.

“Estoy siendo procesado por un departamento que no es mío, aseguró Lula en un fervoroso acto donde se coreaba la consigna “não se entrega, não se entrega”. La Red O Globo, recalcó Lula “mintió cuando dice que era mío, pensé que (el juez) Moro iba a resolver y él mintió diciendo que era mío…ninguno de ellos duerme con la conciencia tranquila que yo duermo”.

Advirtió: “no piensen que estoy contra el Lava Jato. Si castigar un bandido, hay que castigar y detener a un bandido que robó. Todos queremos eso. Todos nosotros decíamos que en Brasil sólo se castiga al pobre, no se encarcela al rico. El problema es que no se puede hacer justicia subordinado a los medios de prensa”.

Al referirse a la condena y encarcelamiento puntualizó “yo saldré más fuerte, más verdadero e inocente, porque yo quiero probar que ellos cometieron un crimen, el crimen político de perseguir a un hombre que tiene 50 años de historia política”.

Cerró su alegato de la mano de dos de los candidatos presidenciales Manuela Dávila (Partido Comunista do Brasil) y Guilherme Boulos (PSOL) y líder del Movimiento de los Trabajadores sin Techo, un claro mensaje de unidad de la izquierda. Acompañaron también a Lula representantes de otros partidos de la izquierda y dirigentes de los movimientos sociales, que fue presentando y agradeciendo uno por uno.

Sus palabras, a veces quebradas por la emoción o el esfuerzo, hicieron recordar por momentos al orador vigoroso de los tiempos de lucha contra la dictadura o de los debates con los líderes patronales, pero también aquellos donde se mostraba como el dirigente político capaz de navegar con soltura entre los tiburones de la vieja política brasileña.

Lula preso es un trofeo de caza para el gobierno y la derecha. Pero el proceso político y la legitimidad de las acciones contra Lula tienen flancos muy débiles. “La evidencia contra el señor Da Silva, sostiene Mark Weisbrot en el New York Times, está muy por debajo de los estándares que se tomarían en serio, por ejemplo, en el sistema judicial de los Estados Unidos”.

El propio debate del STF y el empate de la votación, que zanjó con dificultad Carmen Lucía, presidenta del Tribunal, mostró la debilidad del montaje.

Numerosos casos de corrupción, entre ellos los que apuntan al presidente Temer y a gran parte del elenco actualmente gobernante reúnen mayores evidencias que las mostradas contra Lula, pero tienen suficiente cobertura judicial y política.

El ministro del STF, Gilmar Mendes, que sorprendió el miércoles pasado al votar a favor de Lula, siendo un jurista proveniente de la derecha, que llegó a la magistratura nominado por Fernando Henrique Cardoso, calificó de “absurda” la premura con que Moro pidió la detención del expresidente. No obstante, adjudica al PT lo que él llama “despotismo judicial”, por las designaciones en los tribunales que hicieron Lula y Dilma. No es descabellado lo que sostiene Mendes: Carmen Lucia, fue nominada por Lula, Rosa Weber, Edson Facchin, Luis Roberto y Luiz Fux, por Dilma Rousseff; todos votaron contra el habeas corpus.

Si algún condimento faltaba a esta encrucijada brasileña lo puso el jefe del Ejército con sus advertencias despachadas horas antes del pronunciamiento del STF, lo que da cuenta André Singer en el siguiente artículo. El ministro más antiguo de la Corte, Celso de Mello, al inicio del fundamento de su voto, calificó de “inaceptables intervenciones pretorianas”, las admoniciones del general Eduardo Villas Bôas.

 “Voy allá (a la cárcel de Curitiba) con la convicción, repitiendo lo que vengo diciendo estos días: el problema de este país no es Lula, sino la conciencia del pueblo”, aseguró el líder del PT y dos veces presidente de Brasil.  Vale preguntarse si esa pólvora que fue a rescatar a San Bernardo do Campo estará en condiciones de aquí a octubre, para las elecciones nacionales. SP

 

São Bernardo, 1978-2018

André Singer

 

El lulismo no muere con la condena del ex tornero mecánico, pero se tendrá que reinventar

El 12 de mayo de 1978 comenzaba la huelga de Scania-Vabis en San Bernardo do Campo. Era la primera paralización obrera desde 1968 y el éxito de los trabajadores del sector automovilístico cambiaría la historia del país. La presencia de Luiz Inacio Lula da Silva, el líder sindical que surgió de ese movimiento, durante 24 horas en el Sindicato de los Metalúrgicos después de decretada su prisión el pasado jueves 5 de abril, cierra simbólicamente el largo ciclo que comenzó entonces.

El lulismo no muere con la condena del ex tornero mecánico. Pero se tendrá que reinventar para sobrevivir sin la libertad de Lula, en torno a quien el movimiento creció al punto de llegar a la Presidencia de la República. Más allá de cualquier otra consideracion, Lula demostró, durante 40 años, la innegable capacidad de aglutinar el campo popular de la política brasileña en torno suyo.

La operación Lava Jato, que alcanza su ápice con la orden de detención del exmandatario consiguió el efecto objetivo de afectar el corazón de la alternativa popular.

El juez Sergio Moro, una vez más mostrando que actúa mirando hacia la política, se apresuró a ejecutar la sentencia antes de que pudiera haber algún retroceso superior.

La profunda división del STF (Supremo Tribunal Federal) con relación a la votación del Habeas Corpus, indicaba la inestabilidad de la decisión anti-Lula tomada el miércoles 4 de abril.

Sin embargo, el Lava Jato, independientemente de las intenciones de cada uno de sus miembros, es apenas la punta de un iceberg.

Cuando en la víspera de la sesión del STF, el comandante Eduardo Villas Bôas difundió dos mensajes en Twitter y en uno de ellos afirmó que “el Ejército brasileño juzga compartir el deseo de todos los ciudadanos de bien del repudio a la impunidad”, quedó claro que la prisión de Lula se había convertido, para determinados sectores de la sociedad, en un asunto de “seguridad nacional”.

Las “intervenciones pretorianas”, conforme las calificó el ministro Celso de Mello, aproximarán la situación actual a aquella vivida después de 1964.

Se trata, una vez más, de impedir, en el tapete, que exista una alternancia en el poder. Una disputa sin Lula candidato, y con dificultad para explicar a su electorado quien lo representa, vaciará el pleito de octubre. La posible victoria de un candidato de “centro”, en realidad, del campo de la clase media, en esas circunstancias, tendrá su legitimidad disminuida.

Por otro lado, la evolución de los acontecimientos podrá transformar la condena de Lula en el principal tema de la propia elección. Dependerá, entonces, de la capacidad de los dirigentes forjados en este ciclo, que permanecen en libertad, reconstruir el polo que representa a los pobres. Sobre su éxito, el futuro dirá.

 

Disparen contra Lula

Pablo Stefanoni

El caso brasileño muestra que la lucha contra la corrupción puede convivir con el debilitamiento republicano y democrático. Las denuncias reales conviven con un clima de venganza social y avances desigualitarios que arma un escenario de deterioro generalizado. Al mismo tiempo, lo ocurrido en Brasil –sumado al caso argentino– obliga a las izquierdas a tomar en serio la discusión sobre los vínculos entre ética y política.

En una decisión esperada, el Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó el pedido de hábeas corpus interpuesto por los abogados de Luiz Inácio Lula da Silva tras haber sido condenado por dos instancias judiciales primero a 9 y luego a 12 años de prisión. El delito que se le atribuye es haber recibido indebidamente un tríplex en la playa por parte de OAS a cambio de ventajas para la empresa constructora. Con 5 jueces a favor y cinco en contra, le tocó a la presidenta del tribunal desempatar y lo hizo en contra de Lula.

En las largas horas de debates televisados –una particularidad de la corte brasileña– se mezclaron diversos tipos de argumentaciones jurídicas, históricas y políticas y predominó la decisión de mantener la jurisprudencia de 2006. El carácter público de la reunión obligó a los jueces a argumentar en favor y en contra del recurso de Lula. Presunción de inocencia e impunidad fueron polos dentro de los cuales debía decidirse si Lula debe ingresar a prisión de manera más o menos inminente.

No obstante, como quedó reflejado en las propias intervenciones, la decisión del tribunal operó en un ambiente crispado, plagado de presiones, y en el marco de un peligroso desplazamiento de la política brasileña hacia la injerencia pública y descarada de los militares. El propio jefe del Ejército, general Eduardo Villas Bôas, declaró desde Twitter, con intenciones poco veladas, que la institución «repudia la impunidad y respeta la Constitución, la paz social y la democracia». Un mensaje claramente intimidatorio. «¡¡¡Estamos juntos en las trincheras!!! ¡¡¡Pensamos igual!!! ¡¡¡Brasil por encima de todo!!!», se sumó con entusiasmo el general Antonio Miotto. Y otro habló de espadas y caballos preparados para el combate.

Con Lula a la cabeza de todas las encuestas con alrededor de 37% de las intenciones de voto, el juzgamiento del ex-presidente hace tiempo que es percibido por sus seguidores como un intento certero de proscripción. Y aún más: como una venganza de las elites contra el presidente obrero nacido en el Nordeste pobre de Brasil y más tarde sindicalista combativo en el ABC paulista, que sacó a millones de compatriotas de la pobreza y les abrió camino a un ascenso social material y simbólico. Así, la foto de Lula detenido bajo la dictadura tomó un nuevo cuerpo como prueba de la persecución permanente contra él. Y en la región la mayor parte de la izquierda inscribe todo este proceso judicial en la lucha entre el pueblo y las oligarquías.

En verdad, es difícil sostener esa imagen a secas. Lula y el Partido de los Trabajadores (PT) establecieron, desde el Planalto, diversos tipos de relaciones, no siempre claras, con el empresariado brasileño, y sus políticas contribuyeron a la expansión de varias «translatinas», como la hoy cuestionada Odebrecht, además de frigoríficos como JBS. También el PT quedó enredado en sus acuerdos con la vieja política, que no pudo reformar. La actual situación judicial de Lula no puede ocultar la historia de estos años –los esfuerzos «neodesarrollistas» de un hiperpragmático PT y sus vínculos con la burguesía brasileña–, y por eso no resulta tan fácil construir el entronque del Lula actual con el líder obrero de antaño, como ocurrió con Dilma Rousseff, quien en medio de su destitución ya no era la tecnócrata posizquierdista que entregaba el Ministerio de Economía a los neoliberales sino la guerrillera de lentes gruesos fichada por la dictadura.

Pero si este Lula reconstruido por parte de la izquierda y por él mismo resulta poco realista, y en efecto el PT fue atravesado por diversos escándalos de corrupción, no es menos cierto que el antilulismo constituye el vector para poderosas fuerzas desigualitarias y reaccionarias que marcan la historia brasileña y están muy activas en la actualidad. Es notable que la muy moderada experiencia petista sea hoy leída como «comunista» o como «dictadura sindical» en el marco de un antiplebeyismo a flor de piel, sumado al racismo y el clasismo de gran parte de las elites brasileñas. En verdad, el Lava Jato hizo caer a varias figuras otrora poderosas, como el propio Eduardo Cunha –artífice del golpe parlamentario contra Rousseff– o el empresario Marcelo Odebrecht, y no puede reducirse a una guerra anti-PT. Pero no es menos cierto que la venganza de clase está latente en los imaginarios creados alrededor de la lucha contra el lulismo como fenómeno político-social.

El caso brasileño muestra que la lucha contra la corrupción puede ir acompañada por un fuerte deterioro democrático e institucional. El asesinato de la concejala Marielle Franco; la corrupción descarada, que va desde el presidente Michel Temer hasta la mayor parte de los diputados, pasando por gobernadores y funcionarios de todo tipo y nivel; la ampliación de los grados de libertad para defender públicamente a la dictadura militar y la transformación de la delación premiada en una especie de mercado persa en el que se regatea información por beneficios en las condenas de manera poco transparente vienen encendiendo varias luces de alerta sobre la desdemocratización del país. El segundo en las encuestas para las elecciones de octubre, Jair Bolsonaro, es la expresión de esa degradación. Ex-militar y con un discurso anticorrupción y antielite, Bolsonaro expresa a la extrema derecha y su discurso está permanentemente condimentado con exabruptos homófobos, racistas y misóginos. Así, dijo que un error de la dictadura fue torturar en lugar de matar y que si tuviera un hijo gay prefería que muriera en un accidente antes de que se apareciera con otro hombre. También le dijo a una diputada que era muy fea para ser violada, entre otras expresiones del diputado que tiene alrededor de 18% en las encuestas.

Frente a este tipo de escenarios, parte de la izquierda nacional-popular –especialmente en Argentina– usa el término «honestismo» (que en verdad fue creado por Martín Caparrós en Argentinismos para referirse a la forma superficial en que se criticaba al menemismo sin poner en cuestión el modelo económico-social). Con este término se hace mención a los discursos anticorrupción que, por su veta antipolítica, terminan encumbrando a empresarios o poderosos que, a la postre, acaban por defender a los ricos y no mejoran ni la república ni la decencia pública (como el propio Temer o Mauricio Macri). En Italia, ese «justicialismo» del Mani Pulite terminó por destruir a los partidos tradicionales, que convivían con la mafia, y llevó a la primera magistratura a… Silvio Berlusconi. Hay, sin duda, un núcleo de verdad en la crítica a una versión despolitizada de la lucha anticorrupción, que incluye ingenuas visiones de que sin corrupción habría más desarrollo o de que «los pobres vivirían mejor». Es claro que hay desarrollo cuando hay políticas de desarrollo, que algunos países se desarrollaron con corrupción (Corea del Sur) y que «dejar de robar» no construye mágicamente cloacas para los suburbios populares latinoamericanos. Pero no es menos cierto que la izquierda antihonestista (no Caparrós) suele sobreexpandir estos núcleos de verdad hasta renunciar a construir una nueva ética pública, despreciando a menudo –al punto de no poder ver– las demandas sociales genuinas contra la corrupción en la política. El caso más emblemático al respecto es el del kirchnerismo en Argentina, que terminó casi neutralizado por una forma de financiamiento de la política (y no solo de la política) muy fácil de judicializar tras perder el poder.

Por otro lado, no es cierto que la lucha contra la corrupción siempre sea «de derecha». No lo fue en la Argentina de los 90 contra el menemismo, no lo fue más recientemente en Guatemala contra el ultraderechista Otto Pérez Molina y no lo es hoy en México, donde Andrés Manuel López Obrador usa buenas dosis de «honestismo» en una campaña que puede llevarlo a la Presidencia de la República. Y algo parecido ocurre con el discurso republicano: parece un obstáculo para realizar cambios progresistas desde el poder pero resulta fundamental para mantener ciertas conquistas –sociales y democráticas– cuando se lo pierde y es ocupado por fuerzas conservadoras.

«Si me encarcelan me convierto en héroe, si me matan me convierto en mártir y si me dejan libre me vuelvo presidente», dijo Lula en sus caravanas por Brasil para recuperar la mística política. El escenario político brasileño se vuelve ahora más incierto. Resta por ver qué estrategias despliega el PT más allá de insistir con la candidatura de Lula para mostrarlo proscripto, si el extremista Bolsonaro puede crecer y si emergen presidenciables moderados que aprovechen la vacancia de Lula. Y, no menos importante, qué quedará de la potencia de Lula en la cárcel, si es que como se espera es detenido y sus abogados no logran liberarlo rápidamente.

http://nuso.org/articulo/disparen-contra-lula/

politólogo brasileño, profesor de la USP, fue portavoz del primer gobierno de Lula.
Editor de la revista "Nueva sociedad"
Fuente:
Varias