Madrid: Ayuntamiento, cárceles y Asamblea

Carlos Girbau

10/11/2017

Funciona la política de la Comunidad que alberga la capital de reino de manera sincopada. Abunda la anodina normalidad pero, de vez en cuando, se producen colecciones de hechos que agitan el tedio pero cuando las cosas aparentemente regresan a su lugar, ya nada vuelve a ser igual. Esta semana nos tocaron seísmos de intensidad variable, pero con efectos claros y sin retorno. 

El martes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, intervenía las cuentas de la ciudad de Madrid por no cumplir con la regla de gasto. Le aplicaba al equipo de Manuela Carmena la misma receta que desde el pasado 20 de septiembre, sufren las cuentas de la Generalitat catalana.  Al día siguiente, el pleno de la Asamblea de Madrid rechazaba con la mayoría que le dan los votos del Partido Popular y Ciudadanos, la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, con el aval de 77 mil firmas, se presentó para garantizar soluciones habitacionales previas a los desahucios. Esa misma noche, Ignacio González, expresidente de la Comunidad,  en prisión desde hacía 200 días y acusado de ser el jefe de la organización criminal del caso Lezo, pagaba su fianza de 400 mil euros y podía ir a dormir a su casa. 

Montoro y su medida

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el mismo que vio cómo su amnistía fiscal era declarada inconstitucional, intervino las cuentas de la ciudad de Madrid el pasado día 7. La excusa: el incumplimiento de la regla de gasto por parte del consistorio de la capital. Digamos de paso, que dicha norma es incumplida sistemáticamente por el propio Gobierno del reino, pero eso no importó a la hora de tomar la medida. Ya se sabe, las comparaciones son odiosas. Evidentemente la decisión no tiene carácter administrativo, sino político y su fondo es muy grave.  A simple vista, el resultado de la medida será: (a) Un recorte, en aproximadamente 14 meses, de 608 millones que ya estaba previsto gastar en obras públicas de uso social (escuelas infantiles, calles, renovación de autobuses…), (b) remisión de las cuentas del consistorio semanalmente al Ministerio que estudiará cada pago y (c) cancelación del acuerdo alcanzado con los sindicatos por el que se igualaban sueldos y categorías del personal municipal y que afecta a 4.200 trabajadores.

Las consecuencias sobre la ciudad de Madrid y sobre la capacidad de hacer política de su gobierno serán demoledoras. Los ayuntamientos del reino representan ya de por sí las administraciones más intervenidas, las que menos capacidad de decisión política poseen. A ese hecho histórico ha habido que sumarle leyes especiales a partir de la crisis económica de 2008. Normas que, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (que incluye la regla de gasto empleada contra el Ayuntamiento de Madrid) han incrementado aún más la dificultad de las corporaciones locales por dar satisfacción a los programas políticos, en muchos casos antiausteritarios, con los que ganaron las elecciones municipales los ayuntamientos del cambio. El nudo aparentemente legal y administrativo, que ahoga a los ayuntamientos representa un problema político muy profundo: falta de democracia y de soberanía. El andamiaje normativo que se esgrime constituye una parte del conjunto de impedimentos construidos para que la población no vea reflejada, en la acción de la administración, aquello que votó con su papeleta. Es decir, en el fondo, que no pueda decidir. 

En el sentido señalado, la acción del Ministerio persigue:

  • Dejar claro que no hay otra opción política que no sea la que emana del neoliberalismo extremo que el gobierno Rajoy lleva a la práctica con el beneplácito de la Unión Europea.
  • Desgastar al gobierno de Ahora Madrid y, por ende, a todas las candidaturas del llamado municipalismo del cambio ante sus electores, intentando demostrar una supuesta incapacidad para cumplir un programa ya de por sí “imposible”.
  • En el caso concreto del Ayto. de Madrid, enfrentar al equipo de gobierno con el propio personal municipal para dificultarles aún más si cabe, la vida en este último tramo de legislatura. Quieren restarles apoyos dentro de la máquina administrativa municipal que empujan 30 mil empleados.

Qué dice la regla de marras

La regla de gasto señala que las administraciones públicas solo podrán realizar políticas que impliquen gasto público si primero y previamente, han satisfecho el abono de la deuda. Una vez esto resuelto, podrán gastar, pero solo hasta una cantidad que se corresponde con lo el Gobierno denomina “crecimiento medio esperado”. Un “crecimiento medio” tasado, para este año, en el 2,1%. La cifra la calcula el propio Gobierno en función de parámetros nacidos de su forma neoliberal de ver la economía, lo que se traduce en que hay muchos vectores socialmente importantes que ni se valoran.

El equipo de gobierno de Ahora Madrid como el resto de ayuntamientos del cambio no ha considerado, no ha podido o no ha sabido, díganlo como quieran, romper con esa norma de estabilidad ni otras leyes que la acompañan.   A pesar del dogal que suponen, los ayuntamientos, empezando por el de la capital, han ido aumentando sus inversiones, remunicipalizando servicios y, a la par, pagando y reducido la monstruosa deuda que en el caso de Madrid superaba los 5000 mil millones. Una deuda  heredada tras los más de 20 años de gobiernos con mayorías absolutísimas del PP. En solo dos años, Madrid ha reducido esa deuda en un 40% y  generado un superávit de 1000 millones de euros.  Eso le ha permitido invertir malamente, pero por lo menos invertir, en cuestiones imprescindibles. Muchas de ellas responden al intento de rehacer buena parte de lo destruido por los años de mayorías del PP y sus megaproyectos olímpicos, sus privatizaciones y sus contratos con grandes empresas pensados para blindar beneficios, no para los servicios que se suponían debían prestar. Obviamente, todo realizado o previsto respondía al programa electoral de Ahora Madrid y por tanto, al voto de la mayoría de los madrileños. Lo que los ciudadanos expresaron con su voto en 2015 fue precisamente la idea de liberarse de la parte extrema del candado neoliberal y recuperar espacio ciudadano y servicios y por ello quitaron al PP de la alcaldía. La decisión de Montoro, de todo el gobierno del PP y de su delegada en Madrid, va justamente en el sentido contrario: anteponer la voluntad derrotada por las urnas en las municipales a la de la mayoría de los madrileños.

Un fondo neoliberal muy profundo

El precio del rescate de 40 mil millones a la banca fue “constitucionalizar” el pago de la deuda, su capital e intereses, como una prioridad absoluta por encima del abono de cualquier otra deuda. Así nacieron deudas y deudores de primera y de segunda. Ahí radicó el fondo del cambio del artículo 135 en la Constitución, exigido por los tenedores de deuda a través de la Unión Europea. Luego vino el desarrollo legal de esa dualidad deudora. Y es en 2012 cuando entran en juego las leyes que Montoro redactó, entre ellas, la ya mencionada Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En esa norma se cargaba sobre ayuntamientos y Comunidades el peso del pago de la deuda y se estrujaban sus presupuestos exigiendo superávits a todo trapo. Precisamente, en ambas administraciones es donde se hallan los deudores “de segunda”, es decir, las personas, sus necesidades y sus derechos sociales y políticos. 

Comunidades y ayuntamientos son los responsables del gasto social y de los derechos que implica. Derechos que se ejercen cuando se va al médico, al colegio, a las oficinas de empleo o a los servicios sociales. Son el espacio donde residen las políticas de igualdad e integración social, la base del reconocimiento de la ciudadanía y de la democracia. Con los cambios legales habidos esa democracia se encogió y hoy, con la intervención de administraciones como la de Madrid, debemos concluir que se sigue reduciendo. Se achicó entonces, al reconocer que por encima de los intereses de la mayoría de la sociedad estaban los de la minoría que tenían la deuda y controlaban los bancos. Y sigue empequeñeciendo ahora, cuando el criterio de la regla de gasto se antepone a la voluntad de la ciudadanía madrileña. 

Cárceles y asamblea

La salida el miércoles 8 de noviembre de Ignacio González de Soto del Real tras reunir, gracias a 11 avalistas y en solo 24 horas, 400 mil euros de fianza junto con el rechazo unas horas antes en la Asamblea de Vallecas de la ILP sobre vivienda ahondan la contradicción entre democracia, voluntad y necesidades de la mayoría,  y privilegios.

Populares y Ciudadanos aseguraron que la iniciativa impulsada por la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la FRAVM y ALA, vulneraba “principios constitucionales”.  De un plumazo, la supuesta legalidad se oponía al 1,5% del censo electoral, 77 mil electores, que con su firma ante notario y en un tiempo récord, reconocían que existe un problema de vivienda en Madrid y se necesita una solución urgente. Un Madrid en el este año han crecido los desahucios un 5%. 

Las organizaciones y firmas hacían llegar  a la Asamblea una propuesta de Ley para dar alternativa habitacional a quienes no cuenten con ella en el momento de un desahucio. Principios constitucionales mencionaron el PP y C’s. Y no les faltó razón,  porque por la gracia del artículo 135, todo derecho, incluido el de la vivienda, está supeditado al abono del dinero que se llevaron las ayudas a los bancos, esos mismos que desahucian familias. 

La salida de la cárcel del expresidente González, la intervención del Ayuntamiento de Madrid y el rechazo a la ILP sobre vivienda en la Asamblea representan tres imágenes que muestran el cuadro completo de Madrid. De un lado, la ciénaga de corrupción que sigue vomitando aquello que ha ido tragando durante años e inundándolo todo con su olor insoportable, un olor que apunta al PP y a su modelo neoliberal. Un modelo que ha ido incrementando la deuda pública en Madrid (36 mil millones)  a la vez que el número de personas  empobrecidas (21,4% de la población). De otro, unos derechos y una voluntad popular cada vez más acogotados. 

Vista la situación, parece que democracia y legalidad han decidido emprender caminos divergentes en el reino y tal vez, si observamos la cosas en términos de democracia, la distancia entre Catalunya y el resto del reino no sea tan grande como la nos quieren mostrar.

Amigo y colaborador de Sin Permiso, es activista social en Madrid.
Fuente:
www.sinpermiso,info, 10 de noviembre 2017