Madrid: Cuando Lavapiés dijo ¡basta!

Carlos Girbau

18/03/2018

El pasado jueves murió Mame Mbaye; se desplomó de un ataque al corazón en la calle del Oso, en el barrio de Lavapiés de Madrid. Corría, huyendo de la policía que lo perseguía a él y a un grupo de manteros que ejercían la venta ambulante en la Plaza Mayor de la ciudad. Mame Mbaye, era de Senegal, tenía 34 años y había llegado al Reino en patera hacía 12, Mame vió  rechazada por dos ocasiones su solicitud de regularización. Las razones de ambas negativas fueron sus antecedentes por venta ambulante irregular.

Mame, nunca tuvo “papeles”. En estos 12 años, vivió, trabajó y pagó facturas, pero no disfrutó de ningún derecho, tampoco de acceso a médico de atención primaria. Solo tuvo deberes. La noche después de la muerte de Mbaye, Lavapiés, el barrio en el que vivía, vio como la policía cargaba contra las personas que denunciaban su muerte y su situación administrativa irregular. Hubo seis detenidos, 19 heridos, vehículos y cajeros quemados, lunas y escaparates rotos. La  caverna mediática española, encabezada por ABC , La Razón y El Mundo, no perdió la oportunidad para hablar de “antisistema” y del “laboratorio de la furia de Podemos”. Por su parte, el Ayuntamiento de Ahora Madrid comenzó a echar balones fuera, avisando de que abriría una investigación, a la par que señalaba rápidamente que su policía municipal no estaba persiguiendo a Mbaye.  Los medios alarmaron “sobre la violencia descontrolada”  de los sucesos, pero casi nadie mencionó lo que hay detrás de los mismos: la falta de regularización administrativa de cientos de miles de personas en el Reino, el racismo institucional existente tras esta muerte y la violencia institucional que sufren esas personas con derecho a nada.

Malick Gueye, también originario de Senegal, de 35 años y con 13 de residencia en España, portavoz del Sindicato Mantero y Latero de Madrid, y amigo de Mbaye señaló, en rueda de prensa, que el sindicato lleva desde sus inicios luchando a favor de la derogación de la Ley de Extranjería y de la despenalización de la venta ambulante de latas y del top manta. Hay que recordar que vender hoy en la calle está penado con hasta con dos años de cárcel. En la misma comparecencia, Malick aseguró que el colectivo se reúne todos los martes para tratar su situación y “para denunciar lo que sufrimos en la vida cotidiana: agresiones, abusos y detenciones, ingresos en los CIE y deportaciones. Hacen lo que quieren con los detenidos, saben que no pueden denunciar. Hemos llevado un registro denuncias. En julio, se lo hicimos llegar al Ayuntamiento. Eran 18 agresiones a nuestros compañeros, compañeros con brazos y piernas rotos. No es algo de ahora.” Malick igualmente explicó que lleva tres años en conversaciones con el Ayuntamiento de Madrid sin resultado alguno.

Racismo institucional

La política de la Unión Europea sobre inmigración y refugio, de la que el Reino de España es alumno aventajado, es en realidad una política de “guerra” que vulnera todo lo establecido en el derecho internacional. Primero, contra los que intentan llegar: existen acuerdos firmados con todos los gobiernos o incluso con señores de la guerra en Libia, destinados a repatriar al máximo posible de ellos, forzando su rechazo a través de buques militares y hostigamiento a las ongs que intentan auxiliarlos, y provocando miles de muertos en el Mediterráneo. En segundo lugar, contra quienes llegan, con el rechazo en frontera, la denegación de solicitud de asilo y refugio, la imposibilidad administrativa de regularización de su situación a través de leyes como la de Extranjería, las repatriaciones forzosas, la detención en centros especiales como los CIE y la persecución policial. El resultado de todo ello lleva a la existencia de una enorme bolsa de personas sin derechos que son sometidos por ello a todo tipo de arbitrariedades y abusos. Se trata de un racismo profundo e institucionalizado sobre el que posteriormente se alimenta la xenofobia y el propio racismo que se respira en nuestras sociedades. El 15M demostró como la crisis económica había encogido la democracia hasta expulsar de la misma a buena parte de la sociedad, que decidió entonces ocupar las plazas reclamando su lugar. La muerte de Mbaye y la respuesta llena de desesperación e indignación de Lavapiés, nos presenta a otra parte de nuestra sociedad, aquella que nunca tuvo, ni tiene ahora tampoco, acceso a nada.

El ayuntamiento

En septiembre de 2015, el Ayuntamiento de Madrid decidió colgar una pancarta en la fachada de su sede principal con la leyenda “Refugees Welcome”. Con este acto, la capital se unía a las ciudades que reclamaban, especialmente ante la guerra de Siria, que España cumpliera con la legalidad internacional que había firmado y abriera sus brazos a las personas que huían del conflicto. Desde entonces, ciertamente, el Ayuntamiento ha intentado por distintos medios tomar medidas que mejoren la situación de las personas refugiadas que han ido llegando al municipio, incluso a veces, sobrepasando sus propias competencias, por ejemple cuando se multiplican los casos de solicitantes que no tienen, por culpa del gobierno, sitios en los que ser acogidos. Sin embargo y a pesar de ello, la situación en Madrid sobre este tema deja mucho que desear. Aunque la política de inmigración es competencia estatal y de la Unión Europea y es ese marco el que condiciona todas las acciones que puedan llevarse a cabo, tal hecho no exime al Ayuntamiento de ofrecer una actitud valiente y protectora de los derechos de las personas que viven en la ciudad, sea cual sea su situación. Sabemos que no resulta sencillo, que la política neoliberal extrema del gobierno de M. Rajoy y de sus ministros de Trabajo e Interior sirve de todo menos de ayuda para lograrlo, pero eso no libera de cualquier responsabilidad al consistorio madrileño. La persecución que sufre la gente que, hallándose en situación irregular, intenta sobrevivir en la capital, también depende del ayuntamiento. En este sentido, hay salidas, medios, opciones y parches, si se quiere expresar así, para aliviar el dogal que padece una parte de su ciudadanía, mientras las leyes injustas que marcan el paso se derogan. La ciudad ha hecho suya una línea de derechos humanos que no puede pasar al margen de lo que la muerte de Mbaye saca a la luz y demuestra. Perseguir la manta, obviar la bolsa de personas privadas de todo derecho por su falta de medios, está en manifiesta contradicción con ella.

En resumen, no existe ningún camino que permita comenzar a resolver los serios problemas que hay en nuestros barrios, reducir la economía sumergida y el fraccionamiento social, poner freno a los abusos que ello comporta y  posibilitar ganar derechos, igualdad y convivencia al margen de derogar leyes que amparan el racismo institucional.  Leyes que, tras supuestos procesos administrativos para regularizar situaciones irregulares, esconden barreras profundamente discriminadoras que niegan de facto tal regularización. Lavapiés expone con sus movilizaciones que no se trata de un problema de unos pocos, sino de varios centenares de miles en todo el Reino. Un problema que muestra que sin ganar democracia para ese sector de la sociedad, serán imposibles medidas que permitan asegurar derechos para el resto. La máxima unidad, igualdad y libertad son imprescindibles. Los ayuntamientos y el conjunto del tejido asociativo tienen una importante responsabilidad en esa tarea y en consecuencia, ni el equipo de gobierno de Carmena, ni Ahora Madrid pueden excusarse detrás de realidades administrativas. Es el momento de la política y de demostrar que la pancarta que preside El Palacio de Cibeles, es mucho más que eso.

Amigo y colaborador de Sin Permiso, es activista social en Madrid.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 18 de marzo 2018