Madrid: la asamblea, sus presupuestos y la corrupción

Toda decisión económica viene precedida de una decisión política. Por si alguien no tenía clara la validez de este axioma, llegó el pleno de la Asamblea de Madrid del pasado 11 de mayo para aclarar, de un plumazo, todas las dudas al respecto. En él, Ángel Garrido consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del gobierno del PP liderado por Cristina Cifuentes defendió y se comprometió  a: (1) garantizar el carácter 100% público de la empresa Canal de Isabel II modificando para ello la Ley 3/2008; (2) venta de todos sus activos en el extranjero (presuntamente, el medio básico para la financiación ilegal del PP y el enriquecimiento de sus jefes), (3) congelación de las tarifas del agua y establecimiento de una tarifa social, y (4) compromiso de que los trabajadores, cuyo comité estaba en la galería del público, recuperarían su convenio específico de empresa.

En 5 minutos de intervención, Garrido liquidó 15 años de discurso machacón del PP. Tres lustros en los que Cifuentes y los suyos han hecho de la privatización el dios al que adorar, (la diosa es la austeridad), de la eliminación de lo público el eje de su fe y del “no hay otra opción, técnicamente es mejor, los sindicatos no representan a nadie y hay que crear las condiciones para que el empresariado genere empleo” el rezo de cabecera.

En este tiempo todo plan de modernización o sinónimo de eficacia y eficiencia debía tener un prerrequisito: que (hospital, escuela, medio de control, etc.) pasara de la gestión pública a la privada por la vía del convenio o la venta. Garrido, con su intervención, fue anatema por un día.  A partir de ahora, el propio PP reconoce en sede parlamentaria que existen cosas que gracias ser públicas, son más transparentes, eficaces, eficientes y más útiles para toda la ciudadanía. Sin duda, la pestilente mancha de la corrupción  que emana el Canal de Isabel II tuvo algo que ver en esta caída del Tarso Garrido de su caballo.

Gallardón, Dancausa y Cifuentes

Mientras en la Asamblea se rompían dogmas, la porquería ha continuado aflorando por unas alcantarillas saturadas de aguas fecales.  El defensor de falangistas cantantes del Cara al sol y otro que los que lo han sido casi todo en el PP (Presidente de la Comunidad de Madrid, Alcalde de la Capital y Ministro de Justicia), Alberto Ruíz Gallardón, ha tenido que ver como un escrito de la fiscalía, a pesar de los intentos de su jefe Moix,  señalaba al gobierno que presidió en 2001 como el arranque del uso impropio de fondos y su desvío en el Canal de Isabel II.

Por su parte, Concepción Dancausa, delegada del gobierno en Madrid, expresidenta de la Asamblea y exconcejal de Hacienda en el Ayuntamiento de la capital en los años de Ana Botella, adquirió un nuevo título, el de “investigada” por un caso relacionado con naves en Mercamadrid en el que también aparece el hermano de Ignacio González, Pablo.

Para completar el cuadro, a Cristina Cifuentes le ha surgido una nueva mancha, esta vez, en su propio vestido. A las conocidas de miembro de la comisión del Tamayazo en la Asamblea y del Consejo de Administración  del  Canal Isabel II, se sumó una firma suya avalando la cesión de explotación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco cuyo máximo accionista es el antiguo presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, acusado de financiación ilegal al PP.

Día tras día se demuestra de manera irrefutable lo profundamente anclados que se hallan los usos y costumbres de la corrupción, que ha permitido al PP construir mayorías políticas en Madrid, en todos los mecanismos que afectan a la relación entre Administración y empresa.

Unos presupuestos que alimentan la corrupción

La semana anterior al discurso hereje de Ángel Garrido, la Asamblea aprobó los presupuestos para el año 2017. Con ello Cifuentes ganó aire. Para aprobarlos necesitó cuatro cosas. La primera, el voto de diputados de su partido que huelen a corrupción como Isabel González, hermana del expresidente encarcelado. La segunda, el apoyo incondicional de Ciudadanos, formación que demuestra una vez más como su compromiso con la transparencia que predica se supedita a un fin mayor: su devoción por el dogma neoliberal. La tercera, que no prosperasen, en su momento, las enmiendas a la totalidad que se presentaron, algo que Cifuentes no hubiera logrado si el parlamentario socialista Daniel Vicente Viondi hubiera acudido ese día a su puesto de trabajo; y la cuarta: que la diputada socialista Isaura Leal, enferma el día de su votación de los presupuestos, hubiera estado presente en la cámara. Gracias al cumplimiento de esas cuatro condiciones, la Comunidad cuenta con unos presupuestos, impregnados desde su génesis de corrupción, votados por gentes del PP afectadas por la mancha de la sospecha y que avalan, por supuesto, en todas y cada una de sus partidas las prácticas políticas que han consentido y alentado la ciénaga en la que nos hallamos.

Como señalábamos al principio, toda decisión económica es previamente política. En otras palabras, primero se decide qué se quiere hacer y luego cómo se paga. Los presupuestos representan, en consecuencia, la mayor “concentración” de decisión política por centímetro de papel que se adopta cada año. Dicho de otra manera, suponen quién ganará con la aplicación de ese cúmulo de decisiones y el chorro de dinero que las acompañará para hacerlas posibles, como también quién perderá, quién pagará más de lo que recibirá. Pues bien, el presupuesto de la CAM en 2017 es una inyección de alegría para el 5% más rico de la población y una bofetada para el 95% de los 6.467.000 que habitan en ella; constituye otro baño de ortodoxia neoliberal que seguirá alimentando, a pesar de todos los discursos, la corrupción.

Porque la lógica que extiende la ciénaga corrupta por encima de la separación de poderes dentro del Estado y todo estamento administrativo con poder de decisión está profundamente anclado en el sistema capitalista nacional. De hecho, podríamos resumirla así: El papel del gobierno es colaborar en el desarrollo de la sociedad. Sin negocios y sin iniciativa privada no hay avance social.  Las medidas que mi partido toma y yo mismo formando parte del mismo, benefician ese progreso de la sociedad. Por otra parte, todo el mundo paga por los servicios que se le prestan. En consecuencia con todo lo anterior, si de mis decisiones y de las de mi partido depende que alguien gane mucho dinero, es lógico que ese alguien pague por ello una parte y de ahí que partido y la persona que lo facilitan, reciban una comisión que posibiliten que sigamos ganando elecciones y que nos permitan seguir exprimiendo el limón. Por último, cuantas más áreas se abran al negocio, mejor, más crecimiento y más comisiones.

El presupuesto de 2017 constituye un arma de 18.538 millones de euros al servicio del poder del dinero y sus necesidades, y no de las de personas y las suyas.

CCOO de Madrid, en su extenso y completo análisis de estos segundos presupuestos de Cifuentes,  señala un conjunto de datos que vamos a citar, a la par que avisa de que ahondarán las desigualdades.

• ·    En Madrid, el 20,5% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social, 4 puntos más que hace una década. Son 1.325.000 personas, de las que más de 350.000 se encuentran en riesgo de pobreza severa.
• ·     Se produjeron más de 6 mil desahucios durante 2016.
• ·    Se extiende la categoría de los “trabajadores pobres”. Un 31% de los trabajadores madrileños perciben salarios inferiores a los 900 euros mensuales, de los cuales, un 14% cobran menos del SMI.
• ·     La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre situó el desempleo en 474 mil las personas.
• ·    Sólo el 18% de la contratación es indefinida; los contratos a tiempo parcial se disparan siendo ocupados en un 72% por mujeres. El paro de larga duración se cronifica: El 58,2% de las personas desempleadas son de larga duración y el 42% llevan buscando empleo más de dos años.
• ·    Las familias madrileñas que tienen a todos o la mitad de sus miembros en paro sobrepasa el 25% (en el 6,7%  de ellas todos están en paro).
• ·     Más de 300.000 personas desempleadas no tienen prestaciones por desempleo.
• ·     El número de camas por cada mil habitantes se ha reducido en los últimos 10 años, pasando de 3,5 a 3,33,  todo y teniendo en cuenta que se han abierto 10 nuevos hospitales.
• ·     La sanidad perdió 1.000 millones de euros, de los que 525 millones han sido en personal; ello ha supuesto la pérdida de 6.000 puestos de trabajo.
• ·     La educación  sufrió una reducción de  600 millones, de los que el 50% han sido en personal, con una pérdida de más de 3.000 trabajadores y trabajadoras.
• ·    El dinero destinado a la enseñanza concertada por alumno es superior al destinado a la educación pública. Todo ello por no hablar de la reducción en 8 millones para la educación primaria, infantil o especial, o los 14 millones menos que se destinan a la Secundaria y el medio millón menos a los centros de formación profesional.
• ·    La atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid, tras 10 años de la aprobación de la ley, mantiene una lista de espera que casi alcanza a 20.000 personas. Hay un descenso continuado de solicitantes y el nivel de denegación está en el 25%.
• ·     87 mil familias no perciben ningún ingreso y la Renta Miníma de Inserción solo llegó en 29.032 en 2016.

Frente a la emergencia social descrita, el presupuesto aprobado responde con un nuevo endeudamiento de 1.308 millones de euros, lo que unido a las amortizaciones, llevará a las arcas públicas a un desembolso de 3.228 millones de euros, es decir, 769 millones más que en 2016,  para el pago de deuda pública. A esto debemos sumarle los correspondientes intereses, 823 millones de euros en 2017. Recordar que la deuda pública de la Comunidad de Madrid  habrá pasado de 10.072 millones de euros a finales del año  2006 a más de 31.000  millones de euros cuando finalice 2017, es decir, un aumento del 200%. Lo adoradores de la austeridad, son en realidad, los vaciadores de las arcas públicas a cuenta de los rentistas que cobran dividendo.

El presupuesto mantiene los regalos fiscales a los más ricos. Un ejercicio más se consolida una política fiscal que beneficia al 6% de los contribuyentes madrileños, precisamente aquellos con mayores rentas y patrimonios. Esta política fiscal, iniciada en 2003, ha significado según datos de la propia Consejería de Economía y Hacienda, un detrimento en las cuentas públicas de más de 36.000 millones de euros, lo que suma prácticamente dos presupuestos anuales.

Otra de las claves del presupuesto pasa por profundizar la desorganización de lo público y el avance de la puesta de todo al servicio del negocio. Ejemplo paradigmático es la partida de Política Social. Con la que está cayendo, a ese fin solo se destinan 1.586 millones, un 8,5% aproximadamente del total, o sea, poco dinero que además en gran  parte se dirige a engordar la política implacable de privatización. Así, la gestión indirecta supone ya el 75% del presupuesto, los convenios y conciertos de servicios sociales de toda la Consejería  pasan de 505,2 a 578,6 millones de euros (73,4 millones de euros más, un 14,5 porcentual). A ello se suman otros 90 millones destinados a la Gestión de Centros de forma indirecta.

Podríamos continuar partida a partida, pero parece meridiano lo poco que le importa al gobierno de Cifuentes si el dinero es escaso o mucho. El centro de la acción está en mantener la lógica del negocio privado, las exenciones fiscales a los más ricos, el dinero para los prestamistas, trufando los servicios básicos de suculentas posibilidades de negocio. Un negocio que, para prosperar, precisa de decisiones de poder a medida, las cuales, por principio, llevan grabado a fuego el sello que alimenta la corrupción.

En resumen, mientras sigan manejando los hilos del poder, no habrá medio ni medida de secar la ciénaga y renovar las aguas. No se cortará la corrupción.