Madrid o la "normalidad" neoliberal

El lunes, 18 de diciembre, el concejal responsable del Área de Economía y Hacienda del Ayto de Madrid, Carlos Sánchez Mato, fue cesado por la alcaldesa Manuela Carmena. Daniel Bernabé cuenta bien en estas mismas páginas, que se hacen eco de su artículo publicado La Marea, lo sucedido. Este hecho junto a la votación a favor de la mayoría de concejales de Ahora Madrid y todos los del PP permitieron sacar adelante el llamado Plan Económico Financiero (PEF) del ayuntamiento madrileño. Un PEF que responde a las instrucciones dadas por el Ministerio de Hacienda y que ha permitido que el PP, partido perdedor de las elecciones municipales en la capital, impusiera la parte mollar de su programa a través de retorcer el brazo al equipo del gobierno municipal. Manuela  Carmena, la alcaldesa de Ahora Madrid, ha señalado que, gracias a ese voto y a la cabeza del Bautista Sánchez Mato, Madrid ha encontrado su normalidad y que ahora toca emprender la despolitización de los grupos que sostienen su mayoría.

Pero ¿de qué acuerdo y de qué normalidad se habla?

Pablo Carmona, uno de los seis concejales de Ahora Madrid que se ausentó del pleno en el momento de la votación del PEF, al igual que hicieron Sánchez Mato, Yolanda Rodríguez, Mauricio Valiente, Rommy Arce y Montserrat Galcerán, lo resumía en una entrevista en elsaltodiario.com: “A todos los efectos, este plan económico es una intervención de nuestras cuentas”. Por su parte, Sánchez Mato en otra entrevista en el mismo medio señalaba: “El presupuesto es la principal herramienta de un municipio, Comunidad o gobierno central. Si el presupuesto te lo hacen en La Moncloa, es más fácil y cómodo decir que ahora ya no estás intervenido, pero, desgraciadamente, con un presupuesto que nos viene dado no es posible llevar a cabo nuestro plan de gobierno.”

Pero es cuando pasamos de las declaraciones a los números, cuando podemos observar con mucha mayor precisión qué ha sucedido esta semana navideña en la capital.  Siguiendo las palabras del propio Carmona, la intervención, que significa un recorte en gastos no financieros de 550 millones solo en el primer año, afecta de lleno a las tres líneas que concentraban la acción del gobierno municipal, precisamente en el último bienio de la legislatura. Estas líneas quedan cortadas y suponen, como señala Carmona, “la imposibilidad de desarrollar nuevos programas sociales de calidad. Incumplir las mejoras laborales pactadas en el último año con los sectores más precarizados del Consistorio y una reducción de las inversiones en más del 80% en los nuevos centros culturales, escuelas infantiles, centros de mayores, escuelas de música y en la gran mayoría de las nuevas inversiones prometidas. La práctica totalidad del plan de gobierno en materia de inversiones no se podrá realizar”.

La portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, defensora del acuerdo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ha salido al paso de las afirmaciones de los ediles díscolos asegurando que no hay recortes de entidad y que, gracias al capítulo de inversiones financieramente sostenibles (IFS), Madrid llevará a cabo sus inversiones. Por su parte, Carmona aclara en la entrevista antes mencionada que “el decreto que regula dicho tipo de inversiones fija un conjunto de condiciones que impiden, por ejemplo, construir un polideportivo o una escuela infantil. Son inversiones útiles para reformas, pero no para grandes inversiones”. O sea, que, efectivamente, no sirven para cumplir con el programa previsto por Ahora Madrid.

Como decíamos en Sin Permiso cuando se intervinieron las cuentas del Ayto hace aproximadamente un mes, tal intervención no representaba un problema administrativo de interpretación de procedimientos.  Era un problema político de primer orden. Un problema de democracia, de pugna entre la voluntad popular expresada en las urnas a través del voto en las últimas elecciones municipales de 2015 y el plan de la política neoliberal.

Los procedimientos disfrazan a menudo cuál es el fondo de los supuestos criterios de neutra eficiencia y eficacia que los justifican. Es decir, a quién realmente sirven.  A día de hoy, no existe duda alguna de que los objetivos esenciales del marco legal (normas que nadie vota y que muestran una manifiesta y  arbitraria discrecionalidad) son dos: por un lado, pagar la deuda, o lo que es igual, preservar los intereses de los tenedores de la misma (la gran banca) y por otro,  mantener la unidad de España, que es la garantía legal de que, precisamente, los intereses de los primeros se hallen a buen recaudo. Son las dos caras de una misma y única realidad a la que se sacrifica todo lo demás: sanidad, educación, dependencia, vivienda, empleo, igualdad y la propia voluntad de la mayoría (la democracia).

La intervención de Madrid, hija del cambio en el artículo 135 de la constitución, y la intervención en Catalunya, hija del artículo 155, representan la forma más concreta y destilada de la normalidad reinante.  Por si había dudas, el presidente Rajoy volvió a insistir en ello con ocasión de la cena de navidad de su partido el PP en la Comunidad de Madrid: “los gobernantes ya saben lo que pasa cuando hacen lo que no se puede hacer”.

La normalidad de esta segunda restauración borbónica se impone a base de supeditar la voluntad popular y la acción de gobierno de todas las instituciones a los dos principios antes indicados (pago de la deuda y unidad de España). Fuera de ello, solo queda anatemizar y un gran y árido desierto.

En las elecciones municipales de 2015, el voto en las principales ciudades del reino sitúo a un buen puñado de candidaturas de cambio y de regeneración democrática en sus Alcaldías. El voto de millones de personas perseguía rescatar derechos y espacios para el común de la ciudadanía, elementos muy golpeados o perdidos por los recortes e imprescindibles para proteger a la mayoría (vivienda, escuelas, asistencia, políticas contra la pobreza y a favor de la convivencia, etc…). Esos votos también pretendían limpiar el panorama de la apestosa y persistente corrupción. El empeño parecía relativamente simple de sustanciarse: solo había que depositar una papeleta y con ella, se recuperaba la institución para la gente, se la ponía al servicio de la mayoría y se echaba a los recortadores; se abría el camino a revertir los efectos de sus tijeras y se sacudían las alfombras de corrupción. Pero muy pronto se vio que simple y fácil no son sinónimos y que la propia institución representaba una máquina pesada y espesa, intervenida por el Estado, con escaso poder, poca autonomía y  pensada, a través de múltiples reglamentos, para vivir  y reproducirse de manera perfecta sin la ciudadanía. Para ningún proceso, salvo el voto cada cuatro años,  supone una condición necesaria, y solo hasta cierto puento, la participación de la gente. Y por si alguien lo olvidaba, enseguida aparecieron Montoro con su regla de gasto, su ley de sostenibilidad y el dogal de la deuda para recordárselo a muchas administraciones locales.

Las intervenciones sobre Madrid y  Catalunya, cada una a su nivel y con sus peculiaridades, llevan a consecuencias bastante parecidas. En especial, a la constatación de que no es posible escapar de la política neoliberal únicamente con el voto de la ciudadanía y jugando exclusivamente con los resquicios y recovecos que toda ley puede ofrecer. Todos los ayuntamientos han intentado en este tiempo, con mucho esfuerzo y muchas horas de dedicación, encontrar en esos recovecos caminos que les permitieran acercarse al cumplimiento del programa que vio nacer a sus candidaturas.  A pesar de ello y de algunos evidentes logros que hablan bien del enorme esfuerzo de muchos equipos de gobierno, el fondo del asunto, como muestra la intervención de Madrid y sus efectos, se revela  inalterable. El poder de las grandes empresas, sus conexiones políticas, en especial del PP, su red clientelar, su corrupción y la ciénaga en la que se alimenta, las normas con las que parasitan y blindan contratos con las administraciones, la propia regla de gasto y el pago a proveedores siguen en el mismo sitio. La derrota electoral que cosecharon en las municipales de 2015 no lo ha variado. De todo ello y de la ausencia de más politización y  de más participación política se alimentan los golpes de hoy y el profundo desprecio que exhiben tales poderes reales por la democracia.

La intervención de Madrid sirve para poner fin, abruptamente, a la sana ilusión de la posibilidad del cambio contando para ello con el voto como único impulso. La intervención obliga a la reflexión al menos en una doble vía. De un lado, sobre el propio régimen del 78 y “su democracia” y del otro, sobre, mientras el régimen exista, de qué medios nos dotamos para conseguir satisfacer los objetivos de justicia y democracia republicana que perseguimos.

El régimen, sin mejorar un ápice en su crisis y bien al contrario, profundizándola, aún se halla en condiciones  de marcar la vida institucional. Y las fuerzas que pugnan por el cambio en el ámbito municipal han entrado en una situación de desconcierto que Madrid y su PEF manifiestan claramente.

La crisis del régimen de esta segunda restauración borbónica madura muy lentamente. Y frente a ello, el mejor camino para resolverla de manera positiva  para los intereses de la mayoría, pasa inexorablemente por volver andar, en parte, el camino que permitió las victorias electorales de las últimas  municipales. Es decir, movilización popular, transparencia, participación, unidad y propuesta. Sin ello, todo el titánico esfuerzo realizado en estos dos años y medio acabará perdiendo la fuerza que le queda.

La mejor gestión, no es aquella que cumple la ley, sino la que obedece a la voluntad de quienes votaron, aquella que ayuda a cumplir los objetivos propuestos y comprometidos en el programa. Una gestión que vive de la participación y de la acción como elementos imprescindibles y determinantes para poder llevarse a término.