Madrid: Saqueo a la democracia

Carlos Girbau

23/04/2017

Podemos tener democracia en este país o podemos tener mucha riqueza concentrada en manos de unos pocos, pero no podemos tener ambas cosas. Louis D. Brandeis

La capital del Reino lleva unos días de vértigo. El miércoles 19 era detenido Ignacio González, expresidente de la Comunidad autónoma y ex secretario general del PP, acusado de organización criminal, blanqueo de dinero, prevaricación, malversación, cohecho, fraude y falsificación documental.  Tras él fueron su hermano Pablo y Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero del diario La Razón[1] y uno de los máximos responsables del Canal de Isabel II[2] en Latinoamérica. Se trataba del primer desenlace de la Operación Lezo, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, a través de la Guardia Civil, la cual se saldó con la detención provisional de 10 personas y la realización de 30 registros.

El jueves 20, la otrora todo poderosa lideresa del PP madrileño, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, condesa consorte de Murillo, nieta del conde de Sepúlveda y Grande de España[3], declaraba en los juzgados en calidad de testigo por la trama Gürtel, trama que ha llevado al gerente y tesorero del PP, Luis Barcenas, a prisión y ha puesto al descubierto uno de los entramados más importantes de corrupción y de financiación ilegal de este partido. Es este mismo caso el que hará que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deba declarar como testigo[4] ante los juzgados.

Aguirre, a la salida del juzgado lloró (sin lágrimas) y se mostró desolada por la “nueva rana”, Ignacio González, surgida en la charca de su equipo en el PP[5].

El viernes 21, Ignacio González pasaba de la comisaría a la cárcel de Soto del Real. Fernando Granados, también ex secretario del PP como él y ex consejero de casi todo con Esperanza Aguirre, lleva ya desde finales de 2014 durmiendo en la prisión de Estremera. El primero como jefe de la trama “Lezo” el segundo, de la “Púnica”[6]. Edmundo Rodríguez Sobrino también ingresaba en prisión, reforzando así la constatación de que el Canal de Isabel II representaba la empresa matriz de la que surgió la trama Lezo.

El mismo día 21, el consejero de la constructora OHL, Javier López Viejo, el compiyogui de la Reina Leticia, fue puesto en libertad bajo fianza de 100 mil euros. El sumario señala que López Viejo pudo haber entregado hasta 1,4 millones de euros a Ignacio González a través de una cuenta en Suiza a cambio de la adjudicación de obra pública en la comunidad madrileña.

Una jornada después, el sábado 22, salía a la luz que el hermano de González, Pablo González, también en la cárcel, y uno de los jefes, en su momento, de la empresa pública Mercasa se había entrevistado en marzo con José Antonio Nieto, Secretario de Estado y número dos del Ministerio del Interior. Fuentes oficiales han señalado que se trató de una visita protocolaría; la prensa se inclina a pensar que fue en esa entrevista en la que se comunicó a los González que la Audiencia les estaba investigado. Un tiempo precioso para destruir pruebas, cosa que parece han hecho al menos en el Canal de Isabel II.  Se repetía la jugada que ya vimos cuando Rodrigo Rato acudió a entrevistarse con el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

El goteo de noticias, detenciones, idas y venidas a los juzgados, los intensos rumores sobre la dimisión de Esperanza Aguirre como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, así como la creciente sombra de sospecha que se cierne sobre la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, consejera también durante años en el Canal de Isabel II, dibujan un panorama que expresa con claridad cómo se ha alimentado el robusto pilar con el que el PP ha venido construyendo sus mayoría parlamentarias en la Comunidad desde el año 2003: el dinero ilegal de las grandes empresas. Entre otros delitos, a González se le acusa de organizar a través de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) un entramado para recaudar un millón de euros con el fin de sanear las cuentas del PP madrileño, maltrechas por las elecciones de 2011.

El “Tamayazo”, la prueba del 9 para los atracadores

A nadie se le escapa ya que los miembros de esa sociedad de atracos limitada a unos pocos (una parte nada despreciable de los jefes del PP) han empleado los distintos gobiernos (municipales, autonómicos o estatales) para robar, robar y seguir robando. Ahora bien, el aluvión de abusos, el retorcimiento de leyes, el amaño de contratos, la privatizaciones a espuertas y el vaciado de las arcas públicas, todo ello barnizado de una ideología neoliberal que les permitiera ser más y más ricos, no pueden tapar el fondo y el precio político que toda la ciudadanía estamos pagando. Un precio muy superior al tamaño de sus cuentas corrientes, un precio que se contabiliza en democracia.

En 2003 hubieron de repetirse las elecciones en la Comunidad de Madrid; por entonces, el PP llevaba tiempo mordiendo voto en los municipios y acercándose a un PSOE instalado en su eterna crisis madrileña.  A pesar de ello, el resultado de los comicios dio la mayoría a la izquierda (PSOE más IU) aunque por solo dos diputados. Fue entonces cuando precisamente dos diputados del PSOE (Eduardo Tamayo y María Teresa Sáenz) se negaron a votar como presidente a su candidato, Rafael Simancas en plena sesión de investidura. Tras las causas de este rechazo aparecieron el soborno y la sospecha de que Ricardo Romero de Tejeda, secretario General del PP entre 1996 y 2004, consejero de Caja Madrid, usador y abusador confeso de tarjetas black, defensor de su legalidad y alcalde de Majadahonda (1989-2001), municipio sumergido en la trama Gürtel, había gestionado la abstención que obligó a la repetición electoral; todo ello a cambio de que alguna constructora amiga pagara un buen pellizco a los dos diputados díscolos.

La repetición de esas elecciones, en las que el PP perdió muchos menos votos que el PSOE, otorgó a Esperanza Aguirre su primera mayoría absoluta en la Comunidad. En otras palabras, el Tamayazo, “el golpe de Estado” del dinero sobre la  voluntad popular había funcionado. Asistimos a la prueba práctica de que se podía conseguir, con la mayor impunidad, dinero ilegal para financiar campañas, ganar votos y formar mayorías que permitieran configurar gobiernos  para el gran capital. Desde ese instante, la tendencia creció exponencialmente. El Tamayazo representó el triunfo de la corrupción sobre la democracia y perfiló una prueba más de la enfermedad mortal que atacaba de manera irremediable al régimen del 78, enfermedad que se hizo visible con fuerza a partir de la crisis económica del 2008. Precisamente con la crisis se puso a prueba todo el entramado institucional, jurídico y de representación, y comenzó a hacerse evidente su total incapacidad para  satisfacer las necesidades crecientes de vivienda, salud, empleo, protección social en condiciones, educación o derechos de una población cada vez más empobrecida en una sociedad cada vez más dual.

La izquierda y la moción de censura

Más de tres lustros han transcurrido desde ese “golpe de las grandes empresas” a la democracia. Y desde entonces, las izquierdas funcionan en Madrid como un boxeador sonado que pega golpes aprendidos cuando se halla en forma, pero que  es incapaz de noquear a un adversario que le cambió las normas, las condiciones del combate y que usó la ilegalidad en la pelea. Ciertamente y aún sonado, el boxeador acierta con algunos golpes, como vimos en las últimas elecciones municipales, pero no logra vencer. Tan pronto como los viejos automatismos de aparato se vuelven a instalar y triunfa su tacticismo de vía estrecha, su división calculada y su pose, el contrincante recupera terreno aupado por el doping con el que compite.

Dicho de otra manera, cuando las izquierdas se acercan a lógicas de inercias que ya no existen, a un parlamentarismo vacío con reglamentos y declaraciones que nadie aplica, el capitalismo de ciénaga que nos domina y embarra todo en el caduco régimen del 78, regresa a ensuciarlo todo. Es sobre todo el PP, como representante directo del sector más poderoso del gran capital quién emplea lo que está a su alcance (fiscales, ministros, jueces, sentencias, dinero, jefes de Bruselas, etc.) para doblegar la sociedad al designio de quienes ganan en con la corrupción. En consecuencia, desalojarlo del poder político se transforma en una necesidad de primer orden para regenerar y recuperar democracia y derechos.

Podemos ha señalado, no sin cierta controversia interna, que quiere una moción de censura que desaloje al PP de la sede del gobierno autonómico en la puerta del Sol de Madrid. No es para menos. A la vez, el PSOE indica, con la boca algo más pequeña, que está de acuerdo. Ambos miran a Ciudadanos que repite machaconamente que no desean desalojar a Cifuentes, ni romper el pacto que colocó de nuevo al PP en el gobierno tras perder su mayoría absoluta en la última contienda electoral. Sin duda, la aritmética parlamentaria gestionada en frío daría la razón a quienes concluyen que hay “PP para rato”. Pero existe mucho de vieja política en esas afirmaciones. La situación no debe ser analizada únicamente desde esa perspectiva. Si solo hubiéramos visto ese rostro de la realidad, nadie hubiera observado el 15M y su ocupación de las plazas como un instrumento que podía cambiar las cosas y la correlación de fuerzas.

Abrir el camino a una moción de censura debe huir de la lógica del boxeador sonado, que repite lo que aprendió hace tiempo y que apenas le da ya resultado. Abrir ese camino para el desalojar al PP tendría,  en consecuencia, que buscarse en la calle, definiendo un plan unitario de recuperación de derechos (sociales y políticos) que se forje por la confluencia de las entidades sociales, empezando por los sindicatos, siguiendo por la PAH, las asociaciones vecinales, las mareas de todos los colores, los gobiernos municipales del cambio y los partidos en la Asamblea de Madrid. Es decir por las resistencias. No existen muchas más vías que llamar a la máxima unidad de todas las voluntades que quieran regenerar y recuperar la democracia ante aquellos que la atracan, la jibarizan y la secuestran a cuenta del gran capital.

Notas:

[1] Diario derechista perteneciente al grupo Planeta.

[2] Canal de Isabel II: Empresa pública de la Comunidad de Madrid encargada del suministro de agua y resto del ciclo del agua.

[4] Mariano Rajoy dirigió 5 campañas electorales financiadas en parte con dinero de la trama Gürtel.

[5] En este gráfico se muestra a los principales encausados que han tenido importantes responsabilidades en la Comunidad de Madrid y que demuestran que a la caza talentos del PP le han salido más de una rana http://elpais.com/elpais/2017/04/22/media/1492874230_875451.html

[6] Red de financiación ilegal del Partido Popular y enriquecimiento ilícito de los máximos cargos del PP.

 

Amigo y colaborador de Sin Permiso, es activista social en Madrid.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 23 de abril 2017