Madrid: Un modelo y un estatuto periclitados

Carlos Girbau

01/10/2017

Los pasados días 21 y 22 de setiembre se celebró el debate sobre el Estado de la Región, debate con el que se abrió formalmente el curso político en la Comunidad autónoma de Madrid. El actual gobierno del Partido Popular (PP) llegó al mismo con abundante plomo en las alas. Hace poco más de tres meses debió superar la moción de censura que presentó Podemos; tiene a miembros de su lista electa y cargos públicos procesados o en la cárcel como es el caso del anterior presidente autonómico, Ignacio González, acusado de dirigir una de las tres grandes tramas de corrupción (Lezo)  cuyo epicentro se encontraba en la empresa pública de aguas, el Canal de Isabel II. Además, el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, continuaba en su puesto a pesar de haber sido reprobado por la Cámara autonómica en el periodo de sesiones anterior, mientras Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, vivía su procesamiento judicial pendiente de un hilo por su relación con la trama Púnica.  Para completar el cuadro, el ritmo de crecimiento económico está dando ya síntomas de ralentización en la Comunidad de Madrid, y la deuda pública crece a un ritmo de más de un 13% en solo los dos años que llevamos de legislatura.

Se puede decir que  aunque formalmente el debate se celebró, en realidad no hubo debate. La presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, presidenta a su vez del PP madrileño, tomó la palabra cuatro veces más tiempo (en total habló 6 horas) que toda la oposición junta que solo lo pudo expresarse una hora y media. Dentro de esos 90 minutos hay que incluir no solo las intervenciones  de la oposición,  PSOE y Podemos, sino también la de los socios que hacen posible su gobierno, Ciudadanos (C’s).

La presidenta empleó mucho vocablo para tapar su falta de verdaderas propuestas, para esconder el agotamiento de un modelo que se basa en flujos financieros, turismo y servicios, y que destruye industria, descapitaliza los servicios públicos, se sustenta en especulación y se apoya en una corrupción sistémica que vacía la democracia y que lleva años financiando ilegalmente las campañas electorales del PP a la vez que incrementa la pobreza y la desigualdad. Pero la palabrería de Cifuentes no fue capaz, eso sí, fuera de la sede parlamentaria y  en rueda de prensa, de evitar que se viera obligada a abrir la mayor crisis en su gobierno, una crisis que se saldaba con las salidas del mismo del reprobado Consejero de Sanidad y el cuasi imputado Jaime González Taboada, a la vez que con la creación de nueva Consejería de Cultura y Turismo.

De todas formas, la remodelación se halla muy lejos de resolver los desajustes del gobierno del PP madrileño y su aliado C’s, porque los suyos no son problemas técnicos y ni de nombres, sino políticos y están asociados a un modelo (ver los presupuestos de 2017) y a un marco jurídico, el estatuto, completamente agotado ante su incapacidad de satisfacer y responder a los retos y dificultades de la mayoría de la ciudadanía de Madrid. Todo ello quedó bien puesto de manifiesto cuando se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria, el hundimiento de Caja Madrid y la salida a la luz de parte de la hedionda ciénaga de corrupción acumulada bajo las moquetas de los principales despachos del gobierno autónomo.

Madrid cuenta hoy con más 79 mil pacientes en lista de espera, camas y plantas cerradas en los hospitales públicos por falta de personal, 6 mil empleados menos en la sanidad que hace 10 años con un 13% más de población; el 21,7% de su ciudadanía se encuentra en riesgo de pobreza, el 31% de quienes trabajan son pobres, la diferencia salarial entre hombres y mujeres es la segunda más alta de del Reino (36%), la Renta Mínima se sitúa entre las más bajas y menos amplias del Estado, llegado solo a un tercio de quienes la necesitan. Se producen 25 desahucios diarios, mientras la ratio de alumnos en la escuela pública se vulnera como norma y el número de profesores se ha visto reducido en más de 1000.

A estas alturas y tras 35 años de autonomía el balance resulta simple: cuando llegó la crisis se comprobó que el andamiaje legal que se suponía, gracias a los derechos recogidos en él, debía protegernos ante la misma actuó en realidad como una máquina perfecta para los más ricos, para pagar rentistas y garantizar el negocio a los amiguetes que convenientemente engrasaban ilegalmente al PP a cambio de contratos surgidos del despedazamiento de lo público. La norma no protegió la sanidad, la educación, el empleo o el derecho a la vivienda. Solo la gente con sus mareas y movilizaciones logró que el destrozo no fuera mayor. La Ley ha servido para amparar la deuda, rebajar sistemáticamente los impuestos a los más ricos y ampliar la desigualdad.

Cambiar esta situación y un modelo ya periclitado exige precisamente de movilización, como la marcada en su momento por el 15M, por las mareas de todos los colores y por el tejido asociativo en su sentido más amplio. Una movilización que encuentre en el  lenguaje común y transversal de los derechos y de la democracia el espacio de propuesta unitaria para organizar su decisión y lograr así que sean los problemas y cuestiones que afectan a la inmensa mayoría y que exigen urgente solución los que dominen la política. En consecuencia, no se trata únicamente de cambiar el gobierno del PP, algo que sí representa un paso imprescindible, sino de lograr que las leyes garanticen de manera efectiva la democracia y la aplicación de la voluntad de la mayoría, que dejen de servir a los dueños del dinero. La necesidad de nuevo estatuto se abre como perentoria para la mayoría de los 6 millones y medio de habitantes de la Comunidad. Ya no es posible defender los intereses de la mayoría de los madrileños y madrileñas sin no solo cambiar el gobierno, sino lograr  normas que los garanticen .

Amigo y colaborador de Sin Permiso y activista social en Madrid
Fuente:
www.sinpermiso.info, 30 de septiembre 2017