Madrid: una presidenta con los días contados

Carlos Girbau

08/04/2018

El cadáver de Felipe el Hermoso, el esposo de la reina Juana, más conocida como “la loca”, estuvo paseando por las tierras de Castilla durante meses, no había forma de enterrarlo. Cinco siglos después, el cadáver político de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, también se pasea por las tierras del reino y parece que tampoco hay quién la entierre. Pero como Felipe el Hermoso y a pesar de que Cifuentes haya aparecido en la convención estatal zombi que organizó el PP el sábado 7 de abril en Sevilla, está muerta. Lo único que nos queda por conocer es cuándo y cómo se la entierra. Su familia política, el PP de M. Rajoy, no ha decidido la fecha del sepelio, como tampoco ha puesto la hora C’s que, si se le permite, será quien dictará el responso.

La causa del retraso, como casi siempre en estos casos, radica en la disputa por la herencia, una herencia que se antoja bien grande. A estas alturas, a nadie se le escapa ya que lo que está en juego no es solo la Comunidad de Madrid, sino y sobre todo, cómo y quién gestionará la fábrica de desigualdad social, corrupción, capitalismo de amiguetes e inequidad en la que se ha transformado la ciénaga en la que chapotea el régimen del 78 de la mano de la política neoliberal. Es decir, quién, cómo, para qué y en qué condiciones tendrá en sus manos los resortes del poder político y parlamentario a partir de los comicios de 2019. Madrid resulta determinante para todo ello, razón por la que la crisis provocada por el falso máster de Cifuentes aún no ha finalizado con el esperado entierro. No habrá ceremonia hasta que C’s y PP pacten una salida que salve la ciénaga o hasta que la crisis desborde todos sus escenarios y con ello se abra una puerta capaz de debilitar el dogal neoliberal que asfixia a la población e inutiliza casi todos los recursos de la representación política.

El pleno del 7 de abril

Las informaciones reveladas por diario.es a las que luego se sumaron las de el confidencial han sido una carga de tal envergadura que ha derribado las barreras que el PP ha ido construyendo para evitar el cerco contra la presidenta Cristina Cifuentes. Todos los intentos por eludirlo han sido en vano. El pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid selló el acta de una defunción anunciada. La presidenta no presentó en la sesión papel alguno que avalara que realizó el máster en Derecho autonómico que exhibe en su currículo. No respondió a ni una sola de las preguntas de la oposición, se enrocó en las consabidas frases huecas que la han acompañado en todo este affaire, aunque sí reconoció que no había asistido a clase y que no había hecho exámenes. Paralelamente, mandó balones fuera en dirección a la Universidad Rey Juan Carlos. Al día siguiente, el rector de la universidad, Javier Ramos, ponía en manos de la fiscalía el asunto por las graves irregularidades habidas. Dos de las tres supuestas miembros del tribunal que evaluaron el supuesto trabajo de fin de máster aseguraron que sus firmas del acta habían sido falsificadas y que nunca existió sesión de presentación del trabajo ni tampoco tribunal. El viernes, el catedrático de universidad  y director del Instituto que le regaló el máster a Cifuentes con el aval de la Rey Juan Carlos, hombre bien pagado y conectado con el PP, Enrique Álvarez Conde, reconocía que el acta representaba una construcción inventada por “sus discípulas” a petición de él mismo. Varias de las “discípulas”, como se ha sabido después, no tuvieron empacho en calificar a Cifuentes con sobresalientes o notables en asignaturas que no había cursado, ya que había formalizado su matrícula posteriormente a la fecha en que tales asignaturas habían sido impartidas y evaluadas.

Podríamos continuar, pero es mejor, para reconstruir el hilo completo, no dejar de leer lo aparecido y lo que vayan publicando del diario.es y El Confidencial sobre el asunto.  Sus informaciones representan no solo el reflejo de un acto de evidente corrupción política, sino una clara imagen del Madrid de ciénaga en el que la política del PP con sus mayorías ha convertido la región a través de privatizaciones, conexiones y cadenas de favor  al ritmo en que se iba degradando la democracia y cayendo presidentes, altos cargos y diputados. Recordemos el Tamayazo, Caja Madrid, Gürtel, Púnica, M-30, Lezo, la sanidad, los conciertos educativos y ahora la universidad pública. Nada se ha salvado de un buen negocio para los más ricos y de una buena comisión para los que lo han permitido a costa de malbaratar la vida de más de 5 millones de madrileños.

Cuando Murcia no es Madrid

Ignacio Aguado, el líder de C’s en la Comunidad de Madrid, y Albert Rivera, el jefe estatal de esa pata de la derecha sobre la que se sostiene M. Rajoy en la Moncloa y Cifuentes en la Puerta del Sol, tienen diseñado un plan que va mucho más allá de un cálculo electoral. Su objetivo primordial en Madrid, como antes en Murcia, es salvar la política neoliberal extrema que nos ha traído hasta aquí con su carga de pobreza, desigualdad y corrupción. Salvarla, eso sí, deshaciéndose de las formas del PP. Solo de esta manera se explica la actitud de bracear hasta la extenuación por una comisión de investigación en Madrid, mientras simultáneamente, y aún de manera más contundente, se oponen a la moción de censura que ha registrado el PSOE en la Asamblea madrileña, que cuenta con el aval de Podemos y que desalojaría el PP del gobierno por primera vez en más de 20 años.

C’s ha aprobado en Madrid todos los presupuestos que le ha presentado el PP. Presupuestos que año tras año, no han servido para otra cosa que para consagrar la política que ya venía llevando a cabo el PP en solitario. Privatizaciones y exenciones fiscales que únicamente dan rédito al capital financiero y a las más grandes empresas, mientras se endeuda a la Administración y se maltrata a la ciudadanía. Además esta política se ha vertebrado permitiendo que la corrupción y su red de favores continuara operando para ofrecer tiempo extra y cobertura al PP y a Cifuentes que, tras supuestas medidas de transparencia, incluido el pacto que la hizo presidenta, buscaban que todo siguiera en lo de siempre. La supuesta prensa seria ha echado no pocas manos en esa operación de lavado de la “soldado Cifuentes” y ahora, cuando una vez más la ciénaga saca a flote nueva porquería,  se ven con el pie cambiado. Intentan rescatar la vieja fórmula del “asado lento murciano” para minimizar daños entre los sectores favorecidos por esa política, sectores que a la postre son evidentemente también los suyos.

Pero Madrid no es Murcia, no solo por su PIB o su proximidad y conexiones con el entramado estatal, sino porque fundamentalmente, un año después de lo de Murcia, todo está peor en el régimen del 78.  M. Rajoy no cuenta con presupuestos para este año, ni con apoyos suficientes para aprobarlos y el régimen sigue sangrando (y de qué manera desde el jueves 5 abril) por la herida catalana. La calle, a través de la huelga del 8 de marzo y las movilizaciones de pensionistas, alza la voz mientras la financiación autonómica se halla abierta en canal y sin salida. Por su parte, la deuda pública no desciende al ritmo deseado al igual que el déficit. En resumen, los factores estructurales de la crisis del régimen de la segunda restauración borbónica que la crisis económica sacó a flote y que no han sido ni mucho menos resueltos por la recuperación, se agravan sin remisión. Madrid con Cifuentes o Valencia con la recuperación de los hospitales son hijos de ello y apuntan a 2018 como un año lleno de sobresaltos para la gente de orden.

La moción madrileña

El PSOE registró la semana pasada su moción de censura contra Cristina Cifuentes. Podemos ha comprometido ya su voto afirmativo a la misma. C’s ha asegurado, como decíamos, que no sumará sus votos para descabalgar al PP de la Puerta del Sol. Pero ¿todo termina ahí? Parece que no y que el recorrido de la moción en la cámara madrileña debe entenderse, en parte, dentro de la misma lógica que podría haber operado respecto a la moción de censura que Podemos presentó anteriormente si el PSOE la hubiera apoyado entonces. Aquella moción del partido morado se sustanció en pleno estallido del caso Lezo por el que  el expresidente madrileño Ignacio González acabó en la cárcel como jefe de organización criminal. En aquel momento, igual que ahora, los números no daban para sacarla adelante en la Asamblea, pero la iniciativa, como la actual del PSOE, representaba una buena ocasión para organizar una verdadera moción social.  Una moción que incluyese todo el Madrid que sufre, todo el Madrid sindical, ecologista, vecinal, valedor del derecho a la vivienda, feminista, laico, defensor de la sanidad, de la educación y de lo público, y que hubiese permitido formular el Madrid que se necesita y que debe poder recuperar derechos y comenzar a regenerar la democracia.

Desplazar del poder al PP y a su valedor C’s resulta el inevitable primer paso para lograr lo anterior y, cuanto antes se haga, mejor. La actual moción de censura  constituye una nueva y excelente ocasión para trabajar la división en la derecha bicéfala que domina Madrid. Por eso, no debe desaprovecharse. Pero además  ha de ser el medio que desborde el “método” C’s.  Y para conseguirlo, tiene que ser campo abonado para la unidad de la izquierda social y política. Representar la llave del cambio de mañana que acabará resumido en votos; un cambio que se encuentra y que debe venir de la calle. Es la movilización social, unitaria, masiva, concreta y generosa en su construcción el mejor medio para desplazar no solo al PP, sino a los sectores de las clases dominantes que han hecho de la ciénaga y de todo lo que la rodea su modus vivendi durante décadas.

Amigo y colaborador de Sin Permiso, es activista social en Madrid.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 8 de abril 2018