México: A un año de la noche de Iguala

Manuel Aguilar Mora

30/09/2015

A un año de haberse derramado la sangre de seis personas acribilladas en sus calles, tres de ellas estudiantes normalistas de la escuela normal rural de Ayotzinapa y desaparecidos otros 43 de esos mismos estudiantes, el 27 de septiembre Iguala, la ciudad guerrerense situada a 300 kilómetros al sur de la Ciudad de México, presenció cómo cientos de sus compañeros volvieron para recordarlos y alzando el puño refrendar su decisión de seguir luchando por no dejar impunes los crímenes de esa noche horrorosa y de seguir buscando a sus 43 compañeros desaparecidos.

La manifestación en Iguala el domingo 27 de septiembre se dio un día después de que en todo el país, desde Sonora a Yucatán, pasando por la ciudad de México miles, cientos de miles salieron a las calles a recordarle a Peña Nieto que no se han olvidado ni mucho menos los atroces acontecimientos de la noche de Iguala de hace un año sobre los cuales su gobierno no tiene aún una explicación creíble y razonable ni ha encontrado a los responsables políticos (intelectuales) de los crímenes, a pesar que hay en la cárcel más de cien detenidos inculpados, todos ellos policías y delincuentes menores incapaces a todas luces de ser los responsables principales de los crímenes de dimensiones colosales que se cometieron esa noche.

Dos días antes del “día de la indignación”, como se les llamó a las jornadas del 26 de septiembre, los familiares de los 43 desaparecidos, de los tres asesinados, acompañados por los expertos del grupo de investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los representantes de varias comisiones mexicanas de defensa de los derechos humanos, se entrevistaron con el presidente Peña Nieto. Fue una reunión cerrada, efectuada fuera de las instalaciones de la casa presidencial, donde reinó, según los informes de los familiares, la tensión entre las partes y una frialdad completa por parte del presidente, cuyas propuestas no recogieron ninguna de las ocho demandas que llevaban los familiares. Peña Nieto, que inmediatamente después de la reunión viajó a Nueva York para participar en la Asamblea de las Naciones Unidas en donde hablaría sobre los derechos de la mujer, se cubrió de un caparazón impermeable, eludiendo cualquier compromiso sustancial, haciendo aun más ancho y profundo el abismo que lo separa de las demandas del movimiento democrático que ha surgido en el país a raíz de la desaparición de los 43. Propuso una fiscalía especial para la investigación de los casos de los desaparecidos, incluidos los 43, fiscalía que estará dentro de los atributos de la PGR (Procuraduría General de la República), contrapuesta a la comisión internacional independiente propuesta por los familiares y aceptó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) permaneciera otros seis meses más en México, contra el año que proponían los familiares.

Precisamente los resultados de las investigaciones del GIEI, que echaron abajo la versión de la “verdad histórica” del ex procurador Murillo Karam de la supuesta incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, han puesto al gobierno de Peña frente a un dilema: o acepta una nueva investigación admitiendo la falsedad de la “verdad histórica” o mantiene la versión impugnada por las conclusiones del GIEI y de varios científicos mexicanos hundiéndose aun más en el más completo descrédito.

Los familiares insisten, junto con los expertos independientes extranjeros y una amplia gama de sectores de la opinión públiva, en la absoluta necesidad de investigar el papel del ejército. Es de todo punto inconcebible que el cuartel militar que se encuentra desde hace décadas en Iguala participando en todas las tareas de vigilancia de la región no haya tenido una intervención decisiva en los acontesimientos de la noche del 26 de septiembre. Tanto el conocimiento de la participación militar como la de la policía federal son fundamentales para saber exactamente lo sucedido y tal participación es indudable que se dio ya sea por comisión o por omisión. Por supuesto, la oposición del gobierno a que se investigue el papel del ejército en la tragedia de Iguala será difícil superarla, pero la definición del caso pasa indefectiblemente por su investigación.

A un año de la tragedia de Iguala el caso tiene al gobierno prácticamente como hace doce meses. Así tácticas dilatorias, el esperar al olvido que arrumbe el caso de Ayotzinapa al rincón de los recuerdos junto con tantos casos de impunidad que atestan los ministerios públicos, ha fracasado rotundamente con el caso de Ayotzinapa.

Muchísima información ha salido a la superficie con motivo del primer aniversario de la triste noche de Iguala. En una entrevista concedida al semanrio Proceso (27.09.2015), el gobernador sustituto de Guerrero, Rogelio Ortega (del PRD) ha declarado que el secretario de Gobernación Osorio Chong propuso en diciembre una ocupación violenta de la Normal de Ayotzinapa con el fin de darle carpetazo al caso de los 43 desaparecidos y arrasar su escuela, aun cuando eso significara un baño de sangre. El pretexto que esgrimía el funcionario federal era que los estudiantes del plantel planeaban hacer arder en su totalidad la ciudad de Chilpancingo. Por su magnitud tamaña provocación no pasó de ser un calenturiento sueño insensato del alto funcionario, pero el conocimiento de cuáles son los “planes” de las cumbres del Estado mexicano nos indican el impasse al que está llegando.

El movimiento alrededor de los familiares se prepara para los próximos días y meses. Para octubre el sindicato magisterial democrático, la CNTE ha anunciado que prepara un paro nacional. Es evidente que la lucha debe ascender en métodos que superen las manifestaciones, las cuales si bien deben continuar, no pueden ser ya suficientes. La organización de un gran frente de lucha nacional se vislumbra desde hoy como uno de los principales puntos de la agenda por la presentación de los 43 e incluso de las necesidades directamente vinculadas a la lucha por las metas más sentidas de las masas populares: la lucha contra la carestía, contra el desempleo, por la seguridad y contra la represión.

La solidaridad internacional sigue siendo clave para entender la conducta del gobierno mexicano. El 26 de septiembre tal solidaridad se expresó nuevamente en muchos lugares de América y Europa. En Sao Paulo destacó un perfomance que un grupo de jóvenes efectuó enfrente del consulado mexicano en la ciudad. Igualmente enfrente de la embajada mexicana en Londres hubo un acto que reunió a varias decenas de personas. En esta ciudad tuvo lugar otro hecho que ha resaltado que la solidaridad internacional ha desempeñado un papel crucial que el gobierno de Peña ha debido muy a su pesar tener en consideración si quiere remontar la pendiente de desprestigio que lo ha llevado a las actuales profundidades en la que se encuentra ante la opinión internacional. El viernes 25 Jeremy Corbin, el recién electo jefe del partido laborista británico envió una carta al embajador de México en el Reino Unido, en la que le pide atender las recomendaciones de la CIEI para lograr encontrar a los 43 así como considerar seriamente la lista de ocho puntos de demandas hechas por los familiares de los normalistas. Otras actividades de protestas, manifestaciones y actos varios se desarrollaron en diversas ciudades de América (Lima, Santiago, Guatemala) y Europa (París, Madrid, Amsterdam).
 

historiador y profesor de la UACM, es militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS) de México.
Fuente:
Correspondencia de Prensa, 28 de septiembre 2015

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