México: la entrega del petróleo: quiénes, por qué, para qué

Adolfo Gilly

06/07/2008

Reproducimos a continuación el texto de la intervención de Adolfo Gilly en el Debate Universitario sobre la Reforma Energética, celebrado en el Centro Cultural Universitario, Tlatelolco, Mesa 21, “Consecuencias políticas, jurídicas y sociales de la reforma petrolera”, el pasado 27 junio.

La reforma energética propuesta por el Poder Ejecutivo ha sido demolida en cada uno de sus puntos y motivos a lo largo de los debates públicos de estas semanas, junto con los argumentos de sus partidarios puestos a defender una falacia. Ha quedado como lo que es: una tentativa de despojo y privatización de la riqueza petrolera mexicana. No tiene caso venir a repetir lo ya dicho. Me basta hacer mías, entre tantas otras, las razones y las pruebas aducidas días atrás por Javier Jiménez Espriú en impecable escrito.

En cuanto a la situación de hecho, es la siguiente. Después de 36 años, las grandes empresas del petróleo regresan a Irak. Después de 70 años de la expropiación de 1938, en medio de la actual fiebre especulativa mundial en el mercado petrolero, esas empresas se disponen a regresar a México pasando por encima de la Constitución y de las leyes de esta nación.

Pero aquí no hubo, como en Irak, guerra o invasión extranjera. Lo que tuvo lugar es un cambio de mando del Estado. La vieja y exhausta clase dirigente, cuyo modo político de ejercicio y de negociación del mando se encarnaba en el PRI y en sus tratos con el antiguo PAN, ha sido sustituida en el ejercicio del poder por el mando del capital financiero mexicano bajo el amparo de las finanzas internacionales.

Este nuevo mando es la encarnación en México del orden social neoliberal mundial –orden social, no modelo económico, pues es un nuevo orden social del capital lo que se expande en el mundo de inicios del siglo XXI.

Ese mando todavía no ha encontrado su forma política ideal, su modo de trato y negociación con la nación mexicana y con su pueblo. Está tanteando cómo modelar esa relación, cómo consolidarse y superar la actual fragmentación de los poderes entre los gobernadores, donde cada uno actúa como dueño y señor de su territorio frente al gobierno central y a sus propios gobernados. Hasta don Porfirio se escandalizaría si viera este espectáculo...

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El mando del capital financiero necesita encontrar, unificar y legitimar sus formas políticas y está resuelto a lograrlo. Por eso el desmantelamiento de los pilares de la Constitución, malamente disfrazado de leyes reglamentarias. Otros gobiernos antes fueron desmantelando a Pemex durante décadas para dejarla a punto de privatización, como aquí mismo lo han documentado técnicos y especialistas. Pero para consolidarse, y no sólo para hacer negocios, este nuevo mando necesita ahora desmantelar además el patrimonio nacional entero, pues la forma de existencia de ese capital al cual representa consiste en penetrar capilarmente en todos los poros de las relaciones económicas, sociales, políticas, culturales e imaginarias de la nación, y en las de ésta con el territorio y la naturaleza.

Esta mutación financiera del poder mexicano tiene su actual representante en el gobierno de Felipe Calderón y Agustín Carstens, avalado en 2006 sólo por un tercio de los votantes en un proceso electoral por demás tenebroso.

No estamos, pues, ante un mando estabilizado con un partido histórico en el gobierno. Tampoco se trata de una vulgar mafia movida sólo por afanes de corrupción, como suele argumentarse en su contra. Estamos, por el contrario, ante un verdadero y real grupo dirigente de advenedizos que a sus espaldas tienen el poder de las finanzas y el monopolio televisivo. Lo encabeza la dupla Calderón-Carstens. No se les detendrá con calificativos ni con insultos que apenas sirven como desahogo.

Este grupo dirigente está llevando al país a una aventura que atenta contra los fundamentos históricos, culturales, económicos y jurídicos de esta comunidad nacional verdadera e ilusoria que se llama México, para consolidar en cambio el orden social y político de la nueva riqueza financiera en ostentosa e incontenible expansión desde la década de 1990.

De esto y nada menos es de lo que se trata.

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Pero una nación no es un montón de gente viviendo sobre un territorio. Es una comunidad humana, tanto real como imaginaria, con un pasado y una cultura comunes, con intereses compartidos y conflictos de intereses, en la cual leyes escritas y no escritas regulan las relaciones y las vidas. Lo primero se llama historia; lo segundo, economía; lo tercero, política y estatuto jurídico.

En tales premisas se sustentó la expropiación de 1938 con sus amarres constitucionales y legales. El petróleo no es en México una simple propiedad. Es un patrimonio de la nación y de su pueblo. No es mineral inerte, es herencia común y es trabajo objetivado y acumulado por generaciones. Todo eso es ignorado por la propuesta privatizadora de Felipe Calderón y Agustín Carstens.

El discurso de los expropiadores de 1938, los generales Lázaro Cárdenas y Francisco J. Múgica, fue un discurso de soberanía, un discurso de legalidad y un discurso de trabajo. Se lo puede encontrar tal cual en los Apuntes del presidente Cárdenas editados por esta universidad.

Discurso de soberanía porque, para recuperar el petróleo, ambos generales consideraron y sopesaron la coyuntura internacional y concluyeron, con razón y con pericia, que las grandes potencias estaban por entrar en una guerra mundial y no podrían defender hasta el fin a sus compañías en México. Tendrían que negociar y así lo hicieron, Estados Unidos el primero pues era quien, en caso de guerra, mayor valor estratégico concedía a ese mineral contiguo. El discurso de soberanía era así, además, un discurso geoestratégico. Ambos están ausentes en la propuesta del Poder Ejecutivo.

Discurso de legalidad porque el presidente Cárdenas sustentó la medida expropiatoria por un lado en la rebeldía de las compañías petroleras ante un laudo de la Suprema Corte, con lo cual desafiaban la ley de la nación; por el otro, en el dominio eminente de ésta, heredado de la Corona española, sobre el suelo, el subsuelo, los mares y los cielos de su territorio. Contra esa legalidad va la iniciativa del actual gobierno.

Discurso de trabajo porque la recuperación del petróleo se apoyó en una movilización nacional, antecedida y preparada por un reparto agrario sin precedentes y articulada en torno a la organización y la movilización de los trabajadores de la industria petrolera y de su sindicato. Trabajadores de la industria y sindicato siguen existiendo. Pero están hoy ausentes de estos debates y al sindicato lo controla una burocracia corrompida, cliente y cómplice de cada gobierno en turno.

La ausencia de todo discurso del trabajo, el silencio y la exclusión de los trabajadores y sus organizaciones, es el indicio ominoso de que esta proyectada entrega forma parte del asalto general del capital financiero contra el trabajo, rasgo definitorio del nuevo orden social global. Este es, empero, un tema mucho más vasto a ser abordado en otras sedes.

Con creces se ha demostrado en estas semanas que la premura tecnológica y la premura económica son añagazas, así como se ha probado que es simple chantaje la amenaza de que, si no se privatiza Pemex, no habrá recursos para educación, salud y el supuesto “combate a la pobreza”. Una reforma fiscal que hiciera pagar a las grandes fortunas los impuestos normales en los países democráticos daría los recursos y liberaría a Pemex de la exacción actual por parte del Estado.

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La iniciativa privatizadora Calderón-Carstens tiene otro sesgo amenazante. El patrimonio petrolero es parte de cualquier política de soberanía y seguridad nacional frente a potencias externas y sus gobiernos. Esta iniciativa dejaría a México desprotegido y subordinado a la política militar de Estados Unidos y a su plataforma continental de seguridad. Las fuerzas armadas mexicanas quedarían en condición de vasallaje ante el Pentágono, objetivo también de la Iniciativa Mérida.

Al hacer depender a esas fuerzas de la tecnología y el armamento de la potencia vecina; al utilizarlas repetidamente contra el pueblo mexicano y sus movimientos, como sucede con creciente gravedad en Chiapas y en la frontera sur; al embarcarlas en la guerra contra el narco, tarea policial por excelencia; al promover que el “turismo” extranjero se vaya apropiando de costas y penínsulas de México, en especial de Baja California, el presente gobierno prepara porvenires funestos para este país.

Este es el marco general de su reforma energética. Mañana nos propondrán arrendar Baja California para instalar bases militares de Estados Unidos porque el petróleo ya se enajenó y no hay dinero para salud y educación...

La defensa de la nación y de su soberanía requiere además el cese de la violencia interna. Por un lado, es urgente reconocer los derechos indígenas y así cortar de raíz la guerra interior latente y presente en Chiapas. Por el otro, urge ubicar y definir con precisión los sustentos de la guerra del narco en tanto operación de desestabilización militar del territorio. ¿Quién la apadrina y alimenta, a cuál diseño está sirviendo? No me cuadran los capos y sus fortunas como explicación única y suficiente.

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Como tema de esta mesa se nos pregunta acerca de las consecuencias políticas, jurídicas y sociales de la iniciativa oficial de reforma petrolera. Después de lo antes dicho, respondo: en la presente crisis financiera mundial, en vísperas de un posible cambio de dirección política en Estados Unidos, en tiempos de guerras declaradas y no declaradas, cuando el patrimonio petrolero es como nunca un producto estratégico, entregarlo al capital privado es lanzar a la nación mexicana a una aventura política, geopolítica, jurídica y social.

Tales consecuencias nos llevarían a un desastre nacional. Habrá que impedirlo por todos los medios necesarios.

Adolfo Gilly es miembro del Comité de Redacción de SINPERMISO.

Fuente:
La Jornada, 30 junio 2008