Nicaragua: Contrarrevolución y resistencia

Sebastián Chavarría Domínguez

05/08/2018

El acto de celebración del 19 de julio, fecha de la victoria popular contra el somocismo, esta vez adquirió una connotación especial: Daniel Ortega, el gran usurpador, el gran sepulturero de la revolución de 1979, lució victorioso, rugió y amenazó en su discurso, después que su pequeño ejército de paramilitares enmascarados había masacrado a los luchadores democráticos, quienes luchaban desarmados, destruyendo tranques y barricadas.

El cambio en la correlación de fuerzas, impuesto a balazos, ha sido aprovechado por el gobierno para reagrupar a las bases del FSLN, iniciando marchas y caminatas por todo el país, intentando retomar la iniciativa política, pero a duras penas solo logran movilizar a su voto duro y a los empleados públicos que por temor a perder su trabajo asisten a dichas movilizaciones.

Una fase de reacción

Se ha cerrado, al menos temporalmente, la fase de ascenso revolucionario de las masas que, con sus oscilaciones, se inició después de la masacre estudiantil del 19 de abril. Al no poder contener la creciente insurrección desarmada, el gobierno Ortega-Murillo utilizó métodos de guerra civil contra las masas desarmadas, obligándolas a retroceder y replegarse.

En los hechos, se impuso un Estado de Emergencia, se suspendieron casi todas las garantías constitucionales y derechos fundamentales, pero sin emitir el Decreto respectivo para no arriesgarse a sufrir un mayor aislamiento en el plano internacional. El gobierno no tuvo necesidad de recurrir formalmente al Ejercito Nacional, sino que improvisó la creación de un instrumento criminal con el ejército móvil de paramilitares encapuchados, siendo muchos de ellos militares en retiro que conforme la legislación nicaragüense siguen siendo parte de las fuerzas armadas

Las gigantescas marchas opositoras fueron dispersadas a balazos, ya no hay tranques y barricadas, ni universidades tomadas por los estudiantes. El gobierno Ortega-Murillo se ha apresurado a cantar victoria, todo “ha vuelto a la normalidad”, “los golpistas han sido derrotados” exclama Rosario Murillo en sus solitarias letanías diarias. Se ha restablecido la normal circulación por las carreteras, bajo la mirada amenazante de los encapuchados, el terror impuesto surtió el efecto deseado.

Linchamiento judicial

Es importante comprender que se ha abierto una fase de retroceso temporal de la lucha de las masas, de profunda reacción, donde la contrarrevolución se enseñorea por las calles de Nicaragua, caracterizada por una feroz persecución contra los principales líderes estudiantiles y populares, obligándolos a pasar a la clandestinidad o irse al exilio, los que son capturados no solo son golpeados y torturados, sino que sufren un linchamiento judicial. Todo esto ocurre en presencia de las delegaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, aunque no puede contenerlas, al menos si puede registrar y documentar las violaciones de los derechos humanos.

Los casos más emblemáticos son los de los líderes campesinos, Medardo Mairena y Pedro Mena, y de Cristian Fajardo y su esposa Maria Adilia Cerrato, líderes del Movimiento 19 de abril en la ciudad de Masaya, todos acusados de terrorismo y otros delitos igualmente inventados. El sociólogo Oscar René Vargas tuvo que esconderse ante la búsqueda de la Policía Nacional, solo por expresar sus análisis en público. El control absoluto del poder judicial se ha convertido, desde el pacto Alemán-Ortega en 1999, en el principal instrumento de poder y represión de la nueva dictadura. Los formalismos de la democracia burguesa ya no existen en Nicaragua. La dictadura Ortega-Murillo amenazó con represalias a todas las embajadas acreditadas en Managua, si otorgaban asilo o protección diplomática a los perseguidos. Todos los gobiernos aceptaron el ultimátum de la dictadura, por esta razón, a pesar de la inclemente represión, no hay un solo asilado en Managua.  Por esta misma causa, Carlos Mejía Godoy, el gran cantor de la revolución de 1979, tuvo que exilarse en Costa Rica, para evadir las constantes amenazas de muerte.

Una fase de represión y resistencia

Sin embargo, es importante diferenciar la esencia de la apariencia. Tenemos la ilusión óptica, muy dolorosa, por cierto, de una pírrica victoria de la dictadura sobre las masas. Esa es la apariencia, porque en la realidad está ocurriendo otro fenómeno: a pesar de tener más de 450 muertos y casi igual cantidad de desaparecidos, esta enorme sangría no ha significado la derrota o el aplastamiento de las masas, sino que, independientemente del terror impuesto, continúan los brotes de resistencia en todos lados.

Casi todos los días hay pequeñas marchas en los pueblos y ciudades, con un volumen menor de marchistas que en el periodo anterior, pero estas nuevas marchas, que desafían al terror, constituyen los embriones de la resistencia que por el momento es reducida, pero que amenaza con convertirse nuevamente en manifestaciones multitudinarias contra la nueva dictadura.

Efectos colaterales: se agudiza la crisis económica

La situación en Nicaragua ya no volverá a ser la misma. El largo romance entre el gobierno y los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) había llegado a su fin con la reducción de los ingresos del convenio petrolero con Venezuela. El pastel se había achicado desde el año pasado, “ya no había cama para tanta gente”. La crisis del INSS fue el detonante, pero en realidad la crisis económica se venía gestando en el periodo anterior.

El diputado Jacinto Suarez, miembro del circulo de hierro de la dictadura, reconoció sin ambages que: “(…) aquí vino mucha plata por parte de Venezuela. (…) Era un trato preferencial que le dio mucho dinero a la oligarquía. En el caso del ganado y de la carne, ese contrato terminó a comienzos de este año. Se agotó. Ya no venden nada. Toda esa plata que les estaba produciendo se cayó producto de la situación venezolana y, con ello, la alianza que tenían con el Gobierno nicaragüense”. (El Faro, 06/07/2018)

Según el Banco Central, antes de la rebelión de abril, el gobierno había calculado una irreal tasa de crecimiento entre 4,5 y el 5%. El pico más alto de la rebelión estudiantil y popular se produjo en los meses de abril y mayo, en un punto muerto de la economía, porque el ciclo agrícola comienza a finales de mayo e inicios de junio. No obstante, la insurrección popular fue un cómodo pretexto para desinflar de una vez por todas el globo de la economía. La proyección de la tasa de crecimiento se redujo drásticamente. El 21 de mayo, cuando solo habían transcurrido 34 días de crisis, la proyección de crecimiento se redujo al  3 y 3.5 por ciento; el 27 de junio, tras 71 días de rebelión, el Banco Central la rebajó a entre 0.5 y 1.5 por ciento. Lo anterior implica una tasa de crecimiento de casi cero. Los problemas de la nueva dictadura están apenas comenzando.

Ovidio Reyes declaró que “El crecimiento del PIB lo estamos estimando en 1.0 por ciento, un rango entre 0.5 por ciento y 1. 5 por ciento de crecimiento, como les decíamos, después de haber esperado un 4.9 por ciento. Y la pérdida asciende a 13,548 millones de córdobas, esto significa 430 millones de dólares de pérdidas a la economía. Entonces, el daño es global, que hemos estimado nosotros para el año 2018”. (La Prensa, 28/06/2018)

La crisis ya venía desarrollándose y la insurrección popular lo que hizo fue poner al descubierto el maquillaje que el Banco Central había hecho sobre las cifras económicas. Incluso, si hubiese existido un bienestar económico, como aseguraba el gobierno, probablemente la insurrección no se hubiese producido. Fue la combinación de factores económicos y políticos lo que produjo el estallido de la insurrección popular.

Represión contra médicos y plan de ajuste contra empleados públicos.

La cuenta regresiva de las finanzas públicas ha comenzado. El despido masivo de médicos en el Hospital Escuela de León y en otras ciudades, bajo el pretexto de curar y atender a los rebeldes heridos, destapó el viejo plan del Ministerio de Salud (MINSA) de reducir la planilla estatal en el área de salud. Este plan de ajustes había sido planificado para ejecutarse de manera gradual en todo el Estado, pero la insurrección popular precipitó los acontecimientos.

Ahora se utiliza la fidelidad política al FSLN como filtro para decidir quién se queda trabajando y quien será despedido, pero todo esto parte del mismo plan global de reducción de la cantidad de empleados públicos. Los despidos son extensivos a las alcaldías. Con ello de desnuda la nueva dictadura: las instituciones del Estado, el Ejército Nacional y la Policía Nacional están en manos del FSLN.

La ruina de los pequeños negocios

Lo más dramático de la actual crisis económica es la ruina de decenas de miles de pequeños negocios. El Estado de Emergencia en los hechos, el terror impuesto por las noches, ha hecho quebrar a miles de pequeños bares, restaurantes, almacenes y talleres, porque el consumo se ha restringido abruptamente.

Las bancos y financieras han tenido que tomar medidas de emergencia, dispensando intereses moratorios, porque miles de clientes han entrado en mora. La economía es una bomba a punto de estallar: aumento del desempleo, recesión económica y ruina de decenas de miles de pequeños negocios.

Se mantiene el rechazo al gobierno Ortega-Murillo

A pesar de la propaganda gubernamental que todo antes iba de maravillas, la mayoría de las personas están indignadas con las masacres y solo esperan la oportunidad para manifestar su repudio contra el gobierno, el cual se encuentra aislado a nivel nacional e internacional, con un creciente déficit fiscal y con una crisis económica que no puede revertir.

Las condiciones objetivas maduran para provocar un nuevo estallido social. Es cuestión de tiempo, no sabemos cuándo será, pero todos los síntomas están ahí presentes.

Corresponsal de "El Socialista centroamericano" en Nicaragua.
Fuente:
http://www.elsoca.org/index.php/america-central/nicara/4792-nicaragua-contrarrevolucion-y-resistencia-la-pelea-no-ha-terminado