Nuevos Lehendakari y gobierno vasco: tanta presunción como carencias

Mikel de la Fuente

Petxo Idoiaga

04/12/2016

El pasado día 24 de noviembre, Iñigo Urkullu (PNV) fue investido como lehendakari de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) con 37 votos (28 PNV + 9 PSE-PSOE) de los 75 miembros del Parlamento Vasco y presidirá un gobierno de coalición entre ambos partidos que ocuparán, respectivamente, 8 y 3 consejerías. La candidata de EH Bildu Maddalen Iriarte tuvo los 18 votos de su propia candidatura. En la sesión previa del día 23, los votos obtenidos por ambas candidaturas fueron los mismos. Urkullu no obtuvo, pues, mayoría absoluta en ninguna de las dos sesiones. Pero aunque en primera votación para la elección de lehendakari la normativa vasca exige mayoría absoluta, en la segunda pasa a convertirse en lehendakari quien haya conseguido mayor número de votos.

Las 70 páginas del acuerdo programático de gobierno entre PNV y PSE, llevan por título “Pilares para construir una Euskadi con más y mejor empleo, más equilibrio social, más convivencia y más y mejor autogobierno/1. Mucho título para casi nada “más” y casi nada “mejor” -como veremos más adelante-, que más bien podría resumirse en el refrán “dime de qué presumes y te diré de qué careces”.

Nos parece negativo que en la investidura no se haya visibilizado un pacto entre EH Bildu y Elkarrekin Podemos como oposición alternativa de gobierno, con una candidatura y un programa comunes o, al menos, mediante el apoyo de los segundos a Maddalen Iriarte la candidata de EH Bildu. Era posible, pues en ambos programas había mimbres para hacer un buen cesto como programa alternativo de gobierno/2. Puede entenderse que al margen de la posibilidad de un buen programa común, existan, entre ambas coaliciones, desconocimientos, desencuentros y hasta competencia sobre espacios y metas. Pero se ha desaprovechado el mejor momento para, en paralelo y frente al gobierno de coalición PNV-PSE, constituir una alternativa institucional radical y democrática que podría haber servido de impulso, en claves similares, a una unitaria y autónoma alternativa social en el espacio civil, en las calles, las fábricas y los lugares de trabajo. Entre ambas coaliciones sumaban 29 escaños, 1 más que el PNV en solitario y tan sólo 8 menos que la nueva coalición gobernante. Ambas coaliciones han insistido en que a lo largo de la legislatura serán proclives a establecer pactos mutuos y, desde luego, habrá muchas ocasiones para hacerlo si quieren.

El gobierno PNV-PSE: conformidad con la UE y el plan de estabilidad del Estado español

El recorrido electoral del PSE-PSOE en las autonómicas vascas es de caída al vacío: 30,7% y 25 escaños en 2009, 19,14% y 16 escaños en 2012 y 11,94% y 9 escaños en 2016. Entrar en el gobierno, ocupar sillones, contactos y agendas era una cuestión de supervivencia y no un marco para imponer condiciones. Aunque con este pacto de gobierno Urkullu no alcanzaba mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, quedaba a solo un punto de ella y servía para reforzar los pactos existentes entre ambos partidos en las potentes diputaciones provinciales. A unos y a otros les convenía un programa sin sobresaltos ni debates importantes.

En el acuerdo PNV-PSE, hay que constatar en primer lugar, por la importancia que tiene y porque condiciona absolutamente la política económica y social de este gobierno, su “compromiso de mantener el objetivo del déficit público que corresponde a Euskadi y estabilizar el nivel de deuda pública vasca, de conformidad con los objetivos establecidos por la Unión Europea y recogidos en el plan de estabilidad del Estado”. A esto llama el programa de gobierno “consolidación de las cuentas públicas” y añade que “se desarrollará sin afectar a las políticas sociales ni a los servicios públicos esenciales”. Se miente por la jeta, sin reparar ni preocuparles si les crece la nariz. Ya sabemos que los objetivos de estabilidad de la UE son el menú a la carta para que la banca y las grandes corporaciones coman lo que les apetezca y cuando les apetezca; a ellos -sí que sí- dichos objetivos les permiten consolidar sus cuentas. En las propias carnes vivimos su versión recogida (y lejos de estar terminada) en el Programa de Estabilidad 2016-2019 del Estado. Por supuesto que esto afectará negativamente a las políticas sociales como lo ha estado haciendo hasta ahora. O más aún.

En este tema, el más trascendente para la política económica hoy, lo que este programa dice (lo que amenaza) es muy concreto. En otros puntos o se remite a cosas que se aprobarán en el futuro o es pura letra que no dice ni blanco ni negro sino todo lo contrario.

Ocurre eso, por ejemplo, con la política fiscal, la vía de ingresos para financiar los servicios sociales y otras políticas de gobierno que en este programa queda tan poético como “promover una política fiscal y financiera del crecimiento y la solidaridad”. Perfecto, ¿quién está en contra? Sólo que no se sabe qué medidas concretas se aplicarán. En la CAV las competencias en materia de fiscalidad corresponden a las Diputaciones Forales que, a día de hoy, están gobernadas mediante acuerdos entre ambos partidos, PNV y PSE-PSOE. Pues bien, en paralelo a la constitución del nuevo gobierno no se ha hecho público ningún acuerdo de reforma fiscal para aumentar los ingresos impositivos, el incremento de su progresividad y un plan creíble de combate contra el fraude fiscal (hasta la fecha no se ha abordado el desarrollo de los planes contra el fraude fiscal que se instaron por Resoluciones del Parlamento Vasco de septiembre de 2013), elementos necesarios para impulsar medidas de aumento de un gasto público que se ha visto reducido en los últimos años y que en la actualidad no cubre las necesidades sociales en sanidad, educación y protección social. Así que a olvidarse, incluso, de llegar a una imposición fiscal que se iguale con la media europea (y que daría un aumento recaudatorio de 6 mil millones); ya subrayó el portavoz del PNV, Egibar, en el debate de investidura, que una propuesta así no es realista y no tiene en cuenta las “particularidades vascas”.

El programa de gobierno afirma enfáticamente “El empleo, nuestra prioridad” y dice que su objetivo, a lo largo de los cuatro años de legislatura, es reducir las tasas de paro por debajo del 10% y que ese empleo sea de mejor calidad. Pero es imposible deducir de este programa que exista una seria política de aumento del empleo y de mejora de su calidad. En el análisis que el programa realiza sobre la situación actual no se hace ninguna referencia precisa a que los niveles de empleo y de paro son muy engañosos cuando la contratación temporal supone en el 2016 el 93,1% de las contrataciones en la CAV y entre las personas empleadas se incluyen a un porcentaje del 24,4% de empleo temporal, cada vez de más corta duración (la mitad inferior a un mes) y de trabajo a tiempo parcial, a menudo de jornadas muy reducidas, en el que las mujeres están sobre-representadas (la tasa es 3,3 veces superior a la de los hombres) y que en sus dos terceras partes es involuntario, es decir, que se realiza por no poder acceder a un trabajo a tiempo completo. Temporalidad y parcialidad están muy frecuentemente superpuestas y ambos tipos de trabajo van asociados a salarios muy inferiores a los trabajos indefinidos de jornada completa, lo que da lugar a que, como señalaba el programa de EH Bildu más de 14.000 personas perciban la Renta de Garantía de Ingresos aún teniendo un empleo.

Y si pasamos de esos y otros “olvidos” en el análisis de la situación actual del empleo en la CAV a la política concreta de empleo, sólo nos encontramos con la promesa de un Programa Marco de Empleo y Reactivación, a aprobar en el primer semestre de 2017, promesa adornada con eso –tan poético, de nuevo- de favorecer la empleabilidad de los colectivos que tienen mayores dificultades de inserción laboral, pero sin compromisos ni criterios concretos.

Aunque aspectos claves para la mejora de la calidad del empleo dependen del Estado, que tiene competencia exclusiva en materia de legislación laboral, en el programa de gobierno se ignoran aspectos que sí dependen de sus decisiones. Entre ellos se pueden citar, entre otros, los siguientes:

  • el aumento del empleo público para atender necesidades sociales insatisfechas, acercando de esta forma las tasas de empleo público a la media europea ya que el programa se limita a prever la sustitución de los empleados públicos que en los próximos años accederán a la jubilación;

  • la erradicación de la temporalidad en ese empleo, que es todavía mayor que en el sector privado (siete puntos de diferencia);

  • la reducción radical de las prácticas de subcontratación que se están generalizando en el sector público, que en muchos casos se producen en sectores de máxima utilidad social, en los que las mujeres están asimismo sobre-representadas (ahí está el caso, entre otros muchos, del personal de residencias en huelga durante meses) y que entrañan la canalización de recursos públicos hacia empresas privadas en deterioro de las condiciones salariales y laborales;

  • la mínima utilización de las llamadas “cláusulas sociales” en la contratación pública para favorecer el empleo de los sectores más precarizados;

  • la ampliación de la plantilla del Servicio Vasco de Empleo-LANBIDE, reclamada por las organizaciones sindicales para realizar adecuadamente sus funciones de orientación, formación para el empleo y otras. Sin ella será papel mojado lo que decía Urkullu en su discurso de investidura sobre la dedicación a las políticas activas de empleo.

En materia de protección social, el programa de gobierno se refiere a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en términos muy ambiguos y que se prestan a interpretaciones restrictivas como cuando se afirma que se revisará “la naturaleza de la unidad de convivencia” y que se debe garantizar “la adecuada utilización para que lleguen a las personas que más las necesitan”. Lo que no se recoge es la anulación de las medidas de recorte acordadas por el gobierno del PSE encabezado por Patxi López, cuando se redujo la cuantía de la RGI en el 7% y se amplió el período de empadronamiento exigible de 1 a 3 años, con el objetivo –no declarado pero evidente- de atrasar el acceso a la RGI a la población inmigrante.

Sobre temas como la sostenibilidad medioambiental o el cambio climático, problemas de auténtico riesgo de supervivencia del planeta, pues más y más generalidades y, ¡cómo no! otra promesa de una futura ley para la que no se concretan ni siquiera criterios salvo el de que “incorpore las medidas normativas para impulsar la lucha contra el cambio climático”. Pero, en cambio, lo que es concreto y nada general, pese a estar en conflicto con el equilibrio medioambiental y el desarrollo sostenible, es la defensa de desarrollar las infraestructuras del Tren de Alta Velocidad. Sobre esto no hay discusiones posibles, menos aún una moratoria hasta resolver los problemas que arrastra y plantea. Es un proyecto elefantiásico y faraónico para enlazar tres capitales vascas que están a tan poca distancia entre sí que la alta velocidad ni tendrá tiempo para llegar a su punto máximo antes de verse obligada a ralentizar; desenlazaría, además, todas las poblaciones intermedias, lo que le hace más absurdo como modelo de transporte público; ha enterrado ya miles de millones de euros y seguirá necesitando años de inversiones sin que se sepa cuándo se acabará (el nudo de Bergara donde se han de cruzar los trenes está sin licitar siquiera; las llegadas a las capitales de provincia están sin definir ni, por supuesto, licitar); y no tendrá consecución con Francia (uno de los grandes reclamos antaño) porque el Estado francés tiene retrasadas, casi sin fecha, las obras hasta la frontera de Irun.

Ciertamente hay aspectos concretos del programa, que ya estaban en el programa del anterior gobierno, que sufren un deterioro menor que en el Estado español –la sanidad y la educación, por citar los dos más importantes- pero que también están siendo afectados por recortes presupuestarios que producen deterioro y esto no se soluciona con la repetida cantinela de Urkullu de que Euskadi va bien. Aunque recurrida por el gobierno central y paralizada, la Ley de Vivienda aprobada por el Parlamento Vasco (pese a la oposición en su día del PNV) vuelve a recogerse en el programa. Pero en los puntos fuertes antes señalados, aquí sigue lo que había y el PSE-PSOE ni siquiera ha tenido que ceder ante el PNV, porque en relación al plan de estabilidad y los servicios públicos, tanto monta, monta tanto uno como otro.

Decepcionantes (y peligrosamente cierra-puertas para el futuro) son los puntos programáticos sobre el autogobierno y más en concreto sobre el Pacto Estatutario. La posición previa del PNV en su formulación de “nuevo estatus político” incluía el derecho a decidir y la conveniencia de que la propuesta aprobada por el Parlamento Vasco fuese sometido a una “consulta habilitante” entre la población de la CAV, para darle mayor legitimidad y llevarla así al Parlamento de Madrid. En el pacto PNV-PSE se define una Ponencia parlamentaria desde la que se aborde un “proceso de actualización del autogobierno que garantice el encaje jurídico legal de la reforma y sea tramitado de acuerdo con las normas y procedimientos legales vigentes”. Además desaparece toda referencia a la “consulta habilitante” y, simplemente, se acepta que “los partidos políticos firmante de este acuerdo nos reconocemos mutuamente libertad para defender en dicha Ponencia nuestros respectivos postulados”. Pero se adelanta ya que para el debate dentro de la citada Ponencia, el derecho a decidir se abordará de un modo “pactado en un marco de negociación y acuerdo dentro del ordenamiento jurídico vigente” y al mismo nivel que la “profundización y mejora del Autogobierno Vasco en convivencia y solidaridad con el conjunto del Estado”.

¿Próximos acuerdos PNV-PP?

Los posibles acuerdos en doble sentido del PNV y el PP pueden terminar siendo tanto o más importantes que algunas partes del texto del programa de gobierno. La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, perteneciente a la corriente del Pedro Sánchez, que se manifiesta opuesta al apoyo a Rajoy en materia presupuestaria, se declaraba la semana pasada comprensiva y de acuerdo con el posible apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado a cambio de una solución de los conflictos sobre el cupo. Todo sea “por el país” y ello aunque esos presupuestos y el techo de gasto que les precederá tendrán la función –si se llegan a aprobar en las condiciones que pretende el PP- de impedir el necesario aumento del gasto social, también para la población vasca.

Es de temer que si se produce el acuerdo, éste se extienda a otras materias, en el sentido de que el PNV contemporice sobre la derogación de algunas de las medidas antisociales aprobadas en la anterior legislatura y que se ha anunciado que será planteada en el Parlamento por las organizaciones de la izquierda estatal y de las nacionalidades, tales como la reforma laboral y de las pensiones, el subsidio de desempleo para los mayores de 52-55 años, la reducción de las prestaciones a favor de las personas en situación de dependencia y otras. Andoni Ortuzar, presidente de la dirección del PNV (el Euskadi Buru Batzar), ya ha dicho que van a negociar “sin complejos”, fórmula que entendemos significa que están dispuestos a realizar concesiones al PP, apoyándole en las votaciones parlamentarias, si reciben contrapartidas en materia económica y de transferencias.

No creemos que en la CAV el gobierno PNV-PSE se vaya a apoyar de forma sistemática en el PP sino que, en función de los temas, va a intentar acuerdos diversificados. Es evidente que sobre autogobierno, paz y convivencia, educación y euskera, no hay margen para acuerdos con el PP y el gobierno se va a dirigir hacia EH Bildu y Podemos. Sin embargo, en materia económica y social, el PNV y el PP comparten la exigencia de la patronal Confebask (tal como ha recordado en una entrevista el pasado 26 su presidente, Roberto Larrañaga), de que el equilibrio financiero no se realice mediante el aumento de los ingresos fiscales, especialmente si van dirigidos a las empresas y a los altos ingresos, sino mediante la reducción del gasto.

EH Bildu por un “gobierno feminista y de izquierda”

Tras el protocolario saludo a la presidenta del Parlamento, el discurso de la candidata de EH Bildu para lehendakari, Maddalen Iriarte/3, comenzó con estas palabras: “Soy mujer. Como lo es la mayoría de este Parlamento. Como lo es la mitad de la humanidad. Pero eso no es lo más importante. Soy feminista, somos feministas. Eso es lo más importante. El nuestro será un gobierno feminista. Garantía de un proyecto de vida, otro modelo de organizar un gobierno, que pone la estabilidad en el centro de las políticas públicas. Otra cultura para gobernar. Porque no hay cohesión social ni justicia, porque no hay democracia si no enraizamos en la igualdad una nueva gobernanza…”. Y el título del primer apartado de su programa de gobierno, tras finalizar la introducción al mismo, fue, precisamente “Gobierno Feminista”. En el programa de gobierno de EH Bilduel feminismo era, también, sin duda, uno de sus apartados más relevantes/4 y, lo que es tan importante, el feminismo era la principal referencia transversal en las 9 secciones y 40 proyectos contenidos en el mismo.

EH Bildu abre su programa sobre fiscalidad recordando que durante los últimos años asistimos, incluso, a una contrarreforma fiscal mediante acuerdo del PNV, PSE y PP para suspender las medidas diseñadas y, en casos, aplicadas ya en Gipuzkoa en el periodo en que la Diputación Foral estuvo gobernada por esta coalición. Aunque, como hemos dicho, la política fiscal depende, sobre todo, de las diputaciones provinciales, EH Bildu presenta una propuesta de reforma fiscal que garantizaría una presión fiscal global equivalente en toda la CAV, cosa que hoy no se produce. En ese contexto propone elevar la presión fiscal al menos tres puntos equiparándola a la media europea, reformar el impuesto de sociedades, impulsar el impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas, reformar el IRPF para corregir su excesivo sesgo hacia las rentas salariales.

Plantea, además, medidas que permitan generar una tendencia para una mayor soberanía fiscal eficaz en el control del fraude y de las operaciones transnacionales. Como objetivos vinculados a ello incluye lograr la total capacidad competencial sobre el IVA, poner en marcha estrategias para la participación en el ECOFIN, crear un Observatorio Vasco contra el fraude y recuperar los impuestos defraudados (2,250 millones de euros)

El programa electoral de EH Bildu recoge de forma detallada y muy trabajada un amplio conjunto de análisis y propuestas sobre la situación del empleo, con una atención más detallada que en precedentes convocatorias electorales sobre los problemas sociales, precisando además las fórmulas que permitan su puesta en práctica mientras la CAV no disponga de las competencias normativas necesarias. Así, por citar solo algún ejemplo, se reivindica un salario mínimo de 1.200 euros mensuales, proponiendo que las instituciones vascas apoyen su implementación mediante la negociación colectiva y, en el sector público, a través de la utilización de “clausulas sociales” en la contratación pública que obliguen a las empresas adjudicatarias a pagar ese salario. La jornada de 35 horas semanales se implantaría mediante instrumentos tales como la reducción de las horas de trabajo, medido en términos anuales, semanales y/o diarios, o mediante expansión de de las vacaciones; la regulación de la contratación parcial en condiciones laborales dignas, etc. Dada la dificultad de que el sector privado desarrolle una política de pleno empleo de calidad, EH Bildu plantea el objetivo de alcanzar una tasa de empleo público equivalente a la media europea, es decir, que a lo largo de la legislatura llegue al 21%, lo que equivaldría a 40.000 nuevos empleos, priorizando los ámbitos de educación, sanidad y políticas sociales, y apuesta por la creación de empleo público tanto en el ámbito científico-tecnológico como en actividades para una economía sostenible.

Sobre la Renta de Garantía de Ingresos se propone la reducción de la edad de acceso de 23 a 18 años y la reducción del período de empadronamiento exigible de 3 a 1 año y la implantación de rentas garantizadas para la infancia y la adolescencia.

En materia de pensiones se asume la reivindicación planteada por las Asociaciones de Pensionistas de una pensión mínima de 1.080 euros, equivalente a la cuantía del umbral de pobreza conforme a los criterios internacionales, que se recogió en una Iniciativa Legislatura Popular y cuya admisión a trámite fue denegada por el Parlamento Vasco el 22-12-2015. Tanto la Iniciativa como la propuesta de EH Bildu recogían que el complemento necesario para alcanzar esa cuantía fuese a cargo de los presupuestos de las instituciones vascas.

El derecho a decidir, en EH Bildu y Elkarrekin Podemos

En relación al derecho a decidir, la propuesta de EH Bildu incluye cuatro puntos:

  • Nuevo Pacto Social y Político, suscrito por la mayoría política, social y sindical, para la implementación de la hoja de ruta para la soberanía ciudadana.

  • Propuesta para un Nuevo Estatus Político que incluirá el reconocimiento nacional de Euskal Herria y la puesta en práctica del derecho a decidir.

  • Consulta ciudadana habilitante para la ratificación de la propuesta para el Nuevo Estatus Político. 

  • Compromiso de respetar e implementar, independientemente de la posición del Estado Español, la voluntad sobre el Nuevo Estatus Político democráticamente expresada por al Compromiso de respetar e implementar, independientemente de la posición del Estado español, la voluntad sobre el Nuevo Estatus Político democráticamente expresada por la ciudadanía vasca mediante la consulta habilitante.

Como ya hemos visto, la consulta habilitante a la población de la CAV sobre la propuesta de Nuevo Estatus que se debe llevar a negociar con el estado español estaba también en el programa inicial del PNV y desapareció en el acuerdo con el PSE-PSOE. Es una propuesta sensata e inteligente, que legitima el derecho a decidir ante las instituciones del estado, pero nada tiene que ver con un referéndum unilateral. Es muy malo que haya desaparecido del programa de gobierno y es una pena, también, que no figure expresamente en el programa de Elkarrekin Podemos.

Sin embargo, este programa manifiesta expresamente esto: “Abogamos por la celebración de una consulta en la que la ciudadanía pueda refrendar el nuevo pacto social que se acuerde, e incluso si existiese una mayoría social clara que así lo reclamara en la que se pueda elegir entre diversas alternativas, entre ellas, la separación del resto del Estado.” Más allá de que la fórmula concreta que proponen sea la de la legislación vigente sobre el Quebec en Canadá (con lo que se puede polemizar, aunque en su propio programa la formula no sea lo esencial), se trata de un abierto reconocimiento del derecho a decidir. Con todo el derecho del mundo, Elkarrekin Podemos defiende que su modelo de relaciones territoriales no es la independencia, sino la federación o la confederación. Pero se trata de un unionismo democrático y soberanista. De la misma manera el independentismo de EH Bildu es democrático y soberanista; no es una declaración unilateral de independencia lo que están planteando sino un ejercicio de soberanía en el que la población de la CAV pueda decidir sobre el modelo que desea para sus relaciones administrativas e institucionales con el resto del Estado. En ambos casos se incluyen referencias a la articulación específica con Nafarroa, pero también en ambos casos se contempla que la decisión corresponde a Nafarroa.

A partir de ello hay un tema polémico. Elkarrekin Podemos ha repetido hasta la saciedad durante la campaña que el derecho a decidir ha de ejercitarse en el marco de la legalidad. EH Bildu ha aceptado y defendido su acuerdo de llevar a las instituciones del Estado la propuesta de Nuevo Estatus Político acordada en la CAV (a lo que añade la mencionada consulta habilitante previa). Pero añade que, aunque el Estado lo rechace, debe respetarse e implementarse lo acordado en la CAV y, en consecuencia, debe llevarse adelante el ejercicio de ese derecho a decidir. Es una diferencia importante. Nosotros estamos de acuerdo con el punto de vista de EH Bildu. Pero creemos que hasta llegar ese momento, hay espacio para caminar en la definición del Nuevo Estatus y, sería lógico aceptarlo, en su consideración a la ciudadanía mediante consulta habilitante antes de llevarlo a las instituciones estatales.

Ambas organizaciones plantean posiciones intercambiables en dos temas de importancia política: la exigencia de transferencia de las 37 competencias del Estatuto de Autonomía de Gernika aún por transferir y la defensa de todas las decisiones adoptadas por el Parlamento Vasco y bloqueadas o suspendidas por las instituciones políticas o judiciales del Estado. En esto el acuerdo puede ser territorio común con el PNV y con el PSE (aunque con este partido hay suficiente historia pasada como para dudarlo).

Paz y convivencia

Este es un campo de mucha importancia para el futuro y en el que parece haber bases para un acuerdo amplio.

El programa PNV-PSE recoge los siguientes compromisos:

  • Un final ordenado de la violencia: verificación de un calendario de desarme definitivo que incluya una declaración de ETA sobre su carácter irreversible; alcanzar la disolución y desaparición definitiva de ETA; y el desarrollo de un proceso de reflexión crítica sobre las vulneraciones de Derechos humanos del pasado.

  • Políticas públicas de verdad, justicia, reparación y solidaridad con todas las víctimas, sin equiparaciones en cuanto a las causas de su victimación, el reconocimiento del daño que se les causó y el principio de igualdad y no discriminación.

  • Memoria crítica que rechaza la legitimación, compensación o minimización de cualquier forma de violencia o terrorismo ocurrido en el pasado y en la oposición a su reedición.

  • Política penitencia fundamentada en los principios legales de individuación, humanidad, reconocimiento del daño causado y reinserción, una de cuyas consecuencias es el acercamiento de personas presas a cárceles cercanas a su entorno.

Es importante que el PSE-PSOE se haya comprometido con estos temas. Por su parte, Elkarrekin Podemos ha manifestado públicamente su acuerdo global con la propuesta.

Más allá de determinadas expresiones y de la crítica a la escasa asignación de responsabilidades al Estado en esta propuesta de PNV-PSE, las diferencias con las propuestas de EH Bildu se centran en que el programa de esta coalición no recoge la disolución de ETA y en que plantea la desmilitarización de la gran presencia de Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) en territorio vasco. Pero EH Bildu plantea abiertamente un final ordenado del desarme de ETA aunque añada medidas como su verificación internacional y eso, si se acompaña con el traslado de personas encarceladas a cárceles del entorno y se establecen nuevas vías de representación de este colectivo creemos que llevaría invariablemente a la desaparición de ETA (que, no lo olvidemos, lleva cinco años de abandono definitivo de cualquier actividad armada). En cuanto a la desmilitarización de las FSE del país vasco, el programa no lo plantea, en absoluto, como condición de los otros compromisos.

Ya se ha informado y analizado en VIENTO SUR la evolución de la política de la izquierda abertzale y del propio Colectivo de presas y presos sobre este tema/5.Creemos que pese a las diferencias formales existe en este punto así como en el del reconocimiento de todas las víctimas una base importante para forjar un acuerdo muy mayoritario del Parlamento Vasco en esta legislatura.

No ha habido pacto EH Bildu y Elkarrekin Podemos

Según EH Bildu la razón principal de la negativa del PNV a realizar un acuerdo con EH Bildu habría consistido en la distancia con sus propuestas en materia económico-social, que le parecerían inasumibles al PNV, lo que por otra parte es obvio. En efecto, las propuestas de EH Bildu darían lugar a un aumento muy notable del gasto público social, lo que exigiría una reforma fiscal de gran envergadura y una lucha asimismo importante de contra el fraude fiscal.

Creemos que EH Bildu se equivocaba cuando daba a entender que ese acuerdo con el PNV era posible. En la sesión de investidura Maddalen Iriarte confesó que las reuniones con el PNV, aun presentadas por éste y por ellos mismos como conducentes a un acuerdo de gobierno, no fueron serias ni hubo por parte de aquel un intercambio documental y de opiniones consistente. Cabe preguntarse, entonces, por qué hasta el 14 de noviembre EH Bildu sostuvo públicamente que estaba a favor de un pacto de gobierno con el PNV. Además, durante ese tiempo EH Bildu no planteaba claramente que tal acuerdo solo se podía realizar con Elkarrekin Podemos.

El programa de Elkarrekin Podemos mantenía similitudes muy importantes en muchos elementos del programa, si bien en general era menos preciso y detallado/2. El problema ha venido de la gestión de sus resultados, ya que han presentado una propuesta de acuerdo de las fuerzas progresistas, entre las que además de EH Bildu y ellos mismos incluían al PSE y que se debiera enfrentar a la derecha –o la casta- representada por el PNV y el PP (asimilación más que forzada del escenario de Madrid). Además de irrealista, ya que es impensable un acuerdo como el propuesto, la diferenciación que se desprende entre el PNV y el PSE no se ajusta a la realidad, no ya de las propuestas electorales sino de su práctica gubernamental, en la que en no pocos temas tanto el PSE en la CAV como el PSOE en el conjunto del Estado, se han situado “a la derecha” del PNV -por ejemplo en relación con la reforma del art. 135 de la Constitución-, lo que, hay que decirlo, no significa que el PNV aplique políticas sociales de izquierda ni, siquiera, igualitarias. Por todo ello nos parece un grave error político la abstención de Elkarrekin Podemos en la elección del Lehendakari, para la que se han utilizado argumentos ridículos, tales como que “no tenía posibilidad de ganar” o “no nos lo habían pedido”.

Pero sobre este último aspecto, hay que destacar que EH Bildu, por su parte, siguió mareando la perdiz de su posible pacto con el PNV hasta ese señalado 14 de noviembre. Presentó la candidatura de Maddalen Iriarte el día siguiente y sólo a partir de ese momento pasó a solicitar, públicamente, el acuerdo con Elkarrekin-Podemos para la investidura.

Pero, de todos modos, lo ocurrido ha demostrado, también, que hay muchos campos y muchas posibilidades de acuerdos entre ambas coaliciones. Además de sobre los temas abordados en este artículo, otros pueden ser los de la transición energética y el cambio climático. Y sigue siendo necesario un pacto con sólidas bases de oposición al gobierno PNV-PSE.

Notas:

1/ El documento del programa de gobierno PNV-PSE está disponible en: http://www.eitb.eus/multimedia/documentos/2016/11/21/2068260/acuerdo-pnv-pse.pdf y el discurso de investidura de Iñigo Urkullu en: http://parlamentovasco.eaj-pnv.eus/es/adjuntos-documentos/18414/pdf/discurso-de-urkullu-pleno-de-investidura-xi-legisl

2/ El programa de gobierno de EH Bildu está disponible en: http://ehbildu.eus/es/elecciones/parlamento-vasco-2016/programa y el programa electoral de Elkarrekin Podemos está en:

https://elkarrekinpodemos.eus/programa/

3/ El discurso de investidura de Maddalen Iriarte está disponible en: http://www.naiz.eus/media/asset_publics/resources/000/341/964/original/20161123-maddalen-iriarte-hitzaldia.pdf

4/ Ver: https://ehbildu.eus/programa/2016/feminismo.pdf

5/ El último análisis publicado sobre este tema fue: “Presos. La izquierda abertzale cambia de estrategia” disponible en: http://vientosur.info/spip.php?article10963

 

es profesor de la UPV-EHU
es Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UPV-EHU
Fuente:
http://vientosur.info/spip.php?article11955