Por una Europa republicana

Erhard Crome

05/06/2006

 

Heinrich Heine, el poeta alemán que murió hace ahora 150 años, tenía una fina intuición sobre el vínculo entre libertad y democracia. Con las Revoluciones francesas de 1789 y 1830 en mente, esperaba un equivalente alemán. En el prólogo a su poema Alemania. Un cuento de otoño, escribió en 1844: “Plantad la bandera tricolor roji-negra-gualda [republicana] en la cumbre del pensamiento alemán, convertidla en estandarte de la humanidad libre, que yo derramaré gustosamente por ella la sangre de mis venas.”

La Asamblea en la Iglesia de Pablo [en Francfort] durante la Revolución de 1848/49 trató de unificar Alemania sobre bases republicano-democráticas, y fracasó. El resultado histórico final fue la unificación imperial de 1871, que fue, propiamente, y por decirlo en neocastellano, un “daño colateral” del intento de Bismarck de asegurar a largo plazo la preeminencia de Prusia en los territorios alemanes. La valorización del capital y las exportaciones alemanas, quedaron aseguradas. Pero el “pensamiento alemán” perdió la conexión con la idea de la libertad democrática: fue la cáscara bajo la que se desarrolló el militarismo, convirtiéndose la expansión en el verdadero fin.

Con la actual unificación europea, cabe preguntarse si no estamos ante un proceso análogo. A trechos, lo parece. En el preámbulo del tratado fundacional de la Comunidad Económica Europea –la precursora de la actual Unión— de 1957, todavía se declaraba con énfasis la voluntad de reducir las distancias existentes en la Comunidad entre los distintos territorios, mitigando el retraso de los “territorios menos favorecidos”. Eso era una invitación a la creación de condiciones de vida homogéneas en todos los países miembros. En la definición de objetivos de la Unión Europea que se realiza en el tratado constitucional rechazado por franceses y holandeses en 2005, en cambio, el discurso central es el de una economía de mercado altamente competitiva. La economía de mercado competitiva es propiamente el objetivo, no la igualación de las condiciones de vida; “el mercado” tiene que dirigir lo que hasta ahora nunca pudo dirigir.

Cuando en la política comunitaria de la actual Unión Europea se habla de “reformas sociales”, de lo que se habla es de la desmantelación del Estado Social, de acuerdo con las recetas del neoliberalismo, en cuyo centro se halla la mentira de la inevitabilidad de la “responsabilidad propia individual”. En lo tocante a las jubilaciones, los sistemas públicos de pensiones tienen que limitarse a garantizar unas bases. La orientación es en el sentido de unos fondos empresariales de pensiones y de una previsión de tipo privado.

Pensiones de jubilación basadas en el desarrollo de fondos de acciones apuntan sobre todo a la creación de un mercado financiero europeo ampliado y exponen a las pensiones de los ancianos a los desequilibrios de los mercados financieros globalizados. En lo tocante a salud, el acento principal se pone en las prestaciones obligatorias “médicamente necesarias”; todo lo demás debería conseguirse mediante desembolsos acrecidos por parte de los pacientes. En las políticas del mercado laboral, se trata de reducir las prestaciones estatales de apoyo y de endurecer las condiciones para su recepción; “Hartz IV” significa la realización de esa política en Alemania. Cuando se habla de “reforma” de los sistemas sociales, de lo que se trata es de una retirada del Estado, organizada a escala europea, en lo atinente al bienestar público.

En ese contexto, los que mandan aluden a la situación de los diez nuevos países de la Unión Europea. Están menos desarrollados; las diferencias de bienestar y desarrollo económico dentro de la Unión Europea han aumentado. De aquí que todas las aperturas previstas tengan que realizarse. Apuntan éstas, sin embargo, a una reducción del nivel de los salarios y de los garantías sociales dentro de la Unión Europea, como se echa de ver en el celo puesto en la ejecución de la directiva sobre la prestación de servicios. Lo cual trae empero consigo crecientes problemas sociales también para los viejos países de la Unión Europea.

Lo que se precisa es, en cambio, la puesta en marcha de una tendencia en sentido contrario, la elevación del nivel de los países menos desarrollados. En otras palabras: la burguesía europeo-occidental ha vuelto a convertir a la Europa del Este, tras el naufragio del socialismo real, en la periferia de Occidente, usándola de ariete contra los trabajadores y los “empleados dependientes” occidentales.

De aquí que el objetivo de una Unión Social Europea tenga que ser central en la política europea de la izquierda. De lo que se trata es de fijar obligatoriamente para toda la Unión Europea los niveles sociales, fiscales y medioambientales y de defenderlos en la competición global mundial, por ejemplo, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). También en punto a salarios o ingresos por trabajo tienen que allanarse los caminos que llevan a largo plazo al logro de una nivelación por arriba. Una política fiscal y financiera coordinada a escala europea, que cegara obligatoriamente los agujeros fiscales dentro de la Unión Europea, podría a su vez preparar los medios necesarios para una financiación sólida y justa de las medidas bienestaristas o político-sociales necesarias en los países miembros. Con ello podría lograrse también una política presupuestaria legitimada, que posibilitara inversiones públicas en infraestructuras sociales y un cambio ecológico. Eso significa: volver a luchar de nuevo por el Estado social en Europa.

La burguesía ha unificado a escala europea la política comercial, exportadora y financiera, dejando en cambio que la política fiscal y social queden al albur de los distintos países en competencia entre sí. Hay que armonizar el mercado laboral y el derecho laboral; en el orden día un salario mínimo europeo, un tiempo máximo de trabajo, un seguro de desempleo a escala europea y una participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Los derechos sociales deben valer para todos los que aquí se ganan la vida. De aquí que haya que poner también en el orden del día la lucha por una “ciudadanía de residencia”, en vez de la “ciudadanía estatal”. Los derechos sociales deben ser individualmente exigibles, lo que hasta ahora sólo valía para los derechos políticos.

Bien mirado, la burguesía no tiene “proyecto europeo” alguno: Europa es gestionada como constructo neoliberal. Mercado y beneficio, tienen el camino expedito. Los compromisos con la población trabajadora y con las capas sociales vulnerables se han roto. Y para eso es preciso el desmantelamiento de la democracia; en el plano interior, los controles policiales; en el exterior, el poder militar. Tras el naufragio de la constitución europea en Francia y en Holanda, lo que ha seguido su curso es precisamente la integración del poder militar. También aquí, como en la Alemania posterior a 1871, viene a cubrir lo militar el vacío dejado por la ausencia de una idea republicano-democrática. “Europa” sólo puede ser fundada desde la izquierda, o se perderá en los extravíos de la vieja Prusia alemana. Los debates en el Foro Social Europeo de Atenas dejaron claro que la Izquierda europea está decidida a hacerlo.

Erhard Crome es un analista político que escribe regularmente en la revista alemana Des Blättchens.

Traducción para www.sinpermiso.info: Amaranta Süss

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Fuente:
Des Blättchens, 29 mayo 2006

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