Francisco Louça
19/08/2016
Cuando termine la negociación entre el gobierno y la Comisión Europea y el Banco Central Europeo relativa a la recapitalización de la Caixa Geral de Depósitos- CGD, el mayor grupo bancario y asegurador portugués, es posible que se alcance una victoria para el banco público. Por ahora, se ha frenado el intento de abrir la puerta a una futura privatización. El truco era simple: la recapitalización sólo se podía hacer mediante títulos de deuda que podrían un día transformarse en acciones para los acreedores. Eso no va a suceder y esta imposición de la vía alternativa (recapitalización con fondos públicos) es un éxito para el gobierno y la CGD. Se ha ganado tiempo y margen de maniobra. Es un paso adelante.
Por el contrario, la postergación sucesiva de la toma de posición por parte de la nueva administración desde que asumió el cargo ha sido un paso hacia un lado. El impasse dura desde enero y parece que sólo se resolverá a finales de este mes (parece que el 24 de agosto). Demasiado tiempo. O fue una estrategia de las autoridades europeas para prolongar la situación o falta de iniciativa de la administración o del gobierno, o todo junto.
Otro paso en falso y al lado, totalmente innecesario, fue la imposición inicial del nuevo presidente de la administración, Antonio Domingues, que logró un cambio legislativo para aumentar su salario, además de mantener su pensión de BPI. Hacer una ley para una sola persona es un malísimo precedente, exigir un trato de favor es una mala elección, sumar un salarial especial y la pensión es demasiado privilegio. Todo feo.
El tercer paso a un lado está aún por verse para que sirve: Mckinsey y un bufete de abogados han preparado el plan para la CGD. Es un misterio quién contrató a estas entidades, en virtud de que directivas y que se les paga. Supongo que no se ha consultado a la administración en funciones del banco y son bombas retardadas.
Ahora los pasos para atrás. El primero es el presente decreto ley de reforma del Estatuto del gestor público, porque no se limita a suprimir el techo de salario anterior para este caso. Se va más allá y elimina a la CGD del ámbito de los Estatutos, promoviendo así una opacidad que no es aceptable. Un banco público tiene que ser transparentemente público.
El segundo paso atrás son los nuevos estatutos, en los que tenemos un poco de todo: un consejo fiscal que deja de ser elegido por los accionistas pera será designado por el futuro presidente, mandatos que pasan de tres a cuatro años y con la nueva posibilidad de cuatro renovaciones, por lo que es posible que alguien este 16 años en el cargo, e incluso la hipótesis extravagantes de evadir el código de las sociedades mercantiles. Esto no parece encajar bien con el objetivo declarado de "limpiar la casa".
Por último, el tercer paso atrás es la elección de la administración del banco. Ya elogie la elección del presidente, ya critiqué las condiciones que impuso sobre su salario, ya critiqué el tamaño de la nueva junta directiva, pero ahora se han publicado todos los nombresY confieso mi perplejidad: hay todo un equipo que viene de BPI (y su Banco de Fomento de Angola), lo que me parece demasiado, hay gente de Gulbenkian (incluyendo Partex) y hay a continuación, una lista de personalidades del mundo de los negocios : Angola Telecom, un grupo hotelero, Peugeot-Citroen, Sonae, Renova, Unicer y Sogrape, con dos directivos que hicieron sus carreras en el Dresdner Bank y Allianz y Santander. Es una especie de junta corporativa, pero con representantes de las empresas.
Pero, ¿por qué el presidente de Angola Telecom? Y ¿de compañías de cerveza o de papel? ¿O automóviles? ¿O vinícolas? ¿O de centros comerciales? Francamente, no me cuenten que estos directivos (no ejecutivos) abrirán las puertas del banco para negocios con estos sectores industriales y financieros. Ese sería un conturbenio muy peligroso y tonto. ¿O la función de estos gestores es asegurar que el banco promueve proyectos de inversión equilibrados (suyos o de sus competidores directos o indirectos)? No tiene sentido, teniendo además en cuenta que estas empresas son clientes de CGD y muchas de ellas tienen concedidos importantes crédito bancarios.
El periódico Público de Lisboa informó hace unos días que el BCE podría haber rechazado esta lista tan larga, imponiendo una administración más pequeña con 11 miembros. Suponiendo que esta noticia se confirme, no se sabe quién se queda y quién se va de la lista de los 19. Es el problema: algunos fueron invitados y ahora tendrán que irse, pero es una buena noticia que la pequeña cámara corporativa se queda en el tintero.
Sé que algunos dicen que es mejor no decir nada al respecto porque la Caixa es vulnerable. Creo que lo contrario. Hay que solucionar el problema con rapidez, transparencia, buen criterio y satisfacción pública porque lo dañino para la Caixa es este baile imprudente y fuera de paso.