¿Referéndum en Cataluña?: simplemente democracia

Daniel Raventós

Miguel Salas

11/06/2017

 

 
Fecha y pregunta
 
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado que convocará un referéndum en Cataluña para el 1 de octubre. La pregunta que se hará a la ciudadanía en catalán, castellano y aranés, los tres idiomas oficiales de Cataluña, es: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”. La convocatoria de un referéndum es una reivindicación que, como repetidamente muestran distintas encuestas, aprueba el 80% de la población catalana. La exigencia de ejercer el derecho de autodeterminación representa el fracaso de las políticas centralistas de los gobiernos españoles, tanto del PP como del PSOE, incapaces de ofrecer soluciones políticas.
 
Movilización
 
Desde 2010 las movilizaciones más masivas que se han producido en Cataluña tienen que ver con la exigencia del derecho a la autodeterminación. A instancias del PP, el Tribunal Constitucional machacó el Estatut que previamente había aprobado el Parlamento catalán, posteriormente las Cortes españolas y finalmente el pueblo catalán lo ratificó en referéndum. En palabras del constitucionalista Pérez Royo fue un “golpe de Estado” que hizo saltar por los aires el pacto constituyente. De hecho, afirma Royo: “nos hemos quedado sin Constitución”. El desprecio por la voluntad expresada en las urnas fue el desencadenante. Millones de personas han salido desde entonces a la calle de forma pacífica para exigir el derecho a decidir, para exigir independencia y una república catalana. Cada Onze de Setembre (Diada Nacional de Catalunya) se han ocupado las calles, las plazas, los pueblos y ciudades para expresar una exigencia mayoritaria: que Cataluña es una nación y tiene derecho democrático a decidir su futuro. En los últimos meses, se constituyó el “Pacte Nacional pel Referèndum”, que agrupa a partidos, sindicatos, asociaciones de vecinos y todo tipo de entidades sociales partidarias de un referéndum. En pocas semanas reunió más de 500.000 firmas. Intentó que el Estado acordara un referéndum legal. La respuesta siempre ha sido repetidamente negativa. En el 2012 no se aceptó una propuesta de reforma fiscal. Ni siquiera se ha aceptado la posibilidad de abrir una reforma constitucional que permitiera discutir una relación diferente entre Cataluña y el Reino de España. Y en los últimos meses, cualquier decisión del Parlamento catalán ha acabado en los Tribunales del Estado, desde leyes de mejoras sociales hasta el procesamiento de diputados y de la Mesa de este mismo Parlamento.
 
Legal
 
No hay ninguna duda de que esa mayoría que quiere decidir preferiría hacerlo de una manera legal y acordada con el gobierno español, pero éste se ha negado por activa y por pasiva. Se calcula que 18 veces. Rajoy lo dijo con sinceridad “no quiero”. El nuevo PSOE que eligió a Pedro Sánchez Secretario General hace pocas semanas, dejó bien claro que en este tema está incondicionalmente con el PP: no al derecho a la autodeterminación de Cataluña. Aunque su aceptación de la “plurinacionalidad” parece, dirá algún optimista, un cierto cambio, pero su apoyo al PP ante el “desafío soberanista catalán”, deja poco margen para la interpretación libre. Pedro Sánchez tuvo el apoyo casi unánime del Partido Socialista de Cataluña. Aunque en muchos ayuntamientos, los concejales del PSC se están pronunciando a favor del referéndum. Se utiliza como excusa que la Constitución no lo permite, pero algunos constitucionalistas reconocen que sería posible en el marco de la Constitución, pero quien no quiere es el Partido Popular ni el PSOE, los dos grandes partidos garantes de la monarquía borbónica. De  nuevo, la falta de diálogo y de propuestas del gobierno del Estado no ha dejado otro camino que esta convocatoria que PDeCAT seguro que hubiera preferido no tener que hacer, como evidencia las dudas internas y la voluntad de diálogo que parecía un claudicante “por favor, dadme algo para que pueda justificar algún paso atrás”. Hay todavía muchas incógnitas de cómo podrá realizarse dado que se espera que Rajoy y los suyos utilicen todos los medios del Estado para evitar que decidan las urnas. El derecho de huelga se conquistó haciendo huelga. El derecho al sufragio universal  fue una conquista democrática del movimiento obrero que supuso muchas luchas y enfrentamientos con la legalidad. Las libertades se conquistan y se mantienen ejerciéndolas. Los actuales poderes cambian la legalidad cuando les interesa, ¿por qué el pueblo no podría hacer efectivo su deseo republicano? La movilización seguro que será de nuevo decisiva para que el 1 de octubre pueda votarse.   
 
Democracia
 
Lo que está en juego es el ejercicio de un derecho democrático. El problema no es si una persona es independentista y otra no, el problema es que el derecho a la autodeterminación no cabe en la Constitución actual, fruto del régimen de la restauración monárquica del 78 y al que la inmensa mayoría de partidos dieron conformidad: PSOE, PCE, UCD… y CDC. CDC, hoy PDeCAT, cuyo independentismo, bueno es recordarlo, es de hace cuatro días. Pocos partidos han ayudado y apuntalado  tanto a un régimen que ahora es un muro contra el derecho a la autodeterminación. Y el PP es hoy el principal defensor de este régimen simbolizado por la Constitución monárquica cuyo artículo 2 dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles.” Y el artículo 8: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.” “Por encima de la ley está la democracia; la ley debe estar al servicio de la democracia y no al revés”, declaró Jaume Asens, destacado abogado defensor de derechos humanos y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Concejal miembro de un partido que ha tenido que demostrar alguna vez que precisamente la ley no debe ser cumplida para defender la democracia. Es de risa, que el gobierno del PP utilice el argumento de que la convocatoria no es democrática. El partido de la Ley Mordaza, el partido (con el PSOE de nuevo) que cambió el artículo 135 de la Constitución para complacer a la troika, el partido de la amnistía fiscal a los grandes defraudadores. La democracia es siempre dar la voz al pueblo. Por eso, ejercer el derecho de autodeterminación es dar la libertad para que una nación decida su porvenir.
 
Solidaridad
 
La exigencia del derecho a decidir no va contra nadie ni es insolidaria, como a veces se intenta presentar. No es contra las clases trabajadoras del resto del territorio del Reino de España. Al contrario, el ejercicio de un derecho democrático es y será siempre un acto de solidaridad, para quien lo ejerce y también para quien lo defiende. Enfrentar a unos pueblos contra otros es la peor de las políticas y la más insolidaria. Por supuesto que tiene réditos electorales en los partidos del régimen monárquico, por eso hace más execrable el enfrentamiento que buscan, alientan y mantienen el PP y el PSOE. En el movimiento soberanista catalán hay distintas opciones, quienes apuestan por una república catalana independiente y quienes apuestan por una república catalana que pueda federarse o establecer una relación determinada con el resto de los pueblos del Estado español. Pero, lo más importante es que para que continúe esa relación de amistad debe poder ejercerse el derecho a decidir. Al mismo tiempo, si el pueblo catalán puede decidir y decide constituirse en una república, ¿no sería eso positivo para el resto de pueblos del Estado?, ¿no permitiría mejorar las condiciones democráticas y de condiciones de vida que las políticas del PP impiden?  ¿No sería una posibilidad más para la autodeterminación de estos pueblos, romper con la monarquía?
 
Participación
 
Se prohíba (lo más seguro) o no se prohíba, el referéndum se jugará en el porcentaje de participación que acuda a las urnas. Ese será el verdadero baremo para establecer su validez. La población debe sentirse llamada a participar; las condiciones y transparencia deben ser claras y reconocibles, así como el censo y todos los demás instrumentos que regulan una votación. Para quien se llena la boca sobre que será un referéndum sin garantías, éstas dependerán sobre todo de la participación. Quién especula con el fracaso y se aparta del proceso quedará al margen del deseo de cambio y soberanía. Garantías democráticas tuvo el referéndum por el Estatut de 2006; lo votó el Parlament y lo refrendó el pueblo, pero el PP y el Tribunal Constitucional se lo cargaron. ¡Y esos hablan de garantías!  Se dice que la hoja de ruta del gobierno no es creíble, que los dirigentes dicen en privado lo que no se atreven a decir en público. Hay que tener en cuenta el factor de la movilización social para entender que en este proceso se han hecho muchas cosas que nadie creía posibles. El derecho a la autodeterminación una determinada izquierda lo abandonó muy rápidamente, otra lo defendió en sus programas para los domingos y fiestas de guardar… hasta que la movilización popular puso este derecho como algo más material que una simple declaración programática. Y quienes, con razón, critican la hoja de ruta, por estar en manos del presidente Puigdemont, por una ex-Convergencia en franca decadencia, no llegan a poner sobre el escenario político otro plan, otra hoja de ruta que represente la fuerza del 80% del pueblo que quiere votar y decidir.
 
Hegemonía
 
En la lucha política en Cataluña existe además una clara lucha por la hegemonía política. Desde que empezó el proceso de movilización por el derecho a decidir quien ha ido retrocediendo ha sido Convergencia i Unió. Unió Democràtica de Catalunya ha desaparecido. Convergencia, el partido de Pujol, ha tenido que cambiarse el nombre y está acorralada por numerosos casos de corrupción. Ha pasado de tener 62 diputados en el Parlament a 30 en la coalición Junts pel Si. Las encuestas le auguran un declive importante en caso de elecciones. Mientras, desde las plazas del 15-M y el movimiento municipalista de BarcelonaenComú se ha ido generando políticas alternativas que amenazan la hegemonía de la derecha. En las dos últimas elecciones españolas la candidatura más votada fue la de En Comú Podem. Las encuestas indican que unas eventuales elecciones en Catalunya darían la mayoría a ERC, Catalunya en Comú y las CUP. Esa batalla por una hegemonía de las izquierdas se juega también en el referéndum, en que todas ellas apuesten por la participación, por la legitimidad del referéndum y sus resultados y por abrir una posición rupturista respecto a las políticas del PP y la derecha catalana y de la relación entre Cataluña y el Reino de España. Lo expresaba así uno de los más veteranos dirigentes nacionalistas de izquierda vascos, Arnaldo Otegi: “no hay posibilidad de regeneración de la izquierda en España si esa izquierda no acepta el problema nacional y si no defiende el derecho de autodeterminación, porque ese es el pilar de la oligarquía en el Estado.” Cuanto más vacile la izquierda al respecto, más fácil lo tendrá el PDeCAT para seguir hegemonizando la movilización popular por el derecho a la autodeterminación. Quien piense que la lucha por la autodeterminación nacional en un régimen como el actual es algo fácil, sin enfrentamientos graves, sin importantes conflictos, sin movilizaciones... en el mejor de los casos es un ingenuo. Lo explicaba de una forma muy clara Josep Fontana no hace muchos meses refiriéndose a la lucha por la autodeterminación nacional en Cataluña: “Esto no se resuelve en pocos meses: es una batalla muy larga y difícil en la que se creyó que se ganaban muchas cosas en 1979, cuando se logró un Estatuto que venía con trampa, porque no ha sido respetado nunca. Hoy vivimos una batalla más de una guerra muy larga en la que hay que repensar si vale la pena seguir luchando por lo que estamos luchando. Yo creo que sí.”
 
Represión
 
Juan Luís Cebrián, en una entrevista a El Mundo publicada el 20 de febrero, declaraba: “El derecho a decidir no existe. El problema es que los políticos no se atreven a decirlo. No son capaces de decir: «Ustedes no tienen ese derecho. Y sólo hay dos maneras de que lo tengan. O el actual sujeto de soberanía renuncia legalmente a él o ustedes lo arrebatan de forma ilegal». Aquí aparece algo de lo que nadie habla: el poder político. El poder es esencial en la política. Y Cataluña no tiene poder político para separarse de España.” Esto era el preámbulo para añadir: “La clave, insisto, es si los independentistas tienen o no poder. Y no lo tienen. El Estado, sí. Se habla de enviar a la Guardia Civil e inmediatamente se dice: «No, hombre; la Guardia Civil, no». ¿Pues por qué no? La Guardia Civil está para lo que tenga que estar.” Es una forma no excesivamente sutil de preparar a una gran parte de la opinión pública para la represión. Algún autor, como Joaquim Sempere, que difícilmente puede ser tildado de seguidismo del nacionalismo del PDeCAT, escribía recientemente refiriéndose al papel de la izquierda y más concretamente de Catalunya en Comú ante la más que probable represión que se avecina: “En cualquier caso, Catalunya en Comú deberá tener un papel determinante en la lucha contra la represión que pueda desencadenar el estado español. Deberá defender a quienes, siendo representantes legítimos del pueblo de Cataluña, resulten represaliados por rebelarse contra una falsa, o discutible, legitimidad constitucional. Las discrepancias de Catalunya en Comú con las estrategias independentistas no deben en ningún caso impedir la solidaridad con las víctimas.”
 
Decidirlo todo
 
El movimiento nacional catalán es también un movimiento social, de cambio. Los derechos sociales y nacionales son dos caras de la misma moneda. Un cambio político en un sentido republicano será también un cambio social. Lo vivido este fin de semana en Barcelona es un ejemplo. El viernes 16, Puigdemont anunciaba que convocará el referéndum. El mismo día, BcnenComú y el Ayuntamiento de Barcelona organizaba un fin de semana con el lema “Ciudades sin miedo”, donde se han reunido más de 180 representantes de ciudades del mundo reivindicando no tener miedo para enfrentarse a la xenofobia y el racismo, para acoger a los refugiados y, sobre todo, para levantar políticas alternativas a favor de los más desfavorecidos. El sábado 17, las calles se han llenado de gente exigiendo medidas enérgicas a favor de una vivienda asequible para la ciudadanía. El domingo 18, la explanada de Montjuich se ha llenado para expresar su apoyo a la celebración del referéndum. En el conjunto de esas movilizaciones, y otras que hay en curso, está la posibilidad de cambiar las cosas, y el referéndum del 1 de octubre es una cita que no se puede desaprovechar. Efectivamente, “decidirlo todo” significa también decidir qué relaciones quiere tener Cataluña con los otros pueblos.

 

es profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de SinPermiso y presidente de la Red Renta Básica. Es miembro del comité científico de ATTAC. En el próximo mes de julio aparecerá su nuevo libro "Renta Básica contra la incertidumbre" de la colección los retos de la economía (Ed. RBA).
Sindicalista. Es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 11-6-17