Ascensión de la Heras
15/12/2013 
Deberíamos empezar admitiendo que la Administración Local estaba necesitada de una reforma legislativa, pero de otra muy alejada de ésta que ahora pone en marcha el Gobierno Rajoy. De una, que apostara de manera firme por una administración cercana, capaz de cumplir con las necesidades y demandas de las personas, dotada de instrumentos suficientes y capaces de garantizar la transparencia y la democracia. Una reforma que hubiera tomado como primer referente el desarrollo efectivo de la Carta Europea de la Autonomía Local basándose, por tanto, en los objetivos de simplificación, transparencia y modernización de las entidades locales.
Necesitamos una reforma que tenga en cuenta el principio de autonomía, subsidiaridad, diferenciación y equilibrio territorial. Que garantice decidida y objetivamente políticas de desarrollo sostenible y suficiencia financiera, dotándola de las correspondientes transferencias de recursos económicos y humanos y, situando como objetivo de primer orden los derechos y las necesidades de la ciudadanía, agrupados en base territorial, con niveles de atención de calidad homogéneos y de acceso universal. Y todo ello garantizando el derecho de los ciudadanos/as a participar de forma efectiva y directa en los asuntos públicos.
Pero no hay nada más lejos de estos principios expuestos que las intenciones del Gobierno del PP a la hora de imponer su ley, llamada eufemísticamente de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Porque en realidad lo que pretende es eliminar competencias y capacidad de gobierno a los entes locales, trasladando tareas y funciones ejercidas por los representantes elegidos de manera directa y democrática (Alcaldes/as y ediles) hacia las diputaciones provinciales, unas instituciones en muchos casos ineficientes, opacas y sin representación democrática directa. Pretende dotar a las diputaciones de la capacidad legislativa para gestionar y poner a la venta muchos de los servicios públicos básicos que hasta ahora prestaban los municipios. Lo que en definitiva se quiere es imponer medidas reformistas trufadas de una profunda carga ideológica que exceden de lo encomendado por la Toika, en cuanto a la estabilidad financiera comprometida ante el BCE, el FMI y Alemania, y consagrado mediante la modificación de nuestra constitución. Y exceden porque a estas exigencias de claro corte neoliberal se suma, además, la ansiada recuperación por parte de la derecha de nuestro país de un orden neocaciquil y de representación elitista en la política de la administración más cercana y fácil de controlar, como la que se ejerce en nuestros pueblos y ciudades.
Porque, al fin y al cabo, lo que interesa no es racionalizar sino suprimir, para realizar un transvase de recursos y servicios esenciales públicos hacia unas pocas manos de grandes empresas privadas. El objetivo de esta reforma no es otro sino el de conseguir cada vez menos gobierno local y más empresa prestadora de menos servicios, más caros y de peor calidad, pero capaces de ofrecer pingües beneficios privados. Y todo ello sin tener en cuenta que estas privatizaciones de los servicios públicos municipales provocarán la pérdida de decenas de miles de empleos y de derechos sociales básicos para la ciudadanía.
Una lógica neoliberal centralizadora
Desde esta lógica neoliberal se prima el carácter necesariamente centralizador del estado y se invaden competencias autonómicas, entrando en colisión con el principio descentralizador contemplado en nuestra Constitución. Así determina, a través de una serie de disposiciones adicionales y transitorias contempladas en la nueva ley, la obligación de asumir por parte de las comunidades autónomas competencias en educación, sanidad y servicios sociales que hasta ahora ejercían las diferentes Administraciones Locales. Al Gobierno se le olvida aquí de forma intencionada que corresponde a las comunidades organizar su planta local, atendiendo a su realidad social y demográfica, mientras que el Estado tiene un único y exclusivo papel subsidiario en esta materia.
Acometer una reforma de este calado, que transforma el gobierno local, toca a otras estructuras de nuestro estado compuesto, y altera equilibrios de poder también para las comunidades autónomas sin contar con el consenso ni la participación de la mayoría social, civil y política. Esto demuestra la incapacidad de este Gobierno para encarar los retos que nos depara una sociedad que quiere avanzar en derechos y convivencia, dentro un marco democrático en constante desarrollo y crecimiento.
Las ansias centralizadoras reflejadas en esta ley traerán como consecuencia la destrucción de gran parte del nivel actual de gobierno local de nuestro país y tendrá efectos nefastos para el modelo de estado resultante. Y sobre todo para la ciudadanía, máxime si tenemos en cuenta que la educación o la sanidad, contempladas como derechos básicos reconocidos en nuestra Constitución, cuentan -a pesar de los graves recortes que están sufriendo con consecuencias directas sobre la calidad de vida de las personas-, con anclajes legales que los mantienen débilmente. Pero por desgracia, el Estado de medio estar, que a duras penas y con tanto esfuerzo habíamos conseguido en este país, se ve ahora en peligro con el desmantelamiento que culmina con esta ley y que pretende hacerse desde la base del Estado. Así, nos encontramos con la supresión de políticas de cooperación al desarrollo, de igualdad y de servicios sociales, dejando sin garantías y prestaciones sociales precisamente a las personas que más duramente están sufriendo la crisis y más lo necesitan.
Al eliminar la posibilidad de que la Administración Local ejerza las competencias en estas materias, se acabará también con el valor de la proximidad que permitía la prevención, detección y actuación en políticas sociales absolutamente necesarias para garantizar unos mínimos de cohesión y convivencia. Y traerá, sin duda, un mayor sufrimiento para los de siempre. Bajo la falsa premisa de la supresión de duplicidades y la clarificación de competencias, lo que en realidad se pretende es una recentralización del Estado y profundizar, favorecer e impulsar la privatización de servicios públicos esenciales.
Donde más claro se puede ver este extremo es en el esfuerzo legislativo que se hace para eliminar prácticamente a las entidades locales menores, obviando que son instituciones de representación democrática. Su desaparición pondrá en peligro importantes recursos comunes de gestión social y sostenible, que serán transferidos a las diputaciones provinciales y podrán pasar a gestión privada abocándonos a un mayor abandono del mundo rural. La norma también liquida los concejos abiertos ya que como verdaderos ejemplos de democracia no han encontrado cabida.
Podemos afirmar, por tanto, que el duro ajuste institucional impuesto busca un modelo de estado centralizado y con escasas garantías democráticas, mientras el pretendido equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera se harán a costa de menos servicios, más caros y de peor calidad con consecuencias letales para la ciudadanía.
En definitiva, una reforma tan importante y definitoria de la propia esencia del Estado, hecha a espaldas y en contra de la propia administración local y autonómica, no puede tener mucho recorrido. Y este es un hecho que el Gobierno conoce perfectamente. Y así, mediante enmiendas incorporadas durante la tramitación parlamentaria de la ley, han alargado los plazos para su puesta en marcha, supeditándolos a nuevas leyes de financiación local y autonómica y ajustando su aplicación a las elecciones autonómicas y locales. Previsiones que no les serán suficientes sin contar con una mayoría social y política que les respalde. Por lo tanto, se hace imprescindible y urgente que sea la mayoría social la que haga que, tal y como se apruebe esta ley, sea imposible cumplirla.
Ascensión de la Heras es diputada de Izquierda Unida-Los Verdes por Madrid
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