Reino de España: el pacto de las pensiones y las razones de un paso atrás

Litus Alonso

13/02/2011

La firma, el pasado 2 de febrero, del "Acuerdo Social y Económico" por parte de CCOO y UGT, el Gobierno y las organizaciones patronales (CEOE y CEPYME), ha generado, de forma muy mayoritaria, una postura crítica (a veces fraternal y otras muy agria) desde diversos  sectores a la izquierda del PSOE. Pretendemos aquí explicar sucintamente el contenido del Acuerdo, poniéndolo en relación con la situación legal actual y las propuestas  presentes en la negociación, trasladar la valoración y razones alegadas por los sindicatos para firmarlo y, finalmente, discutir las alternativas posibles y el nuevo escenario que se ha generado.

El contenido del Acuerdo

Formalmente, el Acuerdo abarca 5 apartados: 1-Pensiones, 2-Políticas de empleo, 3-Políticas Industrial, Energética y de Innovación, 4-Función Pública y 5- Reforma de la negociación colectiva.

Al margen del capítulo de Pensiones, los efectos prácticos relevantes en los otros apartados son muy limitados. En Políticas de Empleo, se recupera la prestación durante 6 meses, de unos 400 € y sin condicionamientos presupuestarios, para las personas que agoten su subsidio de paro, junto con bonificaciones en la Seguridad Social a las empresas que hagan contratos a tiempo parcial de 6 meses como mínimo. En Función Pública, el único compromiso es reiniciar la negociación en la Mesa del sector (con la intención sindical de revertir la pérdida del 5% de los salarios decidida por el Gobierno en mayo de 2010). En negociación colectiva, sindicatos y patronales reconocen la necesidad de su reforma, marcando unos criterios muy vagos, y se comprometen a intentar presentar un acuerdo antes de la fecha fijada por el Gobierno (el 19 de marzo).

Pensiones era el tema principal y la clave del Acuerdo. Y los resultados suponen un claro retroceso respecto a la situación actual en dos aspectos importantes: la edad de jubilación y el período de cálculo utilizado para determinar el importe de la pensión.

Hasta ahora, la edad legal de jubilación son los 65 años, en la que se tiene derecho al 100% de la pensión que corresponda siempre que se hubiera cotizado un mínimo de 35 años (situación en la que se encuentra un 64% de las y los jubilados actuales, que asciende al 73% entre los asalariados). A partir de 2013 se establece, con un período transitorio que culminará en 2027, que a los 65 años con el 100% de la pensión se podrán jubilar quienes hayan cotizado 38'5 años (el 45% de los jubilados actuales, con el 50% entre los asalariados). El resto tendrá que esperar a los 67 años, y necesitará 37 años cotizados para disfrutar del 100% de la pensión. La previsión, además, es que los citados porcentajes se irán reduciendo en el futuro, cuando lleguen a la jubilación quienes están sufriendo la lacra del trabajo precario (situado desde hace 25 años en un tercio, como media, de la población asalariada) y, por consiguiente, con una carrera de cotización más corta.

Respecto al período de cálculo, se amplía, también con un período transitorio hasta 2022, de 15 a 25 años. Según los datos en que se basa CCOO, esto se traducirá en un incremento de la pensión para un 25% de trabajadores (quienes pierden su empleo o reducen su salario en los últimos años de su vida laboral), dejará igual a un 10-15% y reducirá la pensión del 60-65% restante. El porcentaje de reducción puede llegar a ser, variando con la evolución salarial de cada persona, de entre un 4 y un 9%.

Otros aspectos importantes, y en este caso beneficiosos, son la jubilación anticipada voluntaria a los 63 años, cuando se tengan 33 años de cotización y con una reducción de la pensión del 7'5% por año anticipado; la jubilación anticipada a los 61 años en situaciones de crisis (a determinar); el cómputo como períodos cotizados, con un máximo de 2 años, de los programas formativos para jóvenes y las bajas por nacimiento o adopción de hijos y, finalmente, el incremento de los porcentajes de mejora de la pensión para quienes quieran prolongar su vida laboral más allá de los 65 o 67 años.

En el capítulo de incremento de ingresos, por el que batallaban los sindicatos, sólo hay referencias genéricas al aumento de las bases máximas de cotización y una vaga previsión, por desarrollar, de mejorar las cotizaciones de los trabajadores autónomos (16% de los cotizantes y sector donde se concentran los problemas de aportar al sistema por debajo de lo que correspondería).

En conjunto, una importante reducción del gasto previsto en futuras pensiones. La intención del Gobierno era que las pensiones no pasaran del 13% del PIB en 2030, frente al 17% previsto si no se (contra)reformaba el sistema. El resultado final no queda muy lejos de ese objetivo aunque, ciertamente, el Acuerdo atempera las propuestas iniciales del Gobierno.

Esas propuestas, conviene recordarlo, son anteriores al giro que supuso el plan de ajuste de mayo-2010. Ya en enero de 2010, el Ministerio de Trabajo presentó una propuesta que recogía la prolongación general de la edad de jubilación a los 67 años y la ampliación, sin concretar, del período de cálculo. Después de la huelga general del 29-S, el Gobierno avanzó la posibilidad de jubilación a los 65 con 41 años de cotización.

Valoración y razones de los sindicatos

En el Consejo Confederal de CCOO, la resolución por la que se aprobaba el Acuerdo contó con más del 90% de apoyo (174 a favor, 17 en contra y 1 abstención), y en UGT con un resultado similar.

Los argumentos presentados tienen que ver tanto con los contenidos como con el contexto. Podríamos resumirlos en los siguientes: se reconducen y limitan algunas de las propuestas más lesivas del Gobierno (no desaparece la posibilidad de jubilarse a los 65 años); se suavizan los efectos negativos por los largos períodos transitorios; se garantiza el futuro del sistema público (frente a quienes quieren dejarlo reducido a pensiones mínimas en beneficio de planes privados de pensiones); se recupera la ayuda a los parados sin subsidio; se elimina la posibilidad de acabar con la llamada ultractividad de los convenios (cosa que no está nada clara en el texto del Acuerdo); se asegura la pervivencia de los convenios sectoriales; se reabre la negociación sobre empleados/as públicos; se consolida el papel de los sindicatos como interlocutores sobre el sistema de pensiones; las rectificaciones del Gobierno responden al desgaste por la HG del 29-S, con efecto en sus expectativas electorales, y revalidan por tanto el papel del sindicato como sujeto del conflicto social y el valor del binomio presión/negociación. Se recordaba, por otro lado, que el sindicato reconocía la necesidad de reformas en las pensiones, atendiendo al hecho cierto de que, en el futuro, se tendrán que pagar más pensiones, de más importe y durante más tiempo que ahora; aunque las propuestas del sindicato para enfrentar esta situación iban, obviamente, por otros derroteros.

En el debate dentro de CCOO, sin embargo, aparecieron y siguen apareciendo otros elementos. Es notorio que la oposición al Acuerdo ha sido menor que el peso de los sectores más de izquierda en el sindicato, y que para la propia dirección confederal ha supuesto un cambio respecto a la orientación desarrollada hasta diciembre. El punto de encuentro mayoritario ha sido posible (al margen de un muy pequeño sector que ya desconfiaba de la utilidad de convocar la HG) porque se compartían algunas reflexiones. La HG, hasta ahora, no había dado frutos tangibles y, por el contrario, se cernían las amenazas inmediatas de una reforma de las pensiones en los términos exactos de la propuesta del Gobierno, además de una reforma de la negociación colectiva dispuesta a recoger las principales pretensiones de la patronal. Junto a ello, la experiencia en el resto de la Unión Europea: por doquier, reformas regresivas de pensiones impuestas con o sin lucha. Y, finalmente, la constatación de que, en situaciones de crisis, lo habitual es que la clase trabajadora perdamos derechos y nos veamos forzados a limitar los daños, tanto por la vía de la movilización como de los acuerdos.

El casi 10% que se opuso consideraba que, aunque fuera acertado haber ampliado los campos de negociación para intentar reducir los efectos negativos de la reforma de las pensiones y conseguir mejoras en otros temas, el resultado final era muy desequilibrado: ninguna rectificación palpable sobre la reforma laboral (sólo el compromiso del Gobierno de negociar su desarrollo reglamentario), falta de garantías sobre la reforma de la negociación colectiva (que se seguirá negociando con la CEOE) y un empeoramiento en pensiones más allá de lo previsto (por ejemplo, hasta los 20 años de período de cálculo).

¿Y las alternativas?

Vayan por delante algunas aclaraciones, que parecen necesarias a la vista de ciertos artículos. En primer lugar, quienes negocian en nombre del sindicato conocen perfectamente la falsedad de diversos análisis y estudios, nada científicos, sobre la inminente catástrofe de nuestro sistema de pensiones. Saben, también, por ejemplo, que el dato relevante sobre la esperanza de vida es la que se tiene al llegar a los 65 años, no al nacer, y trabajan con ese dato. Segundo, los dirigentes y las decenas de miles de cuadros activos del sindicato se guían en sus decisiones, acertadas o no, por lo que consideran mejor para los intereses de los trabajadores, y no por la conservación de supuestos privilegios a expensas de los mismos. Tercero, que, a diferencia de las organizaciones políticas o de algunos movimientos sociales, los sindicatos no operan en función de si sus pasos son coherentes o no con una estrategia de transformación social a largo plazo; han de operar atendiendo a las condiciones concretas de vida y trabajo de la gente: si un acuerdo permite jubilarse a los 65 a millones de personas, y la falta de acuerdo lo impide, las razones para oponerse han de ser diferentes a que dicho acuerdo vaya mal para una futura acumulación de fuerzas, o a que genera desorientación ideológica.

Este tercer elemento, el de la especificidad de la actividad sindical y el papel de los sindicatos, es aún más relevante en un contexto de ausencia de alternativas políticas con peso significativo a la izquierda del PSOE. Los sindicatos no pueden cubrir muchos de los problemas que se derivan de esa ausencia, y hoy por hoy es impensable que puedan generar una alternativa propia.

Así las cosas, la toma de posición ante el Acuerdo ha de responder a una pregunta: ¿hubiéramos tenido mejores resultados manteniendo el plan sindical anterior? Un plan que, recordemos, consistía en mantener la amenaza de convocar una nueva HG por las pensiones (amenaza más expresada por CCOO que por UGT), poner en marcha simultáneamente la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la reforma laboral y confiar en que todo ello, con la perspectiva de las elecciones autonómicas y municipales en mayo, forzara una rectificación sustancial del Gobierno en todos los temas.

Los precedentes más cercanos no invitaban al optimismo. Las que tenían que haber sido grandes manifestaciones del 18 de diciembre por la edad de jubilación no cumplieron el objetivo previsto, más allá de ofrecer cierta visibilidad de la postura sindical. No vale como argumento que las manifestaciones se convocaron tarde, o temprano, o que las navidades estaban cerca: ante un tema tan importante, centenares de miles de personas podrían haber asistido. En Francia, aún sin convocar una HG, se desarrolló una intensa y prolongada lucha contra la reforma de las pensiones de Sarkozy, con la derrota por final. En Alemania, la reforma se impuso casi sin contestación. Ninguna victoria en la que referenciarse. La HG para el 27 de enero, convocada por CGT y algunas pequeñas organizaciones sindicales y políticas, además de ELA y LAB en Euskadi, tuvo un seguimiento muy minoritario en esta nación y, simplemente, pasó desapercibida en el resto del territorio. Muestra esto último de dos cosas: la clase trabajadora no estaba esperando la primera ocasión para movilizarse, y el conjunto de quienes se califican como  alternativos al sindicalismo "oficial" tiene una fuerza en extremo reducida.

Otro indicador significativo: en enero, y a semejanza de lo ocurrido en la FIAT italiana, los trabajadores de Nissan en Barcelona aceptaron un plan de reducción de salarios y aumento y flexibilización de la jornada. El motivo no era el masoquismo, sino el temor al chantaje planteado por la empresa: sin aceptación del plan, la fábrica dejaría de recibir encargos de producción de su matriz japonesa. A pesar de haberse firmado en 2010 un acuerdo que incorporaba algunas exigencias de la empresa ante la crisis, a pesar de que CCOO defendió el NO, los trabajadores aceptaban el plan por amplia mayoría en referéndum, a propuesta de UGT y USO. Un baluarte de la clase obrera industrial cedía, con rabia pero con resignación.

Ciertamente, las perspectivas no eran halagüeñas, pero no hay que olvidar tampoco los efectos negativos del Acuerdo. Haberlo firmado compromete a los sindicatos y obliga a una dinámica de explicación que, aún sin pretenderlo, da pábulo a los argumentos de quienes quieren acabar con el sistema de pensiones público y con el conjunto del estado del bienestar. La campaña de explicación y movilización de la ILP se va a resentir ante la certeza de que no habrá una nueva HG. Los sindicatos, ciertamente, recuperan papel como interlocutores sociales, pero ¿en qué parte se debe a ser sujeto de conflicto y en cuál a su aceptación de un Acuerdo con recortes? Mantener el plan original no era una apuesta segura, pero tampoco una opción condenada al fracaso.

Lo que parece fuera de lugar es rasgarse las vestiduras al grito de traición. El problema, por desgracia, es más grave que la supuesta actitud timorata de unas direcciones sindicales que podrían hacerlo mejor. El problema es que, en la batalla iniciada con el inicio de la crisis, prolongación de las anteriores y preludio de las que vendrán, vamos perdiendo. Y vamos perdiendo la clase trabajadora y la mayoría de la población, con sus sindicatos, partidos y movimientos sociales incluidos. No saber diferenciar la crítica de la descalificación entre quienes compartimos voluntades y objetivos de izquierda no ayudará a construir una alternativa social y/o política digna de tal nombre.

El acuerdo de pensiones ha de pasar aún por el parlamento, donde probablemente sufrirá cambios a mejor y/o a peor. Es muy posible que, en la votación final, se opongan a la ley los mismos 7 votos que se opusieron a la reforma laboral. Las fuerzas parlamentarias que han estado dando su apoyo a los sindicatos han expresado su oposición al Acuerdo, aunque mostrando su comprensión hacia los sindicatos y responsabilizando al Gobierno de sus efectos lesivos; saben, sin embargo, que el Acuerdo y la corresponsabilidad sindical dificulta una campaña propia sobre el tema y, como efecto colateral, perjudica sus perspectivas electorales de aparecer como alternativa al curso neoliberal del PSOE.

La posibilidad de una grave derrota, caso de seguir la lucha, ha pesado en la decisión de aceptar el Acuerdo. Pero el Acuerdo ya es un significativo paso atrás, y no garantiza que en el futuro o se tengan que convocar nuevas grandes movilizaciones (que, después del Acuerdo, serán más difíciles) o se tome la opción de aceptar nuevos acuerdos cada vez más regresivos (con lo cual sufriríamos igualmente una grave derrota, pero en la mesa en vez de en la calle).

La lucha sigue, pero hemos perdido terreno. El futuro nos dirá si el Acuerdo ha sido una inevitable retirada o el inicio de esa grave derrota.

Litus Alonso, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es actualmente miembro de las Ejecutivas estatal y de Catalunya de Comfia-CCOO (Federación de Servicios Financieros y Administrativos); también es delegado sindical en el BBVA.

www.sinpermiso.info, 13 de febrero de 2011

Fuente:
www.sinpermiso.info, 13 febrero 2011