Reino de España: retos del sindicalismo de clase

Digamos por anticipado que estas notas no pretenden dar respuestas cerradas ni lecciones sobre los problemas a los que se confronta el sindicalismo de clase; sólo aportar ciertas consideraciones a un debate que debería ser más amplio, más abierto también, y que afecta a toda la izquierda política y social y, evidentemente, al conjunto del movimiento obrero.

La crisis capitalista y las políticas neoliberales están arrasando con muchas de las conquistas históricas, y en su punto de mira tienen también el objetivo de acabar y/o debilitar a los sindicatos. A diferencia de la gran crisis capitalista de los años 30 del siglo pasado, en la que la izquierda y los sindicatos se reforzaron para enfrentarse al capital y al fascismo, la actual crisis los está debilitando. Desde 2008, los sindicatos obreros han perdido unos 300.000 afiliados. Cierto que una parte importante de este descenso tiene relación con la pérdida de puestos de trabajo, pero también lo es que las encuestas hablan de que un 70% de los encuestados tienen poca o ninguna confianza en los sindicatos y que, en muchos casos, se ven como organizaciones institucionalizadas. El problema de los ERE en Andalucía está perjudicando a la percepción social que se tiene del sindicalismo de clase, y quizás no se haya reaccionado con la suficiente rapidez y energía.

Una de las contradicciones consiste en la diferente percepción que se tiene de la organización como tal y la de los delegados y delegadas en las empresas. Las encuestas reflejan que sectores de la población, en particular jóvenes, perciben a los sindicatos como organizaciones del “sistema”. Sin embargo, muy diferente es la opinión de los trabajadores y trabajadoras de los delegados/as sindicales que están día a día al pie del cañón, que son útiles para las plantillas y que son los que tienen que responder frente al empresario ante cualquier agresión o para negociar lo que se pueda negociar. Es muy común encontrarse con opiniones del tipo: “con los delegados/as sí que podemos contar; pero con los de arriba…”. Puede pasar que una cierta percepción de las cosas se superponga a la realidad. Dejemos claro también que los sindicatos son una herramienta básica e insustituible para la defensa de los intereses de la clase trabajadora, y por eso mismo los gobiernos y las patronales querrían destruirlos o limitar su peso e influencia, y que el antisindicalismo es una de las peores inversiones que se puede hacer, incluso si se adorna con críticas a las posiciones de los sindicatos mayoritarios.

Porque aunque la crisis capitalista sea, sin duda, el principal problema de las dificultades en la relación entre la clase trabajadora y los sindicatos, la crisis no lo explica todo. Se han convocado huelgas generales, se ha intentado responder a los diferentes y prolongados ataques del gobierno y la patronal y, sin embargo, apenas se ha logrado pararlos. La debilidad de la resistencia obrera se debe sobre todo a los efectos estructurales que la crisis ha causado en la composición de la clase obrera: el paro general del 26%, del 50% entre los jóvenes, la caída salarial, la precariedad y la dificultad de la presencia sindical en las pequeñas empresas, la falta de recambio generacional en los cuadros sindicales. Pero también es un problema cultural-político: la estrategia de “diálogo y concertación social” dominante desde la Transición en 1977 hasta el 2011. Veníamos de un proceso largo de concertación social, de apaciguamiento de los conflictos y nos encontramos que ahora toda esa política de diálogo social sirve de bien poco. Los gobiernos no negocian sino que imponen y las patronales sólo tienen que pedir al gobierno lo que necesitan para ser correspondidas. Además, ese largo proceso se complementó con una importante despolitización de los sindicatos, una pérdida de identidad propia en cuanto a su propia  estrategia y la generalización de la “táctica del mal menor”, que no parte tanto de la movilización autónoma como de ganar tiempo intentando frenar las contrarreformas mediante una negociación al más alto nivel posible. Desde que empezó la crisis eso no ha sido posible.

La reforma laboral del 2012 es el ejemplo más elocuente. Además de constituir un ataque a los derechos laborales acumulados durante decenas de años, es un mazazo contra el papel de los sindicatos en las empresas y en general en la organización de las relaciones entre los patronos y la clase trabajadora. Se dijo hasta la saciedad que si esa reforma pasaba ya nada sería igual, ni para la clase trabajadora ni para el sindicalismo de clase. Y así está siendo. En la aplicación y negociación de los expedientes de regulación de empleo, en la precarización del empleo y de las condiciones de trabajo y especialmente en la negociación de los convenios colectivos. Durante el primer trimestre del 2014 sólo se cerraron 571 en toda España. En el año 2013, 2.094. En el 2011, 4.585 y 6.016 en el 2007. Antes de la crisis había cerca de doce millones de trabajadores con convenio, en lo que va de año sólo 2.700.000.

Experiencias unitarias

Es evidente que el sindicalismo de clase, desde los grandes sindicatos, como CCOO y UGT, o más minoritarios, como CGT, LAB, CIG, SAT y otros, por sí mismo no es capaz de echar atrás la reforma laboral y los ataques a los derechos de la mayoría de la población. No lo es el sindicalismo de clase, como tampoco lo son las distintas mareas o los distintos partidos de la izquierda. Para derrotar a tan poderosos enemigos se necesita sumar y sumar y todavía sumar un poco más. Las Cumbres Sociales o las plataformas contra los recortes son un intento de sumar todos los esfuerzos y concentrar las movilizaciones, pero hay que reconocer que no han sido suficientes, sin que eso quite valor a las importantes movilizaciones que han convocado o a éxitos como el de la sanidad de Madrid.

Todavía el sectarismo y/o la desconfianza entre el sindicalismo de clase y determinados movimientos sociales no han permitido confluir de una manera decisiva para lograr que las movilizaciones pongan en jaque al gobierno del PP y sus políticas. Y en este terreno el sindicalismo de clase tiene una responsabilidad especial. Sus organizaciones agrupan a sectores importantes de la clase trabajadora, son las que tienen mayor capacidad de organización y de convocatoria y podrían encabezar y ser el elemento central para desencadenar una respuesta general a las políticas neoliberales. Si los movimientos sociales y las mareas tienen que reconocer el papel de los sindicatos de clase, éstos deben también reconocer y aceptar las especificidades y particularidades de los demás. Lo importante es definir las alternativas sociales y laborales y reconocer el lugar y el papel de cada una de las fuerzas a confluir. No decimos que sea fácil. Decimos que es necesario.

La experiencia de las Marchas de la Dignidad que confluyó en Madrid el pasado 22 de marzo podría ser un ejemplo. Lo que empezó como una iniciativa limitada se fue convirtiendo en un poderoso movimiento, sostenido en todo el país por organizaciones sociales de todo tipo, por sindicatos locales o regionales y por miles de sindicalistas de los principales sindicatos del país. Si cientos de miles de personas respondieron a la exigencia de “pan, trabajo, un techo y derechos”, mucho más podría conseguirse si se apostara por una confluencia real, práctica y movilizadora, en la que se respete el papel y el lugar de cada uno y la diversidad de todos.

¿Un pacto de Estado?  

Parece como si las direcciones de los grandes sindicatos no vieran otra posibilidad que repetir las propuestas que en los últimos años no han dado resultado. La foto de los dirigentes de CCOO y UGT con Rajoy pocos días antes que la Marcha de la Dignidad inundara Madrid hizo un flaco favor al sindicalismo de clase. Que además firmaran un comunicado conjunto con el gobierno fue sembrar ilusiones de que ahora Rajoy y los suyos estarían dispuestos a acuerdos que restituyeran derechos o que significaran medidas contra la crisis favorables a la clase trabajadora. La política del PP, apoyada en las imposiciones de la Troika, es la de “más reformas”, o sea, más contrarreformas contra la población trabajadora, como de nuevo le acaba de pedir la Unión Europea para el 2015 y el 2016.

El sindicato, por su propia función, tiene que dialogar y pactar porque es la manera de confirmar el acuerdo, pero el problema es cuando eso se convierte en la estrategia y se supedita la acción a ese objetivo, y más en una situación como la actual en la que la contraparte no tiene ningún interés que no sea el imponer sus propias decisiones.

Y, sin embargo ese parece ser el objetivo, en el caso de CCOO y UGT. Como se lee en la Resolución aprobada el 29 de abril por el Consejo Confederal de CCOO: “El Consejo Confederal reitera su propuesta de avanzar a través de la negociación hacia un gran pacto de salida a la crisis que priorice las medidas tendentes a la superación de las altísimas e insoportables tasas de desempleo y apueste por el reforzamiento de las redes de protección social, en definitiva, un gran acuerdo de empleo al servicio de cual se pongan todos los medios disponibles, desde la política fiscal, al crédito, pasando por la negociación colectiva. Un acuerdo de renta mínima que garantice a quien no tiene otros ingresos, los mínimos imprescindibles para atravesar esta fase de la crisis en tanto no encuentra un empleo”. Es el gobierno y sus políticas quienes no quieren y hacen imposible un acuerdo de ese tipo. No hay confianza en que con este gobierno en La Moncloa se alcancen resultados significativos mediante el diálogo social, y su objetivo debiera ser que nos restituyan los derechos que nos han arrebatado. Este proceso debiera enfocarse como una oportunidad de que expliquemos nuestras alternativas frente a la crisis, nuestras propuestas frente al paro y la precariedad, la renta mínima, y que nos carguemos de razón ante la sociedad demostrando que son otros los que no escuchan ni quieren cambios en una política que ha llevado al paro y la pobreza a millones de personas. Una prueba concreta de que no hacen caso es que la reforma fiscal que preparan no va en la dirección del documento presentado por los sindicatos (Ver http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub115506_Gaceta_Sindical_n_193__Propuesta_de_Reforma_Fiscal_de_CCOO.pdf sino justo en la contraria, en la de los “expertos” (que plantean aumentar los impuestos indirectos, los que gravan el consumo de las clases populares).

Llegados a este punto, hay que abordar también el problema político, de quién gobierna y con qué políticas. Porque el sindicalismo de clase no puede ser neutral ante los gobiernos, debe ser independiente, pero beligerante frente a sus políticas contra la clase trabajadora. En tiempos como los que corren el papel socio-político del sindicalismo es aún más importante y decisivo. Cuando a través de decretos-ley, de normas publicadas en el BOE o incluso de decisiones parlamentarias se ataca a los sindicatos, se modifican los servicios públicos y se privatizan, se recortan los derechos… no es suficiente la defensa de las condiciones económicas o de trabajo de la clase trabajadora, es necesario que el sindicato ponga en valor y haga confluir la estrategia sindical con una perspectiva política. 

Sin derrotar a este gobierno no será posible revertir los derechos arrebatados, recuperar el papel de los sindicatos en la negociación colectiva y social, recuperar salarios o que lo público vuelva a estar por encima de lo privado. No decimos que esta tarea sea responsabilidad única del movimiento sindical, al contrario, lo es de toda la izquierda social y política, pero difícilmente se conseguirá sin la aportación decisiva del sindicalismo de clase, de sus dirigentes, sus cuadros y de los miles y miles de afiliados y afiliadas. Y eso significa, a nuestro entender, seguir el camino de la movilización, buscar y apoyar el máximo de alianzas sociales, y también políticas, contra las políticas neoliberales.

Miguel Salas es un veterano resistente antifranquista y militante de CC OO, amigo y colaborador de SinPermiso