Reino de España: un golpe contra los municipios y el bienestar

Enrique del Olmo

08/09/2013

 

El pasado viernes día 26, el Gobierno dio “luz verde” al anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

El proceso ha sido sinuoso y lo será aún más. El Dictamen del Consejo de Estado, claramente contrario a dicho anteproyecto, y los recursos de anticonstitucionalidad que de forma inequívoca van a caer, harán que dicha “reforma” no tenga su proceso concluido ni mucho menos.

En el camino, la oposición de prácticamente todo el municipalismo, la fractura entre los alcaldes del PP, la división profunda en el seno de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) que se encuentra al borde de la ruptura por primera vez en su historia, y el estupor de la gente que no sabe si sus municipios van a desaparecer o quien va a prestar unos servicios que pasan a Diputaciones o a Comunidades Autónomas pero donde no aparece la financiación por ningún lado.

El proyecto de Ley del Gobierno es un atentado en toda la regla no sólo a los municipios, sino aún más a la estructura democrática del Estado y al bienestar de los ciudadanos. Es un auténtico “golpe de Estado” encubierto en la necesidad de aplicar los principios de estabilidad presupuestaria. Elaborado por los hombres “grises” de “negro” de Montoro, busca complacer a Bruselas ante la que con total alegría se anunció hace más de un año que se iban a “eliminar” miles de municipios y más de 20.000 concejales. Es un golpe “anticonstitucional” a la autonomía local y supone la conversión en administraciones de segundo rango de los ayuntamientos para engordar las obsoletas Diputaciones y las infladas Comunidades Autónomas. Una ley que, de ser aprobada en su actual redacción, pondría en peligro el papel de la Administración Local dentro de la estructura del Estado Democrático, desconociendo absolutamente el papel decisivo que los entes locales han tenido (desde los primeros ayuntamientos democráticos en 1979) en el bienestar de las personas, la igualdad de derechos y el desarrollo de los territorios. Los ayuntamientos han sido desde su irrupción en el sistema democrático en la primavera de 1979 uno de los factores de cambio más importantes de la vida de los ciudadanos de a pie. De aquellos pueblos y barrios, donde los servicios sociales eran beneficencia, donde las calles eran barro, donde el deporte se practicaba en descampados y para tener atención sanitaria había que desplazarse lejos del lugar de vivienda, donde el asociacionismo era perseguido y donde la cultura y el ocio no pasaban del bar y la TV comunitaria, a la realidad actual de nuestros municipios, dista un auténtico mundo. Ese es el profundo cambio de este país.

En la creación de ese nuevo espacio de convivencia y de cultura democrática empeñaron su esfuerzo centenares de miles de hombres y mujeres que en el ejercicio básico de la democracia fueron representantes de sus vecinos, fueron voz de su voz y portavoces de reivindicaciones tanto tiempo sin respuesta. Tanto que se habla del milagro español poco se habla del milagro municipal que nos ha hecho a todos la vida muchísimo mas agradable y placentera.

Para dar cobertura “social” a este atentado antidemocrático se ha impulsado la imagen de que la “corrupción” y el despilfarro anida en los municipios y los concejales, para ello se obvia que los cargos electos con retribución no llegan al 15 % y que todos los planes urbanísticos pasan por las CCAA. Muchos ayuntamientos se han visto implicados en pleno boom en temas de corrupción urbanística, el listado particular de la costa levantina es llamativo, y esto, mas allá de las actuaciones delictivas de diversos regidores municipales que están en los tribunales, plantea de nuevo el problema de la financiación, aunque no sean buenos tiempos para ello. En primer lugar un sistema de financiación inadecuado y que desatendiendo a la administración local ha generado un efecto perverso en la búsqueda de financiación a través del suelo, para ello ha contado con la ayuda inestimable de la Ley del Suelo que impulso Rato en 1996, causa básica de un urbanismo incontrolado que hizo del suelo la fuente de la burbuja inmobiliaria que hoy estalla en las manos de todo el país. Se ha provocado una identificación entre urbanismo y financiación local, extraordinariamente peligroso.

Y sin embargo los municipios son los grandísimos olvidados de estas casi cuatro décadas. La financiación es insuficiente e inadecuada y el gasto público ejecutado por los entes locales ronda el 13% del total situándose en los niveles de los países del tercer mundo y no de la Europa comunitaria donde supera el 25%. En aquellos tiempos de la transición y de la construcción del Estado descentralizado el lema de la izquierda era “50% el Estado, 25% la autonomía y 25% los ayuntamientos” y las cifras que hoy no cuadran es la de las autonomías que supera aquel emblemático limite y la de los municipios que no llega ni a la mitad de la expectativa.

Las CCAA, sin distinción de colores políticos se han caracterizado por su voracidad financiera, sin la asunción de un auténtico compromiso fiscal (las transferencias son transferencias de gasto pero no de corresponsabilidad de ingresos), las CCAA han generado una estructura que devora las transferencias del Estado pero que se niega a reconocer a los municipios su auténtico papel ante los ciudadanos. Las CCAA son las bombardearon en 2007 la Ley de Buen Gobierno Local cuando había un acuerdo político entre los partidos parlamentarios al respecto y que sustituiría a la Ley de 1985 y que no se ha podido enviar al parlamento por los resistencias autonómicas.

El Gobierno impulsor de esta Ley, se llena de boca de “modernización” y “reforma” y sin embargo se carga de un plumazo uno de los principios básicos en la gestión eficiente de la Administración como es el principio de subsidiaridad “que el servicio se produzca al nivel administrativo más cercano al ciudadano”, y esto además por algo absolutamente natural por mucho Ley de “racionalización” que se quiera meter; el ciudadano se dirige en primer lugar a su ayuntamiento, sólo que ahora se encontrarán con una puerta cerrada y un cartel que en lugar del “vuelva usted mañana” de Larra dirá “no tenemos ni competencias, ni medios”.

Enrique del Olmo es un veterano resistente anti-franquista de la izquierda alternativa, miembro de la Fundación Andreu Nin y del Comité Regional del Partido Socialista de Madrid-PSOE

 


Fuente:
http://madridiario.es/opinion/opinion/reforma-local/402212

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