Reino de España: Alsasua o el “antiterrorismo” como estrategia antinacionalista

Amaia Izko

Imartxelo Díaz

19/11/2016

El pasado 15 de octubre se produjo una pelea en un bar de la localidad navarra de Alsasua/Altsasu, en la que dos guardias civiles y sus parejas fueron agredidos. Las primeras diligencias policiales no encontraron ni intencionalidad ni premeditación, más allá de la tensión existente desde antiguo en esta localidad gobernada por la izquierda abertzale por la presencia de un cuartel de la Guardia Civil. Pero la denuncia de una organización de victimas del terrorismo, COVITE, ha convertido la trifulca en un “delito de terrorismo”, con las consecuencias imaginables para los acusados, que puede llegar a los 15 años de prisión. En realidad se trata de la respuesta del nuevo gobierno Rajoy al gobierno progresista y nacionalista de Navarra, sobre el que piensa descargar su campaña de acoso y derribo, al mismo tiempo que busca pactar con el PNV en la vecina Comunidad Autónoma Vasca los presupuestos del estado. SP

La abogada de los vecinos de Altsasu, Amaia Izko,  compartía asombro con ellos por la deriva que ha tomado este caso lleno de excepcionalidades: los diferentes discursos políticos, el trasvase del sumario a Madrid, el tipo penal usado, el ingreso en prisión injustificado... El peor presagio se ha cumplido.

«Lo veníamos advirtiendo, esto puede tener unas consecuencias enormes»

A primera hora de ayer, tras abandonar la Audiencia Nacional a medianoche, Amaia Izko explicaba en el programa ‘‘Kalegorria’’ de Info7 Irratia que los jóvenes se quedaron «sorprendidos y alucinados» cuando conocieron que la juez decretaba el ingreso en prisión de seis de ellos, aunque esta opción «venía siendo una sospecha que flotaba en el aire».

Preguntada por su punto de vista personal, Izko admitía también que «creía que lo había visto todo en la Audiencia Nacional, y mira que he visto cosas sorprendentes, pero me faltaba por ver esta barbaridad desde el punto de vista jurídico y de los derechos de estas personas. Y por todo el recorrido que ha tenido también desde el punto de vista político», añadía antes de recordar cómo primero se situó como «delito de odio» y al final aún ha sido peor: «Terrorismo».

La petición fiscal se basa en el artículo 573 del nuevo Código Penal, que «convierte una bronca que ocurrió en un bar en hechos cometidos por personas integradas o que colaboran con una organización terrorista. En este caso esa referencia va hacia el movimiento Ospa y hacia la campaña ‘‘Alde Hemendik’’, como estrategia diseñada, ya sé que suena como una cosa algo marciana, por ETA».

La letrada subraya la diferencia que supone trasladar la causa desde Iruñea, donde los jóvenes se presentaron a declarar voluntariamente, hasta la Audiencia Nacional española. «Lo venimos advirtiendo desde el principio, ojo porque lo que se está planteando puede tener unas consecuencias enormes para estas personas». De momento, se traduce ya en la presencia ante una juez especial y el envío a prisión, «algo que hace unas semanas, en la sede de los juzgados de Iruñea, hubiese resultado imposible por el carácter de los hechos. Ahora vamos a ver cuál es el periplo que esas personas tienen que sufrir en prisión, cuáles son las dificultades para que queden en libertad y a qué penas estrambóticas tienen que enfrentarse el día que llegue el juicio. Estas son las consecuencias de convertir artificial, mediática y policialmente unos hechos ordinarios en un delito de terrorismo», concluía Izko.

El próximo paso de la defensa será recurrir un auto de ingreso en prisión que «contiene argumentos absolutamente peregrinos», para tratar de que los encarcelados recuperen cuanto antes la libertad. «Y en segundo lugar, la mayoría de estas personas lo que dicen es que esas identificaciones que hacen los que dicen ser víctimas de esta agresión no son correctas, que no estaban allí o que estando en el bar no participaron en la pelea. Hemos de aportar a esta causa lo que no nos han dejado hasta ahora, las pruebas en su defensa: testigos, documentos…».

Continuando con los elementos excepcionales del caso, Amaia Izko se pregunta cómo se puede encarcelar bajo el argumento del «riesgo de fuga» a personas que acudieron en su día a Iruñea para «mostrar su absoluta voluntad de estar a disposición del juzgado». En este contexto, muestra su estupefacción ante la afirmación de la magistrada de que «la familia les puede ayudar a escapar», cuando precisamente el arraigo familiar suele ser un motivo para eludir la cárcel al entender que reduce la posibilidad de huida. «Todo el auto se cae por su propio peso, no tiene ningún sostén», apostilla.

La abogada navarra opina que toda esta situación se enmarca en la lucha contra «una reivindicación que es política y absolutamente legítima, el cuestionamiento del papel de los cuerpos policiales en Euskal Herria, de su objetivo, de su trayectoria, y la exigencia de que se termine con una situación de supermilitarización. A esta reivindicación no se le quiere dar respuesta en el discurso político y se le trata de dar respuesta de esta manera, criminalizándola y convirtiéndola en ‘terrorista’, para así no abordar ese debate». A los promotores de este «linchamiento mediático» les invita Izko «a que reflexionen sobre qué consecuencias ha tenido sobre estos chavales jóvenes y sobre sus familias».

 

Barkos también considera innecesarias las detenciones

Imartxelo Díaz

La lehendakari navarra, Uxue Barkos, también considera que las detenciones de ocho vecinos de Altsasu fueron innecesarias porque habían acreditado su voluntad de comparecer en los tribunales. Barkos respaldó a la consejera María José Beaumont, que se había manifestado en este sentido. Los cuatro grupos que apoyan el cambio en Nafarroa rechazaron la operación y criticaron la extensión del concepto de «terrorismo» en el Código Penal.

Uxue Barkos avaló a su consejera de Presidencia, Justicia e Interior, María José Beaumont, e hizo suyas las críticas a la operación de la Guardia Civil que se saldó con ocho personas detenidas, de las que seis ingresaron en prisión, al considerar que fue innecesaria porque todos los implicados habían mostrado su disposición a declarar en los tribunales.

En este sentido, Barkos recordó que los dos detenidos por la Policía Foral el mismo día 15 de octubre comparecieron el pasado viernes en dependencias judiciales porque se les habían impuesto medidas cautelares. El lunes, sin embargo, eran víctimas de un operativo policial de la Guardia Civil.

«Cuando un hecho es innecesario, subrayarlo supone algo que no debe dejar de hacerse», destacó Barkos. Compareció en el Parlamento a instancias del PP, que había solicitado su presencias hace dos semanas, antes de las detenciones del lunes, para conocer su opinión sobre lo sucedido en Altsasu.

Beaumont, que criticó el operativo el mismo lunes, volvió a rechazarlo ayer, al tiempo que calificó de «exageración» que se considere como «delito de terrorismo» la riña de Altsasu.

Barkos también incidió en esta línea y recordó que el anterior ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, y la propia Guardia Civil coincidieron al negar que fuera «un delito de terrorismo», sino que lo ubicaron en el tipo de «delito de odio» que se debería juzgar, por tanto, en Iruñea. Además, puso de manifiesto que todas las actuaciones que llevó a cabo la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Iruñea, María Paz Benito, también iban en este sentido.

La lehendakari navarra también cuestionó la reforma del Código Penal para ampliar lo que se considera «terrorismo», tal y como sucede con el artículo 537 que se han empleado para encarcelar a los vecinos de Altsasu, y recordó que esta posición es compartida por prestigiosos catedráticos de Derecho.

Asimismo, Barkos subrayó que la actuación del Gobierno navarro estuvo dirigida a defender las competencias de la Policía Foral para instruir la causa abierta por la trifulca de Altsasu y que inicialmente fue el cuerpo policial que se ocupó del caso.

Unai Hualde, portavoz de Geroa Bai y exalcalde de Altsasu, denunció la situación que se vive en esta localidad de Sakana, «que es demencial y nos quedamos cortos cuando decimos, como dice la presidenta, que ha habido sobre dimensionamiento». En este sentido, relató los hechos que han tenido que padecer los vecinos de Altsasu las últimas semanas. «Desde hace un mes, hemos vivido un esperpento, con la Guardia Civil metiendo el hocico», señaló, antes de recordar que ha habido pintadas fascistas y amenazas de muerte al alcalde, Javier Ollo.

Adolfo Araiz (EH Bildu) lamentó que el pueblo de Altsasu sea el gran olvidado estos días y recordó que durante años ha habido problemas de convivencia con la Guardia Civil. Coincidió en señalar que se ha sobredimensionado lo sucedido en Altsasu y acusó a UPN y PP de «impostar su discurso y hablar para los focos de Madrid».

«A UPN y a PP se les paró el reloj hace cinco años», destacó Araiz, que subrayó que en este tiempo se ha avanzado. Insistió en que lo sucedido fue una trifulca en un bar, «que rechazamos». Para ello, se apoyó en lo recogido en el informe de la Policía Foral. En ese momento, Javier Esparza (UPN) y Ana Beltrán (PP) reconocieron no haber leído este documento.

«El ‘todo es ETA’ no valía cuando había ETA y vale menos cuando no hay ETA», destacó Laura Pérez (Podemos) tras rechazar las detenciones, mientras que José Miguel Nuin (I-E) denunció que considerar «terrorismo» lo sucedido en Altsasu supone «minusvalorar el verdadero terrorismo».

UPN y PP centraron sus críticas en exigir a Barkos que reclame condenas a EH Bildu y criticar que sea su socio de gobierno, llegando a señalar que no se cumple el acuerdo programático. María Chivite (PSN) se sumó a esta postura y manifestó que el Gobierno «tiene una tara ética» por el apoyo de este grupo.

Abogada, defensora de los 8 personas imputadas en Alsasua.
Periodista. Corresponsal de Gara en Pamplona.
Fuente:
Gara, 16 de noviembre 2016