Reino de España: Cambio de ciclo y programa

La frase hecha es que después de 315 días en funciones, el gobierno Rajoy ha vuelto a recuperar todas las funciones. Si había alguna duda, su intervención al comienzo de la segunda votación de investidura ha hecho patente su lectura del cambio de ciclo, cual es su programa y como va a gestionar su minoría parlamentaria. Este es el punto de partida, porque quién tiene la iniciativa política y la administración del estado -es decir, la sartén por el mango- es Rajoy.

La interpretación de Rajoy

Si el régimen del 78 está en crisis, y su gobierno en minoría, no es porque hayan errado sus políticas del “cuatrienio negro”. De hecho, no hay alternativa que no pase por cuestionar al propio régimen del 78, lo que no es ni “razonable ni conveniente”. Y en la misma categoría cabe situar los “compromisos con la UE”. Es decir, que las políticas de austeridad y gestión de la deuda pública, los ritmos del ajuste impuestos por Bruselas y la solución democrática de la plurinacionalidad del Reino han sido situados fuera del debate político de la próxima legislatura. Rajoy las ha convertidos en “cuestiones técnicas”, en acervos del régimen del 78 que exige respetar a quienes le permiten gobernar, Ciudadanos y PSOE, con la lógica del turnismo. Lo suyo es “un gobierno para gobernar, no para ser gobernado”.

Detrás de meses de debate sobre el “gobierno técnico”, que no era sino la proyección en el futuro del propio gobierno en funciones que se negaba a todo control parlamentario, hemos acabado en una especie de reformulación del “estado de obras” del franquismo tardío. Para quienes no lo recuerden, se trató del último esfuerzo por unificar a las distintas familias de una dictadura ya en crisis frente a una resistencia social que la cuestionaba. O si se quiere, por tirar del hilo, de la ideología del “estado corporativo” que intentó resolver vía dictadura y directorio civil la crisis final de la Primera Restauración.

El primer problema de Rajoy es resolver la crisis de su representación fiduciaria de los intereses de las clases dominantes. Sobre ella pivota su hegemonía. La medida de su erosión es que, en primera instancia, el debate sobre el “gobierno técnico” comenzaba por la conveniencia de su sustitución tras el batacazo electoral del 20-D, su responsabilidad por la corrupción (es decir, por no haber impedido su judicialización) y sus vaivenes con la política del impuesto de sociedades (exenciones y restablecimiento por valor de 6.000 millones en dos ejercicios presupuestarios). Esa era la primera incógnita a despejar en este interregno entre el “cuatrienio negro” y lo que tarde en aparecer luz al final del túnel en el que nos han metido.

Ahora que ya es de nuevo presidente de gobierno -del partido más votado pero del que ha perdido también más votos-, puede mirar hacia atrás con desdén las posibles alternativas de la derecha para sustituirle: si no son cadáveres políticos, trabajan para él. Y el mismo desdén reserva a Albert Rivera y al paquete de medidas que el aupado dirigente naranja llama “las condiciones de Ciudadanos”. Hoy por hoy, será Rajoy, siguiendo la tradición del PP, el que elija a su sucesor al término de su mandato.

La reforma constitucional del artículo 135 -el último gran ejercicio del bipartidismo- implica un orden jerárquico nuevo de gestión de intereses: primero los de los acreedores, después los de las clases dominantes aborígenes. El acuerdo negociado con la Unión Europea para un ajuste fiscal de tres años, que ha sido el mayor logro del gobierno en funciones, acarrea una punción medular de 6.000 millones de euros via nueva reforma del impuesto de sociedades. A pesar de que los beneficios empresariales no han recuperado las tasas de 2008 tras su aumento en 2013-2015.

Con el horizonte de una nueva recesión, el fin del interregno, también fiscal, exige un gobierno lo suficientemente fuerte como para imponer sacrificios temporales al empresariado, mientras prepara una confrontación decisiva en el terreno social. Como hay casi una correlación directa entre caída de los salarios y aumento de los beneficios, en un contexto  favorable de bajos precios energéticos, altos beneficios exteriores y chorro de liquidez del BCE para refinanciar la deuda corporativa, la “gran vulnerabilidad” de la que habla Guindos acabará más pronto que tarde en una vuelta de tuerca sobre salarios, pensiones y gasto social, porque la otra alternativa es una reforma fiscal en profundidad. Pero como vimos en el caso griego con Syriza, y ahora en el debate presupuestario portugués, los acreedores de la UE no están dispuestos a que les toquen a los suyos: antes ponen en marcha la espoleta retardada. Y esta consiste en “falta de confianza de los mercados”, medida por las agencias de calificación crediticia, cuarentena subsiguiente del BCE de bonos y activos nacionales para participar en los programas de “flexibilización cuantitativa”, cierre de los mercados de deuda y renegociación con condiciones de la Troika de la deuda externa. O la explosión.

Así que la “confianza” (de los mercados y la UE) es la palabra mágica, a la que incluso se subordina la “estabilidad política”. Y su gran interprete técnico es Rajoy, que exige cierre de filas no solo a quienes dudaron de él en las clases dominantes y a los advenedizos del Ibex 35 cuya sutileza naranja acaba en el “contrato único” y en los llamamientos a la “regeneración”, sino también a los alicaídos y desnortados barones territoriales del PSOE, condenados a la concesión permanente al “mal menor”. Y como buen “gobernante técnico”, Rajoy vuelve a situar en primer plano la máxima que resume la esencia de las restauraciones borbónicas: “para todos la ley, para el amigo el favor”.

Esa es la misma lógica que va a aplicar a la crisis de financiación de las autonomías y a la cuestión nacional y las aspiraciones soberanistas en Cataluña, Euskadi y Navarra.

Las distintas lecturas de las izquierdas

¿Y cual es la narrativa de las izquierdas de su derrota en el interregno? De nuevo, las breves intervenciones de cinco minutos de la segunda votación de la investidura, el sábado 29, fueron más reveladoras que el largo debate previo del 26 y 27 de octubre.

En el caso del PSOE, la falta de una “alternativa de cambio” tras el 20-D es responsabilidad del voto en contra de Unidos Podemos a la candidatura de Pedro Sánchez. La perdida de votos el 26-J -120.000 del PSOE, de un millón de votos UP-, convirtió lo que habría sido un posible gobierno de alternancia en los parámetros del régimen del 78, condicionado por Ciudadanos en coalición parlamentaria, en una alternativa dependiente de “populistas” y “nacionalistas” en los bordes mismos del régimen. Que era posible -otra cosa es que fuese viable-, lo demuestra el golpe interno en el PSOE que descabalgó preventivamente a Pedro Sánchez y preparó el chapucero giro a la abstención que ha vuelto a entregar, por “responsabilidad”, el gobierno a Rajoy ante la erosión del régimen del 78 que hubieran supuesto unas terceras elecciones. La reconstrucción del PSOE como alternancia de gobierno mayoritaria -o como fuerza hegemónica de la izquierda- pasa por una oposición sin concesiones al PP y un congreso en el que los aparatos territoriales, dirigidos por el andaluz, recuperen la legitimidad de la militancia -a la que no se ha consultado, porque se sabía lo que iba a contestar- y el control del aparato central de Ferraz.

El problema de esta narrativa es que choca con la experiencia y la memoria de los votantes y los militantes socialistas. Su propia lectura, frente a la mayoría del comité federal, es que la crisis del PSOE se inicia en el giro neoliberal de Zapatero en mayo de 2010, que provocó la desafección masiva en las elecciones de 2011. Que desde entonces, hasta el traicionado “no es no” de Pedro Sánchez, todo ha sido una leal gestión de “responsabilidad”, más que de oposición, en los estrictos límites del régimen del 78: hasta la reforma federal de la constitución dependía del consenso con el PP. Y ahora choca, además, con la explícita subordinación exigida por Rajoy en los “temas técnicos” de esta legislatura pactados con la UE: austeridad, nueva reforma laboral y financiación autonómica.

A ello se suma la falta de credibilidad de una reforma federalizante de la constitución con la actual coalición parlamentaria PP-Ciudadanos. Hasta el punto, que el PS de Catalunya ha votado unánime el No a Rajoy, rompiendo la disciplina de voto del grupo parlamentario socialista, no porque haya cambiado de posición, sino porque es evidente que Rajoy se juega en buena medida su liderazgo en mantener, al precio que haga falta, el status quo actual en Cataluña (donde ya es la quinta fuerza electoral).

La narrativa impuesta por la mayoría de los barones territoriales en el comité federal (60%), esta lejos de ser mayoritaria entre los militantes, que han sido capaces de recoger más de 90.000 firmas en contra, exigiendo la convocatoria inmediata del preceptivo Congreso extraordinario. Los 15 votos disidentes por el NO en la sesión de investidura -y la dimisión de su escaño de Pedro Sánchez, para iniciar su campaña a la secretaria general-, han colocado contra las cuerdas a una gestora controlada por la federación andaluza y dirigida en la práctica a base de exabruptos por su  representante Mario Jiménez. Con un electorado dividido entre el hastío y el clientelismo meridional, entre la exigencia de una subordinación humillante de Rajoy y la presión irritada del resto de las izquierdas ¿qué margen les queda a los aparatos territoriales que componen la gestora del PSOE, cuya referencia de futuro sigue siendo Felipe González? Su proyecto de oposición pasa por desmovilizar a su propia militancia.

Para el resto de las izquierdas, tanto las confluencias alrededor de Unidos Podemos, como ERC y Bildu, el golpe interno del PSOE supone tanto la confirmación de la naturaleza de los politicos profesionales que controlan sus aparatos como la crisis definitiva del bipartidismo del régimen del 78. Condenado a una triple alianza vergonzante con el PP y Ciudadanos, el PSOE está condenado a su degeneración, porque nadie cree que esos 90.000 militantes que han expresado por escrito su oposición tengan la menor posibilidad de expresarse en un Congreso controlado, filtrado y convocado por la actual gestora. Tal ha sido la sucesión de trágalas desde la reconstrucción del PSOE en el Congreso de Suresnes en 1973: aceptación de la monarquía, abandono del marxismo, ingreso en la OTAN, Filesa y los GAL, la austeridad neoliberal…pero cuando pudo votar en primarias en 1998 lo hizo contra el secretario general felipista.

Frente al oxímoron de la “alternancia del cambio” del pacto PSOE-Ciudadanos tras el 20-D, Unidos Podemos mantuvo la alternativa de un gobierno de coalición de las izquierdas. Las “lineas rojas” del comité federal del PSOE de diciembre de 2015 y junio de 2016 intentaron congelar la disyuntiva entre la Gran Coalición con el PP y la Alternativa de Izquierdas, inventando un “gran centro regeneracionista” con Ciudadanos. Pero tras las elecciones del 26-J, la polarización acabó por abrir en canal al propio eje del centro que era el PSOE: golpe interno y traición. Solo queda una alternativa de oposición, Unidos Podemos y sus confluencias. Su tarea mas urgente es construir una organización estable capaz de alentar la resistencia social, acumular fuerzas en un nuevo ciclo de movilizaciones, tejer alianzas y construir una alternativa electoral de izquierdas (empezando por recuperar el millón de votos perdidos el 26-J). La manifestación y concentración en la Puerta del Sol convocada el mismo día 29 de octubre por la Coordinadora 25-S es el primer paso en esta dirección (foto).

Mismo esquema para ERC y Bildu, con la diferencia de que el cambio de ciclo cierra toda esperanza a un cambio a corto plazo en el gobierno central que permitiese abrir un diálogo con los movimientos soberanistas. Pero la simpatía, e incluso solidaridad, con la oposición de Unidos Podemos va acompañada de un reforzamiento del “processisme” y del “frentismo" nacional, del papel que deberían jugar en él tanto el PDcat como el PNV, como fuerzas políticas y componentes sociales imprescindibles en un proceso nacional de enfrentamiento democrático con el gobierno central del Reino de España. Dos fuerzas políticas que están sometidas al mismo tiempo a la negociación, en el marco de los acuerdos de austeridad europeos, del déficit creciente de la financiación de la Generalitat y del concierto económico y de la deuda del cupo vascos, cuya gestión  es el punto de partida de su estrategia autonomista o soberanista.

A pesar de ser estas tres las lecturas básicas de lo ocurrido en el interregno en las izquierdas, ni son estancas ni únicas. Una cuarta lectura parece predominar en las direcciones sindicales de CC OO y UGT y ha sido capaz de articular una plataforma “Por un gobierno de Progreso” conjunta a partir de Izquierda Abierta, el partido de Gaspar Llamazares. Según esta cuarta lectura, el error de las izquierdas, en concreto de las direcciones de Podemos e Izquierda Unida, fue no haber permitido la constitución del “gobierno del cambio” de Pedro Sánchez tras el 20-D, o de haber insistido en un gobierno de izquierdas y no en un gobierno anti-PP del PSOE (apoyado por Ciudadanos y Unidos Podemos, con exclusión de los nacionalistas vascos y catalanes) tras el 26-J. Una lectura tenaz, hasta el punto de recoger mas de 2.000 firmas y organizar una concentración en la Puerta del Sol el día antes del inicio de la segunda votación de investidura, tras el golpe interno del PSOE. Pero también equivoca en cuanto al programa y la naturaleza de la coalición parlamentaria propuesta: ¿cómo hacer compatibles las 250 medidas del programa acordado por PSOE y Ciudadanos tras el 20-J con las 20 medidas urgentes propuestas por CCOO y UGT? Hay soluciones que implican la cuadratura del círculo.

Las causas coyunturales del cambio de ciclo

Tras los debates del 15-M, la discusión sobre las alternativas de gobierno y las naturalezas del cambio del ciclo han sido una experiencia formativa decisiva en la reestructuración de las izquierdas en el Reino de España. No ha tenido la profundidad estratégica del debate de Syriza, ni la meticulosidad técnica de las discusiones aún abiertas sobre el presupuesto de 2017 de la izquierda portuguesa. Pero ha implicado, en un marco organizativo muy distinto, la polarización y la masividad de las dos primarias en el Partido Laborista británico que ha ganado Jeremy Corbyn.

El debate se apoya en la experiencia colectiva de tres ciclos de movilización paralelos o sucesivos:

• El primero, de la movilización social que comenzó con el 15-M en 2010 y se ha extendido a lo largo de la crisis y de la frustrante débil recuperación hasta comienzos de 2014.
• El segundo, de movilización soberanista por el derecho a decidir del pueblo de Cataluña, entorno, pero no solo, a las celebraciones del 11 de septiembre, el referéndum frustrado del 9 de noviembre de 2014 y las elecciones “plebiscitarias” del 27 de septiembre de 2015.
• El tercero, de movilización electoral, con el prólogo de las elecciones autonómicas gallegas de 2012; su pico en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015 -con el triunfo en las grandes ciudades de las candidaturas municipalistas para el cambio- y las elecciones del 20 de diciembre del mismo año, con el “empate estratégico” en el eje izquierda-derecha por el ascenso de Unidos Podemos; las segundas elecciones generales el 26 de junio, que iniciaron el declive de dicha movilización electoral; que se mantuvo parcialmente en las elecciones autonómicas de Euskadi y Galicia del 25 de septiembre.

Pero el cambio de ciclo supone reconocer que el “empate estratégico” surgido de las elecciones del 20-D se rompió en las segundas elecciones del 26-J, con la perdida comparativa de un millón de votos de Unidos Podemos. La experiencia de 1 de cada cinco votantes de las explicaciones sobre las diferencias entre un gobierno apoyado en el pacto programático PSOE-Ciudadanos y una alternativa de izquierdas, más las opciones tácticas de la expresión del voto en contra de Unidos Podemos a la investidura de Pedro Sánchez acabaron provocando esa importante desmovilización electoral. Las “lineas rojas” del comité federal del PSOE consiguieron su objetivo de bloquear una alternativa de izquierda, alegando su dependencia de los independentistas catalanes vía Unidos Podemos. Esa desmovilización electoral parcial de las izquierdas fue la que creó las condiciones para que las presiones de los poderes fácticos de la derecha económica y social empujase a los barones territoriales a dar el golpe interno en el PSOE, a pesar de la debilidad y chapuza de su ejecución. Y finalmente la abstención de la mayoría de un comité federal (59%-40%) y de un grupo parlamentario (69 frente a 15 No’s) divididos y enfrentados. La cuestión central de este debate sobre en que momento se rompió en contra de la izquierda el “empate estratégico” es en realidad sobre las consecuencias de la división cultural y política de las izquierdas, que compiten al mismo tiempo por la hegemonía y orientación de una alternativa de izquierdas y la articulación de una coalición que haga posible un gobierno de izquierdas que la lleve a cabo.

Este dilema parece haber pesado significativamente en todas las lecturas del interregno. Ha quedado aplazada, sin solución. Porque tras el “abstencionazo” del PSOE la única estrategia que pueden imaginar los barones territoriales del golpe interno es una confrontación prioritaria con el resto de las izquierdas para recuperar la hegemonía perdida, sin que su subordinación al PP le ofrezca el menor margen para ello. La respuesta de Unidos Podemos ha sido más matizada, diferenciando entre “abstencionistas” y “negacionistas” del PSOE, tanto a nivel de la militancia como de los aparatos territoriales, aumentando su presión sobre los primeros al ofrecer mantener selectivamente la alianza con los segundos.

Pero el conflicto será largo, porque también lo será la legislatura que empieza ahora. En este sentido, la lectura de una capacidad de oposición parlamentaria determinante del grupo socialista que le permitiese condicionar al gobierno de Rajoy como base de la reconstrucción del PSOE es simplemente un camelo. Mucho más realista ha sido el análisis de Pablo Iglesias de las limitaciones de la capacidad de control parlamentarias de la oposición, de la verdadera naturaleza de un ejecutivo sometido a la supervisión fiscal de la UE, del pulso sobre la austeridad que se avecina entorno a la elaboración y aplicación del presupuesto de 2017 y las contrarreformas exigidas por la UE y la CEOE. El proceso de acumulación de fuerzas se traslada inevitablemente al conflicto social, con la cobertura institucional de los ayuntamientos del cambio y el acompañamiento explicativo, más que legislativo, de los grupos parlamentarios de izquierdas. La reconstrucción de la unidad de las izquierdas tendrá que partir de los movimientos sociales y de la aportación a su resistencia al nuevo paquete trienal de medidas de austeridad pactado por Rajoy con la UE.

En este sentido, CCOO y UGT recuperarán para bien o para mal, un protagonismo esencial. Las dos principales organizaciones de la izquierda social tienen ante si toda una serie de dilemas estratégicos sin resolver: desde como adaptar su lectura de un “gobierno de progreso” a la defensa de las 20 medidas urgentes contra la austeridad, a la actitud ante el conflicto de legitimidades en el proceso soberanista en Cataluña y como organizar la resistencia sindical en defensa de la negociación colectiva, los salarios y las pensiones. Como se reorienten, y con que ritmos, las diferentes direcciones sindicales será esencial en este cambio de ciclo.

El dilema programático

Cómo lo será el debate sobre el programa. Estos seis años de debate programático continuo para construir una alternativa de izquierdas lo han sido también de la adaptación pragmática a la lectura de las correlaciones de fuerzas. En este periodo, más que las especulaciones sobre como aplicar el programa máximo (el debate sobre los “procesos constituyentes”), ha sido el programa mínimo de las mareas y de las movilizaciones de resistencia en su confrontación con las consecuencias de la crisis estructural del régimen del 78 las que han determinado el sentido común de las izquierdas sociales. Y la defensa del derecho a decidir, sobre todo en Cataluña, ante la crisis fiscal autonómica y la recentralización de competencias del PP a golpe de recurso en el Tribunal Constitucional contra los estatutos de autonomía.

La disyuntiva en este cambio de ciclo oscila entre la alegada “responsabilidad” del PSOE del abstencionazo y los llamamientos a la identidad alternativa de Unidos Podemos. Es un viejo debate repetitivo de las izquierdas europeas sobre el proceso de acumulación de fuerzas entre la negociación de reformas parciales o la polarización de identidades que apunte a rupturas también parciales. Pero cuando la sartén la tiene por el mango una derecha cerril acostumbrada a gestionar discriminatoriamente un capitalismo de amiguetes, como es el caso de la segunda restauración borbónica, hemos sido testigos y seguiremos viendo que el margen de las reformas parciales se limita a las puertas rotatorias y las “tarjetas de crédito black" de la izquierda “responsable” y a un caciquismo asistencial autonómico. Cómo ha dejado bien claro Rajoy también en el último debate de investidura, hasta el programa mínimo de paralización de la LOMCE y sus revalidas choca frontalmente con la negativa a cualquier concesión a la presión social.

El problema, por lo tanto, no es de “responsabilidad” con el régimen del 78, sino como articular una alternativa creíble a su crisis estructural, habiendo aprendido de la crisis política griega que una parte esencial de las soluciones dependen de la correlación de fuerzas en la Unión Europea. Inevitablemente será un proceso largo, con la sucesión de distintos ciclos y coyunturas, avances y retrocesos, que tienen que combinar la autonomía de los movimientos sociales de resistencia con la construcción de sujetos políticos estratégicos capaces de aprender de esas experiencias y darles proyección programática. No otro ha sido el desafío del movimiento socialista desde que nació en el siglo XIX.