Reino de España: Cinco síntomas mórbidos de la crisis crónica del régimen del 78

Gustavo Buster

11/02/2018

No hay elementos nuevos en la crisis del régimen del 78, pero su cronificación mórbida ha acentuado los síntomas a comienzos de 2018.

El más significativo, sin duda, es el ascenso de Ciudadanos en las encuestas del CIS y Metroscopia, aunque la diferencia de casi 8 puntos en solo 15 días, que le sitúa como el partido más votado, abre más interrogantes que certezas. Lo que si constatan ambas encuestas es la caída tendencial del PP (la peor desde las elecciones) y del PSOE, así como la estabilización de Unidos Podemos como cuarta fuerza. El impulso de Ciudadanos como principal partido españolista en Cataluña le está haciendo entrar en competencia directo por los votos de la derecha con el PP en el resto del Reino, en la perspectiva de las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019.

Cuanto más se agravan los síntomas de la crisis del régimen del 78, más se paraliza la capacidad de iniciativa política del gobierno Rajoy; lo que alienta el trasvase de votos a Ciudadanos con la mera crítica de esa inacción. Y más se acerca el horizonte de unas elecciones generales en 2019 que, en cualquier caso, serían obligadas de no aprobarse el presupuesto de 2018 a finales de marzo y se mantuviera la prórroga del de 2017, con una contención del gasto inconstitucional por parte de Montoro para cumplir los recortes de casi un 0,9% del PIB (10.177 millones de euros) acordados con la UE para este año.

Una vez más, conviene repasar los síntomas mórbidos de esta crisis:

1- El cerco de la corrupción: Hasta ahora la opinión dominante ha sido que los juicios y las condenas por corrupción no afectaban directamente al apoyo electoral del PP, a diferencia de lo ocurrido con CiU. Que la reiterada explicación de Rajoy de que se trata de “casos individuales”, no de la expresión del “capitalismo de amiguetes” del régimen del 78, había sido aceptada cínicamente. Mientras continúan las investigaciones judiciales para identificar al M. Rajoy que aparece en los “papeles de Bárcenas” como receptor de sobresueldos, las declaraciones de los arrepentidos acorralan ya al PP. El exscretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ha reconocido que pago con 3,4 millones de euros en dinero negro las campañas electorales de 2007 y 2008 siguiendo instrucciones del presidente del PP y de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps. Francisco Correa, el director de la trama ha apuntado más alto y asegurado que Rajoy “daba el OK” a todos los gastos del PP. Confesiones similares a las de la causa Gürtel han tenido lugar en las Lezo y Púnica sobre la financiación ilegal del PP en la Comunidad de Madrid.

En un demoledor artículo, el constitucionalista Javier Pérez Royo se preguntaba si el PP es “un partido ilegal”. Argumenta que, de acuerdo con el art. 22.2 de la Constitución, “Para que se pudiera considerar que un partido se ha convertido en una asociación ilícita sería precisa una reiteración delictiva protagonizada por personas situadas en los órganos de dirección del partido o en los órganos de gobierno estatales, autonómicos o municipales en representación de dicho partido”. Es muy probable que las sentencias de los juicios en curso sobre corrupción concluyan que, lejos de tratarse de “casos aislados”, han estado protagonizados por dirigentes en ejercicio del PP (1).

Sobre cuáles serían las consecuencias políticas, podemos hacernos una idea en el ejemplo de CiU y sus sucesivas reconstrucciones, con dimisión de sus dirigentes, hasta desembocar en la candidatura “blanca” de Elsa Artadi, impuesta por el aparato del PDeCAT frente a la inicial propuesta de Puigdemont de Jordi Sánchez, presidente encarcelado de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). La reconversión de la derecha española pasa por un blanqueo de imagen similar, como el que puede ofrecer Ciudadanos, pero tiene que ir acompañado de un trasvase de las redes sociales caciquiles en las que sustenta su poder, en especial cara a las elecciones de 2019. Es significativo que esta operación cuente ya con el apoyo manifiesto de buena parte de los medios de comunicación y que se manifieste incluso en las encuestas de Metroscopia. Más pronto que tarde, a pesar de sus manifestaciones, será evidente que Rajoy no puede ser el candidato en las próximas elecciones y se abrirá la cuestión sucesoria dentro del PP, al mismo tiempo que el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, disputa la hegemonía de la derecha.

2- La parálisis institucional, acompañada de la judicialización de la política: la minoría parlamentaria que apoya al segundo gobierno Rajoy solo ha conseguido aprobar hasta el momento 14 proyectos de ley, de los cuales 9 son transposiciones de directivas europeas y 5 concreciones presupuestarias. La parálisis parlamentaria es casi total y obedece a la “estrategia del congelador” (bautizada así por el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando), que combina el apoyo de Ciudadanos para prorrogar los plazos de las enmiendas del resto de los grupos parlamentarios en la mesa del Congreso con el veto de las propuestas de la oposición (unas 45) alegando el art. 134.6 de la Constitución (desequilibrio presupuestario). A lo que los diversos partidos de la oposición responden con recursos ante el Tribunal constitucional.

Tampoco Ciudadanos hace un balance positivo de la ejecución de las 150 medidas comprometidas con el PP para apoyar la investidura de Rajoy. En una reciente sesión de control al gobierno, Rivera ha advertido que no apoyará los presupuestos de 2018 sin que antes se apliquen las pactadas, como la equiparación de sueldos de las fuerzas de seguridad con las policías autonómicas, reformas en justicia, la ley electoral o la dimisión de los parlamentarios y cargos del PP implicados, comenzando por la senadora Pilar Barreiro.

Rajoy ha desmentido cuantas veces se le ha preguntado que la Comisión Territorial pactada con el PSOE para justificar el apoyo socialista a la intervención de la Generalitat y la aplicación del art. 155 vaya a desembocar en algo más que un informe, descartando cualquier reforma constitucional.

¿Qué recorrido pueden tener, por lo tanto, la última propuesta del PP de endurecimiento del código penal frente a la propuesta del PNV de derogación de la prisión permanente revisable, o incluso la de la legislación electoral, propuesta por Unidos Podemos y Ciudadanos, que depende de una reforma constitucional?

Como hacían previsibles los resultados electorales del 26 de junio de 2016, la legislatura solo podía ser un pantano en el que el Gobierno Rajoy se fijó solo dos objetivos: el cumplimiento del acuerdo cuatrienal de ajuste fiscal con la UE, que exige la aprobación anual de los presupuestos por una mayoría inexistente per se; y la gestión de la crisis política constitucional en Cataluña. Para el primero ha contado, tras una prorroga en 2017, por el apoyo de Ciudadanos, los autonomistas canarios y el PNV, en un acuerdo que ha dinamitado la reforma del sistema de financiación autonómico; para el segundo, ha tenido el respaldo de Ciudadanos y el PSOE, pero sus resultados solo han servido para cronificar la crisis catalana y es muy probable que acaben haciendo imposible el apoyo del PNV a los presupuestos de 2018. No es de extrañar que Rajoy haya rehuido convocar el debate del estado de la nación. Su última sesión fue en 2015. En 2016 se negó a someter el gobierno de gestión al control parlamentario, y en 2017 simplemente lo ha pasado por alto, con la ayuda de un PSOE cuyo dirigente no es diputado y, por lo tanto, no puede representar a la oposición en un debate de estas características.

Sin espacio parlamentario para la gestión democrática de los conflictos, el gobierno Rajoy se ha parapetado detrás de un poder judicial, de mayoría conservadora gracias a los pactos con el PSOE para la designación de sus principales órganos. Hasta el punto del ridículo con el último recurso del gobierno ante el TC para impedir la participación de Puigdemont desde Bruselas en la sesión de investidura del Parlament de Catalunya, que tuvo que ser enmendada en su mecanismo y contenido por el TC para que pudiera tener los efectos políticos buscados.

Incapaz de construir consensos democráticos -la “única política de estado” del prometido diálogo del gobierno minoritario del PP ha sido la aplicación del art. 155 contra la Generalitat de Catalunya-, solo ha quedado espacio para la manipulación de los distintos aparatos del estado, como ocurrió con el Banco de España en la bancarrota de Bankia (2), la fiscalía en la persecución de los casos de corrupción que le afectan, hasta llegar a la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional en la gestión de los recursos y causas y los ritmos de su gestión. Una manipulación que ha acabado por erosionar gravemente la legitimidad del régimen del 78, bloqueando al mismo tiempo sus posibilidades de reforma.

3-  La recuperación de la Gran Recesión: la gestión de la crisis económica y de la posterior recuperación por parte del gobierno Rajoy solo ha sido posible gracias a la política de flexibilización cuantitativa (QE) del Banco Central Europeo. El ajuste fiscal, hasta situarse en 2018 por debajo del 3% del PIB, y la gestión de la deuda pública, de más del 100% del PIB, hubieran sido imposibles sin el programa de compra de bonos del BCE, a costa de un pasivo de 367,3 mil millones de euros. El margen de maniobra económico del gobierno Rajoy depende de hasta cuando se mantenga esta política del BCE ante el anuncio de la subida de las tasas de la Reserva Federal de Estados unidos.

El punto de inflexión de la recuperación tuvo lugar en 2015-2016, con una tasa de crecimiento del 3,2% del PIB, precisamente en el interregno del gobierno de gestión de Rajoy en el que las “desviaciones electorales” le obligaron a un acuerdo cuatrienal de ajuste fiscal con la UE que supone una reducción anual de casi el 1% del PIB en el gasto público. Las consecuencias, a pesar del aumento de los beneficios de las empresas en 2016 y 2017 por encima del 18% (RON), ha sido una caída paulatina del crecimiento del PIB en paralelo a la del gasto público. Las últimas previsiones -tras los ajustes de los “espíritus animales” por la crisis política catalana- sitúan el crecimiento final de 2017 ligeramente por encima del 2%, y que se mantendrá así en los próximos años, incluso en las proyecciones más optimistas del Banco de España o de FUNCAS del 2,5%.

La recuperación parcial de los beneficios empresariales ha ido acompañada de una alta tasa de paro, que se ha ido reduciendo de casi el 25% a alrededor del 18%, pero que se mantiene especialmente alta en el sector juvenil (40,5%), las peores cifras de la UE a excepción de Grecia. La tasa de temporalidad se acerca al 30% y el de pobreza está en el 24%. Los salarios siguen perdiendo terreno, hasta el punto de que el último informe trimestral del Banco de España tiene que preguntarse por las causas de la falta de recuperación de los salarios en relación con su tendencia anterior a la crisis. La pregunta es, ciertamente retórica, teniendo en cuenta la ofensiva anti-obrera del gobierno Rajoy, que se ha concretado en la congelación de los salarios de los funcionarios durante 7 años, con una perdida media del poder adquisitivo cercana al 20%, la caída del poder adquisitivo de las pensiones, una cobertura del seguro de desempleo de solo el 53% y una negociación colectiva que sitúa la recuperación salarial por debajo de la inflación. El hecho es que la oposición social al gobierno Rajoy ha estado, en el mejor de los casos, aislada, con una erosión importante de la legitimidad de los sindicatos.

Como resultado, los aspectos más negativos de la globalización neoliberal, en especial la desigualdad social, se han reforzado en el Reino de España hasta proporciones alarmantes, de las que ha dado testimonio recientemente el informe de Oxfam-Intermón, Premiar el trabajo, no la riqueza.

Lo específico de la gestión económica del gobierno Rajoy es su gestión del “capitalismo de amiguetes” del régimen del 78, que se traduce en una gestión presupuestaria de transferencias y subsidios fiscales a las grandes empresas financieras e industriales. Una indicación de esa gestión aparece en los juicios de corrupción, que manifiesta también sus límites en la medida en que se ha ido priorizando el ajuste fiscal y reduciendo las partidas para infraestructuras o el gasto corriente.

Su opacidad, que bordea la inconstitucionalidad, es consecuencia del carácter minoritario del gobierno del PP. Dos prórrogas consecutivas de los presupuestos de 2016 y 2017, han hecho que el primer semestre de dos años decisivos en la recuperación se haya encontrado con la contención del gasto, recortes acordados con la UE incluidos, mediante la retención de fondos asignados en la ley presupuestaria prorrogada y su desembolso en el segundo semestre, lo que provoca unos importantes vaivenes en el conjunto de la economía española.

Sin embargo, a pesar de esta gestión oligárquica de la recuperación, ni los sindicatos ni el PSOE ni Unidos Podemos han sido capaces de enfrentar una crítica sistemática ni sostener una movilización social que implica necesariamente salidas políticas alternativas.

4- La crisis del Estado de las Autonomías: La negociación de los presupuestos de 2017 con el PNV y los autonomistas canarios (el llamado “cuponazo”) y el anuncio a comienzos de año de la retención de 4.230 millones de euros de la financiación de las comunidades autónomas, a falta de presupuestos de 2018, ha acabado por hacer estallar su sistema de financiación. Teniendo en cuenta que las comunidades autónomas tienen transferido una parte sustancial del gasto social y, en concreto, sanidad y educación, esta crisis fiscal supone un eslabón central de la crisis del régimen del 78.

He abordado en una nota relativamente reciente este tema, cuyas implicaciones políticas crecen por semana. De él depende no solo en buena medida el cumplimiento del déficit acordado con Bruselas, sino que va a terminar provocando una intervención económica general de todas las comunidades autónomas como la que anticipó en Cataluña la aplicación del art. 155. Tras la voladura de los acuerdos de la Conferencia de Presidentes Autonómicos se ha abierto una presión de negociaciones bilaterales para aumentar cuota de financiación que resulta ingestionable. La primera señal fue la manifestación multitudinaria en Valencia convocada desde la Generalitat. La más reciente, las manifestaciones en defensa de la sanidad pública en Galicia. Lo único que ha contenido, por el momento, la extensión de estas protestas ha sido el pacto PP-PSOE para intervenir la Generalitat de Catalunya y mantener aislada la cuestión soberanista de la financiación autonómica. Esa moratoria no será extensible a 2018 y tanto las autonomías gestionadas por el PP como las que lo están por el PSOE verán intervenidos sus gastos a un año de las elecciones de 2019.

5- La “cuestión catalana”: Que la gestión del gobierno Rajoy de la crisis soberanista en Cataluña ha sido un fracaso lo constatan no solo el resultado de las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, sino el consiguiente embrollo jurídico para impedir la reelección de Puigdemont y dificultar mediante la prisión provisional de los dirigentes independentistas encausados la acción política del bloque mayoritario en el Parlament catalán. La amenaza de mantener la intervención de la Generalitat tras la formación del nuevo Govern ha sido incapaz de la “normalización” constitucional que pretendía el art. 155.

La fórmula impuesta finalmente por Puigdemont de un Consell de la República en Bruselas y de un Govern en Barcelona subordinado a él políticamente es un escenario de pesadilla no previsto por el gobierno Rajoy. De consolidarse en las próximas semanas -más allá de las tensiones internas y públicas en el bloque independentista- lo que institucionaliza no es ya la recuperación del Estatut, sino su crisis y la tensa gestión paralela de una fractura política y social enquistada sin el horizonte de una solución política democrática. La crisis constitucional catalana se generaliza en la medida en que cualquier alternativa pasa por un cambio de gobierno central capaz de salir del dilema planteado mediante una reforma constitucional, lo que no parece vislumbrar ninguna de las posibles coaliciones entre los partidos que han apoyado la intervención de la Generalitat.

A la inversa, la parálisis política e institucional instalada en el gobierno Rajoy y el Congreso de los Diputados tenderá, tras las primeras conmociones de la formación del Govern, a instalarse en la vida política institucional catalana. El bloque “constitucionalista” no tiene posibilidades de formar un gobierno de Ciudadanos, pero puede apoyarse en la red de las delegaciones del gobierno central, convertidas tras la aplicación del art. 155, en un aparato de control de la gestión, cuando no directamente de gestión, de la administración autonómica. El Govern “de gestión” independentista seguirá intervenido económica y políticamente, bajo la doble presión del Consell de la República en Bruselas y el gobierno Rajoy. Pero sin capacidad de ir más allá de un programa de “recuperación de las instituciones”, sin un contenido social anti-austeridad que rompería el bloque independentista, lejos de abrir procesos constituyentes republicanos quedará empantanado en la bilateralización de un autonomismo en descomposición.

Por último, el tercer espacio que buscaba situar la alternativa política en el eje derechas-izquierdas, “contra el unilateralismo y el 155”, ha carecido de iniciativa política propia y ha terminado con la marginación de las posiciones matizadas de ERC en el bloque independentista y del PSC en el “constitucionalista”. Catalunya en Comú ha perdido la iniciativa política, se ha sumido en su propia crisis interna sobre cómo recuperar dicha iniciativa y todo apunta a un repliegue defensivo para mantener el gobierno municipal de Barcelona, que hoy gestiona en una difícil minoría, tras las elecciones de 2019.

La gestión de la charca como síndrome

Una encuesta de Metroscopia publicada hoy apunta no solo el fracaso de la gestión de este segundo gobierno Rajoy -incapaz de solucionar los dos objetivos declarados de la legislatura, el ajuste presupuestario y la cuestión catalana-, sino que el propio Rajoy ha quedado achicharrado (“el precio lo pagará el estado”, Rubalcaba dixit) y promete ser el chivo expiatorio de la actual situación de parálisis política en medio de la cronificación mórbida de la crisis del régimen del 78.

Que el 62% de los votantes del PP consideren que debe dejar paso a un nuevo dirigente es la crónica anunciada del debate interno sobre su sucesión. Tras una crisis larvada y contenida gracias a la tormenta política que acompañó a su segunda investidura, los errores de la gestión de la crisis catalana, en la que había puesto sus esperanzas para reconstruir el bipartidismo del régimen del 78 con un PSOE subordinado, y el ascenso de Ciudadanos, sin la amenaza de una alternativa de izquierdas acortarán inevitablemente la legislatura en el peor de los escenarios políticos también para Rajoy y el PP.

La reunión de la Junta Directiva Nacional del PP del 9 de enero es un ejemplo de este agotamiento político. El argumento de que el gobierno no podía hacer otra cosa y lo había hecho “por razones de estado”, a pesar de los costes electorales y políticos para el PP, acompañado de que “no se crean las encuestas”, es un ejemplo de la tautología del fracaso. A continuación, para dar salida a las peticiones de los secretarios generales territoriales de “políticas más populistas”, se organiza una campaña de imagen por la defensa y el endurecimiento de la prisión permanente revisable, alegando el “apoyo social”. Con una remodelación de gobierno pendiente si De Guindos consigue el puesto dorado de vicepresidente del BCE y con el ex jefe de gabinete Moragas -uno de los responsables de la gestión de la crisis catalana- ya de embajador ante Naciones Unidas en Nueva York, uno de los problemas más graves del PP es la falta de recambios tras el agotamiento político del conjunto del gobierno Rajoy.

El debate abierto en el Parlamento vasco sobre el nuevo estatuto de Euskadi y la propuesta de confederalización del PNV no auguran que sus cinco diputados en Madrid vayan a sostener una vez más el presupuesto del PP de 2018. El “cuponazo” de 2017 es difícilmente repetible sin convertirse en una provocación para las comunidades del sistema común de financiación tras el anuncio de retenciones de Montoro. La perspectiva más probable es la renegociación del cupo vasco en 2019 con otro gobierno en Madrid que no esté presidido por Rajoy. El PNV ni siquiera puede argumentar el valor de la estabilidad presupuestaria ni el de concesiones políticas, como la transferencia de las competencias penitenciarias, que son inimaginables con el actual veto de Ciudadanos.

En esta asunción de cambio del ciclo político, lo más sangrante es la pasividad y la resignación tacticista de las izquierdas. Tras el apoyo al gobierno Rajoy para la aplicación del art. 155, el PSOE de Pedro Sánchez bosqueja una oposición social al PP que no pasa de la celebración de “asambleas abiertas” internas con militantes del PSOE y que ni siquiera se apoya en la incipiente y cauta campaña de movilización sindical de CCOO y UGT. La regresión electoral, según las encuestas, de Unidos Podemos dificultan aritméticamente una alternativa de izquierdas, que tendría que contar con el apoyo político de nacionalistas vascos y catalanes (lo que provocó en su día el golpe interno en el PSOE contra Sánchez). Pero descarta al mismo tiempo una alternancia del PSOE y le arrastra a un pacto de gobierno con Ciudadanos con una correlación de fuerzas invertida al fracasado de 2016.

La política de “contención institucional” de las fuerzas políticas del régimen del 78 a Unidos Podemos ha tenido un éxito poco cuestionable, que ha ido acompañado de una inversión en la gestión institucional de una organización cada vez más vertical y con menos capacidad de alentar y acumular fuerzas en la oposición extra-parlamentaria. El tacticismo defensivo, y las inevitables tensiones internas, están erosionando a Podemos, cuando necesita especialmente enraizarse en un municipalismo que tiene su propia autonomía política y constelación de alianzas, sometidas también al cerco de las imposiciones presupuestarias de Montoro.

En definitiva, el elemento que podría cambiar la actual correlación de fuerzas y permitir reabrir el horizonte de una alternativa al régimen del 78, la movilización social y su confluencia con la resistencia a los recortes efectivos de las libertades democráticas, no encuentra un punto de apoyo político que ofrezca orientación, posibilidades de acumulación de fuerzas y perspectivas de victoria, aunque sean parciales. La única movilización en el horizonte es la electoral, una vez más, en un largo ciclo de municipales, autonómicas, europeas y generales, al que suman también las sindicales, para seguir gestionando la cada vez más larga crisis crónica del régimen del 78.

Notas:

(1) Actualmente están imputados cuatro exministros, seis expresidentes de comunidades autónomas, cinco expresidentes de Diputación, cinco parlamentarios nacionales, 18 consejeros de comunidades autónomas, tres extesoreros nacionales del partido, y hasta 800 concejales y cargos menores del PP, de un total de 1800 cargos públicos investigados.

(2) En esta legislatura, la comisión más interesante ha sido la dedicada a la “Crisis financiera y el programa de asistencia financiera” de la UE. Ha permitido una larga serie de intervenciones de los principales protagonistas, aunque la falta de publicidad y de conclusiones permiten, por ejemplo, la candidatura del ministro de economía De Guindos a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, a pesar de sus responsabilidades tanto en la crisis como en un rescate que ha costado más de 75.000 millones de euros a los contribuyentes, según los últimos cálculos. El propio De Guindos, en sus últimas declaraciones, aseguraba que solo la ejecución del Plan Cuatrienal de Ajuste con la UE podía mantener el crecimiento del empleo hasta recuperar los niveles previos a la crisis en 2020 (lo que supondría una reducción de 10 puntos en solo dos años…).

Es miembro del Comité de Redacción de Sin Permiso.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 11 de febrero 2018