Reino de España: derrota del Gobierno Rajoy, victoria temporal de los estibadores

Felix Alonso i Cantorné

Miguel Rodríguez

19/03/2017

En la mayor derrota política y social del gobierno del Partido Popular en esta legislatura, el real decreto 4/2017 para la contrarreforma de la estiba en los puertos del Reino de España, fue rechazado por el Congreso de los Diputados por 175 votos en contra, 142 a favor y 33 abstenciones. No ocurría un hecho similar desde 1979 y supone una importante señal de la debilidad del gobierno minoritario de Rajoy (que contó en este caso con el apoyo del PNV), de las contradicciones de su alianza con Ciudadanos (que se abstuvo) y de la posibilidad numérica de una alternativa de izquierda, que voto unida contra el real decreto.

El conflicto de los estibadores, que tiene una dimensión europea -porque responde a un prolongado intento de la Comisión Europea de liberalizar el sector que viene siendo frenado por las luchas de los estibadores desde 1995- entra ahora en una nueva fase de negociación entre los sindicatos de estibadores y la patronal del sector. Los sindicatos han aplazado las jornadas de huelga convocadas para facilitar el diálogo social.

Reproducimos la intervención del representante del grupo confederal de Unidos Podemos y sus confluencias, Felix Alonso i Cantorné (la totalidad del debate puede leerse aquí) y una entrevista con Miguel Rodríguez, portavoz del principal sindicato de los estibadores, la CETM, pocas horas antes de la votación en el Congreso. La lucha continua. SP

“Un decreto salvaje que representa lo peor de la vieja política”

Felix Alonso i Cantorné

Antes de comenzar quiero saludar a los invitados que hoy nos acompañan en la tribuna, al mundo de la estiba, compañeros y compañeras. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, puestos en pie, mirando a la tribuna pública.—Varios invitados en la tribuna pública hacen diferentes gestos).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría. Quiero recordar a las personas que ocupan las tribunas que no pueden hacer ninguna manifestación.

Muchas gracias. Continúe, señor Cantorné.

El señor ALONSO CANTORNÉ: También iba a saludar a la señora Báñez, la única representante del Gobierno que acompañaba al señor De la Serna, pero desgraciadamente me parece que se marcha. (Risas y aplausos).

Señor ministro, aquí estamos finalmente debatiendo en el Congreso un decreto que para nosotros es salvaje, que puede hacer estallar un sector estratégico en nuestro país, sin acuerdo social, con tretas de última hora para lograr un acuerdo parlamentario que seguramente también se le pueda escapar. Nos preocupa enormemente su irresponsabilidad y su manera de entender el mundo laboral, irrumpiendo de mala manera para imponer decretos al servicio de los de siempre. Por eso vamos a exigir desde ya responsabilidades políticas. Ayer vimos cómo trataban de lograr apoyos parlamentarios cambiando cromos: te apruebo unos presupuestos en el País Vasco si tú me apruebas el decreto de la estiba. Y a saber qué más ha ido ofreciendo por ahí. Algunos le dijeron que bajara a la arena para negociar y recogió fango al trasladar a la esfera noble de la política los principios de la plaza del mercado, poco propicia para tratar unos asuntos de los que depende la vida de miles de trabajadores y trabajadoras y su dignidad.

Con razón nosotros mantenemos que ustedes representan lo peor de la vieja política. Y no solo eso, se dejan caer a última hora en una reunión técnica entre patronal y sindicatos del sector, acompañados por los compañeros y las compañeras de la prensa, sabiendo que sin los representantes sindicales, que no estaban presentes —a los que por cierto no habían avisado—, no iban a lograr nada. Solo buscaban la foto para cumplir con la condición naranja. ¿Saben cómo me dicen que se conoce a este decreto de la estiba? El decreto de la palmada. Palmada entre las gentes que trabajan en los puertos quiere decir lo que en el lenguaje coloquial se conoce como «la cosa se pone chunga». Ustedes nos traen un decreto que supone una palmada en la cara de los estibadores y las estibadoras, de los sindicatos, de las empresas, del resto de grupos parlamentarios y casi diría —por lo que se ve— hasta de su propio Gobierno, si finalmente esta Cámara se atreve a rechazarlo. No entendemos por qué van más allá de lo sentenciado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No entendemos por qué en un país que todavía sufre alrededor del 20 % de paro y una precariedad insoportable quieren ustedes abrir la puerta a los despidos y al deterioro del empleo en nuestros puertos. Por ellos pasan el 60 % de las exportaciones y el 85 % de las importaciones de España, un 20% del producto interior bruto. No entendemos qué interés puede haber cuando además no tienen apoyo social y tanto les está costando el parlamentario para sacar esto adelante.

Señor De la Serna, ha querido ser muy astuto, más astuto que nadie, utilizando tretas de taberna, aprovechando un viaje oficial al que los suyos y sus aliados —¡oh, sorpresa!— no se apuntan, con diputados enfermos y hasta con emergencias familiares para ganar esto sea como sea. Pues me gustaría informarle desde ya de que aquí estamos todos los diputados y todas las diputadas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y de Compromís. (Aplausos). Teresa, Marta y Pam están aterrizando. Gracias, Teresa, Pam y Marta. (Aplausos). Como le decía, señor ministro, a su actitud de tahúr se le suma la de irresponsable. Usted, señor ministro, y el señor Gómez-Pomar nos están exponiendo a una pérdida de 50 millones diarios. Esto es lo que señala el propio informe que a nuestro entender ha inspirado el decreto elaborado por PriceWaterhouse Coopers, y que fue encargado por la plataforma de inversores de puertos españoles, los auténticos ganadores si finalmente sale adelante este decreto. No entendemos todo esto. O sí.

Señorías, les sugiero que lean con detenimiento el decreto y comprueben cómo finalmente lo que anida en él es un ofrecimiento a los grupos financieros y especuladores internacionales, máximos accionistas y propietarios de las terminales en todos los puertos españoles, aquellos que eufemísticamente llamamos inversores: la posibilidad de deshacerse de sus trabajadores a cuenta de los fondos públicos, a cuenta del dinero de todos, de precarizar el empleo y las condiciones de trabajo, y como acostumbran legislando para los que más tienen a costa del resto. Les sugiero, señorías, que den un repaso a las notas biográficas que el Ministerio de Fomento tiene colgadas en su página web. Verán allí como el señor Gómez-Pomar, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y presidente de Enaire, fue director del centro de innovación del sector público de PriceWaterhouse Coopers, antes de ser también presidente de Renfe. Comprobarán cómo José Manuel Vargas, presidente de AENA —y ya sabemos lo que pasa en AENA también— y el propio ministro Luis de Guindos han trabajado también para esta consultora. ¿Casualidad o trama?

En 2013, siendo el señor Gómez-Pomar presidente de Renfe, se pagaron 2.286.000 euros a PriceWaterhouse Coopers por la adaptación —así decía el título— de los sistemas económico-financieros de Renfe Operadora al nuevo modelo societario. El modo de operar nos resulta ligeramente familiar. En la estiba le llaman trincar, nosotros lo llamaremos sujetar fuerte las puertas giratorias. Aquel proyecto debió salir igual de bien que la fusión de Bankia y las cajas gallegas o que los sobres de los Óscar, porque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia multó con 65 millones a Renfe por limitar la competencia en el transporte ferroviario de mercancías. Pero lo más curioso del caso, yo diría casi de traca, es que el señor Gómez-Pomar entre 2005 y 2012 fue director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea. Precisamente Fedea era la que denunciaba la falta de competencia a Renfe en mercancías. ¡Qué casualidad! ¿Y quiénes son los patronos de Fedea, nos preguntamos? ¿Quiénes son? Avertis, Fundación ACS, BBVA, La Caixa, Iberdrola, Banco Popular, Bankia, Banco de Sabadell, Telefónica, Repsol, Fundación Ramón Areces, Banco de Santander y aún podemos continuar. ¿Casualidad o trama?

Usted, señor ministro, si sigue el dictado de esta gente a la hora de reformar la estiba, enfrentándose a sindicatos, sociedad y Parlamento, es que —me sabe mal decirlo— es un incendiario o un irresponsable. Señor ministro, quizá le cueste entenderlo, pero los conflictos laborales en democracia no es conveniente resolverlos por decretazo, mientras su antecesora —detrás de mí— que tenía mayoría absoluta en esta Cámara tuvo la sensatez de no imponer un real decreto-ley sin el acuerdo previo de las partes. Ahora bien, usted viene y nos presenta este decreto con muchos avisos; sí, sí, muchos avisos, pero pocas negociaciones. Ni tan siquiera tiene el apoyo de parte de sus habituales aliados en el Congreso. Sabemos que se escuda en la multa —lo hemos escuchado también— que hoy alcanza los 23 millones, y que su decreto cumple todos los requisitos —cierto— que propone la Unión Europea. Sí, sí, pero yo añadiría también los que propone JP Morgan. Ustedes esperan que nos creamos que la reforma que quieren imponer beneficiará a la ciudadanía de España, y nosotros como siempre nos preguntamos: ¿a qué España? ¿A la del 1 % o a la del 99 %? (Aplausos). Ustedes nos hablan de que han estado dos años negociando y nosotros le pedimos las actas y las agendas para que nos demuestre cuántas reuniones han mantenido sobre el tema, y si han transmitido las propuestas sindicales a la comisaria europea Bulc. Nuestro grupo le exige que desactive este decreto y que se siente a negociar de verdad, tal y como le piden las partes desde hace tiempo, con convicción y no para hacer el paripé como ayer. No le pase la carga a su compañera —que por cierto se ha marchado—, señora Báñez, y asuma su responsabilidad directamente.

Ahora, señor Mariano Rajoy —me dirijo a usted, esté donde esté, no sé si en plasma o aquí—, el interés por ser capataces de la oligarquía está poniendo en juego la economía de este país. No es nuevo, claro, ya le conocemos bien; este conflicto supone la enésima vuelta de tuerca de su modo de gobernar. El sector de la estiba reconoce —reconoce, y nosotros también— que su regulación es mejorable, pero no están dispuestos —y aquí también cuentan con el apoyo del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea— a que los salarios de este país sean los culpables siempre de todos los males. La gente sabe que los denominados fondos buitres buscan romper la fuerza que tienen las trabajadoras, su unidad, su organización. Necesitan desregular, reducir salarios, trocear para vender y especular. Destrozan nuestro tejido productivo a mayor gloria de las enormes ganancias que siempre son para cuatro. Han intentado —intentan— enfrentar a los trabajadores contra trabajadores, pero en esta ocasión no les saldrá bien. No se nos escapa que detrás de la estiba intentarán otras desregulaciones: la función pública, maestras, médicas, enfermeras, trabajadoras sociales, policías. O ventas a precio de saldo de empresas públicas como Renfe, Adif, AENA, Correos, y tantas otras sobre las que ya están desembarcando grandes accionistas y especuladores a los que ustedes ponen la alfombra roja, como la de sus amigos, la de los Óscar. Hemos así de preguntarnos una vez más, ¿por qué hacen esto? ¿Casualidad o trama? Precisamente ustedes cargan con saña contra sectores que son parte del legado de la lucha sindical y democrática de nuestro país. Precisamente con quienes impiden que los salarios caigan aún más en la miseria; miseria a la que nos quiere llevar la oligarquía que ustedes representan fielmente —sí, sí— en este Parlamento con decretos como este.

Señor Rajoy, después de que quizá pase hoy a la historia parlamentaria de este país por no validar un real decreto-ley por primera vez en décadas, tiene dos opciones: o hacer dimitir al señor De la Serna o al señor Gómez-Pomar, pero alguien, al más alto nivel, ha de asumir las responsabilidades políticas de este desaguisado, de este decreto salvaje. Haga lo que considere, señor Rajoy, pero desactívelo. Vuelva a este hemiciclo con un real decreto-ley que acate la sentencia europea; sí, sí, todos estamos de acuerdo, que acate la sentencia europea, pero que recoja fielmente lo que acuerden los interlocutores sociales. El Grupo Confederal Unidos Podemos está al lado de la economía productiva y de la estiba, está al lado de los empleos dignos y decentes, está al lado de los trabajadores y las trabajadoras de este país, y por eso, señor ministro De la Serna, votaremos en contra del real decreto-ley.

Muchas gracias.

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-39.PDF

 

“El único objetivo del Gobierno es precarizar la estiba”. Entrevista

Miguel Rodríguez

El Congreso de los Diputados vota este jueves el Real Decreto Ley presentado por el Gobierno por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías. La votación se produce finalmente sin el acuerdo entre las partes, ya que mientras el Ministerio de Fomento afirma que la reforma pretende dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) responde que la única intención del Ejecutivo del PP es “desregular y precarizar el sector”. Miguel Rodríguez, responsable de Comunicación de CETM, que es entrevistado para cuartopoder.es, por Pascual García a solo unas horas de la trascendental votación, confía en que los grupos parlamentarios mantengan su oposición a una reforma sin consenso entre las partes afectadas.

¿Cómo se define desde el punto de vista sindical la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, integrada por la Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios (CEEP) y la Federación Estatal de Trabajadores de los Puertos (FTP)? ¿Es un sindicato de clase?

–  Nos reconocemos como una organización que representa a los trabajadores, en este caso a cerca del 87% de los del sector, cuya razón de ser es la defensa de esos trabajadores y de la propia actividad empresarial. Quizás esa segunda característica nos hace atípicos.

Durante estas semanas de conflicto, algunas informaciones les han presentado como un sindicato que defiende prácticas de nepotismo y de endogamia en el sector.

– El gobierno practica la política del “paquetito del odio”. Utilizaron el mismo argumento con el SEPLA, con los mineros, con los funcionarios… A todos les ponen un etiqueta que repican y repican por todos lados hasta conseguir su objetivo, porque, como todo el mundo sabe, los conflictos se ganan o se pierden, en gran medida, en términos de opinión pública. Es un discurso manido, pero la gente está de vuelta y no nos identifica como un colectivo de privilegiados, sino como un referente. Porque la gente sabe que el trabajo en los puertos, desde hace décadas, ha sido una actividad penosa, que nadie quería y que, por lo tanto, hacía la gente humilde, cuyos hijos, después, también trabajaban en la estiba. Parece que a nadie le interesa recordar eso ahora. Además, la tecnología ha introducido cambios sustanciales, porque en la actualidad se necesita una capacitación, una formación de alto nivel. Hay que superar unas pruebas de selección. ¿Por qué entran los hijos? La singularidad en nuestro caso es que en los puertos se producen puntas de trabajo regularmente y hay ETTs que contratan en ocasiones a esos hijos de estibadores una o dos veces al mes, lo que, al final, acaba también puntuando en una convocatoria de empleo para el ingreso. Más del 50% de los trabajadores contratados no tienen vinculación familiar alguna con la estiba.

– Quizás el problema es que los estibadores conservan derechos que ya se han perdido otros colectivos.

– Son derechos conquistados a lo largo de la historia y que están recogidos en los convenios del sector. Nadie nos ha regalado nada, sino que hemos acordado en cada momento la situación con las empresas, porque, por cierto, ni somos funcionarios ni lo hemos sido nunca.

También se les ataca diciendo que disfrutan de unas condiciones salariales privilegiadas.

– Nuestras condiciones están pactadas con una empresa privada y todavía no he conocido ninguna que pague ese tipo de salarios a trabajadores que no les son rentables. Nuestra condición económica está directamente relacionada con la productividad a destajo. De tal manera que nosotros cobramos más si trabajamos más cada jornada o más jornadas a final de mes. Nuestro trabajo se ajusta a la actividad que tiene la empresa en cada momento.

¿Y disfrutan de una situación de privilegio respecto a otros países europeos, como también se ha dicho?

– En Europa hay 22 países que tienen puertos y, de ellos, 15 tienen regulaciones específicas y concretas para la estiba. 13 de ellos tienen registros especiales que garantizan y regulan que los trabajadores que habitualmente desempeñan la actividad tienen prioridad para ser contratados.

¿Y entonces, cuál es el propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)?

– Nosotros no cuestionamos la aplicación de la sentencia, a la que hay que dar cumplimiento, y sobre la que nosotros presentamos desde el minuto uno una propuesta pactada con las empresas para que el Gobierno la trasladara a una ley y la llevara a la Unión Europea, por supuesto, dando solución a las condiciones de la sentencia: que las empresas estuvieran voluntariamente en las sociedades de gestión portuaria y que no tuvieran obligación de contratar con prioridad a los registrados y que a los trabajadores que llegaran nuevos al sector se les exigiera la misma preparación y capacitación.

– Lo que cuesta entender es que el Gobierno desatendiera una propuesta pactada entre ustedes y las empresas y optara por el conflicto.

– El Gobierno no está atendiendo a los intereses del sector ni dando cumplimiento a la sentencia, sino aprovechándose de ella para desregular, despedir al colectivo y poder así facilitar la venta de las terminales que ahora mismo gestiona Noatum, una empresa que pertenece al fondo de inversiones internacionales de J.P. Morgan, que ha comprado en España cinco terminales y que tiene un acuerdo para venderlas siempre que no estén los estibadores en medio. Entran, compran, degradan las condiciones y venden…

Esto es, hacer con la estiba lo mismo que se ha hecho con el resto de sectores.

– Desregular el sector para que quien quiera trabajar en él lo haga en situaciones pésimas. Lo mismo que han hecho con otros colectivos que tenían convenios decentes y condiciones de trabajo dignas. Desregular y precarizar.

El Gobierno ha dicho hasta el último momento que quería un acuerdo e incluso presentó ayer una propuesta con medidas concretas para la recolocación de la totalidad de los trabajadores y otras medidas, como prejubilaciones.

– Lo que había convocada era simplemente una reunión de asesores. Llevamos semanas pidiendo una reunión y el miércoles a las dos de la tarde informan de que van a asistir a una reunión en la que sabían que no iban a estar los representantes de los trabajadores, solo los abogados, y se descuelgan diciendo que van a garantizar los puestos de trabajo. Eso es mentira. El gobierno miente como un bellaco solo para presentarse ante la opinión pública y ante los grupos de la oposición como el negociador y situar a la contraparte en la posición del que rechaza el acuerdo.

– Este jueves se vota en el Congreso el Real Decreto Ley presentado por el Gobierno. ¿Qué esperan que ocurra?

– Esperamos que los grupos parlamentarios de la oposición mantengan la posición que han defendido hasta ahora contraria a la modificación unilateral de un sector que obtiene año tras año grandes resultados. No tenemos ninguna duda de que votarán en contra de una reforma que solo beneficia a terceros.

¿Y eso en qué escenario nos sitúa de cara al día después?

– Vamos a ser prudentes y esperar a la votación antes de valorarlo. En función del resultado de esa votación se decidirá si se mantienen los paros aún convocados en los puertos, que comienzan el viernes, y posibles nuevas reuniones para seguir negociando. Lo veremos.

https://www.cuartopoder.es/elolordeldinero/miguel-rodriguez-el-unico-objetivo-del-gobierno-es-precarizar-la-estiba/8224

Periodista e historiador, es alcalde de Altafulla (Tarragona) y diputado de En Comú Podem.
Portavoz de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), sindicato mayoritario entre los estibadores de los puertos españoles.
Fuente:
Varias