Javier Pérez Royo
Jaume Asens
Marina Llansana
31/12/2016
Democracia e inviolabilidad
Javier Pérez Royo
La persecución penal del concejal de la CUP Joan Coma se basa en un artículo incompatible no solo con la Constitución, sino con la esencia de la democracia.
La democracia representativa descansa en determinados principios que no pueden ser siquiera sometidos a discusión. Subrayo lo de que no pueden ser siquiera sometidos a discusión. Porque en democracia, en contra de lo que con cierta frecuencia se suele decir, no se puede discutir todo. Se puede discutir casi todo, pero no todo. Es la indiscutibilidad de unos pocos principios lo que nos permite discutir civilizadamente, esto es, políticamente, todo lo demás.
El primer principio operativo de la democracia representativa no susceptible de ser discutido es el de que los representantes elegidos de manera directa por los ciudadanos mediante el ejercicio del derecho de sufragio no pueden ser perseguidos penalmente por las "opiniones manifestadas" o por los "votos emitidos" en el ejercicio de su función representativa. Este principio se extiende a todos los representantes elegidos de manera directa. Únicamente a ellos, ya que no opera para los que tienen legitimación democrática indirecta. Pero opera para todos los que tienen legitimación democrática directa sin excepción. No hay democracia representativa sin la vigencia indiscutible de dicho principio.
Porque la premisa de toda democracia representativa digna de tal nombre es la de que cuando el representante, en el ejercicio de la función para la que ha sido elegido, manifiesta una opinión o emite un voto, son los ciudadanos que lo han elegido los que están manifestando dicha opinión o emitiendo dicho voto. Es él como persona física el que opina o vota, pero políticamente son los ciudadanos que lo han elegido los que lo están haciendo a través de él. Sin esta operación de identificación del representante con los representados en la manifestación de la opinión o en la emisión del voto, la democracia como forma política no sería ni intelectualmente pensable ni técnicamente organizable.
La inviolabilidad del representante elegido directamente por los ciudadanos es simultáneamente una consecuencia inmediata y una exigencia inexcusable del principio de legitimación democrática en el que se asienta la democracia representativa. En el Estado Democrático la inviolabilidad no es una "prerrogativa". Lo fue en el Estado Monárquico predemocrático, pero ya no lo es. La inviolabilidad existiría, aunque la Constitución no la contemplara. No así la inmunidad. Pero la inviolabilidad sí. No hay democracia representativa sin inviolabilidad.
Y es así en todos los niveles en que se expresa la legitimación democrática en nuestra fórmula de gobierno: europea, estatal, autonómica y municipal. Desde el punto de vista de la legitimación democrática no hay diferencia de ningún tipo entre el parlamentario europeo, el estatal, el autonómico y el concejal de un ayuntamiento. Todos son igualmente representantes de los ciudadanos que los han elegido. Cuando expresan una opinión o cuando emiten un voto son los ciudadanos que los han elegido los que lo están haciendo a través de ellos.
Esta es la razón por la que estoy en desacuerdo con la persecución penal de la que está siendo objeto Joan Coma por haber manifestado unas opiniones y emitido unos votos en el Pleno del Ayuntamiento de Vic (Barcelona), del que es concejal. Coma es investigado por la Audiencia Nacional por delitos de rebelión e incitación a la sedición, según recoge el auto del juez Ismael Moreno, que ante la no comparecencia en el Juzgado del edil, dictó auto de detención.
Dicha persecución encuentra cobertura en el artículo 78. 1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), que dispone: "Los miembros de las Corporaciones Locales están sometidos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo". Pero la redacción de este artículo es incompatible con el artículo 23 CE.
No puede caber ninguna duda de que "... el derecho a participar en los asuntos públicos… por medio de representantes elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal", que es el tenor literal del art. 23.1 CE, se extiende a las elecciones municipales exactamente igual que a las demás. El concejal no es menos representante que el parlamentario europeo, estatal o autonómico. Y no puede verse expuesto a exigencia de responsabilidad penal en el ejercicio de esa función, porque en ese momento dejaría de serlo.
En lugar de iniciar actuaciones contra Joan Coma, se debía haber aprovechado la denuncia del Sr. Anglada para elevar al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 78. 1 LRBRL, a fin de depurar el ordenamiento jurídico de un precepto incompatible no ya con la Constitución sino con la esencia de la democracia como forma política.
Democracia y sedición
Jaume Asens
Con la detención de Joan Coma, concejal de Capgirem-CUP Vic, se da otro paso más en la judicialización del proceso soberanista que se vive en Catalunya. El mes pasado detuvieron a la alcaldesa de Berga, investigada por negarse a retirar la estelada del consistorio. Y hace dos semanas le tocó el turno a cinco jóvenes independentistas, investigados por la quema de fotos del rey. La ofensiva, con toda seguridad, no va a frenarse. Son centenares los cargos electos hasta ahora imputados-investigados sobre los que pende una amenaza igual por actos vinculados a su ideario independentista.
Con todo, el caso de Joan Coma tiene ciertas peculiaridades. Es, para empezar, el primer cargo electo desde que comenzó la llamada transición investigado por un delito de sedición. El proceso que ha llevado a su detención tiene mucho que ver con la actuación del denunciante, el fiscal y el juez que lleva el asunto. El ultraderechista Josep Anglada es quien, en efecto, pone en marcha la maquinaria judicial. El Fiscal, no obstante, es quien le da carta de validez. Los argumentos de la imputación son sorprendentes. La sedición -según él- se habría cometido cuando aquel afirmó en un pleno que “para hacer la tortilla será necesario romper los huevos”. O cuando conminó a los asistentes a tomarse “muy en serio la declaración de soberanía del Parlamento”. La propia rueda de prensa de Coma denunciando los hechos, desde su perspectiva, se convierte en una nueva prueba en contra él. Esta forma de interpretar las cosas es un auténtico disparate jurídico. No resulta extraño que el otro protagonista de esta cruzada sea el mismo magistrado que envió a prisión a dos titiriteros para una obra de teatro, Ismael Moreno. La asociación de Jueces por la Democracia, en un duro comunicado, ya recordó que “opinar nunca puede ser delito”. Y hasta tres magistrados diferentes de la propia Audiencia Nacional afirmaron que actos como el del concejal “son posicionamientos políticos en el marco de la libertad ideológica y de expresión de aspiraciones o anhelos políticos”. Con este argumento elemental, archivaron denuncias similares.
En el fondo, esta instrucción es una vergonzosa “causa general” contra el soberanismo municipalista. Y más cuando utiliza conceptos manchados de sangre y de funesto recuerdo para los luchadores antifranquistas. Su abogado y diputado de la CUP, Benet Salellas, lo recordaba en un mitin de apoyo al concejal. Los golpistas de 1936 fueron, precisamente, los que acusaron de sedición a los republicanos leales al estado de derecho. Lo preocupante de todo esto es que estos hechos no son aislados. Forman parte de una “cultura de la excepcionalidad” que se ha ido imponiendo de forma persistente a lo largo de la última década. En primer lugar, a través de una Fiscalía proclive a obedecer mansamente las órdenes del gobierno de turno. Buen ejemplo de ello fue la fulminante destitución del fiscal jefe de Cataluña, Rodríguez Sol, por afirmar que la reivindicación del referéndum catalán era una aspiración política no legalmente viable, pero legítima. Y en segundo lugar, por un altas instancias judiciales como la Audiencia Nacional, claramente conservadoras y vinculadas estrechamente al poder político.
En este contexto, quedarse de brazos cruzados no es una opción. Este tipo de ataque forma parte de una ofensiva en toda regla contra los independentistas. También es una amenaza, pero, contra todos los que sin serlo creen firmemente con la libertad ideológica y de expresión. Un estado de derecho digno de ese nombre no puede permitirse perseguir a aquellos que, sin recurrir a la violencia, cuestionan aspectos centrales del poder constituido. Lo que está en juego, en efecto, no es sólo la libertad de un puñado de concejales. Es la democracia. Y la soberanía municipal. Con la intención de hacer “un llamamiento a los demócratas”, precisamente, se convocó hace poco una multitudinaria concentración ante las fuentes de Montjuic de Barcelona con el lema “Por la democracia. Defendamos nuestras instituciones”.
Contemplada con la gravedad que los hechos se merecen, este tipo de persecuciones desatan los fantasmas evocados por la vieja advertencia de Niemöller. Primero les tocó a unos, luego a los otros, y más adelante a mí, pero ya era tarde. Ojalá la advertencia llegue también a los que piensan que esto es sólo un problema de los independentistas. Y simplemente miran hacia otro lado. Lo preocupante, sin duda, no son las palabras de un concejal en un pleno. Lo preocupante es perseguir un acto democrático como si fueran de sedición. Eso sí es, en realidad, un conato de sedición contra la propia democracia.
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/7471/democracia-y-sedicion/
La gran mentira sobre el caso Joan Coma
Marina Llansana
Es tan chocante que en un Estado europeo democrático se detenga a un cargo electo por haber expresado sus ideas en un Pleno, que los que aún creen en el espíritu democrático de la España Constitucional se han apresurado a buscar una explicación para no tener que reconocer que es un ataque flagrante a la libertad de expresión.
El argumento tranquilizador de conciencias democráticas es que Joan Coma no ha sido detenido por sus ideas sino por no haber acudido a declarar. Y eso no es cierto. No es cierto y duele: convierte a la víctima en culpable y desvía la atención del verdadero problema de fondo.
Hagamos memoria: quien denunció a Joan Coma fue el ultraderechista Josep Anglada, exlíder de la xenófoba Plataforma x Catalunya, que activó la investigación con una denuncia a la Guardia Civil y se personó como acusación particular del caso. La Fiscalía lo "afinó" y se le imputó por presunta incitación a la sedición, un delito que, según el fiscal, el concejal de Vic habría cometido en un pleno municipal en el año 2015 cuando dijo que "para hacer una tortilla primero hay que romper los huevos".
Cruzada judicial
Anglada dispara y las cloacas del Estado hacen el resto, como en una película mala de policías y ladrones: el magistrado Ismael Moreno, expolicía franquista que saltó a la fama por detener a titiriteros, aparece en escena y recoge el guante, y gana puntos apuntándose a la cruzada judicial de las instituciones españolas contra cargos electos soberanistas.
Llamemos a las cosas por su nombre: no se habría iniciado ningún procedimiento judicial contra Coma ni habría sido llamado a declarar si no hubiera defendido el proyecto político del independentismo.
Y aquí radica el porqué de todo: que Coma vaya o no vaya a declarar es un tema procedimental menor, lo que es gordo de verdad es que sea perseguido por expresar sus ideas, sean cuales sean. Diciendo que Coma es culpable de su propia detención, no solo ignoramos la causa real de la denuncia sino que estamos haciendo el juego a la ultraderecha, al tiempo cubrimos la mala salud democrática de un Estado que hace tiempo ha perdido la brújula entre juzgados y tribunales.
Víctimas y verdugos
No olvidemos que la justicia que juzgará a Coma absolvió su denunciante, Josep Anglada, de un delito de incitación al odio racial por la distribución de 3.000 panfletos xenófobos en las elecciones municipales de mayo de 2007. Víctimas convertidas en verdugos y verdugos en víctimas.
Sí, este miércoles, el concejal de Vic Joan Coma será trasladado a la Audiencia Nacional y no es una inocentada; un concejal elegido democráticamente en las urnas ha sido detenido solo por expresar sus ideas en un pleno municipal como representante electo. Es por ello que todos los demócratas, y más si todavía se creen eso de la operación Diálogo, tienen que ir todos a una para evitar que se debiliten aún más los fundamentos de la democracia española.
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/gran-mentira-sobre-caso-joan-coma-5714475