Reino de España: El colapso de Rajoy y la disyuntiva de las izquierdas

Gustavo Buster

03/06/2018

Finalmente, M. Rajoy se ha visto reflejado en el espejo de la moción de censura: él es el monstruo. O al menos hay el suficiente número de diputados del arco parlamentario que lo ven como tal tras la sentencia del caso Gürtel y las que se avecinan en los numerosos casos de corrupción del PP pendientes.

Aunque lo decisivo ha sido que el PNV volcase con sus cinco diputados la balanza -una semana después de votar a favor de los presupuestos del PP y otorgarle a Rajoy dos años más de legislatura-, no se hubiera producido sin el cambio de clima político generado por la propia presentación de la moción de censura. El PNV ha aplicado la misma lógica del mal menor a las nuevas circunstancias: en ningún caso quiere unas elecciones generales que permitan rentabilizar a Ciudadanos su tendencia en las encuestas. La idea de Rivera como presidente o vicepresidente de un gobierno de coalición con el PP es una pesadilla para el bilateralismo autonómico, para el concierto económico vasco y para la negociación de un nuevo estatuto pactado con Bildu.

No hizo falta esperar a la intervención de Rivera en la moción de censura del jueves por la tarde (ver las actas del debate), algunos de cuyos elementos el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, calificó de fascistoides. El PNV negoció por la mañana con el PSOE que se mantendrían los presupuestos aprobados la semana anterior -criticados por la UE, que no espera que cumplan los acuerdos sobre el déficit- y que cobraría su segundo “cuponazo”, a cambio de sus cinco votos. Pedro Sánchez aceptó y se comprometió públicamente desde la tribuna del Congreso. Rajoy comprendió en ese momento, a pesar de la ingenua sorna de su grupo parlamentario, que acababa de perder la moción de censura.

No fue el único. La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, hizo una nueva pirueta para colocar su veleta a favor del viento, anunciando su abstención en una de las primeras intervenciones de la tarde del jueves, antes de que Aitor Esteban, el portavoz del PNV hiciera público su apoyo. Rajoy ya no estaba presente, porque no volvió al hemiciclo y siguió la hecatombe de su gobierno haciendo una larga sobremesa en un restaurante cercano. Ha sido su última y original contribución a la democracia parlamentaria del Reino.

La descalificación mutua asegurada

El inició de los debates, con la presentación del secretario de organización del PSOE, Abalos, y la respuesta de Rajoy, fue un intercambio de descalificaciones. De Rajoy, como responsable de la corrupción del PP, de la que no tiene responsabilidad criminal porque la ley aplicable en ese momento solo contempla la responsabilidad civil. Y del PSOE por parte de Rajoy, acusándole de dejarse arrastrar por la ambición personal de su secretario general, pretendiendo ignorar la corrupción en sus propias filas, ejemplarizado en el caso de los ERE de Andalucía. El oportunismo de Sánchez llevaría al Reino de España a un callejón sin salida, al poner en peligro la estabilidad económica lograda con el pacto presupuestario y la firmeza del frente constitucionalista del art. 155, al depender de los votos de los independentistas catalanes. El espectro de la “coalición frankenstein” fue invocado, sin darse cuenta de la negociación que tenía lugar a sus espaldas para evitar precisamente otro monstruo: el de una “coalición golem” entre el PP y Ciudadanos a la vuelta de la esquina.

En su segunda réplica al candidato socialista, Rajoy intentó calmar los temores ante la transformación que estaba teniendo lugar en la tribuna, jaleado por los diputados del PP: “yo seguiré siendo español”. Efectivamente, era ya parte de la “triste historia de España”.

La gestión bonapartista de un proyecto contradictorio

En su primera intervención como candidato, Sánchez ya no tuvo que entrar más que de pasada en el intercambio de descalificaciones y se centró en gestionar las propias contradicciones de su moción de censura. Reiteró que se presentaba “sin condiciones ni negociaciones”, porque la moción respondía a una cuestión de salubridad democrática. Que una vez resuelta con la caída de Rajoy, ofrecía una negociación con todas las fuerzas políticas para fijar la fecha de las elecciones, recuperada la “normalidad democrática” y aplicado un programa social de urgencia a base de las propuestas socialistas bloqueadas por la Mesa del Congreso.

La ambigüedad osciló de un polo a otro: entre los que no querían elecciones hasta tener la garantía de que se haya bloqueado a Ciudadanos (y el PP se ha recuperado lo suficiente para ello), como es el caso del PNV y los independentistas catalanes (que al mismo tiempo posibilitaban un “govern viable” con el que negociar); y los que hubieran preferido elecciones cuanto antes para reflejar parlamentariamente la nueva correlación de fuerzas, a menos que esta se reconociera sobre la marcha con un gobierno apoyado no en 84 diputados del PSOE, sino en los 152 que suman PSOE, Unidos Podemos y Compromís.

En las sucesivas replicas de Pedro Sánchez a los distintos grupos parlamentarios, pero en especial al PNV y a Unidos Podemos, se hizo evidente que su objetivo es retrasar la convocatoria de elecciones todo lo posible. A pesar de contar solo con un gobierno monocolor del PSOE -para evitar la oposición interna de los barones socialistas enfrentados a Podemos- y tener que negociar permanentemente. Sin tener ni siquiera, como punto de partida, un acuerdo mínimo “a la portuguesa” ni poder enarbolar de manera creíble la amenaza de llegar a acuerdos con Ciudadanos e incluso el PP en “los temas de estado”. Es decir, la gestión de los presupuestos del PP y de la crisis constitucional en Cataluña tras el levantamiento del art. 155 con la toma de posesión del nuevo govern Torra.

Uno de los primeros problemas que tendrá el gobierno Sánchez, con una minoría de solo 84 diputados, es que la amenaza de llegar a acuerdos con el PP o Ciudadanos carece por el momento de credibilidad. Tras la reacción de los diputados del PP ante el triunfo de la moción de censura y la reacción de su portavoz Rafael Hernando, es evidente que -tras intentar colocar a los más de 1.500 altos cargos desalojados de la administración y abrir el debate sucesorio bajo control del propio Rajoy- no quedará tiempo ni ganas más que de hacer una oposición feroz que coloque, de paso, a Ciudadanos -el segundo “judas” según Hernando- en su sitio. Y por lo que respecta a Ciudadanos, visto también el berrinche de Rivera al ver bloqueado su ascenso en unas prontas elecciones -como proponía con su “moción instrumental”- por una mayoría aún mas importante que la que ha provocado la caída de Rajoy, solo le queda derechizarse, aún más si cabe tras su frente “España ciudadana”, para atraer a los desencantados votantes de la derecha “de toda la vida”.

La derecha, sobre todo el PP, tiene muchos instrumentos para poder acosar al nuevo gobierno socialista. Hay que mencionar una vez más el análisis de Javier Pérez Royo: la suma de PP y C’s tiene mayoría en la Mesa del Congreso, 166 diputados y el PP cuenta por si solo con una mayoría en el Senado capaz de bloquear las iniciativas parlamentarias de la izquierda. El fiel de la balanza está en manos de los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes, cuyas prioridades, por otra parte, son evidentes. Como todo gobierno minoritario, su gestión tendrá que apoyarse en decretos que sean ratificados por una mayoría similar a la que ha apoyado la moción de censura.

El margen de maniobra es, por lo tanto, muy pequeño. Más si se tiene en cuenta que la coyuntura económica puede volver a ensombrecerse con un aumento de los tipos de interés del BCE, la subida de los precios de la energía y las disputas comerciales entre EEUU y la UE. Ese pequeño margen dependerá también de la capacidad de contrarrestar la presión “normalizadora” de la UE, que hemos visto en plena actuación en Italia estos días, y buscar alianzas con los países del Sur de Europa, sobre todo con Portugal, en esta tarea. La gestión del déficit público será esencial en dos aspectos: en la negociación inmediata de la crisis fiscal de las autonomías -que en buena medida tendrá que ser bilateral, una a una, tras haber dinamitado Montoro los acuerdos de la ya olvidada Conferencia de Presidentes autonómicos con sus acuerdos presupuestarios- y en las negociaciones para el presupuesto de 2019, cara al largo ciclo electoral que tendrá lugar ese año, con Unidos Podemos, que deberían tener lugar entre octubre y diciembre de este año.

El Partido Popular puede estar tentado de complicar vengativamente estos procesos paralelos. Para empezar, ganando tiempo y titulares de prensa con enmiendas a su propio presupuesto en el Senado, azuzados desde el Congreso por un Ciudadanos en pleno fervor centralista y españolista. Unos presupuestos que cuentan con la oposición de cinco de las fuerzas políticas que apoyaron la moción de censura.

La nostalgia del “talante”

Lo que queda, por lo tanto, es una removilización del electorado del PSOE cara al largo ciclo electoral con una serie de medidas simbólicas del cambio de la correlación de fuerzas que se abre en el horizonte, pero que aun tiene que materializarse. Pedro Sánchez las ha enunciado como la reforma de la Ley Mordaza (no su simple desaparición), la modificación de la reforma laboral del PP (no la del PSOE), la reforma del Consejo de RTVE y la recuperación de la universalidad de una sanidad pública que, tras años de recortes, se encuentra saturada y con disfuncionalidades importantes, a pesar del esfuerzo casi heroico de sus trabajadores. La añoranza por la primera legislatura de Zapatero, tras la cooptación de las movilizaciones del 2003-2004, inspira este nuevo “talante”.

Pero ha corrido mucha agua bajo el puente desde el brutal giro neoliberal zapaterista de mayo de 2010. Las consecuencias sociales de la gestión neoliberal de la crisis han sido devastadoras y la crisis política y territorial del régimen del 78 no permite volver a las supuestas “épocas doradas” del arbitraje zapaterista. La prueba del algodón de los próximos meses será la gestión de la crisis constitucional en Cataluña. Es evidente que el solo cambio del delegado del gobierno en Barcelona y una modificación de la orientación de la fiscalía tras el levantamiento del art. 155, cuando entra en funciones un “govern viable”, debe permitir la recuperación del diálogo institucional y la suavización de las tensiones. Pero más a corto que a largo, la cuestión esencial para desbloquear el actual choque es la situación de prisión provisional y exilio de los exconsellers. Y es en definitiva una solución para ello lo que explica el voto a favor de la moción de censura del PDeCAT y de ERC. Lo que implica, se explique como se explique, un cambio en la trayectoria del PSOE como parte del “frente constitucionalista” que apoyó la represión de la consulta del 1 de octubre y la intervención de la Generalitat.

¿Un gobierno de 152?

La debilidad de un gobierno con 84 diputados, sometido a estas contradicciones, es evidente. Y los mecanismos bonapartistas de gestión que se apuntan, ante una dura confrontación social con las derechas (basta recordar su movilización en 2004-2006), también.

Pablo Iglesias -que ha aceptado la narrativa de la “incondicionalidad” de la moción de censura para pasar la página de su no apoyo a la investidura de Sánchez en 2016-, ha ofrecido un gobierno de coalición apoyado en 152 diputados, lo que supone situar las negociaciones inevitables que se avecinan no en el legislativo, sino en el ejecutivo y en la fase de elaboración de las propuestas. Con ello respondía al horizonte dibujado por el propio Sánchez en el debate de la moción: la propuesta de que las izquierdas ganen juntas las próximas elecciones generales.

Porque lo que no es concebible, ni siquiera para la derecha del PSOE, es que en la actual polarización política sea posible mantener tras las elecciones generales la fórmula de un gobierno monocolor minoritario socialista. La propia argumentación sobre la “excepcionalidad” de la moción de censura, centrada no en las políticas del PP sino en su corrupción, lo implica. Sánchez espera, desde el aparato del estado, reforzar la movilización de su electorado, confirmar su hegemonía en el conjunto de las izquierdas, subordinar a Unidos Podemos a su proyecto y, en definitiva, iniciar después una reforma controlada del régimen del 78.

Quienes están convencidos del carácter irreformable de este régimen pueden optar por la tentación de situarse en la oposición frontal, apelando a la melancolía del 15-M frente a la del zapaterismo. No les va a faltar argumentos ante los continuos zig-zags que se avecinan del gobierno Sánchez. Pero otra de las lecciones de este periodo de grandes movilizaciones paulatinamente frustradas es que los movimientos sociales necesitan una salida política electoral, que solo es posible con la perspectiva de un gobierno de coalición de las izquierdas. Lo que está pendiente es la lucha por la hegemonía en las izquierdas para determinar la naturaleza de su programa.

Un síntoma de cual es la actual correlación de fuerzas es que ese gobierno de coalición no es planteable en el PSOE sin reabrir la crisis política que provocó la dimisión y reelección de Pedro Sánchez como su secretario general. Para Unidos Podemos la cuestión es como cambiarla, construyendo una alternativa de las izquierdas de aquí a las elecciones generales, desde la negociación parlamentaria y la movilización social, con un programa de medidas urgentes frente a las consecuencias de la crisis económica y del régimen del 78 y, al mismo tiempo defender sin complejos la necesidad de procesos constituyentes para construir una alternativa a esta segunda restauración borbónica.

En un tiempo de frankensteins conviene recordar los sueños prometeicos de sus creadores: “debería ser tu Adán, pero soy tu ángel caído”.

Co-editor y miembro del comité de redacción de Sin Permiso.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 3 de junio 2018