Reino de España: el derecho de huelga en el banquillo

El 19 de enero, a las 18:30 horas, en el Auditorium Marcelino Camacho, CCOO y UGT han organizado un acto público para defender el derecho de huelga. Unas semanas después, el 9 de febrero, se inicia el juicio a los ocho sindicalistas y trabajadores de Airbus, para los que el fiscal solicita 66 años de cárcel. Son ya más de 300 las personas encausadas, algunas ya juzgadas y condenadas, otras a la espera de juicio, por participar en la organización y convocatoria de huelgas generales, sectoriales o de empresa. El Ministerio Fiscal y los poderes públicos, especialmente en la última legislatura del gobierno conservador, no se han andado con rodeos: petición de penas desproporcionadas para intentar acallar el conflicto laboral y criminalizar la actividad sindical.#HuelgaNoEsDelito

Sin derecho de huelga no hay democracia

Tomás, Enrique, Rodolfo, Edgar, José, Raúl, Armando y Jerónimo son los nombres de los ocho sindicalistas de Airbus que el próximo 9 de febrero serán juzgados por los incidentes ocurridos a las puertas de la empresa, en Getafe (Madrid), durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral que abarató el despido; y para quienes la Fiscalía pide 66 años de cárcel (ocho años y tres meses para cada uno), basándose en el artículo 315.3 del Código Penal por el simple hecho de ejercer el derecho constitucional de huelga. Un derecho al que nunca renunciará CCOO.

Aquel día varios trabajadores resultaron heridos como consecuencia de una brutal carga de los antidisturbios, que no tuvieron reparos en utilizar sus armas de fuego y disparar al aire para “disuadir” a los sindicalistas y trabajadores concentrados a las puertas de la fábrica.

Un juicio político

Como ha denunciado en reiteradas ocasiones el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, no hay ninguna duda de que estamos ante un juicio político contra el derecho de huelga y los representantes sindicales. La desproporcionada e injusta petición de cárcel para los sindicalistas imputados no tiene precedente en nuestra democracia. Una decisión que obedece a una ofensiva planificada para perseguir al sindicalismo de clase, criminalizar a quienes ejercen el derecho de huelga y generar un clima de miedo que evite la protesta y la movilización, como lo demuestra el hecho de que ahora se utilice el artículo 315.3 del Código Penal para pedir penas de prisión, del que no se había hecho uso desde la época franquista.

Durante más de treinta y cinco años, los trabajadores y trabajadoras han ejercido democrática y constitucionalmente el derecho de huelga. Un derecho ahora cuestionado por los poderes públicos, como demuestran las múltiples actuaciones penales abiertas contra sindicalistas

El 9 de febrero se sentarán en el banquillo 8 sindicalistas de Airbus. Con ello pretenden juzgar el ejercicio del derecho de huelga

En estos momentos hay abiertos 81 procesos administrativos y penales contra unos 300 sindicalistas y trabajadores en toda España, acusados por su participación en piquetes informativos en huelgas generales, sectoriales o de empresas. Algunos ya han sido juzgados, con escandalosas sentencias (incluso un compañero llegó a ingresar en prisión). En el caso de “Los 8 de Airbus”, uno de los más graves, estamos ante la mayor exigencia de penas desde el histórico proceso 1001.

“No nos van a callar”

Frente a este ataque sin precedentes a la libertad sindical, CCOO y UGT han mante- nido a lo largo de los últimos años una intensa campaña de movilización bajo el lema “HUELGA NO ES DELITO”, para denunciar la criminalización del derecho de huelga y apoyar a los sindicalistas y trabajadores encausados y condenados.

Los sindicatos han recogido  firmas en señal de solidaridad. Han puesto en marcha todos los medios legales para impedir que ninguna persona entre en prisión por ejercer su derecho a la huelga. Han mantenido reuniones con los ministro de Justicia, la Fiscalía del Estado, el Consejo General del Poder Judicial; con representantes de la OIT, con organizaciones profesionales del Derecho, grupos parlamentarios... para trasladarles la injusta situación aquí denunciada. Asimismo, se han dirigido a los tribunales europeos de Justicia en demanda de la protección a la libertad sindical que quieren arrebatarnos.

Una campaña de movilización que ha sido respaldada por miles de trabajadores y trabajadoras en todo el país; secciones sindicales y comités de empresa, que han dejado claro que “Los 8 de Airbus y los sindicalistas encausados no están solos, pues la ofensiva penal contra el derecho de huelga afecta a toda la clase trabajadora”.

Un ataque sin precedentes que, en palabras de Toxo, “no vamos a tolerar y ante el que no vamos a permanecer callados ni parados”.

Por ello, ante la proximidad del inicio del juicio contra “Los 8 de Airbus”, CCOO y UGT han convocado un acto público para el próximo 19 de enero, que se celebrará a partir de las 18.30 horas en el Auditorio Marcelino Camacho, en defensa del dere- cho de huelga y de la libertad sindical.

Allí estarán “Los 8 de Airbus”, acompañados por los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, junto a representantes de la Confederación Sindical Internacional (CSI), de la Confederación Europea de Sindicatos (CES); de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del Consejo Económico y Social, representantes del mundo académico, de la cultura, y por profesionales del Derecho. El objetivo es defender su causa, así como el derecho de huelga y pedir la derogación del artículo 315.3 del Código Penal que criminaliza el ejercicio de este derecho constitucional.

Manifiesto  de los profesionales del derecho contra la criminalización del derecho de huelga

Durante cuarenta años el franquismo mantuvo una hostilidad permanente frente al conflicto social y especialmente laboral. Era la expresión de su ADN político, combatir la clase social de los trabajadores a los que nunca quiso libres ni iguales. La huelga fue siempre ilegal hasta 1977, una vez muerto el Dictador, y esa ilegalidad implicaba despidos, multas y cárcel. Fueron necesarios muchos esfuerzos y demasiadas vidas truncadas en la lucha por las libertades democráticas que culminó en la amnistía política y laboral y la emanación de un texto constitucional. La Constitución supuso la remoción de la persecución contra el conflicto laboral y social, la huelga se reconoció como un derecho fundamental dotado de la mayor protección jurídica, junto con la libertad sindical. El sistema democrático no es concebible sin el respeto de los poderes públicos y privados al ejercicio de este derecho, que está conectado directamente con el compromiso del Estado Social y de los sujetos de relevancia constitucional como los sindicatos para promover la igualdad efectiva eliminando las situaciones de desigualdad social, económica y cultural.

Sobre esta normalidad democrática que lleva aparejado el reconocimiento de los derechos colectivos de trabajo, a partir del 2010 hemos sufrido en España un paulatino y creciente ataque a los derechos sociales de la ciudadanía y a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país causados por la aplicación de injustas, arbitrarias e irrazonables políticas de austeridad que, especialmente a partir del 2012, han causado un inmenso sufrimiento social y han incrementado la desigualdad y la exclusión en una buena parte de las clases subalternas. El ciclo de luchas desarrollado en España en esta etapa, especialmente entre 2010 y 2014, expresa una fuerte resistencia ciudadana a tales medidas y es posiblemente la fase de mayor entidad y consistencia de movilizaciones sociales, por la cantidad y diversidad de figuras sociales comprometidas, desde la transición a la democracia, hace ya 40 años. En esas luchas han cobrado una relevancia extraordinaria las huelgas generales convocadas por los sindicatos en 2010 y 2012, que unieron protesta y propuesta alternativa frente a la desregulación normativa y la deconstrucción del sistema de derechos laborales.

La respuesta de los poderes públicos a estas intensas movilizaciones ha consistido esencialmente en la criminalización selectiva de los participantes y la instauración de un marco represivo general –la Ley de Seguridad Ciudadana y el nuevo Código Penal entre otras–  que disuada en el futuro frente a las expresiones más efectivas de la protesta ciudadana. En nuestro país el Ministerio Fiscal, siguiendo órdenes del Gobierno, ha instruido causas criminales contra una larga serie de sindicalistas y activistas de la clase obrera que suman ya 300 personas, entre dirigentes sindicales, miembros de los órganos de representación de los trabajadores y, en general, militantes sindicales. Es el sindicalismo y su capacidad de organizar la resistencia de los trabajadores y de las trabajadoras el objetivo de esta incriminación penal, que puede acarrear condenas de dos a ocho años de cárcel, como se solicitan para los miembros del comité de empresa de Airbus cuyo juicio se celebra el próximo 9 de febrero.

Los abajo firmantes, como juristas y profesionales, como investigadores sociales y profesores, mujeres y hombres que creemos en la democracia y en la legitimidad de los instrumentos de conflicto colectivo que reconoce nuestra Constitución a los trabajadores y trabajadoras y a sus organizaciones representativas para superar la desigualdad intrínseca propia de la relación de trabajo, no podemos ni queremos callar ante esta operación que busca eliminar el derecho de huelga y estigmatizar a los sindicatos como autores de actos de violencia y coacción que nunca se han producido.

Alertamos a la opinión pública sobre este gravísimo atentado a las libertades democráticas y a los derechos sociales que llevan implícitos, solicitamos al nuevo Parlamento la revisión del Código Penal, con exclusión de los preceptos criminalizadores que han constituido la excusa para el plan represivo del poder público; expresamos nuestra solidaridad activa con las personas procesadas y exigimos restaurar de forma nítida el derecho de huelga como valor central de nuestra democracia, reivindicando que  los ciudadanos que lo hemos ejercitado no somos delincuentes ni súbditos: somos ciudadanos que rechazan la injusticia y la arbitrariedad afirmando el valor de la igualdad y de los derechos que derivan del trabajo. La huelga no es un delito sino expresión inexcusable del Estado Social y Democrático de Derecho que proclama la Constitución Española y negar este derecho fundamental mediante la penalización de su ejercicio retrotrae a etapas que creíamos felizmente superadas.

Las adhesiones a este manifiesto pueden hacerse llegar, con nombre, apellidos y profesión a emparpm@ccoo.es  hasta el día 17 de enero incluido.

http://baylos.blogspot.com.es/2016/01/la-huelga-no-es-un-delito.html