Reino de España: El escenario de la disyuntiva catalana

Gustavo Buster

15/10/2017

“El sabio tiene ojos en su cabeza,

más el necio anda en tinieblas.

Pero yo se también que ambos corren la misma suerte”

Kohelet (Ecclesiastes) 2:14

 

Después de las masivas movilizaciones populares del 1 y el 3 de octubre, el movimiento soberanista catalán tropezó con su propia institucionalización. La sesión del Parlament de Catalunya que debía proclamar su independencia, aplicando la nueva legalidad prevista en la Ley de Transitoriedad, se quedó en una mera “asunción”  por parte del President Puigdemont de los resultados del referéndum, cuyas previstas consecuencias jurídico-políticas debían quedar aplazadas por los representantes de una soberanía, que no llegaron a ejercerla en forma de voto.

Como señaló Marx, “entre derechos iguales, es la fuerza la que decide”. Y la solución a esta disyuntiva -que implica, con la aplicación del art. 155 de la Constitución de 1978, la intervención formal de las instituciones de la Generalitat-, fue obviar que se manifestase en ella la soberanía expresada, a pesar de la represión del estado del 1 de octubre. La proclamación de la República catalana fue obviada primero y suspendida después. Lo que siguió fue la firma de una declaración de intenciones sin valor jurídico-constituyente.

Llegados a ese punto, todos habían corrido la misma suerte: La CUP y otros diputados del bloque independentista, que se enteraron una hora antes del nuevo escenario; los manifestantes congregados, pero mantenidos a una prudencial distancia por el dispositivo de los Mossos; los aliviados diputados de Catalunya si que es pot (CSQP), que no esperaban este cambio de centralidad del “bloque independentista” al “bloque soberanista”, en el momento de su propia marginalidad; Iceta y el PSC, que fueron los primeros en ver con sus ojos lo que estaba pasando; y Arrimadas (Ciudadanos) y García Albiol (PP), que decidieron cerrar los suyos en las tinieblas tenebrosas que tenían previsto iluminar con la intervención de la Generalitat.

“Nada hay más engañoso que un hecho obvio” repetía a los convencidos Sherlock Holmes. Y algo de eso ha pasado con el carácter de clase de la dirección del procés, que la tarde del 10 de octubre se protegió debidamente del movimiento en el Parque de la Ciutadella. Lo que había doblado la mano de Puigdemont no habían sido ni los fiscales y los jueces que habían citado a Trapero, Sánchez y Cuixart, ni la detención de los 14 altos funcionarios de la Generalitat, ni las cuantiosas multas a los convocantes de la consulta del 9-N, ni las analogías con el trágico destino del President Companys del portavoz del PP Casado, ni la represión a palos del referéndum del 1 de octubre. Lo que había cambiado el guión era la deslocalización de las sedes sociales de las principales empresas de Cataluña, empezando por La Caixa.

Al apoyo social del “Paro cívico” y la “huelga general” del 3 de octubre, la patronal respondió con un cierre fiscal empresarial, cuyas consecuencias –esas sí- el Govern “asumió” plenamente. El fracaso de las porras dio paso al triunfo del mercado. Aunque en este caso fuese a golpe de teléfono de los ministerios de Hacienda y de Economía y un decreto aprobado en 24 horas por el gobierno Rajoy para hacer innecesaria la reunión de las juntas de accionistas ante la decisión de los comités de dirección de las empresas. Si el movimiento había superado su ingenuidad inicial sobre la naturaleza del régimen del 78 el 1 de octubre, la dirección del procés tardó algo más en comprender la de los “mercados” (hubo quién aseguró que mantenían su sede social en los “Paisos Catalans”). La conclusión jurídico-política fue el discurso de Puigdemont y un nuevo ejercicio de ingenuidad, expresado en su ambigüedad.

No pasaron veinticuatro horas antes de que el gobierno Rajoy emplazase a Puigdemont y a la Generalitat a aclararla: ¿Ha proclamado la independencia, si o no? Pero Rajoy adelantó en su intervención en el Congreso de los Diputados el día 11 de octubre el hecho obvio: que bastaba contestar que “no” para reafirmar lo que ya todo el mundo creía, desde la CUP al PNV, pasando por el PSC, Unidos Podemos y la mayoría de los grupos parlamentarios, tanto del Parlament como del Congreso.

Los únicos que se han empeñado, por razones interesadas, en denunciar como engañoso lo obvio, ha sido el “frente constitucionalista” maximalista y transversal que ha cobrado forma estas semanas, compuesto por Ciudadanos y sectores del PP, apoyado por los “poderes fácticos” desvelados en el mensaje de Felipe VI, orientado desde el Consejo Editorial de Prisa-El País por los exdirigentes socialistas detrás de Felipe González y por la FAES de Aznar. Su programa es superar la crisis del régimen del 78 a golpe de aplicación del artículo 155.

Tan sorprendente como el propio discurso de Puigdemont ha sido la finta política de Rajoy para distanciarse del frente maximalista y construir otro “bloque constitucionalista”, pretendidamente moderado, con la dirección del PSOE de Pedro Sánchez. Rajoy parece convencido que la aplicación plena del 155 contra la Generalitat desencadenaría la crisis final del régimen del 78, no la estabilización de la segunda restauración borbónica. El precio ha sido la aceptación de una comisión de estudio parlamentaria de la reforma constitucional propuesta por el PSOE. Es decir, aceptar que la crisis del régimen del 78 exige una solución que va más allá de él, aunque se llegue a ella por un proceso controlado desde el bipartidismo menguante.

La propuesta de Pedro Sánchez es ‘estratégica’: atrapar a Rajoy en una pinza para hegemonizar al mismo tiempo una alternancia de centro-izquierda del “mal menor” que deje extra-muros a Unidos Podemos. En el plazo de seis meses, los trabajos de la comisión se convertirían en la base de los programas electorales de los partidos políticos, lo que obligaría a convocar elecciones antes de que acabe 2018. El PSOE rentabilizaría en positivo el desengaño y la frustración de no haber podido transformar en “procesos constituyentes” el ciclo político que va del 15-M de 2011 al 1 de octubre de 2017. Que esas propuestas de reforma constitucional tengan todas las posibilidades de verse frustradas  posteriormente por los vetos del PP y Ciudadanos escapa al propio objetivo de Pedro Sánchez, que es llegar al gobierno con el máximo de autonomía posible del PP y de Unidos Podemos.

La opción de Rajoy es ‘táctica’: los dos objetivos de su gobierno en minoría –el ajuste económico acordado con la UE y la gestión de la crisis soberanista en Catalunya- se encuentran bloqueados. No podrá contar con el apoyo del PNV para la aprobación de los presupuestos de 2018, como hizo con los de 2017, que tendrá que prorrogar; y la aplicación del art. 155 no sería sino la constatación del fracaso de su gestión de la crisis territorial desde el mismo momento del recurso ante el Tribunal Constitucional del Estatut catalán de 2005. En uno y otro caso, tras dos mandatos y un gobierno en funciones, solo puede convertirse en el chivo expiatorio de la crisis del régimen del 78.

En la intervención de Rajoy en el Congreso de los Diputados, el 11 de octubre, fue patente el alcance de esta maniobra política, que quiere reconstruir el bipartidismo  a corto plazo no solo con el PSOE de Pedro Sánchez, sino con el “catalanismo moderado” y con el autonomismo vasco. Ello dejaría a su derecha al frente maximalista encabezado por Ciudadanos y apoyado por los “poderes fácticos”;  y a su izquierda a Unidos Podemos y las izquierdas nacionalistas, con su propuesta de “procesos constituyentes” (incluyendo referéndum legal y pactado).

No hay que insistir demasiado en que la solidez de esta propuesta se puede convertir en aire en unos plazos aun más cortos que los vividos entre el pico del movimiento soberanista catalán entre el 1 y el 3 de octubre, la contraofensiva de Rajoy entre el mensaje de Felipe VI a la deslocalización fiscal de las empresas el 9 de octubre, y la propuesta de “diálogo”, definida de manera muy distinta por cada uno de los tres espacios políticos que se han conformado estos días en el Reino de España.

Creer que Rajoy ha recuperado la iniciativa política para salir del callejón sin salida de su gestión de la crisis soberanista catalana es presuponer que puede ejercer más presión sobre Puigdemont que el movimiento popular soberanista, sus principales partidos (ERC y CUP) y sus organizaciones (ANC y Omnium) hasta el lunes 16 de octubre; que no se verá desbordado, con motivos o sin ellos, por el frente maximalista del régimen del 78 que exige intervenir la Generalitat formalmente y convocar desde Madrid unas elecciones autonómicas –tal vez con la prohibición de algunos de los partidos independentistas, si es necesario- que permitan un Govern “constitucionalista” encabezado por Ciudadanos; y que la presión de Unidos Podemos, y lo que representa socialmente, no haga mella en el PSOE. Añádase la difícilmente contenida presión social que dejan ver la movilización de Murcia contra el AVE y la manifestación de CCOO y UGT en defensa de las pensiones o la sesión del miércoles 11 de octubre del juicio por corrupción del caso Gürtel, en la que el fiscal calificó al PP de “partícipe a título lucrativo”.

Si en pocas horas de cuando se escribe esto, Puigdemont contesta que “No” se ha declarado la independencia de la República catalana, Rajoy habrá ganado un margen imprescindible, pero no suficiente, para intentar desarrollar su plan de gestión de la crisis. El “bloque independentista” se romperá en Catalunya –como ha anunciado ya la CUP- y el movimiento soberanista emprenderá la ardua tarea de construir su resistencia, forjar una nueva dirección y reelaborar su estrategia. No tendrá mucho tiempo para balances, porque el “No” supondrá más pronto que tarde la convocatoria de elecciones autonómicas en las que tendrá que luchar contra los efectos de la frustración en sus filas y contra la amenaza de un frente “unionista” encabezado por Ciudadanos. Rajoy podrá, con la ayuda del PSOE y en beneficio de este último, aplazar la convocatoria de elecciones generales en el Reino de España hasta comienzos de 2019.

En caso contrario, la aplicación plena del art. 155 será cuestión de horas, e ira acompañada de represión tanto en Catalunya como en el resto del Reino de España. Rajoy se verá cabalgando un bloque maximalista de defensa del régimen del 78 que no controlará. Las consecuencias estructurales de la crisis del régimen del 78 pondrán de manifiesto no solo sus limitaciones de gestión de la crisis económica, social  y territorial, sino también sus aspectos más mórbidos, que han aparecido estos días con la extrema derecha en la calle.  Pero cualquier espejismo de estabilidad se desvanecerá rápidamente. Cuando Rajoy imaginó este escenario en el mes de junio,  durante la moción de censura fallida de Unidos Podemos, lo definió con su habitual precisión: “cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor, mejor para mi, el suyo beneficio político”. No sabíamos hasta que punto podía tener razón por mucho que no se le entendiera.

En pocas horas sabremos el escenario que se abrirá y su compleja evolución dependerá de las actuaciones de todos los actores políticos. En cualquier caso, la respuesta autónoma del movimiento soberanista catalán será un factor determinante. Los cálculos del gobierno Rajoy lo menospreciaron antes del 1 y el 3 de octubre, como también la reacción de solidaridad en todo el Reino contra la represión en Catalunya y a favor del “diálogo”. Es más, aprendida la lección tras la movilización de más de dos millones de personas en Catalunya, el gobierno Rajoy se vio obligado a integrar en sus maniobras institucionales también la movilización de sectores sociales a favor del “nacionalismo constitucionalista español”, sin importarle que una parte del mismo fuera pre-constitucional y de extrema derecha.

A la sombra de las conmemoraciones del aniversario del fusilamiento del President de la Generalitat Lluis Companys el 15 de octubre de 1940, este fin de semana se han celebrado multitud de reuniones de las organizaciones sociales del soberanismo, ANC, Omnium, pero también los nuevos CDR o las Taulas per la Democracia, surgidos de la defensa de los colegios convertidos en centros electorales el 1 de octubre y de los piquetes informativos de la huelga del 3 de octubre. De ellos dependerá la resistencia popular .

Miembro del Comité de Redacción de Sin Permiso.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 15 de octubre 2017