Reino de España: el interregno del equilibrio inestable

G. Buster

16/07/2017

En la vieja ciénaga,

el suave chapoteo de la pequeña rana

que salta al agua…

Matsuo Basho, 1681

 

Antes de las vacaciones, Mariano Rajoy ha conseguido apuntalar uno de los dos pilares de esta legislatura-ciénaga. La aprobación de los presupuestos de 2017 y el techo de gasto de los presupuestos de 2018 le aseguran el cumplimiento de su acuerdo de ajuste económico trienal con la Unión Europea.

Para ello ha tenido que abandonar su Plan A de pactos de estado con el PSOE –imposibles después de las primarias y el Congreso socialista que reeligieron a Pedro Sánchez como secretario general-, pero ha conseguido consolidar su Plan B: una convergencia de intereses a corto sobre el reparto del presupuesto con las versiones A y B del autonomismo canario y, sobre todo, el Partido Nacionalista Vasco, con el apoyo incondicional (o algo que se le parece mucho) de Ciudadanos. En su primera materialización, el Plan B contó con 176 votos contra 175 para los presupuestos de 2017. Para el techo de gasto de 2018, le han bastado 175 contra 173 votos.

El nuevo techo de gasto supone un aumento del 1,29% en relación con el de 2017. No es que tenga mucho sentido hacer las cuentas de los 119.834 millones de euros aprobados, con un crecimiento previsto de casi el 3% del PIB. En los últimos seis años nunca ha respetado el gobierno la Ley de Presupuestos y solo en 2017 tiene previsto cumplir el déficit fiscal acordado con la UE. Montoro gestiona el presupuesto como las cuentas de la vieja: fija techos a ministerios, autonomías y ayuntamientos pero no transfiere las partidas presupuestarias en su totalidad hasta el final del año, porque solo se fía de sus propios ajustes. No ha tenido sin embargo demasiada puntería hasta ahora. Y la nueva lógica presupuestaria introducida con las negociaciones del “cuponazo” en 2017 supone la aceptación como principio contable de la máxima “para todos los recortes, para los amigos los favores”. Esa es la base material del Plan B.

El PNV gestiona sus intereses…

El PNV, cuya abstención supuso que la Constitución no fuera aprobada en Euskadi, se ha convertido en el principal sostén del gobierno del Partido Popular y, de paso, del Régimen del 78.

En 2013, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, lo explicaba así: “Hoy, el PNV tiene la misma posición que en 1978: no podemos darle nuestro reconocimiento a la Constitución Española. El PNV nunca aprobó la Constitución Española. El PNV se abstuvo, como hizo la mayoría de este país, Euskadi, el día que se votó la Constitución. El PNV no podía dar su OK a una Constitución que no reconocía al pueblo vasco como nación”. Y fijo cuatro condiciones inexcusables para que el PNV diese su visto bueno a una hipotética reforma constitucional: “Que se reconozca la existencia de la nación vasca; que se reconozca su bilateralidad en las relaciones con el Estado; que se reconozca la presencia vasca en la Unión Europea de manera específica; y una reordenación competencial adecuada a los nuevos tiempos”.

En los argumentos adelantados estos días para justificar su apoyo a los presupuestos y el techo de gasto que aseguran la política económica neoliberal del PP, el PNV ha hecho hincapié en tres: en la bilateralidad de las negociaciones presupuestarias, en la participación de la policía autonómica vasca -la Ertzaintza- en la red antiterrorista europea y en la falta de una alternativa al gobierno del PP. Y ha añadido que los resultados del “cuponazo” para la comunidad autónoma vasca son tan innegables que EH Bildu y Elkarrekin Podemos no tendrán más remedio que reconocerlo así y votarlos afirmativamente. Todos estos argumentos son tácticos y responden a una profecía autocumplida: la bilateralidad de la que se habla es la establecida por el estatuto de autonomía de 1979, no el aprobado por el parlamento vasco en diciembre de 2004, y a la falta de alternativa al PP contribuye sin duda el apoyo del PNV al PP.

Pero ¿cómo justificar en términos estratégicos este apoyo cuando el 1 de octubre la convocatoria del referéndum catalán ponga en cuestión la Constitución de 1978, precisamente por no reconocer al pueblo catalán como una nación? ¿En que correlación de fuerzas se encontraría el PP y el gobierno Rajoy de no contar con la “estabilidad” presupuestaria que le ha otorgado el apoyo del PNV para los próximos tres años?

Incluso la argumentación táctica es cuestionable cuando se incluye en el escenario el ataque frontal del gobierno Rajoy contra el gobierno tripartito de Navarra, las peticiones de condenas de Alsasua o la situación de los presos políticos vascos. De hecho cabe una lectura menos “tacticista” y más estratégica, aplicada a la propia Euskadi: lo que al PNV le preocupa es una alternativa a su propio gobierno vasco apoyado en el PSOE, si se produce una confluencia entre EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

…Y los demás maquinan estrategias de aparatos

Con el PNV como balanza del equilibrio inestable en Madrid, el Plan C del gobierno Rajoy pretende un cambio completo de escenario, poniendo en primer plano la inmutabilidad de la Constitución de 1978. Para ello necesita el apoyo del PSOE, por mucho que intente utilizar el ejemplo de la bilateralidad del “cuponazo” presupuestario negociado con el PNV con sectores del PDeCAT, amenazados no solo por su déficit autonómico sino en su patrimonio personal por el Tribunal Constitucional.

El PSOE, sin embargo, termina el curso parlamentario marcando prudentemente las distancias del PP. Su objetivo estratégico es articular una mayoría de gobierno que recupere la alternancia del régimen del 78 en su vertiente de centro-izquierda, no continuar el suicidio político de la subordinación al PP en nombre de la estabilidad de su disuelta y repudiada gestora. Ha dejado a Unidos Podemos degastar la alternativa al régimen del 78 en la reciente moción de censura, marcando sus condiciones para un gobierno de centro-izquierda a la portuguesa, que aparece como el único posible para sustituir a Rajoy según las encuestas …pero dentro de tres años y después de nuevas elecciones generales. Y Pedro Sánchez y sus asesores están convencidos que en esta larga estrategia de asedio y erosión al PP la gestión de su posición antes y después del 1 de octubre catalán puede serle favorable si es capaz de aparecer como el mal menor en la crisis política del estado de las autonomías –ya no solo fiscal- que se avecina tras el verano.

La metáfora del equilibrio inestable es esencialmente mecanicista, que no mecánica. Responde no a las fuerzas reales en liza, sino a los cálculos de los efectos de las maniobras tácticas de los diferentes aparatos políticos. Y es eso lo que ocurre en el escenario político del Reino de España. En esas maquinaciones se han dejado de lado, por el momento, la erosión de la corrupción –que afecta no solo al PP, sino al conjunto del régimen del 78- y un ajuste presupuestario que depende no solo de un solo voto, sino sobre todo de que no se frustre más pronto que tarde la asimétrica recuperación económica y las nuevas burbujas financieras creadas por la flexibilización cuantitativa del Banco Central Europeo provoquen una nueva recesión y hagan ingestionable una deuda pública del 100%.

Pero sobre todo, tienden a proyectar la inevitable crisis del 1 de octubre catalán como un mero choque institucional, por duro que sea, sobre los límites constitucionales del régimen del 78. Sobre si el gobierno del PP debe aplicar el artículo 155 de la Constitución y poner a sus órdenes a los funcionarios autonómicos catalanes y congelar las cuentas de sus ayuntamientos e instituciones; y si contará para ello con el apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados, que es lo mismo que decir del PSOE –con todas las críticas y propuestas de diálogo posteriores que Pedro Sánchez pueda argumentar- , porque de Ciudadanos ya lo tiene incondicional y azuzando.

Y, sin embargo, lo que está detrás del 1 de octubre es si los catalanes, con todas sus diferencias y complejidades socio-económicas y culturales, son o no un pueblo. No en su vertiente romántica, o incluso cultural, sino ciudadana y republicana. Si están dispuestos y son capaces de comparecer en el escenario político directamente, cuando las instituciones que les representan sean intervenidas o anuladas, para reclamar su soberanía. Porque todas las maquinaciones en este interregno del equilibrio inestable descartan cualquier otro escenario que no sea su pasividad frustrada y actuación testimonial, que condicionarán sin duda unas elecciones autonómicas post-1 de octubre, pero no cambiarán sustancialmente el marco institucional, cualquiera que sean las mayorías y minorías representadas en él.

El mecanicismo es, como sabemos, una ilusión ideológica, pero que aplicado a la política suele pensar que ante derechos en disputa, es la fuerza finalmente la que decide. En este caso, entre una monarquía parlamentaria borbónica y una aspiración republicana popular. Conviene no olvidarlo a la hora de tomar partido.

Miembro del comité de redacción de Sin Permiso.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 16 de julio 2017