Reino de España: El salario mínimo y la estrategia sindical

Miguel Salas

13/01/2018

Es evidente que uno de los problemas más importantes que ha generado la crisis económica desde 2008 es la creciente desigualdad social. El abismo económico, cultural y social entre las clases sociales es una característica del capitalismo. Durante los años de bonanza económica pareció reducirse la desigualdad que la crisis actual ha vuelto a ampliar. El 10% más rico acapara hoy la misma renta que el 50% de toda la población. 12,9 millones de personas están en riesgo de exclusión y pobreza, la mitad de los desempleados no cobran subsidio alguno y la mitad de quienes lo cobran reciben, únicamente, la pensión asistencial. Estamos a la cola de Europa en el reparto de la renta. El Coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en el reparto de ingresos entre los hogares, sitúa a España en 2016, último año publicado, a la cola de la UE-28, sólo por delante de Rumanía, Lituania y Bulgaria. En cuanto al reparto de la riqueza, según la Encuesta financiera de las familias del Banco de España, la desigualdad de patrimonio entre los hogares se ha doblado en sólo 12 años. Si en 2002 el 50% de hogares más ricos tenía un patrimonio medio 6,6 veces mayor que el del 50% de hogares más pobres, esa diferencia ha pasado a ser de 12,2 veces en 2014. La mitad más rica del país ha incrementado su patrimonio medio en un 29%, mientras que la mitad más pobre lo ha reducido en un 30%.

El salario medio se ha devaluado alrededor de un 7% en estos años de crisis, y la desigualdad entre tramos salariales ha crecido de manera importante, porque el 10% de los salarios más bajos había perdido hasta 2015 un 22,5%. Además, la cifra de desempleados no baja de los 3,7 millones y los salarios ya no dan para vivir al 31% de quienes trabajan que, aún con empleo, no pueden abandonar el riesgo de pobreza.

El encarecimiento de los servicios básicos ha sido brutal y se ha comido buena parte de los aumentos salariales. En este inicio de 2018, el gas ha subido una media del 6,2%; la luz un 10% y el agua alrededor de un euro por mes (depende de la zona geográfica) Han subido los peajes, el transporte público, las telecomunicaciones y hasta los sellos de Correos. En esta comparativa se puede ver la relación entre el aumento de los servicios básicos y los salarios.

 

Agua

Gas

Luz

Salarios

2007 (Media mensual)

13 €

37 €

46 €

1.035 €

2017 (Media mensual)

23 €

55 €

88 €

1.178 €

En diez años, el agua ha subido un 76%; el gas, un 48%; la luz, un 87%, mientas los salarios solo un 13%. En 2007, para pagar estos servicios básicos se necesitaba un 9% del salario medio, ahora se necesita un 14%. Se podrían añadir muchos otros elementos estadísticos, como por ejemplo la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, para mostrar la brutalidad de la crisis capitalista para la mayoría de las familias de clase trabajadora.

Acuerdo sobre salario mínimo

En este marco de creciente desigualdad, el 26 de diciembre se firmó un acuerdo entre el gobierno, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales por el que el gobierno se compromete a subir el salario mínimo hasta 850 euros en tres años, un 4% este 2018, un 5% para el 2019 y un 10% en el 2020. Pero, a última hora, el gobierno introdujo unas cláusulas que condicionan el acuerdo a que la economía registre un crecimiento del PIB real del 2,5% o superior y un incremento de la afiliación media a la Seguridad Social superior a las 450.000 personas. De no cumplirse estas condiciones se abriría un mecanismo de renegociación de los incrementos. De este acuerdo se pueden beneficiar directamente unos 530.000 trabajadores y trabajadoras e indirectamente puede ayudar en las negociaciones de convenios colectivos de los sectores con salarios más bajos. Pero, el acuerdo tiene toda una serie de limitaciones y repercusiones políticas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el salario mínimo es también una referencia para el gasto social porque determina ayudas directas o indirectas de prestaciones sociales, desempleo, ayuda para vivienda, etc. Sin embargo, el acuerdo no incluye el aumento del salario mínimo para el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) que detrás de ese pomposo nombre es la referencia para las prestaciones sociales, que se quedaría en 537 euros.

La decisión, no poco importante, de condicionarlo a la evolución de la situación económica, incierta en estos momentos, podría suponer que el “importantísimo” acuerdo acabara en agua de borrajas, por lo tanto, mejor no lanzar las campanas al vuelo y situarlo en su justo término. Los gobiernos suelen utilizar el salario mínimo como arma política de promesas que no siempre cumplen. En su época de presidente Zapatero prometió que el salario mínimo llegaría a los 800 euros, ¡pues aún no hemos llegado! M. Rajoy se hace ahora la foto con los sindicatos, después de una durísima derrota electoral en Catalunya, y también promete, habrá que ver si lo cumple, Además, con esa foto M. Rajoy pretende también neutralizar la proposición de ley presentada por Unidos Podemos y que fue aprobada por mayoría simple en noviembre de 2016, con el voto en contra del PP y la abstención de C,s, en la que se contemplaba una subida del salario mínimo hasta 800 euros en 2018 y 950 en 2020. Evidentemente, el PP no le hizo caso y ha impedido que el gobierno ponga en práctica una decisión del Parlamento.

Y para poner todas las cosas en su sitio, recordar que en el 2017 el salario mínimo subió un 8% (para el 2018 se ha pactado sólo el 4%) ¿Por qué razón? ¿Se volvió loco M. Rajoy? No, más sencillo, necesitaba votos para su investidura a finales del 2016 y para lograrlo tuvo que ceder con ese aumento. Recordemos también la legítima protesta en ese momento de los dos principales sindicatos. La Gaceta Sindical de CCO de noviembre de 2016, declaraba: “Lo ocurrido con el SMI no ha sido un buen precedente, porque más allá de una subida que CCOO considera insuficiente –los sindicatos pedían un SMI de 800 euros en 2017 y el incremento pactado por PP y PSOE fue de 707,6– lo intolerable ha sido hurtar al diálogo social una materia que es de su exclusiva competencia”. Recordemos que por el acuerdo pactado este 26 de diciembre el salario mínimo para 2018 será de 736 euros, muy lejos aún de los 800 que los sindicatos pedían para 2017.  

O sea, parece como si el salario mínimo sea una carta que se utiliza o se esconde, ya sea para una investidura o para una foto con los agentes sociales, y, sin embargo, lo que se necesita es una cantidad justa que pueda satisfacer necesidades básicas.

¡A la ofensiva! ¿Qué ofensiva?

Lo que parece evidente es que se necesita un plan y una movilización lo más amplia y general posible para revertir la actual situación. Los beneficios empresariales crecen el triple que los salarios y los dividendos pagados a los accionistas subieron un 10% en el primer semestre del 2017, mientras los salarios han perdido un 0,6% de poder adquisitivo (hasta noviembre de 2017 los salarios pactados en convenio subieron un 1,43% de media frente a una subida media de los precios de consumo del 2,04%) y las pensiones han perdido 1,8 puntos, y todo eso con una escandalosa cifra de precariedad laboral.

Hace pocos días, el secretario de CCOO, Unai Sordo, declaraba en Extremadura que “CCOO quiere protagonizar la ofensiva contra la desigualdad”. La gran batalla es la lucha contra la desigualdad, ya que el crecimiento económico no se traduce en mejores condiciones de vida, salarios dignos, ni en empleo de calidad, se repite desde CCOO y UGT. Las CCOO de Catalunya hace ya meses que insisten en que hay que pasar a la ofensiva contra la precariedad y para recuperar derechos y salarios. A finales del verano de 2017, CCOO anunciaba: “La negociación colectiva se enfrenta a un otoño difícil y los sindicatos sabremos afrontarla con decisión y solvencia, y si fuera necesario estudiaremos la convocatoria de una amplia campaña de información y movilización en defensa del salario (también del poder adquisitivo perdido ante el NO acuerdo de 2017), el empleo de calidad y la protección social”.

Y, sin embargo, los pocos o muchos esfuerzos que se han hecho para revertir la situación y recuperar derechos y salarios no han tenido demasiado éxito. Para pasar a la ofensiva no es suficiente convocar una o muchas asambleas de delegados y delegadas y luego seguir como si no pasara nada, gestionando el día a día. Hay que constatar que el movimiento sindical no llega a estar a la altura de la gravedad de la situación, se ha debilitado enormemente su papel activo en el conflicto social, tanto a nivel de empresa como frente al Estado y las patronales, y tiene que recuperarlo. El diálogo social es algo real cuando se tiene y se demuestra la fuerza suficiente para imponer las exigencias de la gente trabajadora. No es una cuestión de responsabilidades, que cada cual asuma las que les corresponda, sino de establecer las razones de tales dificultades y, sobre todo, el plan que permita poner en pie las movilizaciones necesarias para recuperar lo perdido.

El sindicalismo de clase sigue siendo una herramienta imprescindible para la lucha contra la desigualdad y tiene su terreno específico para desarrollarla, en las negociaciones de convenio y/o sectoriales, en su poder de representación frente a las patronales y el Estado. Habría que tender a movilizaciones más amplias y unitarias y de confluencia en la negociación colectiva entre diferentes empresas o sectores.

El sindicalismo por sí solo no ha tenido la fuerza suficiente para resistir las políticas neoliberales contra las clases trabajadoras. Por eso se necesita buscar el máximo de alianzas y en plan de igualdad con el resto de movimientos sociales que luchan contra las actuales políticas económicas, mareas por la sanidad pública, o en defensa de la enseñanza y las pensiones, asociaciones de vecinos, en la lucha contra los ataques a los derechos democráticos, etc. etc.

Un tercer elemento, no menos importante, es la necesidad de ligar, de una manera u otra, la movilización y la lucha por mejorar las condiciones de vida y trabajo a cambios políticos. Hay que luchar ahora y exigir las reivindicaciones ahora, pero muchas de ellos son imposibles sin cambiar los gobiernos, sin dar un giro a la izquierda en las políticas, a través de la presión social y la electoral. No se trata de que el sindicalismo tenga que sustituir nada, se trata de sumar para cambiar. En junio de 2016, CCOO y UGT presentaron 20 medidas por un gobierno de cambio, entre las cuales planteaban un plan de choque por el empleo, derogar las reformas laborales, acabar con las políticas de austeridad, elevar los salarios y el salario mínimo, etc.

Relacionar las exigencias inmediatas de lucha por el empleo, contra la precariedad, por mejores salarios con reivindicaciones sociales y de cambio político es lo que puede abrir la perspectiva para resolver las dificultades reales para el desarrollo de movilizaciones generales contra las políticas neoliberales y sus gobiernos.
 

Sindicalista. Es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 12 de enero 2018