Reino de España: La batalla de los Presupuestos

Miguel Salas

21/10/2018

La propuesta de Presupuestos del Estado para el año 2019 se ha convertido en una dura e importante lucha política y, como si fuera una partida de billar, se juega a varias bandas. Una es la que tiene que ver con el aval de Bruselas; otra es el análisis de lo que significan tales Presupuestos; una tercera banda es la cerril reacción de las derechas que siguen desorientadas; finalmente, se necesita lograr una mayoría parlamentaria que los aprueben.

Vayamos por partes. La construcción europea se encuentra en una profunda crisis. El Brexit, las políticas antidemocráticas y antiinmigratorias de países como Hungría, Polonia o Austria y la demagogia política y económica del gobierno Salvini en Italia están convirtiendo a la Unión Europea en un polvorín. Además, están en crisis las estrictas medidas de austeridad que durante estos años fueron imponiendo Alemania y el Banco Central Europeo. Estas medidas han servido para aumentar las desigualdades y concentrar aún más el poder económico en las grandes multinacionales y en unos miles de multimillonarios, pero no para salir de la crisis. De hecho, son ya muchos los indicadores económicos que anuncian que se avecina un nuevo cataclismo económico.

Ante esta perspectiva, algunos sectores de la UE, incluso el gobierno alemán, estarían dispuestos a un cierto relajamiento de la austeridad económica sin poner en cuestión las líneas maestras de los últimos años. Tienen demasiados frentes abiertos -Italia, por ejemplo- como para poder afrontarlos todos a la vez. Este es el marco en el que los Presupuestos pactados entre el PSOE y Unidos-Podemos podrían ser avalados por Bruselas. El problema del déficit podría soslayarse; de hecho, ni siquiera los gobiernos del PP lo cumplieron, permitiendo con ello que salga un poco de vapor para que la caldera no explote. Para que no haya dudas de que el gobierno Sánchez quiere ser fiel cumplidor de los planes de austeridad europeos, ya ha respondido a Bruselas que estos Presupuestos representan “el mayor esfuerzo estructural” desde 2013. Es decir, en dinero contante y sonante, un ajuste mayor que en los últimos años de Rajoy, solo que al disponer de mayor recaudación se dedica una parte a medidas sociales. ¿Se puede cambiar la política económica manteniendo las imposiciones de Bruselas?   

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El acuerdo entre el PSOE y Unidos Podemos parece más un borrador de programa de gobierno que un acuerdo presupuestario, pues se incluyen declaraciones de intenciones o aspectos que superan los estrictamente económicos. Representa un giro respecto a las políticas impuestas por el PP durante los últimos años. El acuerdo incorpora medidas como:

  • Un salario mínimo de 900 euros (que afectaría a 1.300.000 personas).
  • El aumento de las pensiones según el IPC (garantizado para los dos próximos años).
  • Un subsidio para los parados mayores de 52 años.
  • Medidas para blindar la sanidad pública contra las privatizaciones.
  • Medidas contra el encarecimiento de la vivienda (ampliación de los contratos) y permitir que los ayuntamientos establezcan un techo para las subidas de alquiler.
  • Mayor financiación para los ayuntamientos.
  • Más dinero para la dependencia.
  • Igualar los permisos de maternidad y paternidad.
  • Financiación para la aplicación del pacto de Estado contra la violencia de género.
  • Derogar y/o modificar algunos artículos de la reforma laboral.
  • Una pequeña modificación de la Ley Mordaza.

Son medidas positivas en lo social, aunque limitadas. Como en todo presupuesto, hay que cuadrar las cuentas; y en el aspecto recaudatorio el esfuerzo es bien poco. Las medidas estrella de presión fiscal son: un impuesto del 3% sobre determinadas empresas digitales; un aumento del 1% en el patrimonio superior a 10 millones y el aumento del IRPF para quien cobra más de 130.000 euros. La presión fiscal en España sigue siendo baja, está entre las diez más bajas de la Unión Europea (el aumento que se propone solo representaría seis décimas más). La recaudación del impuesto sobre la renta representa un 7,3% del PIB, cuando la media europea está en el 9,4%. Aumentar el gasto social sin aumentar la fiscalidad sobre los beneficios capitalistas es una política de corto alcance.

El aumento de gasto social está calculado en unos 5.000 millones, muy por debajo de lo que se necesitaría, ya que Bruselas exige que el porcentaje de aumento del gasto social sea inferior al del crecimiento de la economía. Por eso, una parte importante del aumento de la recaudación fiscal se destinará a reducir deuda y el peso del gasto público en el conjunto de las cuentas del Reino. Son unos Presupuestos, tengámoslo bien en cuenta, en un marco de crisis del Régimen y que ni siquiera hace referencia al rechazo del artículo 135, el que exige primero pagar a los bancos antes de responder a las necesidades sociales.   

Los Presupuestos se quedan cortos respecto a una de las principales exigencias del movimiento sindical: la derogación de la reforma laboral del PP. Solo se maquillan algunos aspectos (modificación de las condiciones de trabajo, subsidio a los 52 años, subcontratación, eliminación del artículo 315.3 del Código Penal, por el que se condena a sindicalistas por participar en piquetes), pero no se entra en los aspectos fundamentales: que un convenio solo pueda derogarse cuando se firme uno nuevo, o que el convenio sectorial prevalga sobre el de empresa.

Se modifican algunos aspectos de la Ley Mordaza, pero se mantiene la devolución en caliente de los inmigrantes o el uso de balas de goma.

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Como era de esperar, la derecha ha respondido de manera ridícula, pero furibunda. Casado se ha ido a Bruselas a “alertar” sobre los Presupuestos y Ciudadanos amenaza con bloquearlos por “ilegales” (a estos posmodernos derechistas todo lo que no les parece bien lo consideran ilegal). Acostumbrados durante estos años a políticas directamente favorables para los ricos, cualquier pequeña medida social les parece una barbaridad y utilizarán su peso parlamentario -especialmente su mayoría en el Senado- y la presión de los poderes económicos y mediáticos para echar atrás los Presupuestos; en realidad para derrotar al gobierno e intentar convocar nuevas elecciones. Para responder a este ataque la lógica parlamentaria es insuficiente. Se necesita la presión y movilización ciudadana.

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Para cuadrar el círculo se requiere la mayoría parlamentaria necesaria. Pedro Sánchez es presidente del gobierno gracias al apoyo de las izquierdas y las fuerzas soberanistas e independentistas. ¿Se podrá repetir esa confluencia para votar los Presupuestos? La situación en Catalunya, y especialmente que sigan en la cárcel los dirigentes políticos y sociales del independentismo, se ha cruzado en el debate. Era iluso pensar lo contrario. Tiene toda la lógica política que los independentistas catalanes presionen para que sus líderes abandonen la prisión, no están condenados y se ha alargado la prisión preventiva como una evidente venganza. Y, sin duda, también podrían tomar nota de la necesidad de establecer medidas sociales desde el govern de la Generalitat. Si varios ministros han declarado que deberían estar en libertad, ¿tan difícil es una medida, un gesto, para que salgan de la prisión? Una cosa es la separación de poderes, bastante invisible en nuestro país, y otra bien distinta que el poder judicial condicione la vida política. Por ejemplo, el 18 de octubre la Comisión de Justicia del Parlament catalán, a propuesta de Catalunya en Comú, aprobó por mayoría una resolución solicitando que “el gobierno emplace al Fiscal General a retirar las acusaciones penales contra los diputados/as y el dirigente de Ómnium Cultural”. Lo que no tiene lógica es que todas las fuerzas políticas que apoyaron al gobierno sean partidarias de que salgan de la cárcel y no se pueda hacer nada para lograrlo. Una política de cambio necesita de medidas sociales como también de una respuesta democrática a la situación catalana, que la ciudadanía pueda decidir.

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Cuando criticamos los límites de estos Presupuestos, la falta de valentía del gobierno, es porque se quedan demasiado lejos de las urgentes necesidades de la mayoría de la población. No es porque pidamos el cielo, sino porque resolver las urgencias es una tarea para hoy, no para un futuro indeterminado. Veamos cómo han respondido diversos agentes sociales. CCOO los ha calificado de “relevantes y prudentes… ya que contemplan medidas necesarias pero insuficientes”, especialmente en lo que se refiere a los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP. El sindicato apoya la subida del SMI a 900 euros, pero también insiste en que el acuerdo con la Patronal de subir los salarios a 14.000 euros anuales (que se está incumpliendo) repercutiría a más de 2 millones de personas y significaría una recaudación fiscal mayor. Una comparativa del salario mínimo en diversos países europeos expresa la gran distancia aún existente. Cuando se apruebe que el salario mínimo sea de 900 euros, representará el 59% del que actualmente se cobra en Alemania, el 68% de Francia, el 75% de Gran Bretaña o el 66% de Bélgica y Holanda.

Otro ejemplo es el de los pensionistas. Mediante su movilización han logrado que se reconozca el derecho al aumento del IPC, pero siguen luchando (especialmente masivas siguen siendo sus concentraciones en Bilbao) para lograr unas pensiones justas. Las pensiones mínimas son inferiores a las del salario mínimo propuesto (788 euros con cónyuge a su cargo, 606 sin cónyuge y 639 la de viudedad). Por eso, han decidido continuar la movilización, concretamente este 27 de octubre se concentrarán en Madrid. Como a menudo se les oye decir, si hay dinero para mantener a la Monarquía también debería haber pensiones justas.

El problema de la vivienda sigue siendo acuciante en todo el país. En Catalunya se producen 43 desahucios diarios, el 65% por razones de alquiler. En los Presupuestos se proponen diversas medidas, ampliación de los contratos, que los ayuntamientos puedan establecer topes para el alquiler y hasta 630 millones en 2019 para construir vivienda social. Mejor eso que nada, pero se trata de medidas muy timoratas para afrontar la gravedad y urgencia del problema. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos se pregunta: “¿Sirve para pinchar la nueva burbuja inmobiliaria y resolver la crisis del alquiler y del sistema de vivienda? La respuesta es negativa, en gran medida porque no modifica sustancialmente los privilegios de la parte más fuerte en la relación de arrendamiento, ni erradica la posibilidad de seguir haciendo de la vivienda un objeto de especulación. Algo que sí se conseguiría con la aprobación de la Ley de Vivienda presentada en el Congreso por la PAH y admitida a trámite este pasado septiembre. […]. En relación con la duración de los contratos, el acuerdo establece una duración de 5 años más 3 de prórroga cuando el propietario sea persona física, y de 7+3 cuando se trate de persona jurídica. Esto implica poco más que retornar a la situación de la LAU de 1994, cuya principal deficiencia era la inestabilidad de la situación de inquilinas e inquilinos cada vez que terminaba un período contractual. La propuesta de los Sindicatos, por contra, se centra en la importancia de definir unas condiciones de renovación garantistas con la parte arrendataria, con el fin de desincentivar la rotación de inquilinos y acabar con las expulsiones injustificadas, que no responden más que a dinámicas especulativas”. Además, el gobierno, incluso sin aprobar los Presupuestos, podría retirar el recurso de inconstitucionalidad que inició el gobierno Rajoy contra la Ley 24/2015 aprobada por el Parlament catalán que imponía determinadas restricciones a la ejecución de desahucios. Según el Ayuntamiento de Barcelona, la aplicación de esa Ley hubiera evitado 600 desahucios en la ciudad.

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Son algunos ejemplos de las limitaciones del acuerdo presupuestario, como el olvido de recuperar la financiación para cooperación o establecer, como se pide desde el movimiento feminista, una mirada de género, que sencillamente ni aparecen. Partiendo del erial que ha dejado el PP, son mejoras necesarias pero insuficientes frente a la gravedad de la situación. ¿No se podría haber hecho nada más? Se podría y se puede ser mucho más valiente, por ejemplo, respecto a los temas que hemos planteado, o, mejor aún, iniciando el proceso para la implantación de la renta básica. La transformación social está reñida con el conformismo. Conformarse con poco es el camino para lograr menos. La respuesta no es que no se puede hacer más. La respuesta la han dado los pensionistas, los que luchan por una vivienda digna, los que pelean por los salarios, etc. Las mayorías parlamentarias son necesarias pero es la movilización social quien puede definir la agenda social y democrática.

Sindicalista. Es miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 21 de octubre 2018

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