Miguel Salas
22/01/2017
No hay ninguna duda, la situación en Catalunya concentrará muchos de los aspectos políticos durante este año. Claro está que la crisis económica, los recortes que exige Europa, los juicios por corrupción que afectarán al PP, el paro y la precariedad, la desigualdad y la falta de recursos de millones de personas de este país, etc. serán temas importantes, pero ninguno de la magnitud del problema político y social planteado por una mayoría de la sociedad catalana y sus instituciones.
La exigencia mayoritaria es muy precisa: un referéndum para decidir sobre su propio país, poder ejercer la democracia, el derecho de autodeterminación. Según diferentes encuestas alrededor del 80% de la población catalana, independientemente de su posición, está de acuerdo en una consulta, y que la pregunta sea precisa y unívoca, sí o no. Es una exigencia que tiene un apoyo mayoritario en el Parlament, 83 a favor y 52 en contra, y si nos remitimos a los resultados en Catalunya de las elecciones legislativas españolas, 29 diputados y diputadas son favorables al referéndum por 18 en contra. Es una marea democrática la que exige un referéndum. Querría que fuera legal, acordado y reconocido por el gobierno central. Pero, el gobierno del PP ni lo quiere ni está por la labor. Al contrario, pone y pondrá todos los impedimentos posibles para evitarlo. Lo está haciendo ya enviando al Tribunal Constitucional todas las decisiones del Parlament catalán que afectan al proceso para poner en marcha el referéndum, y está convirtiendo el debate político, que no quiere, en una serie de procesos judiciales. Probablemente los tribunales den la razón al gobierno del PP, pero es más que seguro que la razón judicial no convencerá al pueblo. Habrá que pasar de la indignación a la rebeldía.
Como es sabido, el antiguo president, Artur Mas, y tres dirigentes más están llamados a juicio por convocar la consulta del 9-N de 2014, en la que participaron más de 2 millones de votantes. El diputado en Madrid, Francesc Homs, está también en manos del Tribunal Supremo. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, está pendiente de juicio, y también la Mesa del Parlament está amenazada. Atención, la presidenta y la Mesa del legislativo catalán: un ataque en toda regla a la voluntad democrática del pueblo catalán. Más de 400 personas, entre alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas de los ayuntamientos catalanes, están también encausadas. El próximo 6 de febrero empieza el juicio a Artur Mas, al que le piden 10 años de inhabilitación, y 9 años para Joana Ortega e Irene Rigau, vicepresidenta y consellera de Educación. ¡Este es el diálogo que ofrece el gobierno de España!
En el frente interno, el de la gestión política de la Generalitat y el proceso para convocar el referéndum, las aguas tampoco bajan tranquilas. El actual gobierno de Junts pel Si, la alianza entre la antigua Convergencia y Esquerra Republica de Catalunya, con apoyo de independientes, no tiene mayoría para aprobar los Presupuestos. Necesita del voto de las 10 diputadas y diputados de la CUP (Candidatures d’Unitat Popular). El president Puigdemont ha amenazado que si la CUP no apoya los Presupuestos no habrá condiciones para convocar el referéndum. El chantaje es evidente, o aceptáis mis políticas económicas o descarrilo el proceso democrático por el derecho a decidir.
La CUP h apuesto encima de la mesa propuestas precisas que se están negociando: un aumento fiscal para las rentas más altas, más dinero para educación y puesta en marcha de la renta de ciudadanía (que ya está aprobada por el Parlament). El 28 de enero reunirá su asamblea para decidir si finalmente aprueban o no los Presupuestos.
Interesante debate
Las conferencias políticas son en Catalunya una tradición para iniciar el tiempo político. El curso lo comenzó la CUP el pasado 12 de enero con una conferencia bajo el título de “Tombem el règim. Construïm república” (Acabemos con el régimen. Construyamos república) en la que algunos de sus dirigentes explicaron sus propuestas para avanzar hacia la ruptura con el régimen monárquico y para avanzar hacia la independencia, hacia una república catalana.
El 18 de enero, En Comú Podem convocó un diálogo, bajo el sugerente título “Catalunya, entre Ítaca e Icària”, en el que participaron Josep Lluís Carod Rovira, que fue dirigente de ERC y vicepresidente en el gobierno de izquierdas en la Generalitat, Xavier Domènech, dirigente de En Comú Podem e Íñigo Errejón, dirigente de Podemos.
Estas son algunas de las opiniones que se expresaron.
Carod Rovira, desde una razonada posición independentista, señaló el desplazamiento de la sociedad catalana “hacia posiciones más de izquierdas y hacia posiciones más soberanistas. Es decir –dijo- las sumas del espacio progresista es mayor que el espacio conservador, y es mayoría quienes quieren ejercer el derecho a decidir que quienes opinan que el futuro lo deben decidir otros”.
Xavier Domènech explicó la existencia de dos movimientos de desafío político y social, el que representa el 15-M y el movimiento independentista, movimientos de dignidad nacional y de exigencias de soberanías. El 15-M –recordó- exigía “democracia real ya”. Insistió en que ambos movimientos no pueden neutralizarse, que la exigencia al derecho a decidir ha avanzado en Catalunya y en España, en particular a través de las mayorías municipales por el cambio, y llamó la atención de que “nadie se puede plantear una derrota”. Planteó que lo importante es abrir un proceso constituyente como expresión del cambio y que la construcción del país tiene que verse como un proceso, no solo como un momento.
Íñigo Errejón, desde una clara posición a favor del derecho a decidir, insistió en la crisis del régimen del 78 y en la necesidad de dar una salida a esa crisis. Reconoció la fuerza de la rebelión catalana y la necesidad de entenderse, de conectar con otros procesos de cambio. Particularmente interesante fue su reflexión sobre que el referéndum no es solo una cuestión catalana, que una derrota en Catalunya significaría también un repliegue, una involución democrática en el conjunto de España. Denunció que los procesos y juicios en marcha puede parecer que son solo contra Catalunya, pero que si se aplican tendrán repercusión negativa para todas las libertades democráticas.
La necesidad de generar alianzas, fraternidades y complicidades se hizo evidente para los participantes, especialmente cuando Carod Rovira expresó que “no puede ser que el adversario de un independentista de izquierdas sea un autodeterminista de izquierdas”. El 2017 está aquí y empieza fuerte.
[Aquí se puede escuchar el diálogo completo]
Un país en común y república catalana
En el marco de esta situación, otro proceso político importante está en marcha. Se trata del proceso para construir un nuevo movimiento político, hasta ahora definido como “Un país en comú”, en el que está prevista la confluencia de las izquierdas , pero, sobre todo, tiene el objetivo de movilizar y organizar a miles de personas sin una adscripción política determinada que quieren cambiar las cosas en el ámbito social y nacional. [Ver artículo sobre los comunes publicado en SP].
Un comité promotor representativo de muy diversas sensibilidades puso en marcha el proceso con un Manifiesto y durante varias semanas reuniones abiertas han ido definiendo los contenidos políticos. El 29 de enero, una asamblea, que se anuncia multitudinaria, abrirá el proceso participativo para que todas las personas que quieran participar puedan opinar y decidir sobre los contenidos políticos. El proceso durará hasta el 1 de abril, fecha de constitución del nuevo partido, cuyo nombre está pendiente de decidir democráticamente.
No es este artículo el lugar para analizar el conjunto de las propuestas, pero si tiene una importancia particular las referidas al proceso nacional. Desde una defensa activa del referéndum para poder decidir, lo que “Un país en comú” pone a debate es lo siguiente:
“En Catalunya, esta realidad se traduce en un contexto específico: el proceso de ruptura de la Constitución territorial de 1978, que tiene su máxima expresión en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto del 2010 y en los procesos constantes de recentralización practicados por el Estado central en el marco de la crisis desatada el 2008. Este proceso ha llegado a un punto de no retorno. Para una amplia mayoría de catalanes y catalanas, ya no se trata de revisar el pacto del 78, sino de iniciar un nuevo camino.
Hacemos nuestra y queremos actualizar la tradición mayoritaria del republicanismo catalanista y de las clases populares catalanas a partir de la defensa de soberanías plenas y, a partir de aquí, libremente compartidas. En este sentido, apostamos por la creación en Cataluña de una república social, democrática y ambientalmente justa, como máxima expresión y realización de su soberanía nacional.
La misma se ha de constituir en relación fraternal con el resto de pueblos de la Península. La expresión de esta construcción conjunta ha de residir en la capacidad de compartir soberanías con un Estado que ha de desarrollar plenamente su carácter plurinacional.
Para hacer factible esta nueva realidad, hay que activar procesos constituyentes que se refuercen mutuamente tanto en Cataluña como en España y que tengan en su centro el derecho al ejercicio de la autodeterminación los pueblos.”
Un excelente menú. Un país en común, de izquierdas, solidario, fraterno, y el objetivo de decidir una república catalana mediante un proceso constituyente. Empieza interesante este 2017.
Hay trabajo por hacer y camino por recorrer, y hay voluntad para lograrlo. La canción L’estaca de Lluís Llach, actual diputado en el Parlament, se convirtió a finales del franquismo en un himno de lucha. Sigue siendo un himno evocador para el cambio.
“Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar.”
(Si yo estiro fuerte por aquí y tú estiras fuerte por allí, seguro que cae, cae, cae, y podremos liberarnos.)