Sueltos (I): Sobre la crisis de la Segunda Restauración borbónica y el llamado “conflicto territorial”

Varios amigos, colegas o compañeros de vida política con los que tengo intercambios epistolares más o menos regulares y casi siempre divertidos sobre asuntos muy dispares me han invitado desde hace tiempo a convertir en artículos para SinPermiso el contenido de algunos de esos intercambios. Siempre chocó hasta ahora esa invitación con cierta pereza que, en materia publicística, nunca he sido capaz de vencer. Padezco además –como bien observa uno de esos amigos— del trasnochado sesgo del investigador para el que las cosas que no están pensadas, si no hasta el final, sí al menos cabalmente, deben dejarse cautelosamente ad acta y en ningún caso hacerse públicas. En esta sección de Sueltos trataré –con periodicidad irregular— de vencer ambos obstáculos, mi pereza y mi sesgo: veremos lo que dura el empeño. Incorporaré en cada entrega material epistolar disperso –“suelto”—, casi tal cual fue escrito en su momento. Cuando sea posible y las circunstancias lo aconsejen, mencionaré por sus nombres a los destinatarios originales. Un “suelto”, ya lo dice el diccionario, “no está pegado o unido de manera compacta”, “no está atado ni encerrado”, “está separado de otras cosas con las cuales forma un conjunto” y “se expresa con desenvoltura”. Esta primera entrega de Sueltos es una reflexión sobre la crisis de la Segunda Restauración borbónica. Recicla material procedente de intercambios epistolares recientes, sobre todo con Miguel Riera, con Gustavo Búster, con Daniel Raventós y con mi joven amigo Àngel Ferrero.— Antoni Domènech

I Cinco dimensiones de la crisis de la Segunda Restauración borbónica

Muchos se suman ahora a la tesis de la crisis sistémica de la Monarquía de 1978. Diríase que sólo se niegan redondamente admitirla quienes han construido sus carreras académicas o publicísticas (o más frecuentemente, ambas cosas) como apologetas de la Transición y carecen ya de los reflejos oportunos –o de la brújula oportunista— para el reciclaje.

¿Pero qué quiere decirse con eso de la crisis de la Segunda Restauración borbónica? Me parece útil atender a cinco dimensiones de esa crisis.

1.— La primera es la percepción general de que lo más valioso de la Constitución del 78, la promesa de configuración de España como un Estado Social y Democrático de Derecho, no sólo no puede ser cabalmente honrada: esa ha sido la experiencia de tres décadas largas de construcción de un mediocre “Estado de medioestar” en el capitalismo oligopólico de amiguetes políticamente promiscuos afianzado en la Transición. Sino que está ahora mismo en vías de ser expresa y solemnemente deshonrada: no pueden entenderse de otra forma las suicidas políticas económicas procíclicas de austeridad y consolidación fiscal y, especialmente, la reforma express de la Constitución (artículo 135) pactada en un plisplás en agosto de 2011 por los dos partidos dinásticos (PP y PSOE) a fin de dar primacía absoluta al pago de la deuda por encima de cualquier otra consideración.

2.— La segunda es la percepción, también general, si no me engaño, de la sumisión de las elites políticas de la II Restauración borbónica –y señaladamente de los dos partidos dinásticos—, no ya a espurios y banderizos intereses económico-políticos fraguados en el capitalismo oligopólico de amiguetes políticamente promiscuos español, sino a poderes foráneos políticamente opacos y ajenos a cualquier careo democrático (la llamada “Troika” es sólo el símbolo): a nadie se le oculta que la reforma express del artículo 135 fue, de uno u otro modo, impuesta por esos poderes. Los parlamentarios del PP y del PSOE que votaron a favor de esa reforma se situaron en una posición parecida a la de los parlamentarios de la III República francesa que, con la mejor de la conciencias, votaron en 1940 los poderes excepcionales para el mariscal Pétain. Si algún día salimos de ésta, no resultaría demasiado sorprendente que se procediera como hizo la IV República francesa tras la Liberación: que se tratara a esos parlamentarios como reos de un delito de alta traición y, cuando menos, se les inhabilitara políticamente de por vida.

Por cierto que la retórica contra la alta traición a los intereses nacionales por parte de la Monarquía (y de las fuerzas políticas dinásticas) fue central en la II República española. Desde el principio. Por la Ley de 26 de noviembre de 1931, las Cortes Constituyentes republicanas declararon a Alfonso XIII culpable de ese delito:

"A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes Constituyentes, en funciones de Soberanía Nacional, han aprobado el acta acusatoria contra don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena, dictando lo siguiente:

“Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue rey de España, quien, ejercitando los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal violación del orden jurídico del país, y, en su consecuencia, el Tribunal soberano de la nación declara solemnemente fuera de la ley a don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. Privado de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio nacional.”

3.— La tercera dimensión atendible de la crisis política tiene que ver con la repetición, en la II Restauración borbónica, de un factor que fue determinante en la crisis de la I Restauración, y es a saber: que la manifiesta incapacidad de la Monarquía para gestionar de manera mínimamente satisfactoria la ubicación de España en el concierto internacional –lo que fue patente a partir de 1898— hizo más visible y acentuó y aun agravó su incapacidad para articular de modo mínimamente satisfactorio la unidad nacional de un país evidente y complicadamente plurinacional.

Es harto sabido que el “nacionalismo” catalán y el vasco son en buena medida hijos de la catástrofe del 98. (“Nacionalismo”, dicho sea de paso, es un neologismo –de origen francés— que se puso en circulación internacional, con un significado bastante preciso, en el último cuarto del siglo XIX, no antes; ahora es una palabra que, como “populismo” –otro revelador neologismo de la misma época—, y a falta de mayores precisiones –hay una pequeña industria publicística y académica dedicada al oportunista y rentable ejercicio escolástico de buscarle pseudofilosóficamente los tres pies a estos gatos ahora más o menos informes—, puede llegar a significar casi cualquier cosa.)

Tal vez es menos recordado que en la dramática crisis de octubre de 1934, cuando el Presidente mártir Companys se avilantó a proclamar unilateralmente la República catalana independiente, lo hizo –piénsese lo que se quiera de la oportunidad política de la iniciativa— con unas palabras, ¡Dios me perdone!, lealmente españolas: denunciando la traición a la República de las fuerzas de la derecha “monarquizantes y fascistas” y como parte de una acción democrática fraternal del conjunto de los pueblos de España:

“Catalanes: Las fuerzas monarquizantes y fascistas que de un tiempo a esta parte pretenden traicionar a la República, han conseguido su objetivo y han asaltado el Poder.

Los partidos y los hombres que han hecho públicas manifestaciones contra las menguadas libertades de nuestra tierra, los núcleos políticos que predican constantemente el odio y la guerra a Cataluña, constituyen hoy el soporte de las actuales instituciones (...)

Todas las fuerzas auténticamente republicanas de España y los sectores sociales más avanzados, sin distinción ni excepción, se han levantado en armas contra la audaz tentativa fascista.

La Cataluña liberal, demócrata y republicana, no puede estar ausente de la protesta que triunfa por todo el país, ni puede silenciar su voz de solidaridad con los hermanos que en las tierras hispánicas luchan hasta morir, por la libertad y el derecho. Cataluña enarbola su bandera y llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia absoluta al Gobierno de la Generalidad que desde este momento rompe toda relación con las instituciones falseadas. (...)

El Gobierno de Cataluña estará en todo momento en contacto con el pueblo. Aspiramos a establecer en Cataluña el reducto indestructible de las esencias de la República.” [1]

4.— La cuarta dimensión de la crisis de la Monarquía, en cambio, tiene que ver, no con similitudes, sino con una diferencia específica. Puede tal vez  expresarse de modo sumario así: a diferencia de la I Restauración, que instituyó una monarquía meramente constitucional (en la que, por tanto, el Rey era un poder del Estado, con capacidad para nombrar jefe de gabinete con independencia de las mayorías o minorías parlamentarias), la II Restauración instituyó una monarquía parlamentaria, en la que el Rey no es ya un “poder del Estado” (¡a pesar de la ara anomalía de conservar la jefatura suprema de las fuerzas armadas!), sino sólo un “órgano del Estado”, y las Cortes actuales sí pueden derribar a un gobierno colocado en minoría parlamentaria con independencia de la voluntad Real. En otras palabras: en una monarquía no meramente constitucional, sino plenamente parlamentaria como la actual, el monarca es teóricamente poco más que una figura decorativa, en principio de todo punto irrelevante políticamente. Esa es la presunción. Anomalías constitucionales aparte, nunca fue así, claro está.

Pero el caso es que hay ahora –es evidente— una percepción generalizada de que, muy lejos de esa presunción, el Rey y la Casa Real han sido actores de primer orden en la economía política de la Transición, es decir, en el régimen de capitalismo oligopólico de amiguetes políticamente promiscuos afianzado en la España de las cuatro últimas décadas. No es que no hubiera rebosantes pruebas de eso, desde el papel jugado por la Corona el 23 de febrero de 1981 (el golpe de Estado fallido más exitoso políticamente de la historia), hasta las amistades y los negocios peligrosos del Borbón (comenzando por Colón de Carvajal). Pero ese tipo de régimen capitalista de rentismo parasitario políticamente amparado y públicamente subvencionado no sólo está, como es notorio, en graves apuros, sino que su catastrófica naturaleza se ha hecho patentemente visible con el estallido de la crisis capitalista mundial en 2008: para percatarse, basta con echar un vistazo a la copiosa correspondencia electrónica de Miguel Blesa (el presidente de Caja Madrid) que ha terminado por filtrarse de los juzgados a la prensa; con la boca literalmente abierta se queda uno leyéndola. Los puntos de soldadura que mantenían unidas a las elites político-económicas de ese régimen están oxidados: la ruptura del ominoso pacto de silencio que, in rebus Monarchia, mantenían los grandes medios de comunicación establecidos es seguramente la manifestación más visible de eso. El caso de Urdangarín y la Infanta Cristina no es sino el más espectacularmente llamativo de un rimero de espectaculares escándalos que no han dejado de salpicar a la Casa Real en los últimos años. En la memoria de todos están.

5.— Mención aparte merece todavía una quinta dimensión de la crisis del sistema político del 78: la que tiene que ver con la naturaleza y la calidad de la representación política. La representación política de determinados intereses sociales, económicos o ciudadanos se ha entendido inveteradamente como una relación de agencia fiduciaria: los representantes políticos han sido normativamente conceptualizados desde tiempos inmemoriales –y desde luego en la teoría moderna de la representación política— como mandatarios, como agentes (fideicomisarios) del mandante, del principal (fideicomitente) que son los ciudadanos que les encargan la representación de sus intereses. La tradición iusfilosófica y política de la corriente principal, es decir, la republicana (en cuyo molde se ha conformado el grueso del derecho público contemporáneo, y señaladamente, el constitucional) ha entendido siempre esa relación de agencia como superlativamente complicada y peligrosa por las enormes posibilidades de comportamiento discrecional –pro domo sua— que ofrece al mandatario, al representante (con la consiguiente traición a los intereses del mandante, de sus representados). Una de las cosas más llamativas de la evolución del capitalismo en las últimas décadas es la asombrosa autonomización de los representantes políticos respecto de los intereses de sus representados: han tendido a convertirse en agentes que actúan por causa y por cuenta propias.

La cosa está en el aire para quien tenga antenas. Y muchos las tienen. De aquí el espectacular triunfo publicístico de pseudoteorías de mercadillo de ocasión como la últimamente famosa tesis de las “elites políticas extractivas” (voluntariamente ignorante de realidades económicas de fondo, pero citada con entusiasmo por toda la beatería de la antipolítica). De aquí también –y eso es más serio: las modas que arraigan en la lengua popular cotidiana siempre lo son más que las veleidosamente académicas— la aparición en casi todas partes de neologismos que parecen recoger este fenómeno de inaudita promiscuidad entre los actuales políticos profesionales y los intereses granempresariales y financieros rentistas: en inglés se ha acuñado el revolving doors, en castellano, las “puertas giratorias”, pantouflage se dice en francés, y los alemanes hablan de Drehtüreffekt para referirse también al muy común hecho de que las superelites políticas actuales, cuando salen de la política activa, ingresan a lo grande en el mundo de los negocios privados transnacionales, y al revés, desde el mundo de los grandes negocios pueden sin mayores trámites reingresar en la política.

Me diréis que eso tal vez no es tan nuevo. Yo creo que sí lo es. En cualquier caso, lo que es inconfundiblemente nuevo es que los politicastros actuales, pillados in fraganti con las manos en la masa, ni siquiera se esfuercen demasiado en condenar el fenómeno, sino que busquen presentarlo como algo natural y hasta “moderno” (o, mejor aún, “posmoderno”). Nadie podría imaginar a De Gaulle, a Churchill, a De Gasperi, a Adenauer, a Kennedy o a Eisenhower, y no digamos a Willy Brandt, a Olof Palme, a Bruno Kreisky, a Nye Bevan, a Alvaro Cunhal, a Pietro Nenni, a Palmiro Togliatti o a Enrico Berlinguer en tan penoso trance. Este fenómeno, que es ciertamente un fenómeno de época y en modo alguno privativo de nuestro país, alcanza sin embargo aquí un nivel de desfachatez que se compadece muy bien con el putrílago a vista descubierta en que se ha convertido desde 2008 el capitalismo oligopólico de amiguetes políticamente promiscuos español. Por eso me atrevo a incluirlo también entre las dimensiones importantes de nuestra específica crisis de régimen político. Porque yo dudo mucho de que pudiera verse en la Francia o en la Alemania actuales –por limitarme a los dos países europeos vecinos que mejor conozco y sigo— un espectáculo tan bochornoso, tan berlanguesco –tan nuestro, vaya—, como el ofrecido, no por un político de segundo o de tercer nivel, sino nada menos que por el secretario general del PSOE en un video reciente que tampoco te deja salir del asombro:

Ahí puede verse cómo, a cuenta del rimero de antiguos altos cargos socialistas –incluidos exministros del gobierno Zapatero— que han entrado en el mundo de los negocios (en grandes empresas privadas a las que habían favorecido antes, cuando estaban al mando de la política), el valiente y valioso publicista de la izquierda Pablo Iglesias Turrión pone en aprietos al peso pesado Alfredo Pérez Rubalcaba, y cómo éste, grogui, contra las cuerdas y a pique de ser noqueado por quien debía él tener por un peso mosca, trata de hacer como que ni se inmuta: “Yo no creo que sea incompatible militar en el Partido Socialista y estar en un alto puesto en un consejo de administración [...] La gente deja la política, pasan dos años de incompatibilidad y a partir de ahí se colocan donde pueden” (http://www.youtube.com/watch?v=OlDzEP4BxvY).

Esa visible degradación de la calidad, de la función y aun de la naturaleza misma de la representación política a que se asiste en el Reino de España tiene su traducción, claro está, en el descrédito de los partidos políticos establecidos. Por motivos de los que tal vez haya ocasión de discutir otro día, la dinámica de la Transición política redundado en y ha venido a  afianzar –más aún que en otros sitios en los que también se observa el fenómeno, que lo es de toda una época— perversos procesos de “selección inversa” de los dirigentes políticos. Es decir, que no se promueve a los “mejores” –a los más honrados, a los más listos, a los más fieles intérpretes de los intereses y de los sentimientos de sus mandantes, de sus electores—, sino que suele promoverse a los “peores”, a los más obedientes, a los más adocenados o a los más logreros: como dejó famosamente dicho hace muchos años Alfonso Guerra con su proverbial ingenio truhanesco, “el que se mueve, no sale en la foto”. Y eso vale para todo el espectro de los partidos establecidos, no sólo para las dos grandes partidos dinásticos; hasta para Izquierda Unida vale a veces eso, desgraciadamente. Por eso se ven ahora, a derecha e izquierda, tantos intentos de romper y asaltar lo que sus electores y sus bases sociales perciben como un férreo oligopolio político en que se han encastillado los tenidos por mediocres o aun corruptos (no pocas veces con razón). ¿Quién no se hace la ilusión de no ser un mediocre y de poder hacerlo mejor, sobre todo entre los intelectuales politizados y los profesionales de la palabra? ¿Lo pueden hacer mejor, desde el punto de vista de la derecha social, Vidal-Quadras y su nuevo partido Vox que Mariano Rajoy y el PP? Ellos creen que sí, y yo descuento como seguro que se tienen por más capaces, por más puros, por más espabilados que la actual dirección del PP. Dígase lo mismo de Rosa Díez y su españolísima UPyD. Después de todo, tampoco es tan difícil… El que esos movimientos por la derecha tengan, o no, éxito en punto a romper el actual oligopolio de la representación política partidista dependerá, entre varias otras cosas cruciales, de que encuentren el apoyo necesario entre las “gentes de bien”, y entre ellas, las más adineradas.

Mucho más me importa, ni que decir tiene, la regeneración de la representación partidista de las izquierdas. Esa regeneración no depende de las “gentes de bien” ni de la aristocracia del dinero, huelga decirlo. Depende –déjame ser cursi por una vez— de la voluntad y la capacidad de autoorganización de sus bases sociales realmente existentes (no de las que puedan desiderativamente fantasearse): es decir, depende, potencialmente, del grueso del pueblo trabajador tal y como es, incluidas sus múltiples organizaciones políticas, civiles y sindicales realmente existentes, nos gusten ellas más o menos. No hay atajos “constituyentes” directos aquí. No hay “multitud” a la que apelar sin mediaciones. Hay clases sociales histórico-institucionalmente configuradas y decantadas El “creacionismo” en política normativa es tan ilusorio como en la biología evolutiva: la historia cuenta. Y pesa: por antipático y amargo que resulte admitirlo, estamos forzados a mover pieza en mitad de una partida que no hemos empezado nosotros y que, las más de las veces, no nos gusta nada en la fase en que nos ha sido dado seguirla; con un poco de suerte, y actuando con inteligencia, prudencia, tacto y diligencia, se puede, en los momentos más graves y comprometidos –yo creo que el presente lo es—, evitar el jaque mate. Y seguir la partida… Cualquier militante experimentado lo sabe desde siempre.

Despido, pues, este punto con dos consejos que vienen aquí muy al punto, uno muy viejo (del viejo Pablo Iglesias, el fundador del PSOE) y otro muy reciente (del viejo sabio que sigue siendo Noam Chomsly).

Aconsejaba Pablo Iglesias, fundador del PSOE:

“Para los cargos públicos, elegid a los mejores y más capacitados y vigiladlos como si fuesen canallas. Cuando un compañero se postula para un cargo sin que lo promuevan las bases, es motivo suficiente para no elegirlo”.

Aconseja Noam Chomsky:

“Recordad aquellos días en que las organizaciones y los movimientos tenían que construirse desde cero. Nunca se vio que compareciera un líder brillante diciendo: ‘Yo os voy a sacar del pantano’. Porque estas cosas se construyen con grandes grupos capaces de elevar la consciencia. Lo mismo ocurrió con el movimiento antibelicista de los años 60 del siglo XX: alcanzó su punto culminante cuando cristalizaron grandes organizaciones de masas. ¿Por qué Canadá tiene un sistema de salud público? No fue un regalo; lo consiguió la lucha de los sindicatos obreros.” [http://www.chomsky.info/interviews/200907--.htm.]

II Sobre Cataluña y las llamadas “tensiones territoriales” en el Reino

Yo creo, como dicho, que las llamadas “tensiones territoriales” son uno de los elementos de la crisis de la Monarquía del 78. Creo que la terrible depresión económica en que han hundido al país unas suicidas políticas económicas procíclicas impuestas por la Troika y galana e irresponsablemente aceptadas de consuno por el bipartidismo dinástico ha hecho calar en la opinión pública la idea de que el sistema político actual es incapaz de defender intereses nacionales elementales. Y creo que, como en la larga crisis de la I Restauración, el descrédito público de la capacidad de la Monarquía borbónica y de las fuerzas mansamente dinásticas para ubicar decente y creíblemente al país en un mundo cada vez más peligroso e incierto (incluida la Unión Europea, ejemplo ahora mismo sin par de la triste verdad de que la otra cara de la “globalización” es la “balcanización”), ha vuelto a poner sobre el tapete el inveterado problema de la articulación plurinacional de los pueblos de España.

Todas las fuerzas de la izquierda antifranquista (¡incluido el PSOE de Suresnes!) eran partidarias del derecho de autodeterminación, por lo pronto de Cataluña, el País Vasco y Galicia. La reivindicación de ese derecho fue sacrificada en la Transición por un motivo de dinámica político-constitucional muy fácil de entender: la Restauración de la monarquía arrebató a todos los pueblos de España el derecho a decidir sobre la forma de Estado. Es que la II Restauración comenzó negando a todos los pueblos de España el derecho de autodeterminación: a los partidos históricamente republicanos que aceptaron eso (como el PSOE o el PCE), se les permitió presentarse a las primeras elecciones generales en junio de 1979; los partidos tercamente republicanos que no lo aceptaron, como Esquerra Republicana de Catalunya o como Izquierda Republicana (el viejo partido de Azaña), quedaron al comienzo en fuera de juego político. La Constitución de 1978 (como explicó tantas veces a quien quería oírle Jordi Solé-Tura, el ponente constitucional comunista) no podía de ningún modo admitir el derecho de autodeterminación de las “nacionalidades”, es decir, de las distintas partes con personalidad nacional propia de la España plurinacional, por el sencillo motivo de que ese mismo derecho se había negado al todo, al conjunto de los pueblos de España al hurtarles lo que, en cambio, se ofreció, por ejemplo, al pueblo italiano (contra la resuelta voluntad del Vaticano y del Departamento de Estado de los EEUU, dicho sea de paso) tras la Liberación antifascista: un referéndum Monarquía/República. [2]

La llamada “crisis catalana” es ahora importante, en mi opinión, por dos motivos.

Primero, porque, con independencia del resultado, el sólo hecho de que se produjera una consulta popular a los catalanes sobre cómo quieren vivir políticamente sería el final técnico del régimen de 1978, rompería un esquema básico de su dinámica constitucional. El ejercicio del derecho de autodeterminación por parte de los catalanes pondría, además, inmediatamente sobre la arena política el problema de ese derecho para el conjunto de los pueblos de España. La derecha vasca, más inteligente y perceptiva a menudo que la derecha catalana (eterna heredera del bobarrón ideologema parroquiano de Cambó: “¿República? ¿Monarquía? ¡Catalunya!”), ha puesto recientemente el dedo en la llaga por boca de Urkullu. El problema actual sería “el sistema monárquico que rige en España”, que es "anacrónico": "Tiene que haber capacidad por parte de la sociedad, en el Estado que sea, para elegir al jefe del Estado desde lo que es la expresión de la voluntad democrática, porque si no cumple su papel tiene que haber algún ejercicio de control, de crítica y de poder de sustitución."

Y segundo, porque el actual empeño catalán en el “derecho a decidir” no es una iniciativa de las elites políticas. Es, al contrario, un gran movimiento popular transversal inequívocamente democrático que, quieras que no, ha logrado imponer su agenda a la política establecida. Cuenta, desde luego, con el indisimulado rechazo de unas elites económicas catalanas totalmente imbricadas en el capitalismo oligopólico de amiguetes fraguado en la Transición, pero también con el respaldo del grueso de las bases sociales y civiles del antifranquismo histórico, incluidos todos los sindicatos obreros, empezando por los dos mayoritarios (CCOO y UGT). En un momento de retroceso y amedrentamiento popular terribles –¿qué fue de la admirable voluntad de combate callejero mostrada por el pueblo trabajador griego en los dos o tres primeros años de la crisis?—; en plena ofensiva deconstituyente de las clases rectoras contra todas las conquistas sociales y políticas del antifascismo, en España y en toda Europa, el movimiento catalán a favor del “derecho a decidir” es poco menos que un curiosum a contrapelo de la coyuntura.

Le falta, sí, creo yo, a la izquierda catalana un llamamiento más claro, más rotundo, al resto de pueblos hermanos de las Españas. Porque, remedando al Companys de 1934, muy bien podría decirse ahora:  

“Las fuerzas monarquizantes y fascistas que de un tiempo a esta parte se han desdicho de las promesas democráticas y sociales que, con la boca pequeña, se hicieron en la Constitución del 78, han conseguido su objetivo y han asaltado el Poder.

“Los partidos y los hombres que han hecho públicas manifestaciones contra las menguadas libertades de nuestra tierra, los núcleos políticos que predican constantemente el odio y la guerra a Cataluña, constituyen hoy el soporte de las actuales instituciones (...)

“Todas las fuerzas auténticamente republicanas de España y los sectores sociales más avanzados, sin distinción ni excepción, tienen que levantarse contra la audaz tentativa neoliberal deconstituyente y contra los intentos de ahogar a los pueblos y a los colectivos que exigen el derecho a decidir sus destinos y resistir a las vergonzosas imposiciones antidemocráticas foráneas a las que se han allanado en España los partidos dinásticos y la peor derecha política catalana.

“La Cataluña demócrata y republicana no estará ausente de la protesta que tiene que triunfar por todo el país, ni silenciará su voz de solidaridad con los hermanos que en las tierras hispánicas luchen resueltamente por la libertad y el derecho.

“Españoles: Una vez más, la Monarquía se ha revelado trágicamente incapaz de conservar la unidad plurinacional de los pueblos de España. Sabed que nosotros aspiramos a establecer en Cataluña el reducto indestructible de las esencias de la República.”

¿Y qué queréis? Yo me hago la ilusión de que una proclama así de la izquierda catalana ayudaría lo suyo a despertar a una izquierda hispánica adocenada por décadas de sumisión a la miseria dinástica tardoespañolista.

NOTAs: [1] Alocución de Lluís Companys, 6 de octubre de 1934. Recogida en: Manuel Tuñón de Lara, La España del siglo XX (1931-1936), Vol. 2, pág. 442 (Laia, Barcelona, 1977). [2] La orientación política del Departamento de Estado (Foster Dulles) para la inmediata posguerra europea era políticamente ultraconservadora: en Francia, por ejemplo, buscó quitar de en medio a De Gaulle y al grueso de la Resistencia antifascista francesa, y entenderse con el Mariscal Pétain y las autoridades capitulacionistas de Vichy.

Antoni Domènech es el editor general de SinPermiso.